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El gobierno catalán obliga a ciudadanos a violar la ley: Madrid
Aún sin definirse, quién coordinará el proceso participativo de Cataluña
Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 8 de noviembre de 2014, p. 25
Madrid.
A sólo dos días del proceso participativo en el que se preguntará a la ciudadanía catalana sobre la independencia, todavía hay muchas dudas que no se despejan, como quién será el responsable de coordinar y ejecutar los actos, una vez que fueron suspendidos de forma cautelar por el Tribunal Constitucional (TC) español.
Mientras desde el gobierno catalán, de Artur Mas, se delegó en los voluntarios la ejecución del proceso, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y principal socio del mandatario catalán, Oriol Junqueras, advirtió que el 9-N lo organizará el gobierno catalán, claro.
El proceso participativo –que no consulta ni referendo, según la denominación de sus impulsores– se llevará a cabo el domingo 9 de noviembre en toda Cataluña, si bien todavía no hay claridad sobre los coordinadores y ejecutores, sobre todo a raíz de la impugnación de la consulta democrática por el gobierno español, de Mariano Rajoy, que recurrió al TC para ilegalizar la Ley General de Consultas, aprobada por el Parlamento catalán, y para prohibir tanto la convocatoria de la consulta como el proceso de participación ciudadano, que según el gobierno catalán está amparado por la ley que rige en la autonomía.
Este viernes hubo una reunión de urgencia del llamado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, integrado por la mayoría de los partidos políticos catalanes y 70 entidades civiles a favor de la consulta, en la que se analizaron diversas cuestiones, como si la prohibición por la justicia española afecta las sedes de las votaciones, en muchos casos colegios públicos, y a los funcionarios que pretendían encabezar actos del domingo.
Desde Madrid, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó al gobierno catalán y a los partidos y asociaciones en favor de la consulta de forzar a los ciudadanos al incumplimiento de la ley. Asimismo, se amparó en las resoluciones tanto del TC como del Tribunal Supremo –que ayer desestimó la petición del gobierno catalán sobre esta cuestión– para advertir que la consulta es ilegal y, por tanto, no se debe llevar a cabo.