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La Paz, septiembre 22, 2003.- Una virtual tregua se instaló de facto al anochecer de este lunes en el convulsionado altiplano boliviano, escenario de un cruento enfrentamiento entre efectivos militares y policiales leales al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y campesinos opuestos a su política económica.
En Warisata, Achacachi y otras localidades de la provincia Omasuyos, donde fueron acribillados este sábado cinco civiles y dos militares, los pobladores lloraban a sus muertos y maldecían su suerte y al gobierno neoliberal. Allá, a más de cuatro mil metros de altura, hombres y mujeres hablan por igual de una inminente guerra civil, aunque solo algunos cuentan con viejos fusiles mauser, herencia de la revolución nacional de 1952 que liquidó el pongueaje y el latifundio en el occidente del país.
“Guerra civil, guerra civil”, gritan ante las cámaras de televisión, resumiendo la bronca y la impotencia de quienes fueron masacrados por oponerse a la exportación de gas a los Estados Unidos, un negocio que reportará más de 1.300 millones de dólares al año al consorcio petrolero transnacional de Pacific LNG y apenas 40 a 70 millones para el Estado boliviano.
“Queremos justicia. Mi esposo ha salido a las cuatro de la tarde y ya no lo he vuelto a ver”, se lamenta la viuda de uno de los campesinos caídos. Ella también habla de guerra civil, cree que es la salida, aunque antes reclama por la unidad y que no los dejen solos, como ocurre casi siempre.
En las ciudades, especialmente en La Paz y Cochabamba, donde están los principales dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) del minero Jaime Solares, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) del “Mallku” Felipe Quispe y del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, las protestas y las movilizaciones han cedido el paso a las palabras, amenazadoras eso sí.
Evo, el jefe del MAS, no se anda con vueltas: el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada tiene dos caminos, o cambia de actitud y recupera el gas para los bolivianos, o abandona el gobierno. No hay otra salida, dice.
Otro de los dirigentes del Estado Mayor del Pueblo, Oscar Olivera, el fabril que encabezó una cuasi insurrección popular en Cochabamba, en la denominada “guerra del agua”, repite las mismas palabras e instruye a las organizaciones sociales a que se preparan. “Por ahora no hay movilizaciones, tenemos que organizarnos”, señala.
Este proceso de organización ya ha comenzado. La COB, la CSUTCB, la Coordinadora del Gas y el MAS han definido actuar en conjunto en busca de recuperar para Bolivia las reservas de gas natural, una riqueza valuada en más de 80 mil millones dólares y que habían sido entregadas a las transnacionales mediante un decreto ilegal y secreto firmado por Sánchez de Lozada pocos días antes de abandonar su primer mandato presidencial hace seis años.
Los sindicalistas quieren transformar en organización el creciente repudio popular a la política oficial sobre el gas y al proyecto de las transnacionales. El pasado viernes, más de 150 mil bolivianos habían copado las principales ciudades del país y dieron un plazo de un mes para que Sánchez de Lozada anule el proyecto de exportación. De no atenderse sus demandas, amenazaron con iniciar una huelga general indefinida, el bloqueo de las carreteras y la resistencia civil.
La amenaza está latente y es motivo de preocupación de las organizaciones de Derechos Humanos y de la Iglesia Católica. Entre tanto, el gobierno boliviano intentaba dejar de lado el lenguaje belicista que había usado hasta el mediodía de hoy. Las amenazas de intervenir militarmente los bloqueos campesinos que se mantienen en varias localidades del altiplano cedieron paso a otra iniciativa orientada a mostrar a la opinión pública que busca el reencuentro y la pacificación.
Así, en la tarde de hoy, los jefes de todos los partidos de la coalición gubernamental procedieron a rubricar una carta de intenciones elaborada por la Iglesia y en las que hace algunas concesiones parciales a la oposición política y sindical. Sin embargo, la firma de este documento, cuyo contenido ya había sido rechazado con anterioridad por el MAS de Evo Morales, fue desautorizada por la propia Iglesia Católica, que más bien calificó la acción gubernamental como un burdo intento por utilizar la buena fe e imagen de la Iglesia para restaurar en algo la escasa credibilidad que tiene la coalición oficialista, luego de la “masacre del altiplano”.
