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¿Quién juzga las guerras de las tribus de la selva?
Erbol
Miércoles, Julio 23, 2014 - 10:39
“¡Córtenme la lanza! ¡Corten con un cuchillo esta lanza para que pueda vivir!” A pesar de su ruego desesperado, Buganey Caiga, indígena huaorani de unos 64 años, murió. Fue en plena selva ecuatoriana y dicen que no fue una muerte rápida. La mujer estaba junto a su esposo Ompure Omeway, de 70, en una aldea llamada Yarentaro, dentro de una zona de explotación petrolera, cuando fueron atacados por otros indígenas de un pueblo que no tiene contacto con el mundo occidental. Cuatro lanzas se clavaron en su vientre y costado. Tardó más de una hora en morir.
El relato de estos hechos sucedidos hace más de un año lo recoge el libro “Una tragedia ocultada”, escrito en 2013 por el sacerdote capuchino Miguel Ángel Cabodevilla. Un video estremecedor, supuestamente grabado por los familiares de Buganey, circuló por Internet. “¡Voy a matar a todos!”, se escucha en la grabación. Lo grita furioso, entre sollozos, uno de los hijos de Ompure. Y según algunos indicios, así ocurrió, tal y como manda la tradición de estos indígenas amazónicos.
(Nota de Jaime Yovanovic, Profesor J:
Comenzar de ese modo sensacionalista y dramático más bien parece para vender la noticia que para encarar los hechos desde la cosmovisión indígena.
Por otra parte el cura es partidario de que el estado se haga cargo ofreciendo la “opción” de cárcel o aprendizaje a las comunidades, con lo que denota un profundo sesgo colonialista).
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Como casi todo en esta historia, los datos están confusos. Los fallecidos en la venganza huaorani pudieron ser hasta 30, incluidos mujeres y niños, del pueblo indígena oculto tagaeri-taromenane, de unos 300 individuos. Pero no se recuperaron cadáveres. Sí hubo dos niñas que se llevaron los autores de las muertes y también fotos y testimonios de los propios participantes en la represalia.
Las circunstancias que rodearon el caso -incluida la prohibición judicial del libro de Cabodevilla- hicieron que saltara a los titulares de la prensa nacional e internacional y que incluso llegara a organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Si estos hechos hubieran ocurrido en la capital ecuatoriana, Quito, de inmediato se hubiera dado intervención a fiscales y jueces. Sin embargo, las muertes sucedieron en un lugar de la selva que no figura en los mapas, a donde sólo se accede por helicóptero o tras varios días de caminata, en un parque natural que esconde bajo tierra800 millones de barriles de petróleo. Y en estas circunstancias, más de un año después del suceso, Ecuador aún no sabe cómo resolver la situación.
Tampoco supo en otra matanza muy similar -en 2003- y aún se espera un fallo sobre una muerte en la comunidad indígena quichua de La Cocha en 2010, entre otros.
¿Hay que aplicar la justicia ordinaria que rige el Estado, a la que los juristas locales se refieren como “mestiza”? ¿O bien es un asunto de justicia indígena? ¿Se puede buscar una salida intercultural, de acuerdo al Estado “plurinacional” que reconoce la Constitución para Ecuador?
En estos días, el expediente acaba de llegar a la Corte Constitucional para aclarar la situación.
Concepto de delito
Por la muerte de Buganey Caiga y la posterior represalia hay hasta el momento una quincena de imputados, cinco de ellos en prisión preventiva desde noviembre, pero el proceso judicial ha estado parado desde entonces.
Las partes afectadas y algunos expertos tienen distintas visiones sobre cómo resolver el caso, contrapuestas a la posición que ha mostrado el presidente Rafael Correa y la Fiscalía.
“Todo el mundo tiene nociones de moral, del bien y del mal, y saben que matar es malo. Ellos son huaoranis contactados, tienen que regirse por el Estado de derecho”, señaló el mandatario.
Correa entiende que se ha llegado a “un punto de quiebre” en el que “o se cede, como con la matanza de 2003, o de una vez por todas se demuestra que, sean del pueblo indígena que sean, nadie puede estar por encima de la ley ni atentar contra el bien más preciado, que es la vida”, según expresó en una de sus cadenas televisivas sabatinas.
En coincidencia con esta postura presidencial, la Fiscalía ha presentado una acusación por delito de genocidio, que el Código Penal ecuatoriano sanciona con 16 a 25 años de prisión.
“Corresponde a la justicia mestiza la investigación y sanción” por tratarse de un delito contra la vida, explicó el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga.
La misma Fiscalía, sin embargo, ha llevado en simultáneo el caso a la Corte Constitucional con el objetivo de “evitar que se vulneren los derechos de los procesados como integrantes de una nacionalidad indígena”.
El temor es que la pena que podría aplicarse, en caso de determinarse la culpabilidad, suponga en sí misma una violación a la Constitución: no estaría teniendo en cuenta “elementos culturales relacionados con las costumbres y prácticas ancestrales” que la misma carta magna reconoce.
Reclamos contra el Estado
Entre los juristas y antropólogos consultados por BBC Mundo, hay coincidencia en que los pueblos indígenas implicados -tanto los huaoranis, que tienen contacto con otros grupos como los aislados (a los que aquí se llama “no contactados”)- consideran tradicionalmente la venganza como una obligación social.
Varios opinan que incluso en las comunidades y entre los hoy presos difícilmente se entienda el porqué de la prisión.
“Hay un gran desconocimiento de lo que pasa en el mundo indígena y todos los casos del mundo indígena que han llegado al pleno de la Corte Constitucional han salido desfavorables”, destaca el antropólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Fernando García.
Roberto Narváez, que ha elaborado un informe antropológico para la Fiscalía, destaca además que el factor de la ocupación territorial por las industrias.
“La presión que existe desde afuera lleva a los taromenane a no estar asentados y no tener capacidad de sembrar. Las instituciones del Estado deberían preocuparse porque se están limitando mucho sus elementos de subsistencia”.
Según el experto, agentes con intereses económicos buscan evitar el juicio según las leyes ecuatorianas, porque temen que una condena según normas no indígenas lleve a un aumento del nivel de conflicto en la zona, que concentra la mayor riqueza petrolera de Ecuador.
En esta línea, el defensor público general, Ernesto Pazmiño -que defiende la plena competencia de la justicia indígena-, señala a BBC Mundo que “el camino es reconocer la competencia de las autoridades indígenas y establecer un mecanismo de coordinación”.
Justicia intercultural
Pero, ¿es viable que funcione la justicia indígena al margen de las normas establecidas por leyes y códigos vigentes en el país?
La Carta Magna de 2008 reconoce a estos pueblos el derecho colectivo a mantener y desarrollar sus “tradiciones ancestrales” y a “crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario” pero sin “vulnerar derechos constitucionales”.
Así, muchos creen que es necesario abrir el diálogo con las comunidades y organizaciones indígenas. “Es una oportunidad histórica”, señala García.
El experto en justicia indígena y decano de Derecho del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Juan Montaña, lamenta que, hasta el momento, “lo peor” es que se “ha desconocido que es un problema entre dos grupos indígenas” y se pretende juzgar desde una visión “liberal” de la justicia occidental e ignorando la interculturalidad. “Se han elegido los peores caminos”, indica, poniendo como ejemplo el encarcelamiento de los huaoranis.
En contraste, el penalista César Albán, en declaraciones al diario gubernamental El Telégrafo, considera que todos los ciudadanos ecuatorianos que han aceptado el contacto con la cultura occidental deben someterse a la justicia ordinaria, así pertenezcan a un pueblo indígena.
El jurista, que apuesta además por la integración de quienes ahora viven aislados para que puedan subsistir, defiende el derecho “objetivo” frente al “subjetivo”.
Debate complejo
“Complejo” es el calificativo que se maneja desde todos los sectores a la hora de analizar el debate de justicia indígena y justicia ordinaria.
Es una “situación límite”, indica el coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica en Quito, el jurista Mario Melo, que señala dos escenarios, contrapuestos pero igualmente negativos, que podrían darse: tanto la condena por genocidio, que cree que “generará más violencia”, como la “impunidad total” porque “nadie tenga capacidad” para dar una respuesta.
El misionero Cabodevilla, quizá una de las voces con mayor eco en Ecuador en ese tema, no oculta su crítica hacia la sociedad en su conjunto: “Es un tema que no interesa”, asegura.
Cárcel o aprendizaje es la propuesta que Cabodevilla afirma que debe plantear el Estado al pueblo huaorani: que no habrá prisión por esa vez si las comunidades aceptan procesos de instrucción larga, una “confesión exacta” de los hechos y firman el compromiso de que, si se repiten los hechos, se les aplicará para juzgarlos la ley mestiza que impera en el Estado.
La Corte Constitucional ya ha oído los argumentos de las partes y de los expertos y queda ver si los magistrados visitan o sesionan en la zona indígena, como lo hizo la Corte Interamericana para otro caso anterior, el de Sarayaku contra el Estado ecuatoriano.
El máximo intérprete de la Constitución tiene hasta fines de julio para ofrecer una interpretación, pero pocos confían en que se cumplan los plazos.
El caso de Buganey y los indígenas en aislamiento no es el único sobre justicia indígena en la agenda del tribunal. Los anteriores llevan, en algún caso, años represados. (BBC)