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MAPUEXPRESS - INFORMATIVO MAPUCHE
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Septiembre - Denuncian que Estado argentino aplica contra los Mapuche la solución “chilena”.
Puelmapu - (Org. 11 de octubre) - La reciente imputación de Arcelia Montero Epulef y Mauro Millán, miembros de nuestra organización, son una clara manifestación del endurecimiento de la ofensiva del Estado argentino para frenar la lucha de nuestro Pueblo Mapuche Tehuelche. Esta ofensiva se inició a principios del año cuando la justicia federal procesó por el delito de sedición a Martiniano Jones Huala y Moira Millán, de la comunidad Pillan Mawida; hasta ese momento la la persecución había sido instrumentada desde la justicia provincial. Y esto ocurre cuando poco a poco se consolida en Puelmapu la resistencia al avance de multinacionales como la italiana Benetton y la minera canadiense Meridian Gold.
Decimos que esta causa es política, que estas imputaciones no son más que otro paso en la criminalización y judicialización del conflicto, como ocurre al otro lado de la Cordillera, donde cientos de hermanos y hermanas mapuche son imputados, procesados, torturados y encarcelados. Arcelia Montero Epulef y Mauro Millán están imputados por presuntos ‘delitos contra la propiedad pública’. Lo cierto es que están imputados por participar - en febrero pasado – del ngellipun realizado a la vera de la ruta nacional 40, frente al lote Santa Rosa. Nuestra ceremonia fue una reafirmación de derechos por el desalojo sufrido por la familia Curiñanco – Rua Nahuelquir a instancias del Grupo Benetton. La Fiscalía Federal de Bariloche presentó fotos tomadas por Gendarmería Nacional para sustentar las imputaciones y esas fotos descubrieron la trampa judicial: en ninguna de ellas aparece Mauro Millán sino otro peñi que participó de la ceremonia.
Insistimos: El estado argentino pretende aplicar la ‘solución chilena’: judicialización y criminalización, persecución y cárcel, represión y asesinatos. Una vez más el Estado muestra que el reconocimiento de nuestra preexistencia y nuestros Derechos Fundamentales no es más que un intento por desviar nuestra lucha hacia el terreno que mejor conoce: sus leyes.
Como contrapartida el Estado garantiza la impunidad de quienes instrumentan la persecución y represión. Las recusaciones del racista juez de Instrucción de Esquel, José Oscar Colabelli, por su actuación en las causas Fermín y Curiñanco – Rua Nahuelquir, fueron desestimadas por la Cámara Criminal de Esquel; y vemos que el mismo camino siguen las denuncias elevadas al Consejo Provincial de la Magistratura. Tampoco la Fiscalía de Esquel da respuestas por las denuncias contra los efectivos de las comisarías de El Maitén y Cushamen que, el 15 de marzo, durante el desalojo ordenado por el juez Colabelli, destrozaron la vivienda de la familia Fermín y golpearon y amenazaron a nuestros hermanos y hermanas de la Comunidad Mapuche Vuelta del Río.
También las denuncias realizadas ante organismos nacionales como la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) duermen en estantes polvorientos y cajones de escritorio. A casi dos meses de la ocupación del Tribunal de Justicia de Esquel y la Casa de la Provincia del Chubut en Buenos Aires los compromisos asumidos por los funcionarios nacionales se desvanecen en palabras incumplidas. La pretendida renovación impulsada por el nuevo presidente argentino, Néstor Kirchner, no es más que la continuidad garantizada de las políticas de omisión y despojo que tradicionalmente se aplicaron contra nuestro Pueblo Mapuche Tehuelche y contra los más de 20 Pueblos Originarios sobre cuyos territorios se levantó la República Argentina.
No es noticia que en este marco de atropellos los únicos beneficiados son los usurpadores. Sí es noticia que el 5 de setiembre el terrateniente José Vicente El Khazen, promotor del desalojo de la familia Fermín, junto a su abogado y a Antonio Cañadas, titular del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), reunió en Buenos Aires con funcionarios de INAI. El motivo: proponerle al Estado argentino que comprara a El Khazen los 9 lotes que dice que le pertenecen y que están en conflicto con la comunidad Vuelta del Río. La propuesta tenía un valor, 2 millones de pesos…..¡POR JUSTICIA, TERRITORIO, AUTONOMÍA Y LIBERTAD! ¡MARICI WEU! ¡MARICI WEU! (¡Diez veces estamos Vivos! ¡Diez veces venceremos!) - Organización de Comunidades Mapuche Tehuelche ‘11 de Octubre’
Esquel (Puelmapu), 16 de setiembre de 2003.
