Mientras allá en las Uropas: Europa apuesta por más hormigón

Banco Europeo de Inversiones
Plan Juncker: Europa apuesta por más hormigón

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) financia megaproyectos dudosos y poco sostenibles que evidencian el lado más oscuro de la relación entre lo público y lo privado.
Enric Bonet
, Estrasburgo (Francia)
01/07/15 · 8:00
Diagonal

La ampliación del Puerto de El Musel (Gijón) tuvo un sobrecoste de unos 250 millones de euros sobre el presupuesto inicial.

El fracaso del proyecto Castor y la indemnización de 1.350 millones de euros que el Gobierno español concedió en octubre de 2013 a la constructora ACS pusieron en evidencia el lado más oscuro de los proyectos público-privados. Un escándalo que no sólo fue responsabilidad de la Administración española, que ignoró la notable actividad sísmica de la zona, sino también del Banco Europeo de Inversiones (BEI). La construcción del almacén de gas, situado en las costas de Vinaròs (Castellón) y Alcanar (Tarragona), resultó posible gracias a los 300 millones que el BEI invirtió en el proyecto a través de un Project Bond (bono de proyecto).

La lista de grandes proyectos financiados por la BEI es extensa, y muchos han sido objeto de polémica

En marcha desde junio de 2012, los bonos de proyecto son el mecanismo estrella del BEI para financiar las grandes infraestructuras –sobre todo energéticas– que la Unión Europea considera clave para lograr los objetivos en materia de clima y energía de la Agenda 2020, que consisten en reducir un 20% las emisiones de CO2, ahorrar un 20% en consumo de energía y aumentar un 20% las energías renovables. Su funcionamiento consiste en utilizar capital público para asumir el riesgo de los inversores privados y así motivarles a invertir en grandes proyectos.

“Muchas de las infraestructuras financiadas con bonos de proyecto no serían viables sin el dinero del BEI”, recuerda Mònica Guiteras, investigadora en el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG). Ella critica que este sistema sirva a menudo para refinanciar e incrementar grandes deudas privadas, corriendo el riesgo de que se socialicen las pérdidas en el caso de que la inversión no resulte rentable. “El Castor no es un caso aislado y debería servir para hacer pedagogía”, advierte.
Plan Juncker

Pese al estrepitoso fracaso del Castor, los bonos de proyecto representan la principal fuente de inspiración del Plan Juncker. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Jun­cker, pretende movilizar hasta 315.000 millones de inversión privada utilizando sólo 21.000 millones de dinero público. Esta cantidad incluye los 5.000 millones que el BEI destinará al proyecto, con el objetivo principal de emitir bonos de proyecto por un valor de 60.000 millones.

“El Plan Juncker supondrá un cambio cualitativo en la actividad del BEI”, advierte Ramón Boixadera, economista y asistente parlamentario de la eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López.

Hasta ahora, la mayor parte de sus fondos, cuyo primer país receptor es España, eran destinados a las pequeñas y medianas empresas. Esta situación, sin embargo, podría cambiar con el nuevo rol que le quiere otorgar el presidente de la Comisión Europea. “Los Estados presionan cada vez más al BEI para que incremente sus inversiones”, explica Xavier Sol, presidente de la asociación medioambiental Counter Balance. “Y resulta mucho más fácil aumentar los fondos invirtiendo en grandes infraestructuras que en pequeños proyectos2, reconoce Boixadera.

Actualmente, la lista de megaproyectos financiados por el BEI empieza a ser extensa. Y muchos de ellos destacan por haber sido objeto de polémica. Junto con el Castor, resulta flagrante el caso de la autopista italiana de Passante di Mestre, cuyas subcontratas están inmersas en un gran escándalo de corrupción. Pero, además, el BEI financia los proyectos de interés común (PIC). Éstos consisten en grandes infraestructuras energéticas, como las torres eléctricas de muy alta tensión (MAT) de Girona o el cable submarino del Golfo de Bizkaia, que se benefician de tramitaciones administrativas más rápidas de lo habitual, aunque no suelen contar con un apoyo unánime entre los organismos locales.

La construcción del Castor resultó posible gracias a los 300 millones que el BEI invirtió en el proyecto

“Hay un gran desajuste entre el mensaje oficial del BEI y su acción real”, critica Xavier Sol, que pone en duda que las grandes infraestructuras, como los gaseoductos internacionales, representen el camino más adecuado hacia los objetivos de la Agenda 2020.

Aunque el BEI dice que fomenta el desarrollo sostenible, “la mayoría de los proyectos financiados con bonos de proyecto han sido autopistas y las energías renovables han representado sólo las migajas”, critica Mònica Guiteras.

Tanto el ODG como Counter Balance piden que se concentren más fondos destinados a la eficacia energética. “Se trata de proyectos más difíciles de financiar, ya que son más pequeños y específicos”, reconoce Xavier Sol.

El Parlamento Europeo aprobó el 30 de abril, con 350 votos a favor y 263 votos en contra, una resolución bastante crítica con el funcionamiento actual del BEI. El informe, presentado por el eurodiputado de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) Ernest Urtasun, pide que se dé “prioridad a los proyectos que ofrezcan un valor añadido respecto a la creación de empleo y la eficiencia energética”.

Y para ello defiende que se mejore la calidad democrática de los procesos de selección. “En la elección de proyectos no se permite la suficiente implicación de los actores locales, ni de la sociedad civil, ni de los parlamentos nacionales”, critica Urtasun.

Para el eurodiputado de ICV, la independencia con la que actúan los dirigentes del BEI termina siendo sinónimo de opacidad. Todo ello se ve favorecido por la manera poco transparente con la que los Estados y las grandes constructoras y empresas energéticas siguen escogiendo los proyectos que proponen al BEI. “No hay ningún mecanismo de control para evitar que se vuelva a repetir un caso tan emblemático como el del Castor”, recuerda Ramón Boixadera.
Poca democracia

Una escasa participación democrática que, según Ernest Urtasun, aún está resultando más evidente con el Plan Juncker. Para la selección de los proyectos, el BEI ha dado la principal responsabilidad a los gobiernos estatales y regionales. “Confiaba en que éstos harían una selección apropiada, pero en realidad han hecho una larga lista a los Reyes Magos, donde predominan los nombres de aquellas grandes empresas que prácticamente forman parte de un oligopolio”, denuncia Mònica Guiteras.

Un buen ejemplo de este escaso control democrático, según Urtasun, es la propuesta de la Generalitat de Catalunya de “una serie de proyectos que no llegó a discutir ni con el Parlament de Catalunya”. El eurodiputado de ICV también reivindica que la selección de las infraestructuras que integrarán el Plan Juncker tendría que discutirse en el Parlamento Europeo.

Además, el informe denuncia las dificultades que tienen las personas afectadas por alguno de los proyectos financiados por el BEI para presentar reclamaciones. “En el caso del Castor, este problema ha resultado evidente, ya que la demanda de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia no ha recibido ninguna respuesta”, reconoce Urtasun.

Unas trabas legales que, según Xavier Sol, aún podrían incrementarse en el futuro debido “a las presiones de los responsables del BEI para que los mecanismos para presentar reclamaciones disminuyan”.

En la próxima sesión plenaria en julio, el Parlamento Europeo debatirá sobre la reglamentación del Plan Juncker. Entonces se pondrá probablemente sobre la mesa el problema de las reclamaciones, de la transparencia y el carácter especulativo de algunas de las inversiones del BEI. Todas estas cuestiones deberían servir para discernir si el BEI pretende favorecer un desarrollo sostenible en Europa o bien engrandecer la burbuja del modelo Castor.
Castor

Presupuesto 500 millones
Sobrecoste 1.700 millones

El Banco Europeo de Inversiones aportó un préstamo de 500 millones de euros para la realización de este almacén de gas submarino.
MAT

Presupuesto 70 millones
Sobrecoste 700 millones

La MAT ha recibido una subvención europea de 225 millones de euros y un crédito del Banco Europeo de Inversiones de 350.
Metro de Granada

Presupuesto 228 millones
Sobrecoste 558 millones

El BEI ha concedido dos préstamos, de 130 millones de euros cada uno, para financiar esta infraestructura de transporte.
El Musel (puerto)

Presupuesto 579,2 millones
Sobrecoste 826,4 millones

El BEI prestó 250 millones de euros para la ampliación de este puerto. 249 provenían de fondos de la UE, que ahora reclama su devolución.