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Cenidh: Policía fue la institución más denunciada por violación de derechos
PN al servicio de “régimen corporativista”
Informe denuncia que fuerza policial juega un papel decisivo en la relación Gobierno-empresa privada, como brazo represor contra “sectores sociales y trabajadores”. La situación de derechos humanos en Nicaragua es tan “complicada” como armar un cubo Rubik, dice el Cenidh
Wilfredo Miranda Aburto | 29/5/2014
@PiruloAr
Informe CENIDH 2013
Informe sobre situación de derechos humanos en Nicaragua durante 2013 del Cenidh.
La situación de Nicaragua en materia de derechos humanos es tan “complicada” como armar un cubo Rubik, comparó la presidenta del Centro Nicaragüense Derechos Humanos (CENIDH), la doctora Vilma Núñez, al presentar el informe del año 2013 realizado por este organismo. Durante el período evaluado, afirmaron que el gobierno del Comandante Daniel Ortega ha propiciado un “régimen corporativista” en detrimento de los derechos sociales, civiles y políticos.
Seguidamente alertaron que el nivel de denuncias sobre violaciones de derechos humanos ascendió en comparación al año 2012. Según Mauro Ampié, director del CENIDH, en 2013 recibieron 1, 600 denuncias de las cuales en 975 lograron constatar el delito señalado por las víctimas. En términos porcentuales, 69.54%, cuando la media era de 50%.
“La gravedad de las denuncias ha aumentado así como también se han elevado las situaciones colectivas en las que se dan violaciones a los derechos humanos”, afirmó Ampié este miércoles. “Los derechos más lesionados fueron la seguridad jurídica, la integridad física, el acceso a la justicia, las garantías del debido proceso y la libertad individual”.
El CENIDH indicó que la institución pública más denunciada fue la Policía Nacional, en 649 ocasiones. Luego, en orden de mayor a menor, el Ejército Nacional, el Sistema Penitenciario, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, la Intendencia de la Propiedad, el Ministerio Público, las Alcaldías y el Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS).
Ampié resaltó que el abuso de autoridad suele quedar en la impunidad en Nicaragua, al igual que la violación al debido proceso y la falta de acceso a la justicia en casos de interés político para el partido gobernante. “Así como la instrumentalización de los tribunales como medio de acallar las críticas y el ejercicio de derechos de la oposición”, sostuvo.
Para el CENIDH el modelo “corporativista” que el gobierno de Ortega mantiene con la empresa privada y la inversión internacional ha quedado evidenciada con “la represión estatal hacia sectores sociales, trabajadores y pequeños mineros”. Los hechos a los que se refieren son el caso de la los pequeños mineros de Santo Domingo, Chontales, y los de Rancho Grande, Matagalpa.
“La intimidación, persecución, cárcel y tortura ha sido la respuesta gubernamental, evidenciando la política de represión de la protesta social y la persecución de los defensores de derechos humanos”, resumió Ampié.
Otro de los ejemplos que marcaron el panorama en 2013, de acuerdo al CENIDH, fue la protesta de #OcupaINSS que el próximo 22 de junio cumplirá un año en la impunidad, ya que las investigaciones al respecto no avanzan. Tanto el Ministerio Público y la Policía Nacional se “bolean” la responsabilidad de concluir las pesquisas.
El informe hace hincapié en el caso del joven Miguel Ángel Ibarra López, quien fue capturado por los oficiales en #OcupaINSS y luego trasladado a una celda donde “fue torturado, quemándole las autoridades el abdomen y un pie para que les diera información”. Asimismo, el CENIDH subrayó la violación de la que fue víctima una rea en la estación de Tipitapa por parte de un oficial que fue absuelto de toda culpa.
Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, y Mauro Ampié, director de esa organización. Carlos Herrera/Confidencial.
“Durante el 2013 el desempeño de la fuerza policial confirmó que la institución no está al servicio de la Constitución y las leyes sino al servicio del proyecto personal de poder del Presidente de la República y de intereses económicos de empresarios tanto nacionales como extranjeros”, registra el informe.
Desde ya el CENIDH expresó su preocupación por la reforma al estatuto de la Policía Nacional, al igual como sucedió con el Ejército, que compromete la independencia de las instituciones y genera lealtades hacia el Ejecutivo.
Participación ciudadana
El CENIDH manifestó también que para la administración del comandante Ortega el derecho de participación ciudadana no importa nada. Con tres hechos, dijo Ampié, demuestran tal afirmación. “La concesión a Wang Jing, del megaproyecto denominado Gran Canal de Nicaragua; la reforma regresiva de la Constitución, con sus consecuencias para el debilitamiento de las instituciones democráticas y la reforma al seguro social en detrimento de la pensión de los nuevos jubilados”.
La falta de licitación y la premura con que la Asamblea Nacional aprobó el marco legal, que entrega la concesión al empresario chino Wang-Jing, resulta lesivo para la soberanía nacional desde la óptica de este organismo no gubernamental. Conjuntamente, infieren, “es violatorio de los derechos de las comunidades indígenas Rama y Kriol y ocasionará un daño irreversible en el Lago de Nicaragua”.
“El común denominador en todas las etapas del proceso fue que se hizo caso omiso de las opiniones de expertos, de la opinión de las comunidades indígenas y menos aún, que se realizara una consulta amplia con la ciudadanía como un proyecto de tal dimensión lo demanda”, expuso Ampié.
La Constitución de Ortega
El CENIDH valoró mal las reformas constitucionales ordenadas por el Comandante Ortega, cuyo punto neurálgico es la reelección indefinida del mandatario. Ampié dijo que están “sentando los cimientos para la instauración de una dictadura”.
“También intentaron dar forma legal a acciones que de forma flagrante violentaban la institucionalidad. La lista de consultados fue restringida y se impidió que expertos dieran su opinión ante la Comisión dictaminadora, violando el proceso de formación de las leyes”, alegó Ampié.
En el combo de reformas ejecutadas por el gobierno en 2013 resalta la del Seguro Social, que no fue ejecutada por la aplanadora sandinista en el Parlamento sino de manera directa por el comandante Ortega, vía decreto. El CENIDH deploró que el fin de esta modificación fue la reducción de un porcentaje al monto de la pensión de los futuros jubilados y el incremento a la cotización tanto de los empleadores como de los trabajadores.
“Todas estas medidas y decisiones inconsultas contribuyen a confirmar que el gobierno ha prescindido de la opinión ciudadana no sólo cuando se trata del respetar el voto popular sino reiteradamente, todo en detrimento de los derechos humanos”, aseveró Ampié. A contrapelo, la administración sandinista para buscar “cierta legitimidad” –argumenta el CENIDH– encontró apoyo en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) a quien incluyó en la reforma constitucional al establecer un régimen de tipo corporativo y en las centrales sindicales que le son afines.
Libertad de expresión y Roberto Rivas
Para el CENIDH la libertad de expresión fue minada en 2013 con la persecución y acoso a periodistas. El espionaje en perjuicio de Ismael López, periodista de esta revista, y el encarcelamiento del fotoperiodista Héctor Retamal motivaron a que la Relatora para la Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botera, incluyera estos casos en su Informe Anual, “provocando una reacción ofensiva del representante del gobierno ante la OEA”, dijo Ampié.
Y, por último, el CENIDH fue enfático en que la permanencia del magistrado Roberto Rivas al frente del Poder Electoral no abona en nada “a que los electores recobremos la confianza necesaria para participar en los procesos electorales, ya sea como votantes o como candidatos”.
“Como el cubo de Rubik, que este año cumplió 40 años, se requiere un gran esfuerzo colectivo por poner cada pieza en su lugar y superar el grave deterioro que se confirma en el Informe que presentamos. El CENIDH continuará aportando a que juntos lo logremos”, apuntaló la doctora Vilma Núñez.
Vea el informe completo: http://www.confidencial.com.ni/articulo/17621/pn-al-servicio-de-quot-regimen-corporativista-quot