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Descargar: MP3 (10.3 MB): http://www.radiomundoreal.fm/7111-injusticia-hondurena
Los movimientos sociales hondureños se han declarado en alerta ante la resolución tomada en el día de hoy por el juzgado de Intibucá contra Bertha Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Gómez, integrantes del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) acusados de los delitos de usurpación, coacción y daños a la empresa DESA, que pretende llevar a cabo el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en territorio ancestral del pueblo indígena lenca.
La decisión, adoptada por la jueza Reyes Lissien Knight (quien no se presentó en el juzgado) tal como lo solicitaba el Ministerio Público y la propia empresa, incluyó prisión para la coordinadora del COPINH, Berta Cáceres y medidas sustitutivas para los otros dos miembros del Consejo.
En efecto, en diálogo con Radio Mundo Real, Tomás Gómez indicó que la justicia dio lugar específicamente a las medidas solicitadas por el fiscal Henry Alexander Pineda y la parte privada de la acusación. Así la resolución solicitó la prisión preventiva para Bertha Cáceres, medidas cautelares para Molina y Gómez, y el desalojo de la comunidad lenca de su propio territorio.
La paradoja de ser acusados de usurpar un territorio que les pertenece
La resistencia y oposición del pueblo lenca a la implementación de la hidroeléctrica Agua Zarca sobre el río Gualcarque, proyecto que pretendió avanzar de manera inconsulta sobre territorio ancestral indígena, son básicamente los delitos por los que están siendo procesados los militantes del COPINH y por los que se decretó el desalojo de la comunidad de esa zona.
En diálogo con Radio Mundo Real minutos después de conocerse la sentencia, el abogado defensor Víctor Fernández explica que “la oposición a este proyecto ha implicado el ejercicio del control del territorio por parte del pueblo lenca, a través de un mecanismo de control que regula quien ingresa y quien no a la zona. A esto lo han llamado de usurpación y coacción, porque la comunidad ha tomado la decisión de expulsar a la empresa constructora Sinohydro”.
La parte acusadora asegura que los enfrentamientos entre la empresa y las comunidades habrían ocasionado pérdidas millonarias a la empresa. Según explicó Fernández, los militantes del COPINH no están siendo acusados de ser los autores de los hechos sino como “instigadores” de los mismos.
Por otra parte, aclaró que según el código penal hondureño “si se determina que se cometió el delito de usurpación, una consecuencia inmediata es que se debe desalojar la zona que se entiende usurpada”. En relación con esta acusación afirmó: “Nosotros rechazamos que la comunidad sea usurpadora de su propio territorio y una de las pruebas que incorporamos da cuenta de que se trata de un territorio indígena ancestral”.
La lucha política como crimen
Tanto Gómez como su abogado entienden que en Honduras el sistema judicial está cada vez más instrumentalizado para defender grandes intereses económicos. “Lo que está claro es que estos tres compañeros tienen una posición política en contra de este proyecto, pero nunca han inducido, y ni siquiera hay pruebas de que sean inductores a la comisión de delitos. Entonces lo que se está convirtiendo en delito es que vos tengas una posición que disienta de las posiciones del Estado y, en este caso, de las empresas hidroeléctricas”, afirma Fernández.
A pesar de este proceso intenso de criminalización de la protesta, Gómez afirma que “la comunidad va a continuar con acciones más fuertes en defensa de su territorio para evitar que se construya ese proyecto hidroeléctrico”. Agregó además que las movilizaciones en solidaridad con los tres acusados han sido intensas en el día de hoy en Honduras, llevándose a cabo marchas con presencia de pobladores de distintos departamentos.
La resolución tomada en el día de hoy podría ser revertida hasta el miércoles 25 de setiembre, fecha límite para que la defensa interponga un recurso ante la Corte de Apelaciones de Comayagua. A pesar de que el recurso será utilizado, el pesimismo ante el éxito que pueda tener es grande, ya que según afirma Fernández “como en muchos otros casos, nosotros estamos advirtiendo que hay toda un proceso de instrumentalización del sistema de justicia para defender los intereses económicos de las empresas”.
La jornada de notificación de la sentencia estuvo rodeada por una fuerte movilización de solidaridad en intibucá, así como de repercusiones internacionales de este caso, emblemático de la situación de los derechos de defensores y defensoras de territorios en Honduras tras el golpe de estado de 2009. Entre quienes llegaron hasta Intibucá se contaba a la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas.
Cabe aclarar que los integrantes del COPINH ratificaron que se movilizarán contra esta sentencia y ratificaron a Berta Cáceres como coordinadora de la organización, aún desde la cárcel.