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Conocidos los resultados del caso Ayotzinapa, se envía a Guerrero a las fuerzas armadas
Advierte Osorio que no se tolerará más violencia de ‘‘grupos radicales’’
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Viernes 30 de enero de 2015, p. 9
Ocoyoacac, estado de México.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reveló a senadores del PRI que una vez que la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer los resultados de la investigación en torno a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno federal envió a Guerrero al Ejército, la Marina y la Policía Federal, porque no se van a tolerar más hechos violentos protagonizados por ‘‘grupos radicales’’.
Recalcó que no habrá más casetas o carreteras bloqueadas. ‘‘Vamos a actuar con toda decisión y firmeza para hacer respetar el estado de derecho’’.
Durante un encuentro de carácter privado con los legisladores priístas –cuyo contenido se difundió por la noche–, Osorio insistió en que no van a tolerar que grupos ‘‘reconocidos por radicales desde hace mucho tiempo en Guerrero, sigan aprovechando la tragedia de Ayotzinapa para movilizarse y cometer excesos como la quema de vehículos y de instalaciones’’.
Osorio Chong dijo que a la par que el procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer los resultados de la investigación, que arrojó que los 43 normalistas desaparecidos fueron muertos e incinerados, el gobierno federal mandó a Guerrero ‘‘tantos elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal como ustedes pueden pensar’’.
El titular de Gobernación sostuvo que los grupos violentos en Guerrero actuaron con el ánimo de acusar luego al gobierno federal de represor. ‘‘Hoy, corriendo el mismo riesgo, quiero decirles que no habremos de dejar de hacer lo que nos toca, corresponde y tiene obligación el Estado mexicano’’. Anticipó que vienen ‘‘momentos nuevamente complejos’’ y el proceso electoral será difícil.
En entrevista, el funcionario sostuvo que habrá elecciones en Guerrero el mes de junio, pese a los planteamientos en contra de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Resaltó que el gobierno federal ha actuado con prudencia, pero no puede aceptar que ‘‘bajo ninguna bandera se lastimen los derechos de otros, como la libertad de elegir a sus gobernantes’’.
Agregó que en el gobierno federal siguen en el ánimo de dialogar con los familiares de los normalistas desaparecidos, ‘‘pero hay un mandato constitucional que no opone al diálogo la posibilidad de que haya elecciones en Guerrero’’.
En entrevista colectiva, luego de participar en la reunión plenaria de los senadores del PRI, que se lleva a cabo en la Hacienda del Parián, en esta localidad, dijo que esos grupos ‘‘están más que identificados’’ y, más allá de lo que haga el gobierno del estado, se actuará con toda firmeza para hacer lo que corresponde, como es dejar libres las carreteras y evitar hechos violentos.
Sobre la determinación de los familiares de los 43, de no reconocer los resultados de la investigación realizada por la PGR, en los que sostiene que los 43 normalistas fueron incinerados, el funcionario dijo que están en su derecho de hacer este tipo de expresiones, pero a sus abogados y a ellos mismos se les ha presentado toda la información.
Lo que anunció el pasado martes el procurador Jesús Murillo Karam ‘‘es una verdad que debemos todos de entender’’, recalcó el secretario de Gobernación.
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Desde la UNAM exigen a las autoridades agotar las líneas de investigación
Familiares de los normalistas desaparecidos realizan foros para rechazar el carpetazo
Emir Olivares Alonso y Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Viernes 30 de enero de 2015, p. 12
Profesores y estudiantes universitarios, activistas, miembros de organizaciones sociales y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre, rechazaron el informe de la Procuraduría General de la República (PGR) que sostiene que los estudiantes fueron asesinados e incinerados.
Durante el primer Foro sobre la Violencia y el Estado, organizado por profesores de la Facultad de Filosofía y Letras (FFL) de la UNAM, se dio a conocer un pronunciamiento que enfatiza que el gobierno de Enrique Peña Nieto “tiene la obligación y la responsabilidad constitucional de proseguir todas las líneas de investigación” de estos hechos, pues “es evidente que éstas no se han agotado”.
En el documento, que fue firmado por decenas de asistentes al acto, subraya que la aseveración del procurador Jesús Murillo Karam “viola abiertamente los derechos procesales y humanos de las víctimas (…) Desgraciadamente advertimos que en este informe de la PGR y en las actuaciones y declaraciones del gobierno mexicano se profundiza una abierta estrategia al olvido forzado de los crímenes de Iguala, Guerrero”.
En el foro, que se efectuó ayer en el Aula Magna de la FFL, espacio que fue insuficiente para la cantidad de personas que acudieron, participó Érika de la Cruz, esposa del normalista desaparecido Adán Abraján de la Cruz. Recordó que la posición de los familiares de las víctimas es impedir las elecciones en el estado.
“No entiendo por qué (el gobierno federal) se preocupa más por una elección que por una vida. Cuando nos reunimos con Enrique Peña Nieto en Los Pinos le preguntamos: ‘¿Cuánto vale la vida de tu hijo?’ No respondió. Entonces por qué intentaron ponerle precio a la vida de los nuestros”.
Agregó que los familiares no descansarán hasta conocer la verdad, “porque la versión del procurador es un cuento”.
También se dio la participación de representantes de Cherán, Michoacán. Salvador Sánchez, habitante de esa comunidad purépecha, señaló que en su pueblo también hay personas desaparecidas y ejecutadas, debido a la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad.
Lorenzo Meyer, investigador de El Colegio de México, planteó que desde la perspectiva histórica toda verdad es relativa. “No hay verdad histórica, no sé por qué el procurador usó ese concepto. Nadie puede saber exactamente qué pasó (en Iguala)”. Este caso, dijo, ha puesto en duda la credibilidad de la administración federal.
En tanto, cientos de ciudadanos residentes en la delegación Xochimilco, integrantes de organizaciones civiles, junto con familiares de los estudiantes, exigieron justicia y repudiaron la versión del gobierno federal respecto a que los estudiantes fueron asesinados y calcinados.
Integrantes de la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, familiares del normalista Adán Abraján de la Cruz, así como Jorge Montemayor Aldrete, investigador del Instituto de Física de la UNAM, insistieron en que el gobierno busca dar carpetazo a este caso debido a la cercanía de los comicios de junio próximo.
Desde las 14 horas en el centro de Xochimilco organizaron un foro, en el cual Montemayor precisó que la versión de que los normalistas fueron calcinados en el basurero de Cocula no se sostiene científicamente. Precisó a La Jornada que para quemar a 43 personas debieron haber utilizado por lo menos mil llantas y agregó que tras la quema habrían quedado algunos desechos, como alambres.
Érika de la Cruz Pascual anunció que próximamente familiares de los estudiantes irán a la sede de la ONU, en Estados Unidos, y también a Alemania para denunciar lo que ocurre en México.
Más tarde, desde la glorieta de Vaqueritos, los inconformes marcharon hacia el Centro Deportivo Xochimilco, en donde realizaron un mitin.
Pasadas las 17 horas iniciaron una marcha por prolongación División del Norte hacia el deportivo Xochimilco.
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Operativo del Ejército y PF en Michoacán
Detienen a ex jefe de autodefensas
Ernesto Martínez Elorriaga
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 30 de enero de 2015, p. 22
Morelia, Mich.
Fuerzas federales detuvieron este jueves a Federico Lico Villegas García, presidente del consejo ciudadano de autodefensa de Antúnez, municipio de Parácuaro, así como a sus escoltas Emanuel Martín Gutiérrez Rojas, La Rana, y Luis Alberto Tapia, La Puerca, informaron fuentes de la Policía Federal. Al cierre de esta edición, Villegas García declaraba en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR).
Los informantes sostuvieron que ayer, aproximadamente a la una de la mañana, un convoy de militares y policías federales dispusieron un operativo en la comunidad Antúnez. Aunque no hay una versión oficial de por qué fue detenido, aparentemente había una orden de arresto en contra de Federico Lico Villegas por delitos relacionados con el crimen organizado, ya que los tres arrestados eran conocidos como “arrepentidos”, que después de haber pertenecido al cártel de Los caballeros templarios se integraron a los grupos de autodefensa, de manera particular al grupo que encabezó Estanislao Beltrán, conocido como Papá Pitufo.
Habitantes de Antúnez, población ubicada entre Apatzingán y Nueva Italia, intentaron impedir que el convoy saliera, y para ello bloquearon el camino de acceso con dos vehículos que fueron retirados por camiones blindados militares.
La gente insistió en demandar la liberación de los ex autodefensas, y bloqueó los cuatro carriles de la carretera Apatzingán-Nueva Italia a la altura de Antúnez. En tanto, empresas transportistas suspendieron las corridas a esa región de Tierra Caliente que comunica a municipios como Aguililla, Buenavista, Coalcomán y Chinicuila, entre otros.
Los manifestantes amenazaron con extender los bloqueos a otros municipios como Tancítaro, Buena Vista y Uruapan, si no liberaban a sus compañeros. A las 16:30 horas abandonaron la vía, y aseguraron que habían llegado a un acuerdo “con el gobierno”.
En este contexto, el nuevo responsable de combatir a la delincuencia organizada en Michoacán, el general Felipe Gurrola Ramírez, continúa con el operativo que encabeza desde el lunes pasado por las regiones de Tierra Caliente, Sierra y Costa, para desarmar a grupos de autodefensas y delincuentes.
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Impulsarán innovación administrativa pública en América del Norte
De la Redacción
Periódico La Jornada
Viernes 30 de enero de 2015, p. 17
La coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República y la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública son anfitriones del North American Day 2015, que concluirá este viernes. El propósito es promover acciones y actividades de cooperación a fin de impulsar la digitalización e innovación administrativa de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá.