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VENEZUELA: Derechos pisoteados
Entorno inteligente
Tal Cual / El gobierno del presidente Maduro, continuando la promesa realizada por su antecesor Hugo Chávez, ha prometido aumentar la producción de crudo hasta 6 millones de barriles diarias y gas hasta 11.9 millones de pies cúbicos para el año 2019, según el llamado “Plan Patria 2013−2019″ entre otros recursos naturales a explotar.
Sin embargo, muchos de los yacimientos a desarrollar se encuentran sobre territorios indígenas sin que se hayan tomado las previsiones presentes en el artículo 120 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela acerca del ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada como requisito previo para el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado. Según el censo poblacional 2011 las comunidades originarias del país están conformadas por 725.148 personas.
La profundización de una economía de tipo extractiva en el país se realiza sin la atenuación de los impactos sociales y ambientales que genera. Según el diagnóstico ambiental realizado en el año 2010 por la red ambientalista ARA “en el caso de la explotación petrolera, sus impactos no sólo ocurren en la zona de producción, sino que se continúan a lo largo de los procesos de transporte, refinación y distribución”.
Según el informe “No se tiene información clara sobre las medidas de mitigación y compensación, así como de los procesos de control y supervisión necesarios para evitar la generación de graves daños ambientales y sociales”.
En el caso de la minería hay problemas adicionales, como la presencia de los llamados garimpeiros y las denuncias sobre la participación de funcionarios militares en la explotación de diferentes minas. La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) ha dicho que “la entrada de garimpeiros a territorio venezolano ha sido constante y cíclica, y frente a esta situación, las respuestas del Estado venezolano en términos de acciones efectivas para controlar la presencia sistemática de los mineros ilegales de Brasil en tierras Yanomami, han sido bastante deficientes, poco estructuradas y sin obedecer a planes específicos”.
Por otro lado, comunidades pemonas de la Gran Sabana, en dos oportunidades, desarmaron a funcionarios militares que realizaban actividades de minería ilegal. Los indígenas también denunciaron maltratos por parte de funcionarios de las Fuerzas Armadas contra las comunidades y el uso de la justicia militar contra sus líderes detenidos.
Sobre la contaminación generada por la industria petrolera en poblaciones indígenas, Provea ha corroborado las denuncias de la etnia Kariña de Tascabaña, estado Anzoátegui, sobre la emisión de gases metanos en su principal afluente de agua, lo que ha impedido la cosecha tradicional de alimentos y el abastecimiento de agua a través de camiones y tanques de almacenamiento pagados por la propia industria petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El artículo 119 de la CRBV, que señala la obligación del Ejecutivo Nacional en demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, ha sido incumplido en su totalidad.
La disposición transitoria decimosegunda colocaba como plazo dos años para el proceso de demarcación, y hasta la fecha de hoy menos del 5% del territorio de las comunidades aborígenes ha sido demarcado y entregado a sus propietarios.
Para Provea una de las principales causas de este estancamiento es la presencia de diferentes recursos energéticos y minerales La ausencia de garantías en el derecho a la tierra indígena ha sido origen de conflictos en diferentes zonas del país, especialmente en el estado Zulia.
Provea reveló, en su Informe Anual 2012 que durante ese año fueron asesinados seis indígenas yukpas por conflictos relacionados con la tenencia de tierras.
El 3 de mayo de 2013 fue asesinado el cacique yukpa Sabino Romero quien había protagonizado diferentes acciones de exigibilidad de derechos para presionar por la demarcación del hábitat indígena y rechazar la explotación de minerales en sus territorios.
A pesar de que las autoridades han mostrado celeridad en la captura y enjuiciamiento a los presuntos autores materiales, organizaciones sociales del estado Zulia han expresado sus dudas sobre la transparencia de la investigación así como la falta de voluntad política para sancionar a los autores intelectuales del crimen.
Ante la anterior situación, Provea ha exigido a los poderes públicos:
Avanzar en los procesos de demarcación de territorios indígenas, tal como lo establece la CRBV y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI) Realizar estudios transparentes de impacto ambiental para medir el grado de contaminación generada por la actividad extractiva en territorios indígenas, haciendo público sus resultados como base para el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades originarias de los proyectos a desarrollarse en su territorio. Investigar y sancionar de manera transparente, expedita y apegada al estado de derecho los asesinatos de indígenas en el contexto de conflictos relacionados a la tenencia de tierras.