Imprimir
Enviar
El gobierno colombiano da tratamiento militar a una movilización social y ataca a los pueblos indígenas como si fueran actores armados, denuncian las organizaciones convocantes de la Minga Social, Indígena y Popular. Las movilizaciones, iniciadas el 14 de octubre, fueron respondidas con “ráfagas indiscriminadas de armas de largo alcance, gases tóxicos y otro tipo de armas, con prohibición de uso en el marco del Derecho Internacional Humanitario”, informó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
La Minga “se desarrolla en cumplimiento de lo mandatado por las organizaciones de 44 expresiones que hacen presencia en 28 departamentos del país, quienes representan las cuatro quintas partes del Movimiento Indígena Colombiano”, afirmó la ONIC en un balance público. Para el 19 de octubre, la organización reportó 15 mil indígenas movilizados en Córdoba, mil en la Gobernación del Cesar, 4 mil en Antioquia, mil 100 en el Huila, 3 mil 500 en el Tolima, 4 mil en el Valle del Cauca, mil en la Guajira, 600 en Nariño y 500 en Sucre. Las movilizaciones incluyen reuniones de pueblos, encuentros culturales, discusiones, bloqueos carreteros parciales y marchas pacíficas. Éstas últimas fueron atacadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Las demandas centrales de la Minga en esencia son contra el libre comercio y los megaproyectos de las transnacionales, y se corresponden con las del mismo evento de 2004. Esta vez -aunque con modificaciones repentinas- se resumen en territorio y tierras, consulta previa en agenda minero-energética, ejercicio de autonomía y gobierno propio, Tratado de Libre Comercio y política agraria, y derechos humanos, conflicto armado y paz.
“El accionar desmedido, desproporcionado y violento de la fuerza pública el día de hoy se suma a los sistemáticos incumplimientos del Estado colombiano en contra de los pueblos indígenas”, señaló el Tejido de Comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), organización a quien le bloquearon las listas de correo electrónico. Los indígenas denunciaron el 18 de octubre que en tan sólo 20 minutos de ataques de los escuadrones antiguerrilla contra las columnas de marchantes, se produjeron 14 heridos. Para la tarde del mismo día, los heridos se elevaron a 39.
Los convocantes anunciaron que la Minga seguirá, y denunciaron el uso excesivo de la fuerza, siembra de minas antipersona, amenazas a líderes, uso de armas de largo alcance y gases tóxicos, retención injustificada de mil indígenas y disparos del ejército contra los manifestantes inermes y la guardia indígena. Se teme una masacre, pues el grupo paramilitar Los Rastrojos lanzó el 19 de octubre una amenaza contra la Minga y los comunicadores populares. Las fuerzas policiacas y militares utilizan también artefactos explosivos y machetes en sus ataques, denuncian desde la Minga, y le amputaron la mano a un indígena. “El salvajismo de la acción de la fuerza pública no tiene precedentes. Mientras esto es así, hay un casi absoluto hermetismo en los medios de comunicación comerciales. No existe para ellos la movilización indígena ni sus causas”, denunció el médico y acompañante de los pueblos Manuel Rozental.
El ministro del Interior, Aurelio Irigorri, declaró que revisará las peticiones de los indígenas, pero advirtió que de ninguna manera considerarán la desmilitarización de los territorios. El consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Eduardo Camayo, en entrevista a través del informativo Kueta Susuksa de Radio Pa´yumat, comentó que el domingo 20 de octubre, ¨la comisión de la Minga Indígena y Popular se reúne con delegados del gobierno nacional en la María Piendamó para negociar los cinco puntos de agenda”. Dijo que hasta el momento no han tocado los temas estructurales y que están en el debate de lo jurídico. “Apenas vamos en el primer punto de la agenda. Cuando tomamos una decisión la informamos a las comunidades movilizadas y hasta el momento eso ha sido bien recibido”, puntualizó.
Con la advertencia de que sus movilizaciones no deben ser utilizadas “por algunos únicamente para alcanzar los resultados que pretenden de antemano en mesas de negociación con el mal gobierno”, la organización de cabildos señaló que seguirán en sus acciones no sólo contra el modelo económico del extractivismo “y el mal llamado libre comercio”, contra el terror y la guerra “que nos mata y nos desplaza” y contra la legislación del despojo, “sino que vamos a seguir construyendo nuestra sociedad-otra y vamos a seguir ejerciendo desde abajo nuestro control territorial, frente a todo actor y flagelo que desarmonice nuestro territorio”.
La primera Minga, una movilización de amplio alcance, se desarrolló de 2004 a 2008 y se basó en cinco puntos. “Levantarnos en Minga es simultáneamente rechazar a quienes han pretendido mandar, vengan de donde vengan”, declaró el Tejido de Comunicación. En 2009, el académicos y activista Manuel Rozental explicó que “La Minga es una práctica ancestral de los pueblos indígenas de los Andes, que se nombra de otras maneras entre otros pueblos y procesos en el resto del continente y del mundo. Es el trabajo colectivo para lograr un propósito común. Las Mingas no tienen dueños”.
Escenario de guerra
“La Policía, Ejército, ESMAD (antimotines) y efectivos policiales vestidos de civil, están rodeando a la gente, disparan indiscriminadamente, entrando a los campamentos ubicados a cuatro kilómetros de la carretera Panamericana, donde se resguardan mujeres, niños y niñas”, denunció la ONIC, mientras los servicios sanitarios no tienen acceso a los heridos.
“Escuadrones antiguerrilla se ubican en las montañas disparando en contra de la Minga. La Policía, Ejército, ESMAD y efectivos policiales vestidos de civil, están rodeando a la gente, disparan indiscriminadamente, entrando a los campamentos ubicados a cuatro kilómetros de la carretera Panamericana, donde se resguardan mujeres, niños y niñas”, relató la organización indígena.
El consejero mayor de la ONIC, Luis Fernando Arias, dijo a Telesur que “las represiones se intensificaron desde primera hora de este viernes a pesar del compromiso del ministro del Interior, Aurelio Iragorri, de retirar a la Policía y el Ejército de los puntos de concentración de los indígenas”.
“Dentro de las acciones legitimas de las comunidades indígenas en defensa de la vida y del territorio, la autonomía, y los derechos humanos; se retuvo a un miembro del ESMAT, de nombre Jorge Luis Feria Salgado, oriundo de la ciudad de Cali-Valle, al cual se ha respetado la su integridad física, y en el momento se encuentra custodiado por la autoridad tradicional y la guardia indígena, hasta que hayan las condiciones para la entrega a los organismos defensores de derecho humanos”, destacó la ACIN.
Las autoridades tradicionales indígenas solicitaron la intervención de defensores de derechos humanos nacionales e internacionales para frenar el uso de la fuerza del Estado contra los manifestantes. Telesur informa que los manifestantes continuarán en forma indefinida la Minga nacional, hasta que el presidente Juan Manuel Santos reciba a sus representantes para debatir con ellos el pliego de peticiones, que consta de 95 páginas, y asuma el compromiso de solucionarlos.
Los wayuu mantienen parcialmente tomada una vía férrea en protesta por la represión a la Minga. Estos comuneros –ubicados en el departamento de La Guajira- están afectados por la minería, y exigen el cese del extractivismo y la salida de las empresas multinacionales. Los campesinos también amenazaron con reiniciar su paro agrario, debido al incumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno.
A la Minga se agrega la posibilidad de que el paro agrario se retome de forma inminente, pues los campesinos organizados en las Dignidades Agrarias, que protagonizaron el reciente paro, se levantaron el 19 de octubre de las mesas de diálogo con el gobierno,cansados de las tácticas de dilación y los incumplimientos del gobierno.