Perú: Declaración del Pacto de Unidad demanda estado plurinacional

Propuestas y demandas de los pueblos indígenas u originarios del Perú organizan en el Pacto de Unidad

Las organizaciones nacionales de pueblos indígenas u originarios del Perú: la Confederación Campesina del Perú -CCP, la Confederación Nacional Agraria – CNA, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú-CUNARC-P, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú- FENMUCARINAP, la Unión Nacional de Comunidades Aymaras-UNCA articuladas en el PACTO DE UNIDAD DE LAS ORGANIZACIONES NACIONALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL PERÚ,

Considerando que:

1. En el Perú, los pueblos indígenas u originarios; naciones o nacionalidades indígenas descendemos de pueblos que preexisten al Estado y actualmente tenemos nuestras instituciones propias; estamos organizados en comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas; y, en organizaciones de mujeres, jóvenes, entre otros. Además, en el Perú, hay pueblos indígenas autónomos también conocidos como “pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial” (PIAVCI).

2. Nos reafirmamos en nuestra identidad y derechos como pueblos originarios con libre determinación, territorios ancestrales, autonomía y jurisdicción propia, y con capacidad y derecho a determinar nuestra forma de vida y buen vivir, y con capacidad para entrar en diálogos interculturales con todos los pueblos.

3. Los pueblos originarios somos hijos de la Madre Tierra, que es la base esencial de nuestra existencia e identidad, y con la que mantenemos una relación espiritual. Por ello, los pueblos originarios protegemos y defendemos nuestro territorio ancestral, que es la garantía para las generaciones futuras.

4. Los pueblos originarios tenemos los derechos que provienen de derecho propio, el derecho constitucional y el derecho Internacional de Pueblos Indígenas. El Estado peruano ha ratificado la Convención Americana sobre derechos humanos (1978) y está sometido a la competencia de la Corte Interamericana desde el 21/1/1981; por lo que está obligado a cumplir la doctrina y jurisprudencia desarrolladas por Sistema Interamericano sobre derechos indígenas. La Constitución de 1993 reconoce la jurisdicción indígena, la diversidad cultural y la autonomía comunal. El Estado ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, el cual está vigente desde 2/2/1995. En el 2007, se adoptó la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas.

5. A pesar del reconocimiento constitucional e internacional de derechos, el Estado, de forma inconsulta, ha firmado tratados de libre comercio y de protección de la inversión extranjera; ha otorgado concesiones a corporaciones transnacionales y ha utilizado la violencia para imponer megaproyectos de actividades extractivas, infraestructura y monocultivos en nuestros territorios. Estas corporaciones se apropian de nuestras tierras, destruyen nuestras fuentes de agua y subsistencia, nos expulsan de nuestros territorios, nos denuncian y persiguen. Como resultado, hay una concentración de tierras por las corporaciones, mayor que antes de la Reforma Agraria; así como contaminación y degradación de aguas y suelos. Esto ha producido desplazamiento, violencia contra las mujeres, empobrecimiento, inseguridad alimentaria y serios problemas de salud y subsistencia de los pueblos originarios.

6. El caso Conga ilustra la imposición violenta por el Estado de un megaproyecto extractivo sin el consentimiento de los pueblos originarios de Celendín, Hualgayoc-Bambamarca y Cajamarca, lo que pone en riesgo la vida e integridad biológica, cultural y espiritual

7. El Pacto de Unidad asume como propia la Declaración de El Tambo, adoptada en el “Primer Encuentro Internacional de los pueblos guardianes del agua y de la Madre Tierra: en defensa y respeto del agua, la vida y los territorios”, convocado por los pueblos originarios, comunidades y rondas campesinas de Cajamarca (5/8/2014).

Por todo lo expuesto, planteamos lo siguiente:

1. Exigimos al Estado que respete y garantice nuestra identidad y derechos como pueblos originarios con libre determinación, territorios ancestrales, autonomía, cosmovisión y jurisdicción propia, y con capacidad y derecho a determinar nuestra forma de vida y buen vivir.

2. Planteamos el reconocimiento y respeto de los derechos de la Pachamama o Madre Tierra como fuente de nuestra existencia como pueblos originarios; la descolonización de las relaciones entre el Estado y los pueblos originarios, y la superación del modelo económico basado en la mera extracción de “recursos naturales” de nuestros territorios, en función de demandas externas, y sin respeto de nuestros derechos, visión del buen vivir, territorios ancestrales y fuentes de agua.

3. Planteamos la refundación del Estado con la participación de todas las naciones o pueblos originarios como sujetos constituyentes de un Estado Plurinacional; con reconocimiento de la igual dignidad y derechos de pueblos y culturas; y la igual dignidad, derechos y participación de las mujeres; de las visiones de buen vivir de los pueblos y el pluralismo jurídico; con garantía de la participación de jóvenes.

4. Exigimos el respeto del derecho a la posesión y propiedad de nuestros territorios ancestrales, incluyendo todo el hábitat, bosques, aguas, flora, fauna y demás recursos; como elemento esencial para nuestra existencia material, cultural y espiritual; y como garantía de la seguridad y soberanía alimentaria, y el ejercicio de los demás derechos.

5. Demandamos que el Estado garantice el derecho de los pueblos a reconstituir nuestros territorios ancestrales fragmentados en comunidades, en parcelas o en distintos regímenes jurídicos como áreas reservadas, parques nacionales, etc., por las distintas políticas estatales. En el contexto del PTRT 3, exigimos al Estado que deje de fragmentar los territorios de los pueblos y parcelar comunidades; complete la titulación de comunidades campesinas y garantice la titulación del territorio integral de los pueblos originarios en la Amazonía.

6. Exigimos el respeto y garantía del derecho humano al agua y la relación especial que los pueblos originarios tenemos con nuestras fuentes de agua, cabeceras de cuenca, ojos de agua, bofedales y humedales como parte de nuestros territorios, por ser imprescindibles para nuestra subsistencia biológica, cultural y espiritual.

7. Exigimos el respeto efectivo y fortalecimiento de nuestra autoridad, autogobierno y jurisdicción en nuestros territorios ancestrales, para garantizar nuestra existencia y visión de buen vivir, mediante la gestión autónoma de nuestros territorios, y como una medida efectiva frente al cambio climático.

8. Exigimos el respeto y garantía del derecho a la participación y representación de los pueblos originarios en la institucionalidad del Estado, y en todo el ciclo de la formulación, aplicación y evaluación de las políticas, planes y programas que nos conciernen; así como del derecho de consulta y consentimiento previo, libre e informado.

9. Exigimos la nulidad de las concesiones otorgadas dentro de nuestros territorios sin consulta ni consentimiento de los pueblos originarios y que pone en riesgo nuestra vida y existencia.

10. Demandamos revisión de todas las normas que no reconocen los territorios integrales de los pueblos indígenas a fin de que se adecuen a los estándares del derecho internacional de los pueblos indígenas.

11. Demandamos el cese de la persecución o estigmatización en contra de nuestras autoridades, líderes y lideresas que defienden nuestros derechos. Exigimos la derogatoria de las normas que criminalizan nuestras luchas, demandas y el ejercicio de nuestros derechos.

12. Exigimos al Estado el cumplimiento de la Medida Cautelar otorgada por la Comisión Interamericana, solicitada por el Pacto de Unidad, a favor de los líderes y lideresas de las comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, la familia Chaupe, el comunicador social rondero César Estrada y el rondero Luis Mayta, por la situación de gravedad, urgencia e irreparabilidad, de la vida e integridad de los beneficiarios por oponerse al megaproyecto minero Conga.

13. Exigimos la reparación de suelos y aguas contaminados y degradados, así como la atención urgente de los pueblos afectados por el mercurio y otros metales pesados, y de los heridos de gravedad por la criminalización del ejercicio de sus derechos al oponerse a proyectos extractivos.

14. En el marco de la COP 20, y dado que el Estado peruano la preside, exigimos que derogue la Ley 30230, “Ley que estable medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”, que debilita las protecciones ambientales y viola los derechos de los pueblos originarios. Requerimos al Estado peruano desarrolle políticas adecuadas y justas que respeten y protejan los derechos de la Madre Tierra y nuestros pueblos.

¡Por la refundación y descolonización del Estado!

¡Por nuestra libre determinación y autogobierno!

¡Por nuestra Madre Tierra y el “buen vivir” de nuestros pueblos!

¡Por la no criminalización y persecución de nuestros líderes y lideresas!

Lima, 8 de agosto de 2014