La mujer que aborta no es una estadística

“La mujer que aborta no es una estadística”

La ola conservadora en los estados de la República Mexicana criminaliza a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y las obliga a hacerlo en condiciones inseguras.

Clayton Conn
Desinformémonos

“La intención es que el proceso de aborto les permita un cambio positivo en su vida. Las mujeres son capaces de hacerlo”.
Oriana López, Fondo MARIA

México, Distrito Federal. La interrupción del embarazo no es un derecho para todas las mexicanas, sobre todo las que viven en los estados, por lo que un grupo de mujeres organizadas trabaja para que las jóvenes de bajos recursos que lo eligen conscientemente se practiquen un aborto legalmente y sin peligros.

En 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó una modificación del Código Penal para despenalizar el aborto si se ejerce dentro de las primeras 12 semanas de embarazo. Sin embargo, leyes rígidas y arraigados estigmas sociales y religiosos dominan el resto del país, por lo que la decisión de las mujeres para interrumpir su embarazo se coarta. En este clima nació la organización Fondo MARIA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento).

El Fondo, con sede en la capital del país, fue fundado en 2009 como una organización hermana de Balance – un grupo feminista progresista que trabaja derechos y salud sexual de las mujeres y los jóvenes. Su dedicado personal trabaja para ayudar a capacitar y equipar a las mujeres con la información y los recursos necesarios para concluir sin peligro y legalmente un embarazo en la Ciudad de México, sobre todo si provienen de estados que criminalizan los abortos.

La organización busca que la interrupción legal del embarazo “sea un derecho para todas las mujeres, no solamente en el Distrito Federal, pero también en el Distrito Federal, porque no todas tienen los recursos para ir a un servicio -aunque sea gratuito. A veces implica los 20 pesos del transporte que quizá no tienen,” expresó Oriana López, coordinadora de MARIA. Su objetivo a largo plazo es la legalización del aborto en todo el país, así como reafirmar el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, para enfrentar la crisis de interrupciones clandestinas e inseguras que cuestan la vida o la salud de miles de mujeres cada año.

El mapa de la criminalización

De los 31 estados de México, 18 prohíben y sancionan el aborto. En algunos estados, como Guanajuato, se busca activamente enjuiciar a las mujeres que cometen abortos “ilegales”. De acuerdo con el Centro Las Libres, una organización de derechos de la mujer con sede en Guanajuato, entre 2000 y 2009 el estado encarceló a más de 130 mujeres por aborto. Se dictaron sentencias de 25 a 30 años de prisión a un grupo de siete mujeres por el homicidio de los padres de sus fetos por nacer.

En contraste con la legalización del aborto en la capital del país, llegó una ola de medidas reaccionarias en 14 estados para impugnar la medida del 2007. Estos estados –todos dominados por el Partido Acción Nacional (PAN) o el Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, cambiaron sus estatutos para otorgar plenos derechos a los fetos no nacidos desde su concepción y así criminalizar a las mujeres que buscan poner fin a un embarazo.

Para López, las mujeres más afectadas directamente y negativamente por estas medidas son en su mayoría de la clase trabajadora (quienes ya sufren altos niveles de marginación debido a su situación socioeconómica). La prohibición de interrumpir el embarazo en sus estados y la falta de recursos económicos las obligan a tomar la opción más barata, los abortos clandestinos inseguros en lugares mal equipados de inseguridad o la auto realización del procedimiento. “Siempre han existido mujeres con recursos que pueden pagar un aborto clandestino seguro o pueden viajar a Estados Unidos o al Distrito Federal para tener un aborto legal, pero también existen las mujeres que no tienen recursos para realizar el viaje”.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud, publicado en 2012, establece que los abortos inseguros y peligrosos siguen en aumento en el mundo. El 95 por ciento de todos los abortos en los países latinoamericanos caen dentro de esta categoría; México se ubica cerca de la parte superior de la lista. La prohibición y penalización fuerzan a que los servicios de aborto pasen a la clandestinidad. El aborto inseguro es una de las principales causas de muerte materna en todo el mundo, e incluye procedimientos realizados sin supervisión médica calificada fuera de hospitales o clínicas. Estos procedimientos incrementan el riesgo de que la mujer sufra una infección grave o una hemorragia.

No victimizar, sino empoderar

La discusión pública en torno al aborto a menudo delimita a la mujer como una mera víctima (de violación, de negligencia médica clandestina u oficial, o de otras formas de malos tratos). Los opositores al aborto también utilizan este discurso cuando se trata de describir al feto no desarrollado. López señala que este discurso es frustrante y paternalista, ya que la mujer que decide interrumpir su embarazo no es una estadística o un caso a utilizar por los medios de comunicación y grupos de interés. Para ella, estas mujeres son actores sociales que tienen autonomía o están en el proceso de reconocerla para tomar decisiones sobre sus propias vidas. López expresa: “Parece que el único aborto válido es el terapéutico: cuando está en peligro la vida o salud de la mujer; cuando hay graves daños en el producto o cuando es un caso de violación. Las campañas mediáticas y esfuerzos están puestos en esas tres razones, pero cuesta trabajo pensar que son las únicas por las que las mujeres pueden abortar. Creo que todas las razones son válidas porque me baso en confiar en las mujeres”.

Es precisamente el principio de empoderamiento la fuerza motriz del Fondo MARIA. Aunque gran parte del trabajo cotidiano se trata de cuestiones prácticas, como el alojamiento para las mujeres de otros estados, la búsqueda de la clínica adecuada para sus necesidades específicas en la interrupción del embarazo, la explicación de sus derechos como mujer y la subvención a los gastos del viaje, todo se hace con una mirada distinta -a partir de la política de solidaridad y acompañamiento que busca ayudar a estas mujeres a tomar sus propias decisiones sobre su vida. “En los tres casos que mencionamos, los que toman la decisión son médicos y abogados, no la mujer”, valora López.

En mayo de 2013, el Fondo MARIA celebró cuatro años de acompañar a las mujeres (más de mil 600) no sólo a ejercer su derecho a interrumpir un embarazo, sino también a abrazar su propia autonomía como agentes de cambio. Como López sugiere, las mujeres deben sentirse capaces de tomar sus propias decisiones, positivas y dignas y no de vergüenza o culpa.

Para Solicitudes de Apoyo:
01 800 8327 311
maria.balance@gmail.com

Para Participar / apoyar:
55 39 1802-1855 32 53 53
redmaria@redbalance.org [1]