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En Honduras, “continuaremos en lucha, no importa quién gane las elecciones”
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El pueblo lenca, que mantiene un bloqueo para impedir la construcción de una hidroeléctrica que arrasará con su territorio, enfrenta asesinatos de sus activistas, amenazas y criminalización.
Honduras. “Nuestro pueblo despertó y no nos rendiremos ante los que quieren quitar lo que nos pertenece como indígenas del pueblo lenca”, afirmó Francisco Sánchez García, presidente del Consejo Indígena del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Francisco Sánchez habló de su comunidad, Río Blanco, el sitio donde permanece un bloqueo desde hace cinco meses para impedir la construcción del Proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca”, financiado por el Banco Mundial. La empresa china SINOHYDRO y el contratista hondureño DESA son las empresas que llevarán a cabo la construcción del proyecto. La comunidad está asentada sobre la única vía de acceso hacia el sitio donde se propone la construcción de la presa, y mantiene el bloqueo de manera constante desde el primero de abril.
El proyecto creará una enorme presa sobre el Río Gualcarque, y de paso sepultará muchos sitios sagrados y ceremoniales del pueblo lenca, así como miles de acres de tierra fértil que usan para cultivar. Los habitantes también aseguran que el gobierno oculta un proyecto sombra para construir una mina de oro, que utilizará el agua presada y generará luz eléctrica de la presa, en caso de construirla.
“Si avanza este proyecto, arruinará nuestro río, envenenará nuestros peces e inundará nuestros bosques. ¿Y para qué? Si soltamos nuestras tierras, de todas formas tendremos que pagar la luz como los demás”, cuestionó Francisco Sánchez.
Sánchez reportó que desde el inicio del bloqueo, sufre acoso por parte de la policía, amenazas de muerte, y lo peor, explicó, fue este primero de noviembre, cuando la policía le pegó tres veces a su hijo de 17 años con la culata de un rifle para provocar una reacción violenta por parte de su familia. Francisco Sánchez y su esposa, Mercedes Pérez, señalaron que ya saben quién les hace las amenazas de muerte, pero viven con la preocupación constante de que esas personas contraten a unos sicarios para llevar a cabo sus amagos. Como resultado, Francisco tiene que ir acompañado por miembros de la comunidad a dondequiera que vaya.
“Él salió solo en la mañana y le dije, ‘No puedes hacer eso ya’. Necesita acompañamiento todo el tiempo, por si intentan hacer algo”, relató Mercedes Pérez.
El máximo sacrificio
El campamento de base de DESA/SINOHYDRO y la planta hidroeléctrica están situados en un valle a unos kilómetros del sitio donde proponen construir la presa. Cuando este reportero visitó el sitio el 18 de noviembre del 2013, vio una formidable cerca de seguridad que define el perímetro de la planta. Los empleados de seguridad se mostraron con cierta intranquilidad ante la llegada de una visita sorpresa. Dos guardias nos pidieron esperar mientras un oficial de seguridad avanzó con fastidio hacia la cerca. Mientras tanto, el Director de Seguridad, quien se negó a identificarse, y quien no se encontraba en el sitio cuando llegamos, se dirigió apresuradamente hacia la cerca en una camioneta Nissan de color gris. Tocó el claxon de manera agresiva al acercarse a la cerca y pasó por la entrada a toda velocidad.
La escena incómoda en la cerca fue bastante diferente a la del 15 de julio, cuando la gente de Río Blanco y simpatizantes del COPINH marcharon hacia el sitio. En julio, aún no estaba construida la cerca. La única seguridad presente fue la del ejército hondureño. Mientras los manifestantes se acercaron al sitio, gritaron consignas para que la empresa dejara el territorio lenca. Los soldados se prepararon para un enfrentamiento.
Un soldado nervioso disparó su arma dos veces al aire. Los manifestantes se detuvieron brevemente, pero se mantuvieron firmes en su meta, y empezaron a avanzar de nuevo. Finalmente, mientras la marcha se acercaba a la planta de DESA, por lo menos dos soldados dispararon indiscriminadamente hacia la muchedumbre. Cuatro personas fueron baleadas. Al líder del COPINH, Tomás García, que se encontraba cerca de la vanguardia de la marcha, le dispararon múltiples veces, incluyendo en la cabeza, y murió allí mismo. A su hijo también le dispararon.
La muerte de Tomás confirmó los temores de la gente local de que las autoridades están dispuestas incluso a quitar vidas humanas para asegurar la construcción de la presa. De manera pública, la empresa culpó a los manifestantes desarmados de incitar a la violencia, pero sabían que la situación se podía salir de control rápidamente. Entonces DESA/SINOHYDRO sacó la maquinaria pesada que llevó antes de la instalación del bloqueo.
“Cuando hubo derramamiento de sangre, es cuando sacaron el equipo”, señaló Francisco Sánchez, residente de Río Blanco”. “Nuestro compañero dio su vida para sacar esa maquinaria de aquí”.
¿Una campaña por llegar?
La continuación de la discusión que tuvo lugar en la cerca de seguridad de la Planta Hidroeléctrica inactiva, insinuó una campaña lanzada por el gobierno y DESA, la empresa contratada para supervisar la construcción de la presa.
Ante las indagaciones acerca del asesinato de don Tomás García, el guardia principal de seguridad, quien se negó a identificarse, lo explicó así: “Hubo un conflicto entre dos partes. Una parte (los manifestantes) se salieron de control, y la otra parte (el ejército hondureño) tuvo una reacción exagerada”. Hasta el momento, ningún oficial de la empresa o del gobierno reconoce de manera pública cualquier culpa o responsabilidad que pudiera haber por parte de las tropas. Son persistentes en echar la culpa a los manifestantes por provocar la violencia que llevó a la muerte de Tomás García.
El guardia continuó: “Pero eso sucedió al inicio del proyecto. Ya se resolvió todo. Ahora estamos en pausa. El reto es socializar los beneficios de este proyecto entre las comunidades cercanas para que puedan conocer su lado positivo. Y entonces podremos avanzar”.
Cuando se le preguntó acerca de los beneficios, el guardia de seguridad respondió: “en realidad no estoy capacitado para hablar sobre eso, pero sí, mejores carreteras, mejor educación y mejor atención médica”.
Más arriba, por la colina de Río Blanco, los indicios de una campaña orquestada para comprar el liderazgo comunitario son evidentes en las historias de la lucha.
“Aquí en Río Blanco, estamos cien por ciento en contra de este proyecto, pero algunos de los ancianos y muchos líderes electos que andan por aquí ya se vendieron, entonces ya están de acuerdo”, acusó Francisco Sánchez. “Algunas de las personas que antes marchaban por las calles con nosotros ya cambiaron de opinión, y ahora apoyan al proyecto”.
Represión contra el liderazgo del COPINH
Es el 12 de septiembre del 2013. En la corte de Santa Bárbara, la jueza de Intibucá, Alicia Reyes, da inicio a la audiencia. Por el lado del acusado hay dos abogados, pero una de las sillas de los acusados está vacía. Berta Cáceres desafía la orden de la jueza Reyes, que indica que debe permanecer en la cárcel mientras espera su juicio.
La procuraduría acusa a Cáceres y a dos coacusados, Aureliano Molina y Tomás Gómez Membreño, por “daño a la propiedad privada”, “robo de terrenos”, y “coerción”. Berta Cáceres también enfrenta otro cargo de posesión de un arma de alto calibre. Ninguno de estos cargos fue corroborado por personas que no sean empleados de DESA, y el arma de alto calibre que fue sembrado en el vehículo del COPINH no ha sido analizada para poder rastrear su origen.
María Aguiluz, directora de la sección centroamericana y mexicana del Centro para la Justicia y la Ley Internacional (CEJIL), señaló que los cargos fabricados se igualan a un acoso legal contra Berta Cáceres y los coacusados. Los cargos representan una nueva estrategia por parte de las autoridades hondureñas quienes, de acuerdo con Aguiluz, “usan una infraestructura judicial como herramienta para acosar a los defensores de los derechos humanos e impedir su capacidad de llevar a cabo su trabajo”.
Aguiluz pidió una audiencia sobre el caso de Berta Cáceres ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que está basada en la Organización de Estados Americanos. Mientras tanto, miles de personas se manifiestan en Honduras y a nivel internacional para que el gobierno hondureño cancele los cargos contra Cáceres y sus dos coacusados.
El aumento en la presión empieza a tener efectos. El COPINH publicó recientemente en su página de internet que la procuraduría quiere conmutar los cargos y el proceso legal en un “proceso de reconciliación”, mediado entre procuradores y los acusados del COPINH. Esto normalmente da como resultado la cancelación de los cargos a cambio de pagar una pequeña multa y aceptar algunos cargos mínimos. Berta Cáceres y sus abogados se mantienen firmes en su rechazo a estas ofertas.
En la página de COPINH se menciona que “aclaramos, que por decisión personal y de la organización en general, y porque nos asiste la verdad y la dignidad, la compañera Bertha Cáceres y el COPINH, no acepta chantajes ni presiones en el sentido de que se pretenda en esta Audiencia de Conciliación por parte de los acusadores, que ella acepte que el arma supuestamente encontrada en el vehículo del COPINH le pertenece, o que pida perdón o que se pretenda que indemnice al Estado de Honduras por esta acusación perversa. Demandamos al Estado de Honduras que desautorice al Ministerio Publico y que éste retire la injusta acusación fundada en prueba prohibida”.
Las elecciones
De nuevo en Río Blanco, la cuestión sobre las elecciones presidenciales de este domingo se aproxima, pero Francisco Sánchez parece estar harto de la política. “Los políticos hacen muchas promesas, pero terminan siendo mentiras”, señaló. “Quien sea que gane estas elecciones, continuaremos en nuestra lucha para defender nuestras tierras, porque con los políticos no hay garantías”.
“La gente de LIBRE (Libertad y Refundación) por lo menos no hace promesas. Si ellos ganan las elecciones, quizá podemos tener algo de ayuda”, declaró melancólicamente Sánchez.
Pero dada la historia de represión en contra de su movimiento y las baladronadas a nivel nacional, Francisco Sánchez expresa su preocupación sobre la posibilidad del regreso del Partido Nacional al poder. “Ya estamos planeando nuestros preparativos de seguridad ante la posibilidad de que gane Juan Orlando”.