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Gobierno, terratenientes y transnacionales no quieren resolver los problemas nacionales
08 Oct 2013
En lo que se ha denominado la otra agenda del conflicto, el gobierno colombiano, en cabeza de Juan Manuel Santos, ha desatado, a través de los estamentos de seguridad y militares, una cruenta persecución contra las organizaciones populares, al tiempo que en una clara coincidencia con esta estrategia, fuerzas paraestatales asesinan y desplazan a cientos de colombianos y colombianas en varias regiones del país.
Durante el masivo Paro Nacional Agrario y tal como fue denunciado en la Cumbre Agraria y Popular “la represión gubernamental dejó un saldo desolador, que incluye la pérdida de 12 vidas humanas, 4 personas desaparecidas, 660 casos de violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos en todo el país, 262 detenciones arbitrarias, 485 personas heridas, 21 personas heridas con arma de fuego, 52 casos de hostigamientos y amenazas contra los manifestantes y líderes sociales y 51 casos de ataques indiscriminados a la población civil en diferentes departamentos del país”.
Pero en plenas negociaciones con los procesos en Paro las violaciones a los derechos humanos han continuado, miremos una pequeña muestra de estos casos:
1. El 8 de septiembre fueron amenazados Marleny Benítez y Felipe Triana, reclamantes de tierras en Apartadó.
2. El 17 septiembre de 2013, fue asesinado en Ituango Nelson Giraldo Posada, dirigente del movimiento de los afectados por la construcción de HidroItuango.
3. El 27 de Septiembre fue asesinado Raúl Perdomo Pimentel, afiliado de la Unión Sindical Obrera, USO, del Putumayo. Este mismo día 27 de septiembre mientras se desarrollaban conversaciones entre los voceros de las comunidades movilizadas en Aguachica y el gobierno nacional, varios sujetos infiltrados del servicio de inteligencia como paramilitares que se encontraban en el sitio de concentración, comentaron abiertamente que el propósito que ellos tenían era asesinar a Teófilo Acuña y a Narciso Beleño.
4. El 1 de Octubre fue asesinada Adelinda Gómez Gaviria de 36 años de edad y madre de tres hijos; era una defensora de derechos humanos y lidereza campesina que se oponía a los megaproyectos mineros en el Departamento del Cauca.
Estos casos coinciden en varias cosas pero la principal de ellas es que son acciones contra dirigentes y procesos que están luchando contra el modelo extractivo y las locomotoras del progreso del gobierno nacional.
Por otra parte, envían un mensaje claro: no hay voluntad por parte del gobierno, ni de los poderes que representa (terratenientes y transnacionales) de querer resolver el problema de la tierra y el minero-energético.
Ad portas de iniciarse una nueva jornada de lucha de los pueblos, convocada desde la próxima semana de octubre, varias son las alertas, puesto que en Colombia no está garantizado el derecho a la protesta y, por el contrario, la agenda de la guerra contra las legítimas expresiones populares están a la orden del día.
De otra parte, el discurso de la paz del presidente Santos se desgasta día a día; queda cada vez más claro que mientras trata de instrumentalizar ésta al servicio de su reelección, la orden de violencia ha sido expedida.
Nos solidarizamos con los procesos sociales a quienes les han sido quitado a sus dirigentes y llamamos a fortalecer los procesos de unidad y lucha, por la vida digna, la soberanía y la permanencia en nuestros territorios rurales y urbanos.
Comisión de Comunicaciones - Congreso de los Pueblos
Comisión de DDHH - Congreso de los Pueblos