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Guardias comunitarias de la Huasteca, tradición que enfrenta al despojo
Los xi-iuy retoman su ancestral tradición de autonomía para defenderse del embate de empresas y gobiernos que ansían sus tierras.
MIGUEL GUZMÁN MICHEL
San Luis Potosí. El pueblo xi-iuy de La Palma enfrenta amenazas cada vez más poderosas sobre su territorio –como empresas y una privatización de tierras impulsada por el gobierno-, pero recurre a su tradicional guardia comunitaria, herencia de su autonomía, para defenderse.
En lo que hoy es San Luis Potosí, desde antes de la llegada del hombre europeo, las culturas originarias desarrollaron una tradición de autonomía y defensa de la territorialidad. Una vez que el imperio español se asentó en estas tierras, las comunidades fueron usadas como espacio de dominación y control; se permitió la tradición autonómica que les dejó ser independientes unas de otras, con sus propias autoridades locales y mecanismos de decisión sobre la colectividad.
La resistencia de las comunidades en todo el país explica que en Estados como en Oaxaca existan 570 municipios, y aunque desde la Colonia cambiaron mucho las constituciones locales y federales, así como las leyes secundarias, subsiste este rasgo de autonomía, que en los hechos se traduce en un ejercicio autónomo de cada una de las comunidades.
Actualmente, en un gran número de casos, cada comunidad o núcleo de población elige a sus autoridades locales. El municipio cumple con darle formalidad, pero en los hechos no hay subordinación, pues las comunidades cuentan con un territorio. La defensa de la territorialidad se impone como la capacidad de desarrollar históricamente un conjunto de funciones que configuran una tradición, la de una común pertenencia a un territorio y de un sentimiento de comunidad de intereses sobre el territorio, como señaló Carmagnani.
La comunidades utilizan diversos instrumentos de regulación y autorregulación para el cumplimiento de sus funciones, que van desde el uso de sistemas de radiocomunicación para proporcionar y recibir información, comunicar problemas, pedir ayuda al municipio, localizar familiares o divertirse con su música, hasta la existencia de cuerpos de policía y guardias rurales que se encargan de proteger el entorno y la seguridad de sus miembros.
“Encontramos amplios cuerpos de policía comunitaria, que en un caso comprenden hasta 40 personas de la comunidad; mientras que en algunos municipios el cuerpo de policía municipal no rebasa a las 15 personas: o bien bajo otro criterio, hay un policía por cada mil quinientos habitantes. Los guardias rurales merecen una atención especial, pues en San Luis Potosí es una figura que tiene más de 60 años de existencia; cuentan con licencia para el uso de armas reglamentarias del ejército, son elegidos para su cargo por la comunidad y se sujetan al mando de la autoridad comunitaria; ejercen su cargo de manera honorífica, y se encargan no sólo de prevenir robos y asaltos, sino también de garantizar la seguridad de las personas cuando acuden a las cabeceras municipales para cobrar los subsidios gubernamentales, como Procampo y Oportunidades”, escribió Jorge Hernández Díaz en el libro Organización Política y Gobernabilidad en Territorios Indígenas de América Latina.
San Luis Potosí cuenta con una tradición indígena arraigada; actualmente está entre los nueve estados con mayor población originaria. En la zona huasteca se concentran la totalidad de nahuas y tenek; en cambio, los xi -iuy habitan un vasto territorio con paisajes variados (entre la huasteca y la zona media), y ya en el semidesierto encontramos en Real de Catorce a los wirrárika.
Frontera entre Mesoamérica y Aridoamérica, lugar de guerra y República de Indios, sus naturales ejercieron su autonomía desde la época colonial. Esa tradición la traen con orgullo hasta la actualidad. La Huasteca es una región de rebeliones antes de la Revolución, como la de mítico Juan Santiago en Tamazunchale.
Después de la Revolución, los indígenas se reagruparon en ejidos y comunidades; reconstruyeron su vida y sus mitos, trayendo a la actualidad su autoridad, sus normas y valores, y sobre todo un orden ejecutado y protegido por sus guardias comunitarios.
La comunidad de La Palma es el ejido más grande de San Luis Potosí; la integran 43 localidades denominadas anexos, de las cuales una parte se sitúa en el municipio de Tamasopo y en resto en el municipio de Rayón. Alberga una población total de 7 mil 24 personas. Tiene un estatus legal (actualmente en litigio) de ejido y, de acuerdo con la historia oral y las referencias documentales, esta comunidad fue creada en 1669. Desde entonces vive numerosas vicisitudes, como ser terreno comunal, cabecera municipal y parte de una hacienda -hasta que la propiedad agraria se regularizó, en 1924.
El principio de este siglo encontró a los xi-iuy de La Palma con amenazas cada vez más poderosas sobre su territorio. El gobierno del estado, presuroso en hacer buenos negocios con las empresas que ansían esas tierras, construyó una supercarretera en su territorio, se trata de un negocio privado sostenido con recursos públicos. Además, las instituciones agrarias -nacionales y locales- quieren privatizar la tierra a fin de llevar a cabo un despojo masivo de los habitantes de La Palma, contando con la complicidad de los representantes ejidales y ejidatarios mestizos, muchos de ellos llegados del estado de Querétaro.
Los xi-iuy, sin embargo, muestran una vez más que están dispuestos a luchar por preservar sus usos y costumbres, por su territorio, por defender a su pueblo. Hoy nos muestran a sus guardias comunitarios, protectores del orden y de la justicia.