Valle del Yaqui

Los de abajo

Valle del Yaqui
Gloria Muñoz Ramírez
La Jornada

La orden de suspensión de la operación del Acueducto Independencia, obra con la que el gobierno de Sonora pretende despojar de 75 millones de metros cúbicos de agua a la tribu yaqui y a los agricultores del Valle del Yaqui, dictada por el juzgado octavo de distrito, es un paso jurídico importante para la defensa del agua, pero no significa aún su cancelación definitiva. Mario Luna, autoridad de los yaquis, afirma que no es una resolución discutible ni negociable y que tendrá que cumplirse.

El historial de agravios contra la tribu es grande, por lo que, señala Luna, en caso de que una vez cumplidas las notificaciones, no paren de inmediato, tanto los yaquis como el resto del Movimiento Ciudadano por la Defensa del Agua tendrían que estudiar la posibilidad de reanudar las movilizaciones de desobediencia civil, tales como el bloqueo de la carretera Internacional, que se mantuvo de junio de 2013 hasta abril de 2014. Para los yaquis la defensa del agua no es negociable. Con la vida, dicen, no se juega. Y tampoco con esta cultura milenaria que depende del vital líquido para su permanencia. En esta zona desértica del sur de Sonora, sedienta de por sí, el gobierno de Guillermo Padrés Elías construye desde 2010 el Acueducto Independencia, de 145 kilómetros de longitud, con el fin llevar agua a Hermosillo, donde no se necesita para el consumo humano, sino para el abastecimiento de las grandes empresas.

Desde el anuncio de la obra, los yaquis han seguido un proceso jurídico con amparos y controversias constitucionales, junto a la conformación de un movimiento integrado por 20 mil agricultores del Valle Yaqui, quienes con el acueducto verán gravemente afectadas 222 mil hectáreas de diferentes cultivos, principalmente de trigo (cosechan actualmente 40 por ciento de la producción nacional de este grano). El movimiento ciudadano también está conformado por estudiantes, académicos, empresarios y amas de casa de una comunidad de un millón de personas.

El reciente fallo jurídico en favor de los yaquis dice que el funcionamiento del acueducto, que legalmente no debió de iniciar su construcción, debe suspenderse, mientras se resuelve la legitimidad de los títulos de asignación otorgados al municipio de Hermosillo. La cancelación definitiva es la meta y el paso a seguir en la lucha, afirma Luna. En estos momentos, opina la autoridad yaqui, “son tantas las omisiones y todos los agravios acumulados, que el proceso ya no aguanta un desprecio más. Pensamos que en una semana a más tardar deberán dar cumplimiento al dictamen del juzgado octavo”. Si esto no ocurre, señala, “los yaquis se pararán de la mesa de negociaciones”. El próximo jueves evaluarán el tema y convocarán a los demás miembros del movimiento y de la sociedad para definir las acciones.

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