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COLECTIVO VOCES ECOLÓGICAS (COVEC)
Panamá. Destrucción, quema e intenso calor se mantienen en el escenario de resistencia que los indígenas ngäbé büglé presentan a la empresa GENISA y al gobierno nacional, que pretenden imponer la hidroeléctrica Barro Blanco. Los indígenas mantienen el plantón de protesta a pesar de las amenazas de desalojo.
La concesión del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco fue otorgada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) en el año 2006, y su construcción inició en el año 2011. El proyecto está ubicado en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí; utilizará las aguas del río Tabasará y tendrán impactos en el distrito de Müna, región Kädriri, comarca Ngäbe Buglé, inundando aproximadamente 10 hectáreas de territorios indígenas.
Con el avance de las obras (cerca del 64 por ciento) se hace más evidente la tala, quema y destrucción de la biodiversidad de esta región de la comarca indígena. Razones como estas, y la violación a la ley comarcal, específicamente a los puntos limítrofes, es el punto focal de la lucha ngäbé büglé. Los indígenas denuncian que la empresa, sin consulta, ingresó maquinaria para ampliar la zona de embalse que inundará las comunidades de El Palomar, Kiad, Quebrada Caña y Plata.
En la zona de resistencia indígena se mantienen unidades policiacas para el control de multitudes, en vigilia las 24 horas, que salvaguardan las operaciones de la empresa hidroeléctrica. A su vez, día y noche llegan también refuerzos indígenas a las barricadas cercanas al proyecto.
Un proyecto inútil y sin consulta
Organizaciones ambientales desmienten que la construcción de más hidroeléctricas en Panamá sea la solución a la demanda energética, más aún si se toma en cuenta el cambio climático. Los indígenas, por su parte, denuncian que existen fondos provenientes de bancos europeos para financiar un proyecto, con lo que auspician la destrucción y muerte a los pueblos indígenas.
Los indígenas denuncian que el proyecto hidroeléctrico no traerá beneficios a las comunidades, sino por el contrario, llevará destrucción a su identidad y cultura, especialmente a las comunidades del Kiad y Nuevo Palomar.
Un foro público que se realizó previo a la aprobación del estudio de Impacto Ambiental del proyecto solo contó con 41 personas y no se involucró a la administración regional de la Autoridad Nacional Ambiental (ANAM) de la comarca ngnäbe-búgle. Los estudios de impacto ambiental se han caracterizado por incumplimientos a las normativas ambientales vigentes, y omisiones a las recomendaciones hechas por técnicos de la administración regional de la ANAM en Chiriquí, los cuales recomendaron que se realizara otro foro público en el área comarcal, ya que este proyecto afectaría su territorio.
Los procesos de consultan tampoco cumplieron con los estándares internacionales establecidos por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el consentimiento previo, libre e informado que se debe obtener de los pueblos indígenas cuando estos se puedan ver afectados por proyectos de desarrollo a gran escala, ya que la consulta, entre otras cosas, se llevó a cabo en un área no comarcal, en idioma español y sin tomar en cuenta las características culturales propias de los asistentes al foro público.
Desde 2009, la empresa GENISA exigió más tierras para su megaproyecto, que afectará al río Tabasará, y pidió algunos cambios en la obra aprobada.
Entre los cambios que exige la empresa se encuentran: incrementar el caudal de diseño del proyecto de 70 a 75 metros cúbicos por segundo, y aumento de la caída bruta del proyecto de 36.6 a 43 metros de altura. También pidió modificar el nivel de descarga de las aguas turbonadas establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental original, de 66.4 metros sobre el nivel del mar a 60.
Es evidente que la empresa no planea retirarse, sino aumentar el proyecto. También solicitó un incremento de la capacidad instalada del proyecto, de 19.06 a 28.84 megawatts, y de la producción de energía promedio anual, de 97.7 a 124.83 Gigawatts-hora por año.
Estos cambios no se sometieron a consulta y consentimiento de las poblaciones indígenas, que consideraron esto suficiente para iniciar acciones de protestas por la falta de transparencia del gobierno.
Además de estas graves anomalías, se suma la despiadada destrucción de bosques y especies de plantas y animales únicas del río Tabasará, visible en el trayecto de Voces Ecológicas a la comunidad de Kiad.
Amenazas de represión
Aunque el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, sostuvo una reunión con la cacica Silvia Carrera y representantes de los afectados del río Tabasará para solucionar el conflicto, los indígenas y los ambientalistas no se confían.
Luego del 17 de febrero, fecha estipulada para la ejecución de desalojo por parte de la Autoridad de los Servicios Públicos y la empresa GENISA (gestora de la hidroeléctrica Barro Blanco), a indígenas ngäbé büglé, el campamento de resistencia tomó mayor fuerza con la llegada de pobladores de otras regiones de la comarca, así como la solidaridad de panameños y comunidad internacional. Sin embargo, se enfatiza que la empresa busca una estrategia para ingresar y desalojar las comunidades de Kiada, Palomar y Quebrada Caña.
Los indígenas en resistencia y miembros del M10 realizan vigilias pacíficas en el campamento, ubicado a orillas del río Tabasará.
30 de marzo 2014