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Los de Abajo
Anticoncepción forzada
Gloria Muñoz Ramírez
Las mujeres de la comunidad na savi (mixteca) de San Marcos, en La Montaña de Guerrero, tienen miedo. Denunciaron que son sometidas a la práctica de esterilización forzada por parte del sector de salud estatal, y en las semanas recientes recibieron la visita de la unidad de planificación familiar de Chilpancingo y de la jurisdicción 04 Montaña, quienes las acusan de haber mentido y buscan a las declarantes de casa en casa.
A principios de agosto, el doctor Euclides Moreno Castro declaró a La Jornada Guerrero, luego de una visita médica a San Marcos, que en esta comunidad las indígenas “son obligadas a recibir una inyección mensual de un anticonceptivo y la que no acepta es retirada del programa Oportunidades”.
Durante la jornada médica convocada por organizaciones sociales independientes, se constató, refiere Moreno Castro, que la inyección que se les aplica a las indígenas les provoca trastornos en sus menstruaciones, dolor, secreciones vaginales atípicas, dolores de cabeza, problemas vasculares, várices y trombosis.
A cuatro meses de que la titular de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, declarara que las familias indígenas con más de tres hijos ya no tendrían apoyo del programa Oportunidades, ya que la procreación “se está viendo como forma de que ingrese más dinero al hogar”, en La Montaña de Guerrero se está imponiendo como condición la esterilización para recibir el apoyo gubernamental.
Edith Herrera Martínez, antropóloga na savi originaria de San Marcos, relata que en las semanas recientes han acudido funcionarios del gobierno local a buscar a las indígenas que hicieron la denuncia. “Llegan a la comunidad y no acuden a la asamblea, que es el órgano de decisión comunitaria, sino que están entrevistando, casa por casa, a las señoras que tienen hijos y están inscritas en el programa Oportunidades. Las mujeres no quieren responder, pues temen represalias”, advierte.
Aun con las amenazas, refiere la antropóloga, hay dos mujeres de la comunidad que están dispuestas a rendir su testimonio.
El promotor de salud, de la dependencia estatal, presiona por su parte a las pacientes de la comunidad. “Las controla y regaña si no le avisan que están embarazadas antes de que cumplan los dos meses de gestación. No sabemos si la intención es que aborten”, refiere Herrera Martínez.
La esterilización forzada no es novedad en Guerrero ni en otras zonas indígenas. Desde 2007, mujeres de la comunidad Barranca del Cobre, también en La Montaña, denunciaron que les exigían operarse para no tener hijos, a cambio de los 200 pesos mensuales que recibían de Oportunidades.