Las autodefensas indígenas soportan presiones de mineras que desean sus tierras
Han matado a 31 compañeros, pero no estamos derrotados: comuneros de Ostula
Denuncian que en febrero miembros del Ejército les decomisaron sus armas
Periódico La Jornada
Miércoles 11 de junio de 2014, p. 11
Semeí Verdía Zepeda, coordinador de las autodefensas del municipio de Aquila y comandante de la policía comunitaria de Santa María Ostula, Michoacán, aseguró que los comuneros de esa región “no están derrotados” a pesar de los asesinatos de 31 campesinos de la región cometidos por el crimen organizado, la desaparición de seis personas y las presiones de empresarios mineros que pretenden despojarlos de sus tierras y recursos naturales.
En el foro Las autodefensas indígenas: el caso de Santa María Ostula, realizado por Casa Lamm y La Jornada, Verdía Zepeda, de 31 años, habló de la recuperación, en 2009, de las 10 mil hectáreas que les fueron despojadas a los comuneros, varios cientos de ellas en manos de funcionarios municipales y pequeños propietarios con nexos políticos con el ex gobernador Jesús Reina; de su autoexilio por cuatro años y de su retorno para participar en la resistencia comunal.
Puntualizó que como policía comunitario sólo actúa cuando se lo piden los comuneros y como coordinador de las autodefensas lleva a cabo tareas para “agarrar a los criminales. No soy un asesino ni tengo vínculos con el crimen organizado”, dijo ante los asistentes.
Reconoció el liderazgo del fundador de los grupos de autodefensa, José Manuel Mireles, así como de Hipólito Mora y el sacerdote Gregorio López. “Mi relación con el doctor Mireles ha sido buena, inclusive estuvo en mi pueblo recorriendo algunos puntos de la tierra que no conocía. Nos estamos reorganizando”.
Agustín Vega, de la comunidad de Santa María Ostula, comentó que en febrero de este año la comunidad aprobó reactivar el acta de asamblea de 2009 mediante la cual se creó la policía comunitaria, pues el pueblo quiere que se haga justicia y se resuelva la problemática territorial.
De igual forma, en rueda de prensa celebrada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, habitantes de Santa María Ostula denunciaron que el pasado 10 de febrero un pelotón del Ejército Mexicano desarmó a la policía comunitaria, aunque poco después la población obligó a los militares a devolver las armas.