La fuerza destructiva del poder

La fuerza destructiva del poder

Raúl Prada Alcoreza

Índice:
La suspensión de la democracia
El verdugo al acecho: Desenlaces de la violencia estatal
El Asalto a la fortaleza moral del QONAMAQ
Gráficas de la violencia estatal
La desvergonzada intervención policial
de la sede de CONAMAQ
Alucinación del poder
Los émulos de Correa
Conclusiones

Dedicado a los y las jóvenes activistas autogestionarios, que abren un nuevo horizonte de luchas, desconstruyendo las formas polimorfas del poder, incluyendo la de las representaciones. Asistimos, ahora, al nacimiento de una nueva generación de luchas, que se dan a escala local, regional, nacional y mundial; formas de lucha, que responden a la memoria histórica de las luchas sociales. Estos activistas aprendieron que, en el desenlace del fracaso de las “revoluciones”, se encuentra el problema pendiente del poder. Por eso han decidido destruirlo.

La suspensión de la democracia

El presidente Rafael Correa clausuró sin más miramientos la ONG Pachamama, que apoya en la Amazonia a los pueblos indígena y defiende los derecho de la naturaleza, como establece la Constitución plurinacional de Ecuador. El gobierno “progresista” de la revolución ciudadana se molestó ante la crítica de Pachamama a las concesiones del gobierno a empresas trasnacionales del petróleo en los territorios biodiversos de este exuberante continente ecológico. ¿Cuáles son los criterios de este atropello y desenvuelta violencia estatal? Resulta que el presidente, que cree que su votación lograda y reelección es un otorgamiento de poderes supremo, sobre la Constitución y sobre los derechos fundamentales, actúa por propio ímpetu, llevando a cabo esta violación de derechos consagrados. Estos caudillos, insuflados de un ego desbordante, creen que están suspendidos sobre los mortales y sus quehaceres, sus demandas y reclamos. Sienten que actúan en el teatro de la historia para grandes ligas; por lo tanto, estos pormenores molestos deben resolverse de un manotazo. En América Latina han habido presidentes que confundían el país con un aeropuerto, otros que confunden el país con canchas de futbol, Correa parece confundir el país con un aula, al estilo más escolástico, donde el profesor es la autoridad suprema indiscutible, y los alumnos deben limitarse a aprender, de lo contrario, ser amonestados o expulsados.
Ciertamente no se puede explicar estas contradicciones de un gobierno progresista con la Constitución, aprobada por el pueblo ecuatoriano y promulgada por el mismo presidente, que ahora se desentiende de la misma, a través de la psicología sobresaltada de estos personajes, que actúan para los fantasmas de la historia. Empero, las angustias de los caudillos imprimen un dramatismo personal, como un colorido e intensidades singulares, al avatar de los acontecimientos. La contradicción de estos gobiernos progresistas se puede explicar, mas bien, por su apego al modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. Para estos gobiernos populistas del siglo XXI no hay más realidad que la condicionante impuesta por el sistema-mundo capitalista a las periferias, la de estar condenados al extractivismo; es decir, a entregar sus recursos naturales a los centros del sistema mundo y a las potencia industriales emergentes. Este realismo colosal no se sostiene ante la evidencia del despojamiento y desposesión de las relaciones de subordinación, que siguen manteniendo los países de economía extractiva y Estado rentista. El único argumento que tienen es que no hay alternativa que seguir expandiendo el extractivismo, con el objeto de usar sus recursos para la inversión social y la inversión industrial. Este es el argumento compartido por todas las elites de turno que han gobernado nuestros países, sean conservadores, libarles, nacionalistas, neoliberales o progresistas. Pueden diferenciarse en la forma política, en la relación con el pueblo, con lo nacional-popular, pueden diferenciarse en el discurso; empero, al compartir este prejuicio condenatorio histórico, que debemos aceptar el rol que nos impone la geopolítica del sistema-mundo capitalista, ser extractivistas, no hacen otra cosa que manifestar que pertenecen al mimo modelo de reproducción de la dependencia. Con el agravante de la destrucción ecológica y el etnocidio de los pueblos nativos.
Si bien se puede decir que estos gobiernos progresistas recuperan parte del control de los recursos naturales, en términos de soberanía, esto no los exculpa de quedarse a mitad del camino. Al hacerlo, lo que se ha recuperado, se lo pierde, por efecto de las relaciones de dependencia y subordinación de países extractivista respecto a los países centrales del sistema-mundo, industriales, monopólicos y dominantes, además de coloniales. Si bien estos gobiernos ocasionan redistribuciones del ingreso, e incluso, como en el caso de Ecuador, inversión social, estos hechos y consecuencias sociales no pueden ser justificativos para entregar los recursos naturales por otros medios, incluso por contrato menos onerosos que lo elaborados por el neoliberalismo. Tampoco pueden justificar, mucho menos, que se haga caso omiso de la Constitución, que establece claramente la condición de Estado plurinacional, la perspectiva del buen vivir, los derecho de las naciones y pueblos indígenas, la defensa de los derechos de la naturaleza. Este desentenderse de la Constitución y vulnerarla es no solamente un atropello descomunal, sino es la muestra clara que estos gobiernos progresistas están en otra cosa. La Constitución para ellos, con excepción de lo que ocurre en Venezuela, es un libro de vitrina, en el mejor de los casos, un ideal, no alcanzable por el momento. Se sustituye la Constitución por el realismo político y el “pragmatismo”, que no dejan de compartir la reproducción de sometimiento de nuestros países, de la misma manera que lo hicieron los gobiernos que criticaron, liberales y neoliberales, aunque lo hagan con rostro popular.
Se entiende pues que estos gobiernos actúen con violencia cuando los pueblos indígenas los interpelan y demandan, cuando una ONG, como Pachamama, los critica. Los caudillos consideran que estos pueblos y estas organizaciones son un obstáculo para el desarrollo y la modernidad. Estos “revolucionarios” no se dan cuenta, que al pensar de ese modo, están expresando un recóndito colonialismo, el desprecio a los dueños de las tierras de Abya Yala. Se trata de la constatación de la conquista interminable.

Cronología del despotismo
En la última sabatina del presidente, Rafael Correa, se mostró un video donde se acusaba a representantes de Yasunidos y de la Fundación Pachamama de “boicotear” la apertura de ofertas para la XI Ronda Petrolera, correspondiente al bloque sur oriente; así también se acusó de haber agredido al embajador de Chile, Juan Pablo Lira, a Andrei Nikonkov, apoderado de la empresa Bielorusnet, entidad pública de Bielorrusia, participantes del evento.
Las protestas contra la extracción petrolera, así como la escasa participación de oferentes, marcaron la Ronda Petrolera Suroriente. La Ronda fue un fracaso en lo que van los primeros meses del presente año. Ante estas circunstancias frustrantes, el gobierno ecuatoriano decidió reformular la convocatoria para fines del año. Se abrieron los sobres, que contenían cuatro ofertas, para apenas cuatro de los 21 bloques ofertados. Los bloques en los que mostraron interés son el 28, 29, 79 y 83, todos ubicados en el norte del mapa de la zona suroriental de Ecuador. La empresa China Andes, es la única oferente para los bloques 79 y 83. Para el bloque 28 se ha formado un consorcio con Petromazonas, empresa pública del Ecuador, ENAP, de Chile, además de otra estatal, Belorusneft. También la española REPSOL está interesada en el bloque 29.
Estas fueron algunas de las circunstancias tensas de la coyuntura, en el desenlace de la clausura de Pachamama. Como se puede ver y como dijimos, se trata de una represión desatada contra la protesta y la crítica a entregar concesiones en áreas del Yasuní y en la Amazonia ecuatoriana, donde habitan pueblos indígenas no contactados. Frente a la injustificada clausura, la ONG Pachamama trabaja en una estrategia legal para revertir la clausura injustificada del gobierno. Los miembros de la Fundación Pachamama dicen que la Fundación no se cerrará sin que sus ocho integrantes den pelea. Belén Páez, representante de la ONG, dijo que tomarán acciones legales y que la verdad tras la clausura de su oficina en Quito responde a sus denuncias de que en los bloques 79 y 83, que se licitaron en la Ronda Suroriente, habitan indígenas no contactados y en aislamiento voluntario de la Amazonía. De acuerdo a Belén Páez, esa afirmación se comprueba en el mapa que el Ministerio de Justicia presentó en la Asamblea para dar luz verde a la explotación de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini, campos que se encuentran en el Parque Nacional Yasuní. Belén afirma que:
Lo de la sabatina es una excusa débil por parte del Estado en contra de la fundación. Estamos consternados, en alerta. Al mediodía entraron a nuestra oficina, vestidos de civil, funcionarios de los ministerios del Ambiente, del Interior y miembros de la Policía, con el acuerdo ministerial 125, para clausurarnos.
Para los miembros de Pachamama no hay duda, hubo violencia en el allanamiento, no hubo una notificación previa sobre lo que se les acusaba, tampoco tuvieron derecho a la defensa. Mario Melo, conocido por su actuación preponderante en el caso Sarayacu, abogado de la Fundación, considera que las violaciones al debido proceso son evidentes; dice:
Queremos condenar este atropello al derecho de asociación, por parte de funcionarios que no dan la cara y solo cumplen las órdenes del presidente Correa.
También dice que se recurrirán a instancias nacionales e internacionales para reabrir las oficinas. Es posible acogerse a acciones legales administrativas y a medidas de protección. La queja también se elevaría ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Melo entiende que el trasfondo de la clausura son sus denuncias por los monitoreos constantes que realizan en la Amazonía desde hace más de 15 años. No ha pasado más de año y medio sobre la sentencia de la Corte IDH sobre el caso Sarayacu y, pese a ello, el Gobierno licitó el bloque 79. Esto afectaría unas 6 700 hectáreas de ese territorio indígena, que cuenta con unas medidas cautelares otorgadas por la Corte IDH, que especifica que cualquier proyecto en ese territorio deberá ser consultado de buena fe. A su vez, Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, recordó que ella estuvo la semana anterior cuando se realizó la zapateada de Yasunidos por la licitación de la Ronda Suroriente. Esperanza aclaró que no protagonizaron desmanes, ni peor aún participaron en actos violentos. Ninguno de los presentes sabía quién era el embajador de Chile, tampoco conocían al empresario de Bielorrusia. En el mismo sentido, Belén Páez comentó con pena la actuación del Ministro Serrano, teniendo en cuenta que, hace varios años, él colaboró con ellos en sus causas. Sin embargo, el Ministerio del Interior informó en su cuenta de Twitter sobre el operativo de intervención a la Fundación, argumentando lo siguiente:
Para dejar disueltas ONG vinculadas en agresiones recientes por injerencia en políticas públicas y atentado contra la seguridad interna y paz.
Este comunicado sale luego de que el presidente Correa reprochara al ministro José Serrano por la falta de protección oficial para los agredidos el día que se abrieron los sobres de la licitación.
Al finalizar la rueda de prensa, donde se hicieron conocer estas denuncias, se sumaron miembros de Yasunidos, quienes se taparon la boca y dijeron que, a pesar de la censura, no callarán. Ellos continuarán con la recolección de firmas en todo el país para que haya una consulta popular que evite que se explote el Yasuní-ITT.
El frente de defensa de la Constitución, Montecristi Vive, hizo público un comunicado condenando el cierre de Pachamama. El comunicado expresa:
La reciente medida en contra de Fundación Pachamama es una confirmación del autoritarismo del Gobierno que, con argucias y leguleyadas, busca restringir la libertad de la sociedad civil para intervenir en los asuntos públicos y poner límites a los excesos del poder. Sorprende la celeridad con la que los funcionarios se hacen eco de las declaraciones del primer mandatario, quienes, sin mediar reflexión ni explicación alguna, ejecutan acciones que conculcan los derechos básicos consagrados en la Constitución, en las leyes y en la legislación internacional.
No podemos olvidar a los innumerables funcionarios públicos que por largo tiempo, antes de ser parte del actual gobierno, fueron miembros y empleados de organizaciones no gubernamentales y colectivos ciudadanos, que seguramente se hubiesen opuesto a lo que ahora están avalando con su silencio. Llamamos a la sociedad civil a no ser indolente, a conmoverse ante las constantes amenazas de este Gobierno en contra de los sectores que se han propuesto resistir a las políticas entreguistas y devastadoras que perjudican a la naturaleza y que atentan contra los derechos de pueblos y nacionalidades. Es evidente que detrás de estas decisiones abusivas existen intereses económicos que promueven y exigen mano dura y disciplinamiento de la sociedad. No lo permitamos. Disentir es un ejercicio de la democracia.

Esta cronología del despotismo nos muestra en qué andan los gobiernos progresistas, con sus variantes de contexto y sus diferencias, comprendiendo que el enfrentamiento en Venezuela es descomunal, con una “derecha” fuerte y con convocatoria; sin embargo, esto no ocurre ni en Ecuador, ni Bolivia, donde sus gobiernos, más bien se han desplazado a la “derecha”, aliándose con sus burguesías nativas y los nuevos ricos, en vinculación con empresas trasnacionales, aunque lo hagan en mejores condiciones que los gobiernos neoliberales. En Ecuador y en Bolivia la represión es contra los pueblos indígenas, sus organizaciones, sus dirigentes, así como el ventilado propósito de acallar la crítica de “izquierda”.

El verdugo al acecho: Desenlaces de la violencia estatal
El Asalto a la fortaleza moral del QONAMAQ

Al gobierno no le queda otra cosa que la descomunal violencia, después de haber perdido la legitimidad; una vez que se dieron las crisis del gasolinazo, cuando enfrentó a su pueblo, y la crisis del conflicto del TIPNIS, cuando se enfrentó a las naciones y pueblos indígenas. Ahora, quedó claro, completamente verificado, su decidida opción por el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Después de aprobar con las organizaciones afines una ley de consulta donde desaparece la consulta con consentimiento y previa, constatándose la consumación del nuevo etnocidio, perpetrado por el gobierno progresista, el ejecutivo nuevamente intenta, por sexta vez, intervenir el CONAMAQ y dividirlo. Lo hace con gente sin representación ninguna, en contra la legitimidad de las dieciséis regiones y suyus del QONAMAQ. Esto es una muestra de desesperación, en plena campaña electoral. El gobierno, en su hazaña, recurre también a la policía, que coadyuva en la intervención; vulnerando grotescamente los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución, además de destrozar los derechos fundamentales.
¿Por qué lo hace en plena campaña electoral? ¿Por qué se arriesga a mayor desprestigio del que ya tiene? ¿Es que, después de encaminarse a un quiebre ético y moral, sin precedentes, después de apostar al extractivismo etnocida y matricida, después de derrumbarse como proyecto politico, no le queda otra cosa que la violencia? ¿Cómo terminan encaminándose los gobiernos progresistas en no solamente contradicciones profundas, inocultables, sino en una descarnada práctica, indisimulada, de control despótico y represión permanente? ¿Cuáles son las condiciones y los factores que terminan empujándolo a semejante caída política? Parece ser que se trata de la intervención calamitosa de un conjunto de condiciones, que sostienen el avatar de otros conjuntos de “variables”, que se dan, en parte, como herencia histórica y, en parte, como azar desafortunado de eventos, que repiten fatalmente la misma condena: los que se consagran al poder “venden su alma al diablo”.
En esta coyuntura, ante la violencia estatal desenvuelta, la defensa de los derechos es prioritaria, la defensa de los derechos fundamentales, la defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, la defensa de la Constitución. Nadie puede quedarse callado o callada ante la suma de atropellos; de lo contrario, al ser indiferentes, al callarnos, terminamos siendo cómplices de la violencia desmedida; pero, también de la muerte del llamado “proceso” de cambio. Peor aún, de la suspensión de la democracia.
Lo que parece darse detrás de estas inconductas gubernamentales, además de desesperación por controlarlo todo, con malas artes, es la duda ante las elecciones. Duda ante la respuesta de las ciudades, incluso del núcleo duro del campo. Aunque puede haber cierta apreciación de una victoria pírrica, en comparación con los resultados de las elecciones anteriores, presumible victoria, dificultosamente conseguida, que no parece llegar al 50%, con gran aprieto superar el 30%, relativo al núcleo duro, comprometiendo la probabilidad de una segunda vuelta. A pesar de las ínfulas de imaginario ganador, de encontrarse desconectados de la “realidad”, publicitar y volcarse a la propaganda desmedida, manifestando una popularidad perdida, en algún lugar prende la duda. Esta duda es como un gusano que se come la fruta. Por eso, se apuesta a la prebenda, en mayor escala, se propone doble aguinaldo, sólo a algunos sectores, no a todos, como debería ser, queriendo ganarse votos de los trabajadores o asegurarlos. Por otra parte, en la misma presunción, se teme a una organización, que no ha podido dividir el gobierno, como es el CONAMAQ; se teme a su interpelación y consistencia. La desesperación se convierte en bronca, por eso intervienen de la forma bochornosa como lo han hecho, apoyados por los aparatos represivos del Estado. No se oculta nada. A pesar que se efectuó la intervención en la noche y bajo lluvia. Se apuesta a sostenerse con el crédito de los afines, de los partidarios, de los medios oficiales y privados que controla. Se apuesta a cubrir el atropello con humareda, como acostumbran. No es la primera vez que lo hacen; empero, en la medida, que se alarga la lista, cada vez es menos consistente lo que se hace, por más violencia que se emplee.
También interviene, en el desenlace de los hechos, la premura sumisa de los aduladores, de los que quieren hacer buena nota, y se esfuerzan por dar muestras no solo de fidelidad sin razonamiento, sino también de muestras torpes de adhesión, que son estas decisiones de intervención, por parte de una trucha organización “indígena”, armada apresuradamente, con gente de largo recorrido prebendal. Son los que quieren entrar en las listas electorales, los que se esmeran por destacar en estos actos exaltados. Al final, el MAS se ha convertido en eso, en una masa gelatinosa de adherentes prebendales, clientelares, dispuestos a todo por formar parte de los entonos de poder, por más que su órbita esté muy distante del núcleo de poder.
Son síntomas de la degradación política. Lo que al principio era discurso populista, con pretensiones de “ideología”, se convierte en acción descarnada sin discurso y sin “ideología”, solo gritos: ¡Salgan de rodillas! Es la venganza del verdugo a sus víctimas vencidas. De esta clase de gente se llenan los cuerpos represivos, que terminan en torturadores. Esta clase de gente es la que hace de grupo de choque del oficialismo, esta clase de gente se presta a las usurpaciones más desacreditadas de nombre y representación. Esta clase de gente no tiene la menor idea de la Constitución y de las razones, causas, condiciones, que abrieron el “proceso” que se debate ante su propia muerte. Esta clase de gente son los sepultureros del “proceso” de cambio.
Como dijimos antes, parece una condena, se repite la trama. Es un guión escrito por el poder, en tanto destino perturbador de los que se entregan a la vorágine de su lógica de captura, de control, de dominio y destrucción. Lo que comienza como esperanza se vuelve frustración, lo que comienza con entusiasmo se convierte en pusilanimidad, las buenas intensiones son piedras del camino al infierno. Los gobiernos “revolucionarios” se convierten en contra-revolucionarios, los “revolucionarios” se convierten en maniáticas caricaturas de la farsa. La lucha contra la clase dominante convierte a los nuevos ocupantes en la nueva clase dominante. La represión a los enemigos se traslada a la represión intestina, adentro, convirtiendo a los críticos o rebeldes en los enemigos más entrañables, más temidos y más odiados, pues les hacen recuerdo a lo que abandonaron. Este desgarramiento es un esfuerzo por el olvido, por imponer una “realidad” condescendiente con sus actos, donde sus fechorías se convierten en buenas acciones.
La resistencia ante la decadencia y la descomposición política, la resistencia ante la restauración de lo anterior, del Estado-nación, de la colonialidad, de las prácticas prebendales y clientelares acostumbradas, de las estructuras y relaciones de poder instauradas históricamente, tiene al QONAMAQ como referente y motor de la resistencia. El CONAMAQ como organización indígena, comprometida en la descolonización, en la defensa de la Constitución, en la defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, en la defensa de la madre tierra. La resistencia ante el despotismo cuenta también con la resistencia del TIPNIS. Ambas instancias son las formas materiales y orgánicas de la resistencia. En torno a ellas se genera y regenera la posibilidad de continuar el proceso y profundizarlo, de rescatar el proceso de manos de sus usurpadores, de darse la oportunidad de salir de la condena histórica de la trama del poder. Por eso, es indispensable la defensa del CONAMAQ, la defensa del TIPNIS, la defensa de la Constitución. Un pueblo que no lucha por sus derechos no merece existir. Hay como una obligación, una convocatoria de la memoria social a luchar, a persistir en la construcción de alternativas, a insistir en las acciones alterativas, que inventan líneas de fuga, espacios liberados, y rutas a mundos posibles.

Gráficas de la violencia estatal
La desvergonzada intervención policial de la sede de CONAMAQ

Como en Chaparaina, como en toda la ruta de la VIII marcha indígena, la policía, uno de los aparatos de emergencia del Estado, aparato represivo, por excelencia, ha usado su fuerza coercitiva para materializar la descarada vulneración de los derechos de las naciones y pueblos indígenas y de la Constitución. Ya es una costumbre “institucionalizada” el que estos organismos del “orden” se impongan, usen la condición no declarada de Estado de excepción, violando los derechos fundamentales. ¿Bajo qué criterio se usurpa, prácticamente, la sede del CONAMAQ, con una intervención policial, que acompañó a los bravucones que tomaron la sede, a nombre de una trucha organización indígena? No hay ley que ampare semejante vejamen de los derechos de las naciones y pueblos indígenas. Decir que custodian la sede, como dirimiendo entre dos bandos, uno de los cuales es una creación bochornosa, improvisada y provisional, del delirio gubernamental, síntoma de esquizofrenia galopante - pues los gobernantes viven, por lo menos, en dos “realidades”, la que es producto de su imaginario de poder y la que es producto de la gestión institucional, la “realidad” como producto del poder, dejando en suspenso el referente de la experiencia, que llamamos “realidad” efectiva, que es como una intersección de múltiples recortes -, no es más que una torpe excusa, cuando a todas luces se trata de una intervención policial. ¿Quién juzga a este delito constitucional, por lo tanto, quién juzga a estos agresores uniformados y a sus jefes burócratas por este atropello? ¿El órgano judicial, la fiscalía? El poder judicial es un brazo de administración de ilegalidades del gobierno; la policía y el ejercito son el brazo armado de un gobierno extractivista, que continua la colonialidad por los rumbos impuestos por el capitalismo dependiente, las empresas trasnacionales petroleras y mineras, además del sistema financiero internacional. Nadie, las naciones y pueblos indígenas se encuentran indefensos ante esta escalada de atropellos de gobiernos “progresistas”, que de “progresistas” sólo les queda el nombre. Los ciudadanos se encuentran a merced de las medidas ideadas por megalómanos y autoritarios gobernantes, que sienten estar sobre mortales, leyes y Constitución.
Cuando la violencia es el pan de cada día, cuando los que usufructúan del poder se acostumbran a hacer lo que les viene en gana, justificando después sus acciones a como dé lugar, con cualquier argumento, por más estrambótico que fuera, con cualquier discurso, por más increíble que fuera, se puede comprender que el asalto gubernamental a la sede de una organización indígena, la que representa a los ayllus y markas del Qullasuyu, sea tomado como procedimiento cotidiano. Hay como una costumbre, el peso de la costumbre, la que empuja a contemplar estos hechos como si formaran parte del acontecer diario. Lo grave es que se acepte que pasen, que se dé una infalible indiferencia, acompañada, ciertamente, por un estupor momentáneo, que intriga. El comienzo incipiente, intempestivo, empero fugaz, de la indignación, queda ahí; nada más. Después se vuelve a la cordura, al realismo; se llega, entonces, a concluir: esas son cosas que pasan, qué le vamos a hacer. Este es un síntoma de la sumisión y la subalternidad, sino es de la complicidad silenciosa.
Cuando pasa esto, hemos perdido el sentido de la vida. Se opta por no hacerse problema; esta es la forma más triste de vivir. Renunciar a la dignidad humana. Las personas que concluyen de esa manera, no se dan cuenta que las víctimas no son solamente los afectados visiblemente por la violencia estatal, sino también ellos, las y los observadores, a quienes, esta violencia les dice: no me interesa lo que sientas por lo que ves, tampoco lo que piensas por lo que ocurre, lo único que me interesa es lo que hago, al desencadenar mi fuerza. Al no darse cuenta que las víctimas somos todos, pues se nos impone un mundo de violencia, un mundo donde vale la fuerza que se impone, donde importan un bledo los valores, las leyes, la Constitución, la esperanzas y las expectativas por mundos alternativos, se verifica los alcances de la dominación; se renuncia a la condición humana, suplantándola por la condición cautiva.
Lo que se juega, cuando se cumplen estos atropellos, es, no solamente el “destino” del “proceso”, no solamente los derechos fundamentales, sino la posibilidad de ser, siendo esto posible en la distinción del hacer, de la praxis, de la invención de nosotros mismos, escapando del molde institucional. Al aceptar que estas cosas pasan, sea por indiferencia, por miedo, por “realismo”, aceptamos el papel mediocre que otorga el campo institucional, el de repetir la “consigna”, seguir en lo mismo, en la reproducción cotidiana de lo mismo, donde somos “felices” en los logros permitidos; empero, profundamente insatisfechos, pues no nos encontramos en esta “felicidad” comprada. La violencia irradia varias ondas; las primeras tienen que ver con las víctimas inmediatas; empero, hay otras ondas que alcanzan a las víctimas mediadas. Los que perpetran la violencia no respetan a nadie, ni a las víctimas inmediatas, ni a las víctimas mediadas, las que creen que no son víctimas, sino sólo observadores. A la violencia le importa un bledo tu presencia, la presencia de los “observadores”; sencillamente no cuentan. Obviamente, esta desenvoltura de la violencia nos muestra que no hay ejercicio de la democracia; lo que hay es el despliegue de conductas no-democráticas en el marco de una democracia formal.
Este irrespeto a la gente es la manifestación de un despotismo encarnado. Hay una canción mexicana cuya letra dice que la vida no vale nada; habría que decir, sin necesidad de cantar, que, para la violencia estatal, la gente no vale nada. Lo único que se valora es el acto mismo de la violencia, se valora la fuerza, lo conseguido por medio de la fuerza. La “realidad” para los gestores de poder es un referente un tanto extraño, es un espacio donde se da la oportunidad para aprovecharla; el que no la aprovecha es un tonto. Por eso, de lo que se trata es de imponer, por las buenas o por las malas, por negociación o por la fuerza. Si hay leyes, normas, reglas, si hay Constitución, sólo están para ser usadas en beneficio; no para ser cumplidas.
No se puede aceptar, desde ningún punto de vista, que esta forma de vivir pueda ser considerada “normal”. Son, más bien, las formas de traumas adquiridos. Son formas que son resultados de experiencias dramáticas; las que terminan siendo consideradas cotidianas. La violencia, los que hacen uso de ella, se aprovecha de este estado de ánimo, de esta vulnerabilidad, para efectuar el despliegue renovado de las fuerzas, de la “ley” de la fuerza y de la fuerza de la ley. Los que usufructúan del poder, los que hacen uso de la violencia estatal, de alguna manera, saben, a través de conjeturas heredadas del sentido común, de la vulnerabilidad extendida de la sociedad, ante el desenlace de la violencia; por eso, actúan impunemente.
Hay pues una complicidad velada entre los que perpetran el atropello y los que callan. Las víctimas están solas, incomprendidas, pisoteadas y mancilladas. Quizás sea esto lo más brutal de la violencia; no tanto así el hecho contundente de la descarga de fuerza sobre los cuerpos, sino el abandono de las víctimas. Somos, la mayor parte de las veces, una sociedad terrible, una sociedad que enseña lecciones amargas. Al final las víctimas quedan solas ante su despojamiento.
Hace poco, se ha celebrado un aniversario de los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos? ¿Cuánto se ha avanzado en estos derechos? La palabra oficial, de las instituciones internacionales de derechos humanos, dice que se ha avanzado en los convenios internacionales, en las leyes, en la institucionalidad, que habría asumido estos derechos en sus estructuras y normas, en las garantías institucionales de estos derechos. Empero, la pregunta es: ¿si se siguen perpetuando en el mundo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en un mundo que dice respetarlos, cuánto, efectivamente, en sentido práctico, se ha avanzado? Lo paradójico, que esto se dice, esta evaluación entusiasta se la presenta, cuando, precisamente se violan los derechos de las naciones y pueblos indígenas, cuando se violan los derechos de las comunidades y de los pueblos, afectados por la irradiación destructiva del extractivismo. El avance, del que se habla, es un tanto imaginario, aunque pueda haber ocurrido, en comparación con periodos anteriores, para satisfacción, beneplácito y tranquilidad de la tecnocracia de derechos humanos. Cuando, en La Paz, se daba lugar esta conmemoración, Olga Flores, que salía de una huelga de hambre, demandando por insólita postergación y encubrimiento del caso de Chaparina, donde, en toda su evidencia, se conculcaron los derechos de los pueblos indígenas, que defendían su territorio, irrumpió en la escena, y encaró a los presentes echándoles en cara su hipocresía. Estos sucesos, de protesta y de interpelación, son tomados por los medios de comunicación como noticia; empero queda ahí. Los usuarios de las noticias leen o ven la noticia como una anécdota; a algunos les parecerá valiente esta actitud, otros mostraran indiferencia, y otros reprobaran. Pero, todo queda ahí. Nadie se inmuta, ni se siente comprometido, ni interpelado. Acciones como ésta, son, en realidad, convocativas, aunque no lo digan; convocan a la gente a reaccionar, a salir de su pusilanimidad.
Habría que decir, entonces, que los atropellos van a seguir, mientras la gente mantenga un silencio cómplice. Los atropelladores actúan apoyados, aunque sea de manera indirecta, por esta complicidad silenciosa. ¿Cuándo reacciona la gente? Cuando se atraviesan ciertos límites, como la masacre y la desmesura descomunal de la violencia. Esto ocurrió ante lo acaecido en Chaparina; por eso, se dio el apoyo masivo a la VIII marcha indígena. También acontece cuando se afecta contundentemente a su supervivencia; esto ocurrió cuando se dio el levantamiento popular contra el “gasolinazo”. Empero, ¿por qué esperar a que acontezcan estos cruces de límites? ¿No es cada injusticia un evento ante el que tenemos que reaccionar? ¿La toma violenta de la sede de CONAMAQ, por fuerzas combinadas, de mercenarios y policías, no es ya una desmesura?
Al parecer, no se reacciona en bloque; son las instancias más sensibles de la sociedad, las primeras en reaccionar. Activistas, organizaciones de defensa, organizaciones de proyecciones emancipatorias, fuera de las organizaciones directamente involucradas en la afectación. Es la convocatoria de estas instancias, su activismo, las que, a veces, logra movilizar a sectores sociales y al pueblo. Este a veces depende de la combinación de un conjunto de factores intervinientes; el nivel de la crisis en la coyuntura, el alcance del deterioro de un periodo político, el estado de ánimo de la gente, la “centralidad” sintomática de las víctimas, los dispositivos puestos en juego, de un lado y del otro, enfrentados. La retórica, en sentido de convencimiento, de los discursos emitidos; el alcance de la afectación. Los estallidos sociales no son continuos ni permanentes; son, mas bien, intermitentes y discretos, en el sentido matemático. Los estallidos sociales se larvan en las entrañas mismas de la sociedad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en este caso, de la crisis del llamado “proceso de cambio”, la relación del gobierno progresista con el imaginario popular coadyuva a alargar el lapso de la intermitencia y discontinuidad, pues, a pesar de haberse perdido la confianza y de la notoria frustración, todavía el asombro, sumado, a la huella de la expectativa dejada, le otorgan un margen incierto de maniobra al gobierno.
Estos sucesos, de violencia estatal, de vulneración de derechos, dados en el contexto de su propia irradiación de ondas afectantes, enseñan mucho sobre la composición no visible de la sociedad, así como de la composición del mapa de las subjetividades sociales, los estados de ánimo. La relación de la violencia con la gente es problemática. Nadie deja de ser afectado, de alguna manera, aunque la intensidad de la afectación sea diferencial. La diferenciación aparece en las respuestas a la violencia. Desde la inmediata reacción de activistas y organizaciones hasta la indiferencia más pasmosa. La violencia desatada, al irradiar sus ondas expansivas, grafica el mapa interno de la sociedad, el mapa de los estados de ánimo, de las predisposiciones, el alcance de la interpelación. La mayoría de las veces nos muestra el peso de la inclinación al conformismo. Sin embargo, la violencia está ahí, queda en la memoria, como imagen desagradable. La interpelación del hecho conmovedor queda, afectando, molestando, colocándose como malestar. Esta angustia latente puede crecer, dependiendo de las circunstancias. Los atropelladores, los vulneradores de derechos, se equivocan al creer en su impunidad durable. Lo perpetrado queda como dato, está registrado; en algún lugar de la “consciencia”, incluso de los más indiferentes, el acto no es aprobado. La impunidad es “externa”, dura mientras los violentos monopolicen la fuerza institucionalizada. Como dijimos, no se puede esperar nada de la administración de justicia, pues el Órgano judicial está totalmente cooptado; es la justicia social la que se encarga de reivindicar a las víctimas, de algún modo, aunque sea como referente de las luchas que siguen.

La caída de la mascara
¿Por qué la obsesión de tomar CONAMAQ? ¿Por qué la obsesión por destruir el TIPNIS? Fuera de entender que, en el último caso, se han otorgado concesiones para la exploración de hidrocarburos, además del develado proyecto de extender la frontera agrícola, fuera de comprender que el gobierno busca controlar todas las organizaciones sociales, como parte de la cooptación estatal de la sociedad, en este caso de la sociedad en sus estratos más profundos, es menester entender, también, que, en la medida que el gobierno es interpelado por las naciones y pueblos indígenas, por las organizaciones indígenas de tierras bajas y de tierras altas, su máscara indígena tambalea. Busca mantener la apariencia, queriendo mostrar, hacia afuera, que sigue siendo un gobierno indígena y de los movimientos sociales. El gobierno no puede aceptar la presencia y la existencia de espacios orgánicos de interpelación, menos si son indígenas. Empero, ocurre lo contrario de lo que busca, al desatar violencia, al dividir organizaciones, como en el caso de la CIDOB, al forzar una carretera extractivista por el bosque del TIPNIS, se desenmascara, mostrando su carácter anti-indígena y su apego extractivista. En el conflicto del TIPNIS la máscara indígena se le cayó al gobierno. Es sus sucesivos intentos de tomar CONAMAQ y dividirlo, con una estrategia parecida a la usada en la división del CIDOB, ha descubierto su proyecto anti-comunitario, su apego al sindicalismo campesino y a la propiedad privada de la tierra.
Esta obsesión por el control del CONAMAQ y la CIDOB, por la fragmentación de las comunidades indígenas y la desterritorialización de los territorios indígenas, es un síntoma de su profunda debilidad, respecto a la descolonización, a la perspectiva indígena y al proyecto comunitario. El gobierno sólo tiene un discurso retórico, en el sentido de superficial, sobre estos temas; está lejos de comprender estas grandes problemáticas históricas. Se desespera entonces; por una parte, buscando emparentar lo que no es; por otra, cumplir con los proyectos que verdaderamente sigue; extractivistas, desarrollistas, rentistas, empresariales y mercantilistas. El gobierno se encuentra desgarrado por este dilema; se encuentra entre mantener la apariencia y realizar el repetido proyecto de desarrollo. No cumple con ninguno, ocasionando, más bien, una mezcla inconclusa, donde prepondera el clientelismo, el prebendalismo y la corrupción galopantes.
Se ha dicho que lo que le preocupa al gobierno es mantener el control del Fondo Indígena, Fondo que ha dejado de ser indígena, pues lo controlan, por mayoría, las organizaciones campesinas, apoyadas con la participación del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Más de las tres cuartas partes de los proyectos aprobados, que cuentan con presupuesto, corresponden a proyectos de las organizaciones campesinas. Parte de estos proyectos tiene poco que ver con los objetivos y los requisitos de fortalecimiento comunitario, cultural e identitario, establecidos en la misión del Fondo Indígena. Es más, estos proyectos ejecutados no han rendido cuentas; no se sabe qué pasó con los desembolsos y los productos. Se puede colegir, que hay una inquietud del gobierno por evitar la fiscalización del CONAMAQ del Fondo Indígena. Ya el CONAMAQ y la CIDOB hicieron conocer sus observaciones y denuncias al manejo fraudulento del Fondo Indígena. La toma de CONAMAQ puede ser consecuencia también de esta aflicción del gobierno por evitar el control indígena del Fondo Indígena. El presidente ha pedido que la Contraloría investigue lo que pasa en el Fondo Indígena. ¿Esto es sincero? ¿Qué ha hecho la Contraloría respecto de la expansiva corrupción en las instituciones del Estado, en los proyectos de vivienda, en las empresas públicas, en el costo sobrevaluado de las carreteras y otros proyectos en ejecución? Nada. Sólo se encarga con un esmero acucioso cuando se trata de opositores. Nadie se opone que tenga que hacerlo, si es que se trata de actos de corrupción; lo que llama la atención, que no investiga ni controla en los espacios donde la corrupción ha cobrado institucionalidad.
Más parece este pedido del presidente a la Contraloría una pose, que acompaña la intervención del CONAMAQ. Es muy difícil creer que el ejecutivo no esté informado de lo que pasa en el Fondo Indígena. Si lo saben y no hacen nada, es porque este manejo discrecional del Fondo forma parte de los procedimientos de cooptación de la dirigencia campesina e indígena. Esta es la cruda “realidad”; la política ha sido reducida a la conservación desnuda del poder, empleando todos los procedimientos al alcance. En los parámetros de esta “realidad”, los indígenas están demás, sus demandas y reivindicaciones, sus derechos, sus autonomías, autogobiernos y libres determinaciones; están demás sus organizaciones consecuentes. No caben en un mundo brutal, donde prevalecen la fuerza desenvuelta y la astucia criolla.

Alucinación del poder
Los émulos de Correa

Parece un efecto dominó o, si se quiere, efecto por difusión. Después de la clausura indebida, ilegal e inconstitucional, por parte de Rafael Correa, de la ONG Pachamama, defensora de los derechos de los pueblos indígenas y de la madre tierra, los émulos en Bolivia, continúan con el despliegue desmañado de la misma conducta despótica. El Ministro de la Presidencia ha informado sobre la decisión del gobierno de clausurar la ONG IBIS. Los argumentos usados no dejan de ser sorprendentes, a pesar del discurso tan deteriorado del gobierno contra las ONGs, que no caen bajo su control o de cierto perfil de apoyo a las organizaciones indígenas. El Ministro de la Presidencia dice que las razones de la clausura tienen que ver con la injerencia política de la mencionada ONG. ¿Cuáles son los fundamentos legales de este atentado contra la democracia, haciendo gala de un arbitrariedad institucionalizada, suspendiendo los derechos fundamentales? No hay principios legales, solo la apreciación de una injerencia política, porque se trata de una ONG que apoya al CONAMAQ y al CIDOB. ¿Esta es una “razón” suficiente como para atribuirse el cierre de una ONG, amparada por convenios, acuerdos, leyes, normas y regulaciones institucionales? ¿Es un delito apoyar a las organizaciones indígenas? Otro argumento vertido por el ministro ha sido tan insólito como el anterior. Dice que si quieren las ONGs incidir en estos asuntos, considerados “internos”, que se conviertan en partido político. ¿Para apoyar a las organizaciones indígenas, en distintos proyectos, desde culturales hasta productivos, deben convertirse en partido politico? La torpeza gubernamental no podía llegar más lejos.
Aprovechando el festejo del lanzamiento del satélite Tupac Katari, el gobierno, decide esta clausura, confiando en la distracción pública, ocasionada por la algarabía del evento, nombrado ampulosamente como relativo al “ingreso a la era espacial”. Una vez perpetrada la desvergonzada intervención gubernamental a la sede del CONAMAQ, con una acción punitiva paralela de fuerzas combinadas de mercenarios y de policías, el ejecutivo clausura, como si nada, a una institución no gubernamental, que ha venido apoyando distintos proyectos de promoción cultural e identitario, proyectos formativos y productivos, desde la década de los sesenta del siglo pasado. Lo hace, haciendo gala del despotismo acostumbrado, suspendiendo nuevamente derechos fundamentales, como si se estuviese en un Estado de excepción no declarado. ¿Puede legalmente hacerlo? No. Viola la Constitución, las leyes y los convenios internacionales. Al respecto, el único convenio internacional que respeta es el Dakar; lo ha dicho el Ministro de Gobierno, compungido por la amenaza del CONAMAQ de bloquear el Dakar. Estas son las grandes preocupaciones del gobierno “progresista”. Con esta actitud, responde simplemente a su compulsión deportiva por las competencias internacionales, así como su desatada inclinación bélica por acallar la voz crítica de la organización indígena de tierras altas. El gobierno “progresista” ya tiene una lista larga de atropellos a los derechos de las naciones y pueblos indígenas, violaciones sistemáticas a la Constitución. Con el atentado a la sede de CONAMAQ yla clausura de una ONG se suman estos despropósitos a esta lista. Todo un historial autoritario.
Ciertamente, ninguna instancia estatal va a defender la institución no gubernamental del atropello sufrido. Ni la fiscalía, el Órgano judicial, menos el Congreso; todo los órganos del Estado, están al servicio del gobierno, subsumidos al monopolio de la violencia estatal, arrastrados a la arbitrariedad por el despliegue de una burocracia mediocre y déspota. ¿La sociedad va decir algo al respecto? Lo hizo contra la medida del “gasolinazo”, lo hizo apoyando a la VIII marcha indígena. Pero, no se pronunció mayormente ante la irrupción violenta perpetrada contra la sede del CONMAQ. Los medios de comunicación, tanto oficiales como empresariales, que cada vez más se parecen, conforman un conjunto de aparatos de propaganda, que, a su vez, son de encumbramiento, salvo alguna excepción honrosa, no se ocuparon mucho del asunto, a no ser la presentación de la noticia, que en muchos casos aparecía como conflicto de dos bandos. ¿Dos bandos? ¿Se puede hablar de dos bandos cuando contrastamos una organización representativa de dieciséis regiones (suyus) y una improvisación atropellada de una trucha organización indígena, sin representación, ni bases? La objetividad es lo que brilla por su ausencia en los medios de comunicación.
Las víctimas se encuentran a merced de la violencia estatal, indefensas, ante el doble atropello, el perpetrado como acción, como facticidad de la violencia, y el de estar condenados a soportar las extravagantes explicaciones de los ministros. El mensaje es claro: puedo hacer lo que me venga en gana. No importa la Constitución, la leyes, los derechos; sólo importa la predisposición intolerante del gobierno, la voluntad despótica de controlarlo todo, acallado toda crítica, toda resistencia, incluso cualquier tibia actitud de moverse por terrenos no permitidos por el gobierno. ¿La sociedad va permitir que siga este despliegue de violencia estatal, que no es otra cosa que la suspensión de la democracia? Ya lo dijimos antes, un pueblo que no lucha por sus derechos y por su Constitución, es un pueblo que ha renunciado a sí mismo y a su dignidad.
En determinadas situaciones, se pierde la noción de las proporciones; se cree que lo que se hace no tiene mayores consecuencias, pues se cuenta con el monopolio mediático del discurso, que repite lo que ya nadie cree: injerencia extranjera. La única injerencia que se da es la intrusión gubernamental en las organizaciones no gubernamentales, la intervención prebendal en las organizaciones sociales, la intromisión divisionista en las organizaciones indígenas, el manejo doloso en el Fondo Indígena, la inescrupulosa ocupación de los territorios indígenas, la complicidad en el saqueo de los recursos naturales, propiedad de los bolivianos, de acuerdo a la Constitución. Esta última injerencia inconsulta es grave, pues toda afectación a los recursos naturales y a los pueblos asentados en el entorno, requiere consulta pública y, si se trata de pueblos indígenas, consulta con consentimiento, previa libre e informada. La gama de intromisiones inconstitucionales y arbitrarias del gobierno definen un perfil desbocado, el perfil de la alucinación del poder, arrastrándonos a la expansión intensiva del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente.
A pesar de la demostración de fuerza, lo que el gobierno hace es manifestar su desesperación. Se encuentra ante un periodo electoral, en la víspera del cual no aparecen señales que anuncien la repetición de resultados parecidos o próximos a los logrados en anteriores elecciones. Todo parece anunciar, más bien, una segunda vuelta. Es difícil creer que esta situación mejore con el lanzamiento del satélite Tupac Katari, de tecnología china, que si bien puede anotarse como un paso importante en el ámbito de las comunicaciones, usando una antena espacial, mejorando el sistema de comunicaciones, este logro no borra las contradicciones profundas del “proceso de cambio”, ni los crasos errores del gobierno. No borra el camino regresivo del gobierno “progresista”, que optó por preservar el Estado-nación, reduciendo a folklore la triple condición plurinacional, comunitaria y autonómica del Estado. Menos aún, cuando los gobernantes, creen que pueden seguir con sus atropellos, sin mayores consecuencias.
Estamos ante un gobierno que levita como un espectro atormentado, suspendido sobre el drama de la “realidad”. Estamos ante un gobierno que orbita la gravitación de un imaginario delirante. Se cree portador de la voluntad de los movimientos sociales, movimientos que el mismo gobierno anuló, al cooptar a sus organizaciones, al convertir la relación con ellas en una relación prebendal y clientelar. El gobierno no conlleva ninguna voluntad de los movimientos sociales, pues ha neutralizado esta voluntad, convirtiendo a sus dirigentes en subalternos, en patéticas figuras de la obediencia y sumisión, en instrumentos dóciles de las políticas restauradoras del gobierno “progresista”. El gobierno se ha convertido en un satélite que orbita alrededor de un agujero negro, órbitas cada vez más veloces y de menor diámetro, avanzando rápidamente al horizonte de su desaparición, hasta ser tragado por la inmensa gravedad de la nada.
Es difícil saber si el pueblo va reaccionar ante esta decadencia y descomposición. Lo ha hecho antes, ante sucesos extremos. El último atropello no es un evento extremo, en la intensidad de los que ocasionaron la reacción popular; sin embargo, es, desde ya, una injusticia cometida. Ante la cual no solamente debemos indignarnos, sino exigir enmendar el desajuste y la vulneración. La crisis del proceso ha llegado lejos, no sólo se ha rifado la oportunidad histórica de la descolonización, sino que ha desencantado y frustrado tanto a la gente, que ha evaporado todo entusiasmo, arrojándola a la pusilanimidad más pasmosa. No es fácil salir de esta inercia, sobre todo cuando el gobierno ha cerrado todos los espacios de la participación democrática.
Gobiernos ““progresistas”, en la era satelital, que convierten la progresión en una regresión, que convierten la “revolución” en una contra-revolución, la transformación en una restauración, la política en una simulación, recurren a la amenaza constante, atemorizando a organizaciones y a ciudadanos, blandiendo la sombra del cierre como bandera; en el caso de ciudadanos, con la sombra del terror judicial, inventándose procesos interminables. Recurriendo, como acompañamiento a esta administración de ilegalidades, al chantaje y la coerción. Los estrategas de estos procedimientos creen que se puede conservar el poder mediante el control total, la cooptación, el clientelismo, la corrupción, la amenaza permanente, la propaganda descomunal, el montaje ininterrumpido. Nada más equivocado; así como un gobierno no puede sostenerse por largo tiempo sobre las bayonetas, tampoco puede sostenerse por largo tiempo con el recurso obsesivo de la violencia, el uso descarnado de la amenaza y la economía política del chantaje. Estos procedimientos paralelos, empero recurrentes, a lo que habrían dado lugar es a un dominio aparente de la cascara de la esfera social, carcomiendo sus propias defensas, vaciando de todo contenido a la política, deteriorando la credibilidad, destruyendo la cohesión social de las organizaciones. Lo único que se puede mantener así, en el corto plazo, incluso, alargando el elástico, en el mediano plazo, es la formalidad de las apariencias. Los estrategas de este desastre dan muestras evidentes de arrobamiento. Creen que dan pasos adecuados a su propia preservación, cuando lo único que hacen es avanzar al abismo en una noche de niebla espesa.

Conclusiones
1. Podemos hablar, metafóricamente, de una fuerza de atracción del poder, también comprenderla como una fuerza destructiva. Todo lo que se acerca al poder es engullido por esta fuerza, también es destruido, en el sentido que pierde autonomía. Ya no se comporta independientemente, sino que se ha vuelto enteramente dependiente de la “lógica” inherente al poder, que es la de capturar fuerzas para usarlas en función de la reproducción del poder. Reproducción del monopolio de la violencia, del control absoluto, del disciplinamiento burocrático, de la centralización jerárquica. Reproducción del biopoder, que atraviesa los cuerpos, los modela, constituyen en su espesor subjetividades subalternas, inscribe en la superficie de los cuerpos el mapa simbólico de los rasgos distribuidos de los intercambios, de la homogeneidad cultural. Reproducción de las maquinarias de captura institucional.

2. Las formas de poder son diagramas compartidos y complementarios, expandidos mundialmente; a la vez, son adecuaciones específicas locales y regionales. El ejercicio del poder es comparable; a su vez es contrastable.

3. Hay como genealogías del poder, genealogías diferenciadas por sus historias. Estas historias son locales, nacionales y mundiales.

4. La geopolítica del sistema-mudo capitalista condiciona también las formas y los ejercicios del poder. A veces, la relación entre poder y capitalismo, aparece de tal forma que el poder, es decir, las dominaciones polimorfas, se convierte en un instrumento de la acumulación de capital; otras veces, mas bien, el capitalismo aparece como medio de acumulación económica al servicio de la reproducción del poder. Se puede decir que ambas tendencias concurren.

5. La geopolítica del sistema-mudo ha convertido a los Estado-nación en instrumentos de la dominación mundial, sean estos estados del centro del sistema-mundo o de las periferias. Pueden entrar los Estado-nación en contradicciones por los términos del intercambio; sin embargo, en conjunto, los Estado-nación responden al orden mundial. Los Estado-nación subalternos garantizan la transferencia de recursos naturales; los Estado-nación centrales garantizan la acumulación ampliada de capital.

6. En este contexto, los llamados gobiernos progresistas entran en contradicción con los monopolios de las empresas trasnacionales; empero, su contradicción se circunscribe a los términos de intercambio. Cuando estos gobiernos consiguen mejorar la participación de su Estado, en los términos de intercambio, se contentan con esto y se vuelven los aliados más acérrimos de las empresas trasnacionales. También se convierten en los gobiernos más fanáticos en preservar, extender intensivamente el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente.

7. La resistencia más consistente al modelo extractivista es de las comunidades indígenas, pues destruye sus territorios, la cohesión de las comunidades, los ecosistemas, depredando, contaminando, afectando a las cuencas, por lo tanto a los ciclos de la vida. Los gobiernos progresistas, embarcados en el modelo extractivista, entran en antagonismo con las naciones y pueblos indígenas, pues sus intereses son opuestos.

8. Este es el contexto, de donde emergen el despotismo de los gobiernos progresistas. Recurren a la violencia estatal para disciplinar a los pueblos, para evitar la crítica, para demoler la resistencia indígena.