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San Cristobal de Las Casas, Chis., 23 de agosto. En las horas recientes han crecido en forma alarmante las amenazas de desalojo violento del Caracol de Roberto Barrios por parte de paramilitares priístas de esa y otras comunidades de Palenque. Según informaron telefónicamente esta tarde las autoridades autónomas del lugar, los priístas de las comunidades circundantes han empezado a reunirse para atacar a las familias zapatistas.
La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, zona Salto de Agua-Palenque, denunció hoy que, por tercer día consecutivo, continúa el hostigamiento de grupos paramilitares contra el Caracol “que habla para todos”, en Roberto Barrios, municipio autónomo El Trabajo.
A la medianoche del pasado 21 de agosto “se reunieron los paramilitares del ejido Roberto Barrios, municipio de Palenque, encabezados por Francisco Gómez Pérez, para planear el desalojo de la población base de apoyo zapatista de la misma comunidad”, informó la red.
Según la información obtenida, estos paramilitares están bajo el mando y reciben el apoyo del gobierno municipal, encabezado por el cacique priísta Alfredo Cruz Guzmán. “Además, para efectuar tal desalojo esperan la llegada de personas de otras comunidades”.
Entre las acciones intimidatorias, este mismo jueves 21 los paramilitares realizaron disparos hacia la habitación donde duermen los trabajadores, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que construyen las instalaciones del Caracol. Además, los indígenas constructores de la oficina para la Junta de Buen Gobierno “han recibido hostigamiento sistemático por parte de la población priísta de la comunidad”, agrega el comunicado de la red.
“El mismo Francisco Gómez Pérez, jefe paramilitar, los ha insultado personalmente y ha tratado de obligar a la población del ejido a manifestarse en favor de las acciones contra los zapatistas.”
La Junta de Buen Gobierno “semilla que va a producir” declaró que “todos estos actos de provocación por parte de los paramilitares buscan desestabilizar la organización autónoma de las comunidades”.
En consecuencia, la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos expresó hoy “profunda preocupación” por la amenaza de desalojo inminente en contra de las bases de apoyo zapatistas del ejido Roberto Barrios, “así como por los actos de hostigamiento de grupos paramilitares, quienes por tal parece se han visto fortalecidos por el apoyo oficial”.
Los defensores comunitarios afirman: “estas acciones constituyen obstáculos en el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos y el derecho a una vivienda digna. Exigimos a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto antes que ocurran hechos lamentables, que se investiguen estos actos y se castigue a los responsables”.
Los organismos de derechos humanos anunciaron que en las próximas horas partirá de San Cristóbal de las Casas una caravana de observación civil con destino a Roberto Barrios, para verificar los hechos y estar presente en caso de que los priístas intenten cumplir las acciones violentas que se dicen dispuestos a realizar esta noche o mañana.
La hostilidad contra los zapatistas de Roberto Barrios ha sido reiterada en tiempos recientes. El Aguascalientes V y sus ocupantes recibieron diversas agresiones, y las numerosas familias zapatistas del ejido viven bajo sitio. Desde que un sector de los ejidatarios se asoció a una de las escisiones más violentas de la organización paramilitar Desarollo, Paz y Justicia, se deterioró seriamente la convivencia en dicho poblado, cabecera del municipio rebelde El Trabajo y hoy sede de una de las cinco juntas de Buen Gobierno zapatistas.
Han menudeado agresiones contra los niños de la escuela autónoma, contra la clínica, contra los campamentistas nacionales y extranjeros, contra catequistas, promotores de educación y transportistas del municipio autónomo. Los pretextos de agresión varían: la entrega de programas gubernamentales, la construcción de caminos, la creación del balneario Ruta Maya para los turistas y la promoción del Plan Puebla-Panamá. Lo que sea.
El pasado 21 de junio, el gobierno al fin puso en marcha su proyecto turístico. Ya que no se podía en Roberto Barrios, decidió hacerlo en tierras del ejido Puyapá, al otro lado del río Bascán. Para tal efecto inició la contrucción de un camino a las cascadas que no necesite pasar por la comunidad zapatista. Si bien entonces los priístas de la comunidad se opusieron al eventual balneario, hoy podrían estar ya “incluidos” en el negocio. El alcalde de Palenque no ha dejado de cultivar su relación con los priístas de Roberto Barrios, creando una escalada contrainsurgente en forma, aderezada con provocaciones frecuentes contra el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía.
En un documento firmado por el comisariado ejidal, la comunidad refería entonces que el 13 de junio llegaron hasta las cascadas del río Bascán representantes de diversas dependencias federales, como las secretarías de Desarrollo Social, Reforma Agraria, Medio Ambiente y Turismo, y el Instituto Nacional Indigenista, acompañados por funcionarios de la presidencia municipal de Palenque.
Eran guiados por campesinos del ejido Puyipá, colindante con Roberto Barrios. Algunas de estas personas pertenecen a Paz y Justicia, otras a la Unión de Transporte Mixto “Brisas de las cascadas de río Bascán”. Luego de analizar la situación, las bases de apoyo del EZLN concluyeron que el centro turístico no va a reportar ningún beneficio a la comunidad; en cambio, “va a generar problemas ecológicos en un lugar que ahora está muy bien conservado”, por lo cual declararon que no permitirían su desarrollo.
Hace dos meses, el 20 de junio, las autoridades autónomas del municipio rebelde El Trabajo manifestaban: “si el gobierno insiste en la puesta en funcionamiento de este centro, las bases de apoyo del EZLN vamos a tomar medidas mas allá de la denuncia. Las comunidades cercanas a Roberto Barrios han informado que van a apoyar a los compañeros y compañeras de esta comunidad”.
El jugoso proyecto turístico, que busca explotar las cascadas del río Bascán, que antes de iniciarse ya involucra a las autoridades gubernamentales en todos sus niveles, ¿vale el riesgo de un ataque paramilitar o un posible enfrentamiento entre indígenas? Todo indica que en el gobierno hay quienes piensan que sí.
