Mientras en Bolivia se protesta contra nueva Ley Minera y en Ecuador contra la nueva Ley de Aguas, en Colombia se marcha en defensa del agua y la vida

Aumenta el antagonismo entre el extractivismo del modelo minero-energético y las comunidades autónomas, guardianas de la madre tierra



Colombia: Declaratoria VI Marcha Carnaval en Defensa del Agua y la Vida

El país y particularmente el Tolima, atraviesan una grave crisis ambiental, económica, política y social que tiene en alarma a instituciones sociales, académicas y ambientales, así como a una multitud creciente de ciudadanos que nos negamos a seguir permitiendo la expulsión y empobrecimiento de nuestras comunidades; la entrega vergonzosa de nuestras riquezas naturales; y la descarada injerencia de los poderes económicos en entidades del Estado para obtener beneficios particulares, en contra vía del bienestar de los colombianos.

La planeación y ordenamiento de nuestros territorios, por parte del Gobierno nacional, se ha convertido en herramienta de irrespeto y degradación de la base natural y bienes comunes de las comunidades. La barbarie ambiental del Casanare de este año, es un ejemplo de esta nefasta realidad. Para los gobernantes y multinacionales poco importa la contaminación de los ríos, la desaparición de las montañas, la afectación de los ecosistemas alto-andinos junto a su regulación hídrica, la pérdida de biodiversidad y la afectación a la soberanía alimentaria local, regional y nacional. Una vez más, cambiamos por espejitos las riquezas admirables y perennes del país, con tal de complacer la voracidad de los nuevos conquistadores, atropellando el derecho de las comunidades a decidir sobre el presente y futuro de sus territorios.

No es posible hablar de paz cuando se desconocen los derechos democráticos y constitucionales de las comunidades. La paz no es la victoria militar, ni el silenciamiento de las armas, y menos aún, la represión del gobierno a las protestas sociales. La paz que el país necesita es la paz de la equidad social, la paz de la justicia y hoy, más que nunca, la paz del respeto a la naturaleza, nicho frágil de nuestra vida y nuestra supervivencia. Esta paz tiene nuevos agentes de cambio, la ciudadanía sensible y movilizada, y nuevos criterios de futuro, la sintonía con los ritmos de la vida, con el valor del agua y con la naturaleza, como un vientre real que nos provee la vida. Por eso es definitivo resaltar que sin un modelo de desarrollo que defienda el derecho colectivo a un ambiente sano y que proteja los bienes comunes del agua, del aire, de la biodiversidad y del territorio, es imposible la vida digna de las comunidades y una paz duradera.

El modelo minero-energético impuesto, es el fiel reflejo del modelo de desarrollo africano en donde se desconocen y atropellan los derechos de la gente y la naturaleza. La loco-motora minera es insostenible en términos ambientales. Es falaz y contradictorio que nos hablen de minería limpia y responsable, cuando el insumo de sus procesos son venenos como el cianuro; cuando su negocio empieza con la destrucción inmisericorde de bosques y montañas; cuando abandonan millares de toneladas con desperdicios que generan drenajes ácidos y metales pesados; y cuando se suma a la destrucción y al despojo, el encarecimiento, la violencia y el deterioro social que caracteriza a la minería. Este modelo extractivista depredador, no sólo tiene un impacto negativo en el ámbito económico y ambiental, sino que además no respeta la soberanía nacional, ni los derechos de las comunidades para decidir sobre el uso de sus territorios y ejercer sus derechos a la autodeterminación.

Esta VI Marcha Carnaval en defensa de la vida, promueve y potencia una gran articulación de orden nacional que en este día se moviliza y genera puntos de concentración en Ibagué, Líbano, Espinal, Armero, Guayabal, Bogotá, Nariño, Boyacá, Santander, Irlanda y Reino Unido, con el propósito de detener la implementación de los proyectos mineros que contaminen suelos, aguas y aire; rechazar la imposición de emprendimientos mineros en cabeceras de cuencas, páramos, bosques de niebla y zonas de producción agropecuarias; exigir el respeto irrestricto por el derecho de las comunidades a implementar consultas populares que permitan la autonomía de los territorios y el ejercicio de la democracia. Entre el oro y el agua decidimos por el agua. Frente al crecimiento económico que beneficia a unos pocos, preferimos el derecho colectivo a un ambiente sano que nos beneficia a todos.

Las comunidades indígenas nos han enseñado que “no hay verde sin azul”, que hay que proteger el azul del agua para tener el verde de los bosques, para poder tener agricultura y todo aquello que nos permite sobrevivir. Sabemos que sólo la respuesta organizada desde las comunidades detendrá estos modelos de despojo de los territorios, saqueo de bienes comunes y barbarie ambiental. Desde esta posición responsable, invitamos a la ciudadanía a seguir fortaleciendo el compromiso de defender la Vida en todas sus manifestaciones y a evitar la desolación, pobreza, desertificación, la cultura de muerte y las propuestas de guerra entre los seres humanos y la naturaleza. Vamos por un modelo social que persiga y promueva el Buen Vivir, el Buen Beber, el Buen Comer, el Buen Dormir, el Buen Saber, como bases para el Buen Gobierno que manda obedeciendo las exigencias y clamores de su gente.

Comité Ambiental en Defensa del Agua y la Vida
Ibagué Junio 5 de 2014

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