Bolivia: Desconstitución de la Constitución

Desconstitución de la Constitución
Raúl Prada Alcoreza, ex viceministro de Planificación estratégica de Evo Morales
Bolpress

El gobierno progresista tiene premura por llamar a un referéndum para hacer reformas a la flamante Constitución. Incluso puede intentar hacerlo sin necesidad del referéndum, contando con la mayoría del Congreso. Ya hizo revisar antes por el Congreso la Constitución aprobada en Oruro por la Asamblea Constituyente; el poder constituido se impuso al poder constituyente. ¿Por qué esa premura? La llamada oposición, que no es más que fragmentos dispersos de una “clase media” acomodada, temerosa de un gobierno, al que lo asemeja a sus fantasmas del “terror comunista”, tiene una idea pedestre de esta reforma constitucional. Nada menos parecido al comunismo, incluso a los socialismos reales, son estos gobiernos progresistas de Sur América. Sin embargo, como los fantasmas pueden más que la papable realidad, esta “derecha” cree que se lo hace para prolongar indefinidamente la re-elección de Evo Morales Ayma. La “derecha” cree que la política se reduce a eso, al conflicto legal entre re-elección y Constitución, reduciendo, a la vez, la Constitución a los límites de la norma, que garantiza la división de poderes. Está muy lejos de entender esta “derecha” que lo que está en juego es mucho más que su prosaica idea de la política.

Si bien la Constitución es la norma marco, el marco de todas las normas, en este sentido, débil por sí mima para exigir su cumplimiento, de todas maneras, en la medida que está ahí, que aparece como principio categórico, afecta a la legitimidad del poder, cuando el poder no cumple con la Constitución. La “derecha” no se da cuenta que el gobierno progresista, al que teme, hace precisamente lo que haría una “derecha” en el poder, desmantelar la Constitución, emergida de las insurrecciones populares. Lo que se juega en esto no es si Evo Morales continúa de candidato, aunque puedan creerlo también sus partidarios, sino si se va mantener la esperanza de transformaciones estructurales e institucionales, inscritas en la Constitución.

Después del conflicto del TIPNIS, el gobierno sabe que la Constitución es una camisa de fuerzas en relación a su proyecto extractivista expansivo. Aunque haya hecho propaganda compulsivamente para acallar las contradicciones, incluso para ocultar el sentido de traición a la patria de su Ley Minera, sabe que no es suficiente la propaganda y la bulla discursiva. Requiere de una Constitución que garantice la inversión privada extranjera, requiere atraer a las empresas trasnacionales y al sistema financiero internacional. Como se puede ver, la distancia entre la “derecha” y el gobierno progresista no es tan grande como para temer una revolución. Mas bien, la distancia es enorme entre la práctica gubernamental y la estructura constitucional.

Entonces el gobierno progresista requiere desmantelar la Constitución descolonizadora para poder seguir emitiendo su demagogia “descolonizadora”, sin riesgos de evidenciar contradicciones. A pesar de que el símbolo central del poder sigue convocando, claro con mucho menos entusiasmo, como ocurría al principio, pues hay desencanto, no es suficiente este carisma, todavía latente, aunque debilitado y carcomido por dentro. Si la Constitución expresa, en forma de texto normativo fundacional, las voluntades de las multitudes insurrectas, la voluntad del poder requiere expresarse por sobre las voluntades de las multitudes. Sobre todo cuando se trata de la voluntad centralizada en el símbolo, administrada por una jerarquía política. En el imaginario burocrático, la “revolución”, se llame esta democrática y cultural, está encarnada en el jefe; pero, también en los jerarcas, que se consideran servidores. La “revolución” ya no pertenece a las multitudes. Pero, ¿cuál es la voluntad del símbolo, cuál es la voluntad de la jerarquía, que sostiene el mito del símbolo?

Para decirlo filosóficamente, la voluntad del poder es la voluntad de dominio. Pero, ¿dominio de quién? ¿De la jerarquía, del símbolo central? ¿De la burguesía recompuesta y de los nuevos ricos? ¿Del sistema financiero internacional y de las empresas trasnacionales del extractivismo? Esta es la pregunta. ¿O se trata de un dominio que se reparte como tajadas, las tajadas mayores a los más poderosos, las tajadas menores, a los menos poderosos? ¿Quién quiere que se cambie la Constitución?

El gobierno ha hecho circular otro argumento; ha dicho que se requiere modificar lo que tiene que ver con el Órgano Judicial, que el problema de la corrupción de la justicia no se ha resuelto con la elección de magistrados, como manda la Constitución. La pregunta es: ¿la corrupción legendaria de la justicia se va a resolver con la reforma constitucional del régimen jurídico? Como quien dice, mientras no se ataque a las causas del mal, se gastan esfuerzos perdiéndose en las ramas de un árbol otoñal. La “derecha” dice que mientras no se respete la institucionalidad, la división de poderes, la justica va a seguir obedeciendo al ejecutivo, distorsionando sus funciones. Aunque este argumento sea más fuerte, más convincente, sobre todo porque se basa en pre-juicios republicanos, la historia de los estados ha mostrado que con división de poderes o sin esta división, la corrupción no deja de campear en los espacios de despliegue del poder. Puede que con la división de poderes se amortigüe la corrosión y la corrupción, dando lugar a la independencia del poder judicial; sin embargo, el problema de fondo no radica aquí. Poder y corrupción responden a dos genealogías entrelazadas.

No se puede decir que lo que ha fallado es el procedimiento de elección de magistrados, puesto que este procedimiento, en realidad, ha sido abortado por el propio partido oficialista, al nombrar a dedo a los candidatos y al imponerlos, a pesar de haber perdido las elecciones, cuando ganó la inclinación que anulaba la legalidad y legitimidad de las elecciones de magistrados. El que ha fallado es el gobierno mismo, también el Congreso, que prefirieron efectuar juegos de poder explícitos, a esmerarse en que el procedimiento electoral muestre todos sus alcances.

Ciertamente, esto no lo van a reconocer ni los gobernantes, ni la jerarquía, menos la masa de aduladores, así como los celosos apologistas. Para ellos se trata de contingencias, de daños colaterales. De ninguna manera de errores o de imposiciones. Ahora, estos mismos que han impuesto a magistrados que perdieron ante la votación por el nulo, son los que piden reforma constitucional, para modificar el régimen jurídico. Obviamente, tampoco se van a inmutar ante estas insoslayables contradicciones.

No sabemos cuántos creen en estos argumentos, tampoco exactamente quiénes; empero, tampoco se trata de este tema. No se cambia una Constitución para hacer reformas en el régimen jurídico. Se apunta a desmantelar la Constitución, pues sigue siendo la expresión de la movilización prolongada. El poder, es decir, el Estado-nación, que se hace llamar Estado Plurinacional, no puede aceptar la condición plurinacional, la condición comunitaria y la condición autonómica, como bases de la transición estatal. Tampoco puede aceptar el ejercicio de la democracia participativa, pluralista, directa, comunitaria y representativa. Menos puede aceptar el autogobierno, la libre determinación, la territorialidad, la gestión propia, las instituciones propias, además de las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas. El Estado-nación subalterno, miembro del orden mundial, no puede aceptar restricciones al capital internacional, a la inversión, en la extracción de recursos naturales, digan lo que digan los indulgentes intérpretes y defensores del Estado-nación.

Las insurrecciones populares y la movilización prolongada han abierto el proceso constituyente; sin embargo, no son las que lo han dirigido. Los que han dirigido el proceso constituyente son representantes elegidos. La representación política, institucional, en la formalidad de la democracia como orden, no expresa las voluntades de las multitudes, sino que hace de mediación entre las estructuras del poder afincadas y las masas sublevadas, que después de la tormenta, se calman y terminan conformándose. Los representantes no representan a sus electores, aunque estos los hayan elegido, sino que representan un papel teatral en la comedia del poder, que acompaña al drama del poder, ejercido con las múltiples violencias que descarga el Estado.

La ilusión de parte de las mayorías de que tienen representantes se paga caro. Cuando quieren reaccionar ya es tarde. El haberles otorgado el poder de representar, también de decidir, convierte a los representantes en engranajes de juegos de poder, que se dan en los bordes del Estado y en los perímetros de las sociedades. Llama la atención que esto acontezca en procesos políticos que apostaron por la descolonización, la condición plurinacional, la democracia participativa, sobre todo convirtieron al valor del vivir bien en el plano transversal ético de ese ideal, el Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico.

El recurrente tiempo de las cosas pequeñas

En Réquiem para una República, Sergio Almaraz Paz decía que el gobierno del MNR, de los doce años de la revolución nacional, sobre todo la última etapa, era elocuente en manifestar el tiempo de las cosas pequeñas. Retrocedían ante la presión de los norteamericanos en lo que respecta a la defensa del petróleo, para preservar la defensa de los minerales. Esta era su estrategia ilusoria, pues al efectuarla, no se daban cuenta que, en la secuencia terminaban retrocediendo en todo, aunque de una manera diferida. No se dieron cuenta, que a partir de un determinado momento, al cruzar un límite, ya están del otro lado de la vereda enfrentando a su pueblo. Esto también le pasó al MAS; cruzaron el límite cuando se desbordó el conflicto del “gasolinazo” y, después el conflicto del TIPNIS.

La Ley Minera es un retroceso completo; desde la perspectiva de la Constitución es una traición a la patria. ¿Acaso tiene que sorprendernos que quieran desmantelar la Constitución? Ya lo han hecho, en parte, al efectuar el desarrollo legislativo como continuidad del anterior régimen constitucional, al incumplir con la Constitución vigente. Sin embargo, requieren ir más lejos; tienen que borrar lo escrito al calor de las luchas y defensa del proceso constituyente. La palabra de los patriarcas tiene que plasmarse; la Constitución del poder no es la Constitución emergida de la movilización, sino es la Constitución de la estática, de la inmovilización. Todo recuerdo a la soberanía popular debe ser olvidado; en todo caso, la soberanía es del soberano, no de los insurrectos. Esto ha pasado con todas las Constituciones; después del entusiasmo, cuando se impone el realismo político, toda huella del fuego de las batallas tiene que ser borrada.

¿Cómo acontece este retroceso? Ya se conoce nuestra posición al respecto; descartamos la teoría de la conspiración, en todas sus versiones, incluyendo la versión pedestre que atribuye el retroceso a la traición. La salida de la teoría de la conspiración es simple; se encuentra culpables. De esta manera todo está resuelto, no hay que esforzarse por explicar estructuras, aparatos, maquinarias del poder. Esta traición puede habérsela enunciado con anticipación, como una premonición teórica, o puede emerger en el lapso de las contradicciones. La traición aparece como consecuencia de los límites de clase, en un caso, o como efecto de contradicciones insuperables, en el otro caso.

Al descartar estas tesis que nos parecen ingenuas, por más que algunas versiones se esfuercen por hilar tramas, incluso acudan a fuentes objetivas, estamos obligados a dar cuenta de la mecánica de las fuerzas, inherente a estos eventos políticos.

Es probable que ocurra como en el tiempo de las cosas pequeñas, que se crea que se pulsea, que se defiende algunos tópicos, en tanto se cede en otros. Sin embargo, lo que interesa no es tanto la psicología de los pragmáticos, sino la secuencia de los escenarios que los embarcan al naufragio. Sobre todo interesa entrever las tramas que los empujan a la decadencia.

En un escrito anterior sugerimos concebir mapas de redes, de entramados, de conexiones y vínculos que atraviesan a las instituciones del Estado[1]. Sobre todo para entender el juego de las estructuras de poder. También dijimos que el Estado-nación subalterno no deja de pertenecer al orden mundial, a pesar de sus contradicciones con los centros del sistema-mundo capitalista; que el Estado-nación es el administrador de la transferencia de recursos naturales, de las periferias a los centros, ya sea en mejores condiciones, cambiando los términos de intercambio, o en peores condiciones, manifestando comportamientos subalternos. Estos mapas de redes, de entramados, de conexiones y vínculos nos muestran la interpenetración entre estructuras de poder, donde estructuras de poder a escala regional, a escala mundial, son capaces de usar estructuras de poderes locales y nacionales, para ejercer poder; es decir, para efectuar dominaciones. El mundo contemporáneo no sólo está globalizado, como dicen los analistas, sino que sus mallas institucionales, sus mapas estructurales, están interpenetrados. ¿En qué queda la soberanía?

Para que la soberanía deje de ser una declaración discursiva, un valor en la “ideología”, para que sea efectiva, es menester deconstruir esta maraña de redes, de entramados, de vínculos entre estructuras de poderes locales, nacionales, regionales y mundiales. Si no se lo hace, el efecto de incidencia de las estructuras de poder mundial y regional es devastador respecto a la soberanía, por más discurso antiimperialista se despliegue. Una nacionalización no es suficiente para garantizar la soberanía nacional, pues la recuperación de los recursos naturales, la conformación de una empresa estatal, se encuentra todavía atrapada en la telaraña de poderes imbricados. Una nacionalización puede terminar formando parte de los mapas de dominio de las empresas trasnacionales; lo único que habría cambiado son los términos de intercambio. Una nacionalización puede culminar desnacionalizada, precisamente por no salir de la telaraña del poder.

¿Dónde se puede observar la incidencia del poder mundial y regional? En la conducta de los gobernantes. Sobre todo cuando justifican “nacionalizaciones” que terminan siendo compra de acciones, cuando justifican firmar contratos de operaciones sin esperar las auditorias, cuando entregan el control técnico de la explotación a las empresas trasnacionales, contentándose con recibir, como buenos rentistas, los beneficios de los términos de intercambio mejorados. Cuando sacan una Ley Minera, que es una traición a la patria, presentándola como la mejor ley minera de la historia. Cuando buscan desmantelar la Constitución por medio de una reforma constitucional. Cuando estas conductas se dan, no solo expresan el pragmatismo y el realismo político, sino complicidades con las estructuras de poderes regionales y mundiales.—

[1] Ver de Raúl Prada Alcoreza Cartografías histórico-políticas. Dinámicas moleculares; La Paz 2014. Amazon: https://kdp.amazon.com/dashboard?ref_=kdp_RP_PUB_savepub. También http://issuu.com/raulpradaalcoreza/stacks.