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Cumbre agropecuaria: Anticonstitucional, regresiva y restauradora
Arturo D. Villanueva Imaña
Al mismo tiempo de finalizar el día Mundial de la Madre Tierra, también concluía en la ciudad de Santa Cruz (con las palabras de clausura del Vicepresidente García Linera), la Cumbre Nacional Agropecuaria. Luego de las sucesivas postergaciones que tuvo para realizarse, y muy a pesar de la importancia estratégica para el desarrollo y el futuro nacional de los temas abordados, éstos no solo fueron tratados a puertas cerradas (como ocultando un tema vital para todos), sino que extrañamente también pasaron a segundo plano, porque noticiosamente fueron abordados con un bajo perfil.
Sorpresa fue la primera reacción que despertó en la ciudadanía, al conocerse que tras un inusitado e intenso despliegue de presiones y declaraciones oficiales a favor de la introducción de transgénicos en la producción agrícola, se haya decidido finalmente postergar su tratamiento. Es decir, sólo se establecía una pausa momentánea para continuar con la gran campaña emprendida por los empresarios agroindustriales del Oriente.
En consideración a la trascendencia de los acuerdos alcanzados, el presente trabajo busca destacar y ahondar algunos de sus aspectos medulares, cuyo tratamiento parece también haber pasado desapercibido.
1. La Cumbre como mecanismo de sometimiento a los intereses agroempresariales y la restauración oligárquica.-
La Cumbre Agropecuaria no constituye un hecho puntual y aislado. Es el resultado de un largo proceso de negociaciones, concesiones e incentivos, que el gobierno nacional y los empresarios agroindustriales del Oriente concretaron desde hace varios años. No es desconocido que paulatinamente dichas tratativas se fueron traduciendo en diversas leyes, disposiciones y medidas que los favorecieron expresa y preferencialmente (inclusive llegando al extremo de legalizar lo ilegal, o penalizar y criminalizar derechos de expresión, manifestación y protesta), pero que además tiene la pretensión de otorgar un carácter de mandato a los “acuerdos” alcanzados, en la perspectiva de legitimar y llevar adelante la denominada Agenda (anti) Patriótica al 2025, que se distingue por su carácter desarrollista y extractivista. Por tanto, solo viene a ser un capítulo más de una serie de “cumbres” previstas para perfilar el accionar gubernamental en el próximo quinquenio.
Conocidas las conclusiones del evento, la opinión pública llegó a la certeza y pudo constatar dos hechos sorprendentes. Primero, que el gobierno se había dado a la tarea de organizar y llevar adelante semejante acontecimiento, nada menos que con el criterio de efectuar una modificación constitucional y normativa de facto (¡ilegal!), al margen del Congreso Plurinacional, para aprobar la introducción de transgénicos en la producción agrícola (hecho que es prohibido expresamente por la Constitución Política del Estado y varias leyes en vigencia, que se aprobaron en la perspectiva de construir un paradigma alternativo de desarrollo, basado en una relación armoniosa con la naturaleza). Segundo, que toda la Cumbre había sido ideada para ponerse al servicio y formalizar todas las medidas posibles e imaginables, en favor de los intereses de la oligarquía agroempresarial.
Bajo el argumento falaz de la urgente necesidad de incrementar la productividad agropecuaria, ampliar la frontera agrícola y elevar sustancialmente los índices del crecimiento económico para un supuesto beneficio del país, y sabiendo que ello podía ayudar a convencer a una población escéptica y reticente a los transgénicos, el gobierno se esmeró y se ufana de haber alcanzado acuerdos y las grandes concesiones que se otorgaron en ese nombre del crecimiento económico, pero que efectivamente favorecen un sector específico y minoritario.
En realidad, lo único que verdaderamente se buscaba, era incrementar el lucro, la ganancia y el excedente para una oligarquía agroempresarial cipaya (que a su turno no tiene ni se le ocurre mejor iniciativa que defender y someterse a los intereses de transnacionales de transgénicos, que al margen de ampliar sus exorbitantes beneficios y su red de influencia, intentan adueñarse del sistema productivo y las tierras del país).
Al efecto, se tiene el mayor cuidado para omitir y evitar cualquier referencia a que dichos acuerdos solo beneficiarán a ese pequeño grupo dominante, pero cuyo correlato se traducirá en los enormes daños y efectos socio ambientales, pérdida de bosques y biodiversidad, acaparamiento de tierras en pocas manos, pérdida de soberanía nacional y alimentaria, e inclusive exterminio del campesinado.
La sociedad sabe que los empresarios agroindustriales han salido con su gusto. Sin embargo, lo que no parece percibirse con la misma claridad, es que no solo han logrado enormes ventajas, beneficios y concesiones económicas; sino que han logrado imponer su voluntad y el modelo de desarrollo agropecuario antinacional y contraecológico. Es decir, que detentando aquel poder económico tradicional que caracterizó su dominio, ahora el gobierno decide devolverle el poder político perdido, que se supone había sido derrotado material e ideológicamente el año 2008. Aquella oligarquía terrateniente, reaccionaria e incapaz de desarrollar su sector por sus propios medios e iniciativa, vuelve nuevamente a adquirir un protagonismo inmerecido, nada menos que con la ayuda (cuando no), de aquel Estado nacional que quiso despedazar.
No estaban en juego únicamente la concesión de unas pocas granjerías; el gobierno y los empresarios agroindustriales habían apostado a sellar una alianza para redefinir el modelo de desarrollo agropecuario (casi con el mismo formato que se hizo con cooperativistas y empresarios mineros para aprobar la ley minera, entreguista y antinacional).
2. Implicaciones en el modelo de desarrollo agropecuario nacional.
Las implicaciones de aquella situación no son menores, porque insensiblemente han llevado el debate a un lugar totalmente insólito. Sucede que el modelo de producción biotecnológica alternativa (o agroecológica social comunitaria), que efectivamente garantizarían la seguridad y la soberanía alimentaria y nacional, han quedado totalmente relegados y prácticamente descartados, para destinar toda la atención y el esfuerzo estatal, en el modelo de expansión extensiva de la frontera agropecuaria y el incremento de la productividad y los rendimientos a toda costa, cuyo principal beneficiario, impulsor y defensor, es el sector agroindustrial del Oriente (que no descansará por imponer la ingeniería genética y la introducción de transgénicos).
Se trata de un panorama sombrío, porque estamos hablando de cientos de miles y millones de hectáreas anuales de tierras, bosques y biodiversidad que serán quemadas y chaqueadas, para destinarlas a la siembra de monocultivos extensivos, solo para alardear que los índices de crecimiento económico han mejorado, o se ha diversificado la exportación de productos; mientras el país seguirá importando los alimentos de consumo cotidiano y popular, y se habrá cerrado toda posibilidad de construir y desarrollar un modelo alternativo de desarrollo biotecnológico en armonía con la Madre Tierra. No otra cosa demuestra por ejemplo la decisión de ampliar la superficie objeto de desmonte de 5 a 20 Ha., la ampliación de plazo para la verificación de la FES (que está amarrada a la obligación de invertir y realizar obras), o la de extender por 18 meses adicionales la ley 337 que legaliza y otorga un perdonazo a la ilegal quema y chaqueo de bosques y biodiversidad, cuyo plazo ya había concluido a inicios del presente año.
Aún más, estas conclusiones acordadas a instancias del gobierno y la presión agroempresarial, echan por tierra los preceptos y conquistas establecidos en la ley de derechos de la Madre Tierra, así como a todos los derechos y garantías constitucionales sostenidos con relación al medio ambiente y al paradigma del Vivir Bien en armonía con la naturaleza. Se anteponen los agronegocios y el beneficio económico para un sector tradicionalmente antinacional, al mismo tiempo que se desprecia y desecha todo el esfuerzo y contribución históricas de selección, mejoramiento y resguardo de la variedad de alimentos y semillas que los productores campesinos e indígenas han aportado a la mesa y los hogares del país y el mundo.
Quienes verdaderamente comparten su producción, alimentan a la población y luchan contra el hambre y la pobreza ofreciendo el fruto de su esfuerzo (hasta el punto de subvencionar y vender por debajo de su costo y trabajo invertidos), son tratados como sujetos indeseables, que primero deben demostrar que su producción es mejor que la transgénica, siendo que ésta última no solo es resultado de la manipulación genética de diferentes especies que alteran su naturaleza, sino que forman parte de una cadena de agrotóxicos, probadamente nocivos para la salud y la vida. Y por si esto no fuese suficiente, la Cumbre hizo caso omiso y no realizó la más mínima referencia a los pronunciamientos públicos de la CSUTCB, la Conamaq orgánica y de otras importantes organizaciones sociales e instituciones que se pronunciaron en contra y plantearon alternativas.
3. La persistencia colonial y otras aristas no menos importantes.
La pretensión de imponer a espaldas de la Constitución, de la normativa y el pueblo, la introducción de transgénicos en la producción agrícola del país, contiene además un sustrato y una carga colonial. Sucede que tal criterio responde a una idea impuesta, inoculada sutil o expresamente en la mente y la actitud del sometido, por la cual éste piensa y termina sosteniendo los argumentos del referente o el patrón colonial.
De esa manera se instala el convencimiento que todo lo que proviene de aquel patrón colonial, en este caso la tecnología de la ingeniería genética de los transgénicos, es la mejor y la única forma de resolver los problemas de rendimiento y productividad, pero que además contrae supuestos beneficios para el sujeto colonizado que defiende y sostiene dichos argumentos. Por eso mismo, sometido y enajenado como está, no tiene y/o pierde toda capacidad y voluntad para generar alguna iniciativa que no responda a su dependencia del patrón colonial. Esta es la razón por la que desprecian y desechan toda otra alternativa que no provenga de su mandante y referente, pero principalmente si surge de aquel álter ego al que excluye, discrimina y odia, generalmente personificado en los indígenas, campesinos y sectores populares que permanentemente le interpelan.
No es casual entonces que ni siquiera exista la más mínima predisposición para escuchar y debatir otros modelos tecnológicos. Sobre todo y especialmente, el de la biotecnología alternativa y agroecológica, que efectivamente constituye el mejor modelo para garantizar seguridad y soberanía alimentaria y nacional.
Al respecto, sea oportuno mencionar aquella infortunada idea por la cual, dada la encrucijada planteada por el gobierno y los empresarios agroindustriales para introducir transgénicos, se plantee que la opción sería “desarrollar una ingeniería genética propia en función de los intereses nacionales”. Es decir, que la manipulación genética que provoca la mutación de organismos y que genera toda la discusión acerca de los daños y males que contrae, sólo serían malos si están en otras manos, pero NO si lo hace el país (¿?!!). Es por decir menos, una curiosa forma de ver las cosas, porque equivaldría a sostener por ejemplo, que si roban o destruyen otros es malo, pero si lo hacemos nosotros, no.
Bajo esta misma lógica de razonamiento, habría que concluir (contra el más elemental sentido común) que la energía atómica y el desarrollo de centrales atómicas que postula desarrollar el gobierno, no contraerán todos los gravísimos y nefastos efectos causados y conocidos en otros países (por lo demás alta y tecnológicamente muy desarrollados), porque sencillamente lo haríamos en nuestro territorio y bajo nuestros intereses (¿?). La respuesta es rotunda y no amerita mayores comentarios.
Finalmente, dado que la idea de introducir transgénicos no ha sido desechada como corresponde, sino que ha sido postergada sin fecha, ello contribuye a que puedan desencadenarse (sin ningún control) diverso tipo de iniciativas (como la de introducir transgénicos en forma regionalizada, de acuerdo a lo dicho por la propia Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, que ha venido jugando el más vil de los roles). Sin embargo, dado que se trata de una decisión ya establecida en la Constitución y normada en diversas leyes y otras disposiciones vigentes, debe quedar claro que cualquier iniciativa en contrario de lo dispuesto, es totalmente ilegal e inconstitucional.
Es más, dado que introducir transgénicos supone embargar y enajenar el control de las semillas y la responsabilidad de realizar, controlar y administrar la producción de alimentos de la nación, para ceder esta potestad en favor de intereses transnacionales; entonces no solo se estaría perdiendo la capacidad soberana para garantizar el derecho a la alimentación del pueblo, sino la propia soberanía nacional. Es decir y como ya fue señalado en otro trabajo /, se trataría de un acto de traición a la Patria, puesto que en el afán de concretar buenos agronegocios e incrementar mayores ingresos económicos, no reparan siquiera en el hecho de que este encaprichamiento por incorporar transgénicos en la producción de alimentos, los convierte en dependientes y sometidos a la provisión de semillas, la arbitrariedad del mercado y los costos que impone la tecnología transgénica. Pero además, contribuyen a la pérdida de libertad, la soberanía y la capacidad autónoma del país para producir alimentos propios, diversos y descontaminados.
Tanta es la estrechez de sus intereses, que no se percatan siquiera que al enajenar su iniciativa de encarar la elemental responsabilidad de producir con sus propios medios (me refiero a esa oligarquía agroindustrial), terminan embargando y sometiendo la soberanía nacional en un acto de la más evidente colonialidad mental y antipatriotismo, que nos convertiría como país en dependientes de la cadena de agronegocios de las transnacionales.
En esa perspectiva, la única transformación agraria posible que debe ser resistida, dados los términos acordados en la denominada Cumbre Agropecuaria (que ha sido utilizada y manipulada para usurpar y desvirtuar la participación social , así como la decisión popular y nacional que ya se adoptó al aprobar la nueva Constitución vigente); es la de devolver y restaurar los privilegios y el poder político a aquella oligarquía agroempresarial y terrateniente, que termina imponiendo sus intereses antinacionales y vuelve a doblegar a un gobierno cegado y obcecado por la quimera del desarrollismo extractivista.