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Amenaza y chantaje como instrumento político
Arturo D. Villanueva Imaña (*)
La amenaza y el chantaje es el arma preferida del abusivo, del matón, del prepotente, del bravucón. Generalmente es una señal clara de la ausencia o el agotamiento de ideas y razones, porque es bien sabido que quien amenaza, es porque no tiene argumentos, ni mucho menos razón, y entonces no le queda otra alternativa.
En el ámbito de la política nacional, una de las amenazas más conocidas -como temibles- por el origen y el carácter del gobierno de ese entonces, representada por su ministro del Interior Luis Arce Gómez; es aquella por la que se disponía (“taxativamente y sin ninguna posibilidad de perdón”), que todo boliviano “debía andar con el testamento bajo el brazo”, si el gobierno de García Meza lo identificaba como subversivo, sindicalista o activista.
En la cotidianidad de la vida ciudadana -todos sabemos-, también pueden darse innumerables ejemplos que provocarían el mismo tipo de reacción: son inadmisibles. Entonces preguntamos por qué, siendo que provoca un rechazo casi instintivo y generalizado, resulta ser un mecanismo más frecuente y común de lo que podríamos desear?.
También pueden ejercitarse diversas respuestas, pero en este artículo intentaré explorar algunas razones y consecuencias sobre lo dicho por el Presidente Evo Morales y ratificado por el Vicepresidente García Linera, en sentido de que el gobierno no trabajará y no se realizarán obras con los gobiernos municipales y departamentales donde haya ganado la oposición. Una amenaza muy clara que contrasta diametralmente con el llamado que hizo a esa misma oposición “para trabajar por Bolivia”, a tiempo de conocer su triunfo en las elecciones nacionales.
Es posible imaginar (u otros desearían), que se trata de una manifestación del miedo, la incertidumbre o la inseguridad de que los candidatos oficialistas (o al menos algunos), no tengan opciones de ganar las elecciones subnacionales. Sin embargo, parece más plausible pensar que lo que trata de hacer el Presidente, es polarizar a la ciudadanía y el electorado nacional, en el afán de anular y ocultar las debilidades y limitaciones de los candidatos oficialistas, que evidentemente no tienen el carisma, ni tampoco el respaldo que goza el Presidente Evo Morales. Utiliza la amenaza para polarizar al electorado y convertir ésta en una herramienta para el triunfo electoral.
Al plantear un dilema de este tipo, además está acudiendo a aquel rechazo espontáneo que se ha instalado en el imaginario público, que no quiere saber y rechaza cualquier posibilidad de retornar a prácticas y posiciones derechistas, neoliberales y opositoras del pasado. Es decir, intenta desplazar y sustituir las inocultables falencias, sindicaciones e inclusive rechazos internos que los mismos candidatos oficialistas han provocado en el electorado y las propias organizaciones sociales afines.
Por otra parte, lo que no parece haberse tomado en cuenta, es que la polarización del país ha sido el arma preferida de la derecha reaccionaria para dividir el país. Y cuando el gobierno amenaza “no trabajar ni realizar obras” con gobiernos departamentales y municipales que no sean afines al oficialismo, no solo chantajea, está anunciando que solo gobernará una parte del país. Lo está dividiendo.
Además, el chantaje y la amenaza (que viene a ser lo mismo que la coerción), es inconstitucional. Pero el Organo Electoral Plurinacional, por medio de su vicepresidente, se excusa de actuar, arguyendo que no existe una denuncia y no puede actuar de oficio. Se trata de un muy flaco favor a la democracia, la institucionalidad y sus propias competencias y obligaciones electorales.
Finalmente, cuando el gobierno se pronuncia en ese sentido, en realidad amenaza con gobernar con una parte del país; la que esté dispuesta a someterse a sus designios, la que esté dispuesta a embargar sus autonomías en favor de un centralismo secante, sectario y excluyente. Hasta que ello suceda, solo nos queda pues, la palabra.