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Habitantes rechazan otra corporación; “Los purépechas nos sabemos defender solos”
Anuncian nueva corporación policiaca en comunidades indígenas de Michoacán
Autoridades aseguran que los agentes respetarán los usos y costumbres de las localidades
Ernesto Martínez Elorriaga
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 20 de enero de 2015, p. 7
Morelia, Mich.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado anunció la creación de una nueva policía, denominada Fuerza Indígena Purépecha, que iniciará funciones en los municipios de Charapan, Tangamandapio, Los Reyes, Paracho y Chilchota.
El titular de la dependencia, Javier Ocampo García, informó que los integrantes de esta corporación contarán con la capacitación para desempeñarse dentro del nuevo sistema de justicia penal. Puntualizó que se respetarán los usos y costumbres de las comunidades purépechas.
El sueldo neto de cada uno de los 50 elementos de la Fuerza Indígena Purépecha será de 8 mil pesos al mes. Ocampo García aseguró que las puertas de la Secretaría de Seguridad Pública están abiertas para los municipios que también deseen incorporar a esta nueva agrupación policial.
Hace dos semanas representantes de más de 30 comunidades purépechas rechazaron la intromisión de los gobiernos federal y estatal en materia de seguridad, y exigieron respetar sus rondas comunitarias.
Los habitantes manifestaron su rechazo a la propuesta del gobierno federal de integrar una policía indígena, con el argumento de que está demostrado que “quienes cobran y portan un arma desconocen hasta a sus hermanos”.
El dirigente indígena Abundio Marcos Prado señaló que las comunidades purépechas se saben defender solas, están organizadas y sabe rolar entre los habitantes esa responsabilidad, “sin estar armados ni tomar cursos de un año, porque son cargos honorarios y sólo el pueblo sabe proteger al pueblo”. Los representantes de las 30 comunidades purépechas reiteraron que no necesitan de militares ni de policías, y lo único que demandan es que se respeten sus usos y costumbres.
El 14 de septiembre pasado las comunidades purépechas de Capácuaro, San Lorenzo, Caltzontzin, Angahuan y Corupo, del municipio de Uruapan, exigieron la salida de la policía Fuerza Rural, porque no toleran que instalen retenes en los accesos a sus poblaciones y cometan una serie de abusos, como ocurrió el 11 de septiembre en San Lorenzo, donde hubo un conato de violencia porque los rurales pretendían revisar a todo taxista que entraba a la población, lo que violentaba el derecho al libre tránsito.
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Delegados de 32 comunidades purépechas exigen la destitución de Alfredo Castillo
Ernesto Martínez Elorriaga
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 21 de enero de 2015, p. 10
Morelia, Mich.
Representantes de 32 comunidades purépechas exigieron este martes la salida del comisionado para la seguridad y desarrollo económico de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, “porque su nombramiento es inconstitucional e ilegítimo”, además de que no ha resuelto los problemas de seguridad y pobreza de los pueblos indígenas.
En conferencia de prensa ofrecida en el salón de recepciones del Congreso local, el presidente de bienes comunales de Zopoco, municipio de Chilchota, Héctor Morales Gaspar, afirmó que nadie consultó a las comunidades purépechas para formar la policía indígena que la Secretaría de Seguridad Pública.
Según Vicente Méndez, jefe de tenencia de Santa Fe de la Laguna, Alfredo Castillo “se va a ir de Michoacán porque no es capaz de resolver los problemas, en las comunidades no hay seguridad, vivimos de puro milagro, hay muchos secuestros y no se dice nada”. Agregó que no hay confianza en la policía indígena que se pretende crear, por lo que se le impedirá entrar a las comunidades.
El pasado 18 de enero, en el poblado Naranja de Tapia, municipio de Zacapu, autoridades comunales de la región purépecha –ubicada en el centro occidente de Michoacán– aprobaron exigir a los tres órdenes de gobierno que respeten la autodeterminación de los pueblos indígenas, así como a sus rondas o policías tradicionales. De igual manera demandaron al Congreso local, por medio de la comisión de asuntos indígenas, que “se reconozcan y respeten las formas organizativas e históricas de los pueblos indígenas en materia de seguridad”.
Además, exigieron al Poder Judicial del estado que respete a sus jueces comunales, porque ha pretendido desconocer a los que aún quedan, y pidieron que se establezcan jueces comunales en todos los pueblos, que se requieren para asuntos menores, sin entorpecer a la justicia estatal.
Otro acuerdo fue que las comunidades indígenas rechazan la nueva ley de hacienda municipal aprobada en diciembre de 2014, porque viola tratados internacionales en materia de consulta libre e informada para los pueblos originarios en medidas legislativas que les afectan, y encarecen la vida de los campesinos, por lo que presentarán una controversia constitucional en contra del pago de impuesto predial.
El presidente de bienes comunales de Pichátaro, municipio de Tingambato, Jesús Salvador González, aseguró, por su parte, que el problema de la tala clandestina sigue vigente, y que todos los días se pierden decenas de hectáreas de bosques sin que los gobiernos estatal y federal hagan algo.
En este contexto, se anunció que el próximo 21 de febrero se llevará a cabo una reunión de dirigentes comunales en la comunidad Zopoco, municipio de Chilchota, donde definirán si aceptan que se instalen casillas para las elecciones de junio entrante.