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La Cruzada Nacional contra el Hambre, caballo de Troya contra los pueblos originarios
Con dinero, proyectos productivos, comedores comunitarios, fuerzas armadas e instituciones, el Estado buscan mediatizar, desvirtuar, pervertir y desviar la lucha en defensa del territorio en Guerrero, denuncia Abel Barrera.
Jaime Quintana Guerrero
Desinformémonos
México. La presencia del ejército en labores de la Cruzada contra el Hambre en Guerrero, “trata de generar una estrategia de contención, de desmovilización y de sometimiento de los pueblos originarios de La Montaña, que luchan por la autonomía aún con el ejército dentro de sus comunidades”, señala en entrevista con Desinformémonos Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
“Los soldados realizan labores de cocineros dentro de las comisarías, resolviendo un problema que le toca a las brigadas civiles o a las comunidades”, considera el antropólogo Barrera. “Para nosotros, no es más que una simulación bélica dentro de los pueblos que se organizaron para establecer su policía comunitaria, rechazar las mineras y luchar contra la reserva de la biosfera. Se trata de una zona donde los pueblos hacen valer sus derechos”, denuncia el defensor de derechos humanos.
Ante cientos de indígenas, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró la Cruzada Nacional contra el Hambre -un programa de asistencia a las comunidades más pobres del país- el 21 de enero del año 2013, en las Margaritas, Chiapas, pocos días después que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) propuso nuevas iniciativas políticasa . La Cruzada es uno de los programas más publicitados e importantes del sexenio de Enrique Peña Nieto, y lo encabeza la ex militante maoísta y ex perredista Rosario Robles, como responsable de la secretaría de Desarrollo Social del gobierno priista.
Rosario Robles Berlanga declaró que con el programa se llegará a los municipios más pobres, como Cochoapa el Grande o Metlatonoc, en Guerrero, y a centros urbanos como Ecatepec, Puebla y la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México.
En Guerrero se instalaron comedores populares atendidos por el ejército. Abel Barrera señala que “es una política que tiene visión de contrainsurgencia, es decir, los soldados se meten a las comisarías”. El resultado es que, por la presencia militar, las comunidades están acotadas para impartir justicia y atender los temas más sensibles de la comunidad, que tienen que ver con la defensa del territorio, de manera autónoma y libre, valora el defensor.
Los soldados entraron a La Montaña y Costa Chica de la mano de Rosario Robles, quien anunció, el 13 de agosto, que instalarán 500 comedores comunitarios en 500 pueblos de 27 municipios de la entidad, con personal de la secretaría de Marina y la Armada.
“El ejército no tiene absolutamente nada que hacer en ese programa. Son los promotores de las comunidades y los profesionales de la salud, incluyendo nutriólogos, los que deberían estar involucrados”, valora Xaviera Cabada, encargada del área de nutrición de la organización civil El Poder del Consumidor.
En las comunidades de La Montaña se dio uno de los primeros experimentos de dicho programa. El senador Armando Ríos Píter implementó el programa estatal “Guerrero sin Hambre”, durante la gubernatura de Zeferino Torreblanca, que también cobijó al Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), que ya forma parte de la plataforma para combatir la pobreza alimentaria en la zona.
En “Guerrero sin Hambre” se invirtieron 42 millones de pesos y, de acuerdo con su propio planteamiento, se basa en los lineamientos del Programa de Seguridad Alimentaria de la de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Un documento clave para la implementación de dicho programa fue la “Evaluación Estratégica de Nutrición y Abasto”, basado en la Encuesta Nacional de Abasto, Alimentación y Estado de Nutrición en el Medio Rural (ENAAEN), donde asientan diversos proyectos y estadísticas del estado alimentario de las zonas rurales y urbanas en extrema pobreza.
Son muchos los actores que se empecinan en convencer a las comunidades de los beneficios de las minas, incluyendo al senador Ríos Piter, informa Abel Barrera: “Se empeñan en hacer planteamientos centrados más en la hacer una Ley Minera, que al final de cuentas es tratar de convencer a los pueblos de la posibilidad de que existan empresas mineras con una visión más social, en términos de compartir las ganancias y de generar menos daños ambientales. Su postura es dejar que entren las mineras, pero en la zona es decir no”.
En cinco comunidades por municipio se implementaron los comedores comunitarios de la Cruzada. “Vemos que instalaron comedores en el municipio de Tlapa, en la parte donde hay mucha migración de la zona mephaá, en Metlatonoc, en Cochoapa el Grande, que son los municipios mas pobres del país. También sabemos que quieren entrar al municipio de Atlixtac, en la comunidad de Buenavista, en la Providencia y en Petlacala”, informa Barrera.
En Malinaltepec, relata el defensor de derechos humanos, “varias comunidades rechazaron la entrada del ejército y no permitieron que se instalaran. La gente dice, no queremos ese tipo de apoyos, lo que queremos es que se nos atienda”. Barrera considera que la gente dejó de creer en ese tipo de planteamientos, pues “saben que es una nueva forma de sojuzgarlo, someterlos y engañarlos, supeditándolos a las directrices de un gobierno que no está comprometido con los pueblos”.
Barrera menciona que las acciones gubernamentales son la nueva versión de un “asistencialismo burdo, que piensa que a los pueblos indígenas hay que darles de comer y tratarlos como si fueran objetos de conmiseración, no como sujetos reconocidos de derechos. Les tratan de llegar por el estómago como si ellos no fueran la cultura mesoamericana, las hijas del maíz”.
Para operar la Cruzada, relata el defensor de derechos humanos, “contratan a jóvenes de la Universidad Intercultural del Estado del Guerrero, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y de otras instituciones cercanas, para llegar a las asambleas comunitarias con su propia lengua y convencerlas de que tienen que aceptar estos programas”.
Barrera indica que no sabe bajo qué criterios se elige a las zonas destinatarias de la Cruzada: “Es muy sospechosa la designación de las comunidades que tendrán comedores comunitarios, a las que les dicen que tendrán el apoyo del ejército para que les haga la comida”. Xaviera Cabada declara que “el ejército no está capacitado para implementar programas de comedores comunitarios”.
Programas sociales para penetrar el territorio
Para desactivar las reivindicaciones de derechos de los pueblos, indica Barrera, se utiliza todo el aparato del Estado, incluyendo las áreas de desarrollo rural, sociales, y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). “Nos sorprendió la presencia de Jaime Martínez Veloz. Si bien la justicia y seguridad indígena es un tema que tiene que ver con los derechos, él llegó ofreciendo obras e infraestructura. Es muy claro su papel en amortiguar este movimiento de reivindicaciones”.
Jaime Martínez Veloz fue parte de la Comisión de Concordia y la Pacificación (COCOPA) en Chiapas. “Es una figura que busca mediatizar, desvirtuar, pervertir y desviar la lucha que tienen los pueblos por sus autonomía, para centrarla en los proyectos asistencialistas”, aclara el presidente de Tlachinollan.
El defensor de derechos humanos relata que reuniones entre la secretaría de Gobernación y los pueblos, donde se trató el respeto a sus derechos y a las policías comunitarias, se suspendieron con el pretexto de que se detuvo a algunos elementos del ejército. El gobierno señaló que mejor trabajará con la CDI, “para ver cuáles son las obras más urgentes que se necesitan en La Montaña”, expone el antropólogo Barrera. De paso, señaló el gobierno, la gente podrá conocer al ejército para posteriormente realizar acuerdos con ellos. “Es una estrategia burda que estaría operando Martínez Veloz”, considera el defensor.
El otro lado es el ofrecimiento de despensas y programas. “Les dicen que si no aceptan, tienen que firmar una acta y eso quiere decir que no quieren ningún programa, ni el Oportunidades. Ahí es donde se complica la situación, pues la gente teme que les quiten los recursos. Existe esa perversidad de someter a las comunidades a través de este tipo de programas”, describe Barrera.
La alimentación en territorio comunitario
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), junto con el Instituto de Nutrición, el Centro de Orientación Alimentaria y la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizaron un diagnóstico del impacto de las políticas asistenciales en La Montaña. En las conclusiones establecieron que la entrada de dinero por medio del programa Oportunidades generó mayor dependencia de los alimentos que no son nutritivos para los pueblos, lo que llevó a una proliferación de tiendas en el territorio donde opera la CRAC-PC.
Para la nutrióloga Xaviera Cabada, “la Cruzada Nacional contra el Hambre sigue el mismo modelo asistencialista y un modelo de consumo que arrasa con comunidades completas. Lo ideal es regresar a los alimentos y a las técnicas antiguas”.
Ante esta invasión de dinero y productos ajenos a la dieta de la zona, la nutrióloga explica que “no se apoya a los pequeños productores o a familias para que desarrollen proyectos con sus propios recursos”. Desde la perspectiva de El Poder del Consumidor, señala, “se necesita desarrollar capacidades para ser autosustentables, regresar a la tierra, quitar químicos y pesticidas. Los quelites se consideran hierba mala, cuando es una fuente fuerte de nutrientes esenciales para las familias”.
“Lo peor de todo es que el ejército quien prepara la comida”, agrega Abel Barrera. “Hasta les enseñen hacer tortillas a las que son expertas y han cultivado el maíz en sus diferentes formas. Los pueblos tienen planteamientos profundos en términos de lo que es la justicia comunitaria, el desarrollo comunitario y ante todo, los saberes comunitarios que tienen que tomarse en cuenta para no devastar su cultura”.