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09-11-2013
Vacilaciones tácticas y deriva estratégica: a la hora de las definiciones.
Ernesto Silva
Rebelión
Después de dos horas de espera y cuatro más de una exasperante alocución, el presidente Maduro por fin planteó las medidas de política económica largamente anunciadas durante los meses anteriores, para frenar la insurrección económica de la alta burguesía venezolana. La primera impresión que ellas dejan en un observador es la de decepción y una profunda inquietud. En líneas generales, las medidas son claramente incongruentes con el diagnóstico presentado por el mismo mandatario e inconsistentes en sí mismas, según lo sugiere un somero análisis.
En efecto, Maduro responsabilizó directamente al presidente de Fedecámaras, a Consecomercio y a un sector de VenAmCham de participación en un plan para colapsar la economía antes de las elecciones de fines de año. Y anunció una operación cívico-militar nacional apoyada por las Fuerzas Armadas para fiscalizar todos los tramos de las cadenas productivas. A continuación planteó la creación de un conjunto de instituciones: (1)un Centro Nacional de Comercio Exterior para dirigir la administración de divisas para importaciones coordinando a Cadivi, Sicad, BancoEx y la banca pública responsables hasta el momento de la gestión de tales flujos; (2) una Corporación Nacional de Comercio Exterior para diseñar un plan nacional de importaciones/exportación y (3) una Corporación Nacional de Transporte del Comercio Interno. El resto de las medidas, fuera de un Fondo de Compensación que concentraría los ingresos por concepto de decomisos de mercancías y la medida contable de crear un Presupuesto nacional de Divisas, por importantes que sean para determinados sectores de población, homologaciones salariales, aprobación de aguinaldos, ampliación de Mercales Obreros, etc., no inciden sobre el problema central de la ‘guerra económica’ declarada.
Inquietud, porque en efecto, todos los planteamientos anteriores de voceros que intentaron desmentir la gravedad de la crisis que se desencadenó a partir de las últimas elecciones presidenciales de abril, ganadas por una débil diferencia por el candidato bolivariano, fueron desahuciados. La presentación de una evidencia política que no hace sino confirmar hasta la saciedad la magnitud ya conocida de la ‘guerra económica’, no deja lugar a dudas. El documento elaborado por agencias extranjeras – Plan Estratégico Venezolano, 13/07/2013- con participación de conocidos representantes de la Oposición venezolana en donde explícitamente se plantea desestabilizar al gobierno mediante acciones insurreccionales, desde sabotaje selectivo a la infraestructura del país hasta violencia de calle –en la que a todas luces se incluirán acciones terroristas- antes del ocho de diciembre del año en curso. El problema no radica en las posibilidades actuales de que tal curso de acción efectivamente se desarrolle, porque hasta el momento las medidas tomadas por las fuerzas de seguridad han neutralizado en parte las acciones ya desarrolladas, particularmente en el área eléctrica donde el sabotaje tiene cada vez menor incidencia. El problema es la impunidad abismante de que ha disfrutado la Oposición política, cuando un estudio con recomendaciones para desarrollar tales acciones subversivas se presenta tranquilamente avalado con nombre y apellidos por sus voceros venezolanos. Tal situación seguramente es imposible de comprender en el contexto político de la Revolución Ciudadana ecuatoriana en la que seguramente tales voceros habrían sido de inmediato presentados ante los Tribunales de Justicia, ni menos en el contexto de la democracia ‘representativa’ chileno-piñerista la que de inmediato les habría aplicado la Ley Antiterrorista encarcelándolos. Tales aspectos propios de una ‘democracia boba’, en la que la impunidad sigue campeando a pesar de las amenazas tronantes y ya cansadoras respecto de los terribles castigos que experimentará ‘la burguesía parasitaria’ por su accionar ‘antipatriótico’, son los que suscitan, por decir lo menos, una profunda inquietud en las bases bolivarianas y en los sectores populares.
Pero no son las únicas situaciones inquietantes, puesto que ya desde comienzos del año en curso se sabía públicamente que el desarrollo de la situación ya no política sino que económica, más allá de la brutal devaluación de inicios de año, estaba afectada por un escape de capitales de 20.000 millones de dólares. Las demandas colectivas por aclarar tal ‘misterio de la ciencia’ hasta el momento han caído en saco roto y los nombres de los representantes de las más de mil empresas incursas en importaciones falsas en el año 2012, de las cuales se sabe que la mayor parte son privadas junto a algunas empresas públicas todas ligadas a un pequeño grupo de bancos, todavía permanecen en el misterio. Nada se sabe tampoco de las responsabilidades técnicas que les cabe a un segmento de la burocracia del Banco Central que diseñó el mecanismo institucional –el famoso SITME- mediante el cual esas divisas fueron autorizadas, ni menos de las responsabilidades políticas del señor Merentes a la sazón al frente del Banco Central.
Tales insólitas situaciones, en las que un grupo de dirigentes políticos oposicionistas se dan el lujo de autorizar públicamente acciones armadas en contra del gobierno constitucional y un grupo de dirigentes económicos de gobierno de ‘dejar hacer, dejar pasar’ un flujo ilegal de dólares de esa magnitud hacia el exterior, no pueden menos que llamar hacia una reflexión política de fondo, por lo menos para darle un curso positivo a tal inquietud. A lo menos cabe decir, en todo caso, que en contraste con el accionar de la alta dirección política de la burocracia civil al frente del gobierno y del movimiento bolivariano, el estamento militar ha reaccionado pronta y eficazmente en el otro frente de la guerra declarada al gobierno revolucionario: la del narcotráfico. Dado el reglamento que los autorizaba a actuar, la fuerza aérea ya lleva derribados varios aviones que ingresaron clandestinos a los cielos venezolanos: en este frente de batalla, al parecer, se ha tomado en serio el trabajo y se cumple una recomendación elemental, ‘en guerra avisada…se mata al enemigo’.
Las medidas de política económica anunciadas, sin embargo, más que inquietud suscitan decepción. En efecto, todas ellas, excepto la primera, son de reingeniería institucional que en términos prácticos persiguen centralizar información macroeconómica y coordinar organismos. Sus efectos, por tanto, se verán en el mediano plazo, e implican en general, y esto es lo más sorprendente, que en los nuevos organismos se tomarán las decisiones económicas pertinentes en el futuro. Así sólo crearían condiciones para futuras decisiones en el frente de guerra económico y definirían ciertos objetivos generales que se tomarán en consideración. La única medida con acciones y efectos de corto plazo es la que plantea que el Poder popular, los organismos oficiales y la Fuerza Armada, intervendrán en el área de la distribución de bienes para controlar, fiscalizar y sancionar a ‘la burguesía’ comercial parasitaria. En otros términos, se propone ampliar a escala nacional y posiblemente masiva un típico ‘operativo’ para desbloquear el flujo de distribución de bienes en el mes de diciembre.
Con todo, lo importante es otro aspecto de las ‘medidas’ anunciadas, el que se refiere a la consistencia política interna de ellas. El diagnóstico presidencial se inició señalando los actores centrales dirigentes de la ‘guerra económica’ en curso: Fedecámaras, VenAmCham y Consecomercio, en otros términos identificando el Alto Mando de la ‘burguesía parasitaria’ que dirige las operaciones en curso. No cabe ninguna duda que este segmento dirigente es representante del núcleo oligopólico, financiero, industrial y comercial, la alta burguesía que económicamente controla todo el flujo interno y externo de la acumulación privada de capital. Control del circuito privado de acumulación del capital rentista, el que sigue siendo fundamental en la reproducción de conjunto del capitalismo venezolano, a pesar de que el Estado bajo el gobierno bolivariano, controlando el flujo de entrada del ingreso petrolero, intenta incidir en el proceso de inversión. Como sabemos, buena parte de ésta es pública y el sector privado sólo se ha limitado a reponer capital en el último año y a mantener una débil tasa de inversión los años anteriores, pues el grueso de su ganancia interna después de la devaluación de febrero ha sido resultado de una especulación por marcaje del precio final a costo del dólar negro. Es evidente que las cadenas de distribución están controladas en último término por esta capa económica de la alta burguesía. Lo singular de las medidas radica en que no obstante esta identificación del ‘enemigo’ en esta ‘guerra económica’, en ninguna parte se anuncia ‘medidas reales’ en contra de este ‘enemigo’ que lo golpeen directamente. La retórica oficial nuevamente acude a la apología del ‘Comandante Eterno’, a las amenazas del infierno futuro para ‘la burguesía’, pero en ninguna parte ‘se le ve el queso a la tostada’, como se diría a nivel popular. Mientras tanto, los sectores populares y las clases medias soportan un desabastecimiento real de bienes que se traduce en colas interminables, y una tasa de inflación que cerrará en un 50% para el año en curso. Masa para la cual sirve de magro consuelo el que esta cifra de inflación sea más baja que la del 100% alcanzado en algún año de la cuarta república. La reflexión histórica no pasa por el bolsillo de aquél que semanalmente debe soportar la escasez de productos elementales, para el cual la única reflexión a futuro que se hace es práctica: comprar el máximo de productos cuando puede para ahorrarse tiempo y dinero.
Decepción o inquietud por las ‘medidas’ son apreciaciones que, sin embargo, requieren examinarse en el contexto desenvuelto desde febrero hasta ahora. Tácticamente ellas sólo es posible comprenderlas como la continuidad de una política oscilante en el corto plazo que ha caracterizado el nuevo gobierno desde su inicio. La debilidad de los resultados electorales de abril de la candidatura bolivariana y los efectos devastadores de la devaluación de febrero obligaron al gobierno a realizar un viraje táctico hacia la derecha tendente a neutralizar a la Oposición fascista en su objetivo de demolición de las bases de gobernabilidad internas y de legitimidad internacional. Ese viraje consistió políticamente en un diálogo con un virtual representante del núcleo oligopólico financiero-industrial y comercial, el Grupo Mendoza, en términos hasta ahora desconocidos pero fáciles de adivinar. Se ofrecieron garantías para que este grupo económico desarrollara la inversión y aumentara el volumen de sus productos alimenticios que copan buena parte del mercado interno. Esta ‘carta de intención’ acordada con la alta burguesía venezolana se convirtió en papel toilette en vista de la actual contraofensiva económica de este sector.
Un viraje táctico hacia la izquierda acompañó el despliegue de una ‘política de calle’, o intento de recuperar la vinculación con las mayorías populares para conocer y procesar las demandas que el ‘partido’ de gobierno no estaba en condiciones de manejar. Fácticamente, el desastre político –aunque victoria electoral- de abril puso en evidencia que el PSUV no sólo no era un ‘partido’ –una estructura de pensamiento y acción política dirigente- sino que tampoco era un comité electoral eficiente. A estos dos espacios de la ofensiva táctica, se le unió la conformación de un equipo de gobierno de equilibrio entre los distintos grupos de interés que conforman la alta dirección del ‘chavismo’. Así, coexisten hasta el momento antiguos críticos como Iturriza, al frente del Ministerio de las Comunas; Samán, ex funcionario defenestrado por un anterior accionar radical al frente de una entidad de defensa de los consumidores, y ministros del área de comercio y alimentación que prontamente evidenciaron un claro sesgo burocrático conservador. El Ministerio de Comercio fue emblemático al respecto pues fueron conocidas las medidas de intervención en las Industrias Diana bajo control obrero, a cuyo sindicato se le pretendió imponer como gerente un ex empresario privado cuya mejor credencial era el haber quebrado tres empresas. En otros términos, ‘quedar bien con Dios y con el Diablo’ pareció ser un paso ‘necesario’, dado el escaso espacio de maniobra político para el nuevo Gobierno y el curso desastroso de los efectos de la devaluación cambiaria después de febrero, también considerada en su momento como ‘necesaria’.
Evidentemente, tales acciones eran un intento de mantener un relativo equilibrio entre las fuerzas que se movían y mueven en la alta dirección del proyecto bolivariano –que pugnan política y económicamente en direcciones distintas- posibilitando una base de sustentación que diera una plataforma interna a un liderazgo a construir en ausencia de Chávez y que pudiera seguir la ruta trazada por éste. Sin embargo, como algún observador en el mes de febrero lo había adelantado, en la nueva etapa política pos Chávez la devaluación monetaria gatilló un nuevo escenario social donde los problemas económicos de coyuntura iban a generar efectos políticos críticos potencialmente y de largo plazo. Como ya Chávez lo había planteado en una de sus últimas declaraciones se abría un frente de ‘guerra económica’ para el Proyecto Bolivariano y el curso de éste requería ya ‘un golpe de timón’. Es ese ‘golpe de timón’ el que precisamente esperaban los sectores de masa.
En resumen, después de varios meses de bandazos tácticos se llega a una situación actual con un frente de guerra económica abierto -con el enemigo perfectamente definible en un segmento de la alta burguesía- con otro frente de guerra política en curso en el que los representantes oposicionistas de ese sector burgués están convictos y confesos. Y la respuesta a tal situación consiste en un conjunto de medidas que trasladan siempre al futuro el peso coercitivo del Estado sobre empresarios y empresas que hacen pesar la violencia económica sobre los sectores populares y medios.
Ahora bien, toda vacilación táctica supone pérdida de rumbo y, en ese sentido, Maduro señaló que una línea de avance era “romper el estancamiento en que hemos caído en la transición económica hacia el socialismo”. No hay duda, por tanto, que más allá de esa constatación se apunta a un hecho extremadamente grave: la brújula del barco bolivariano se echó a perder. Eso se llama deriva estratégica o, en otros términos, el socialismo no sólo no aparece en el horizonte, lo que no sería grave dada la magnitud del esfuerzo histórico que implica avanzar hacia él, sino que no aparece marcado en los mapas de ruta. Desde el ángulo de una teoría política de la revolución es un problema serio a examinar. Pero, para una dirigencia revolucionaria eso sí que es grave.