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La traición de Santa María Ostula
Luis Hernández Navarro
En tres ocasiones, narcotraficantes, terratenientes y mineros quisieron asesinar a Semeí Verdía Zepeda. No tuvieron éxito. Delgado y con sombrero, sagaz, el comunero nahua de Santa María Ostula salió con vida de los atentados. Sin embargo, el domingo 19 de julio no tuvo suerte. Ese día, a las 10 de la mañana, elementos del Ejército lo detuvieron en el poblado de La Placita, a pesar de no tener orden de aprehensión en su contra.
Semeí, primer comandante de la policía comunitaria de Santa María Ostula y coordinador general de las autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, fue trasladado en helicóptero hasta Morelia. Se le acusa de “probable violación a la Ley de Armas de fuego y explosivos y su probable participación en delitos relacionados con la destrucción de material electoral”.
Ese 19 de julio, un pelotón se presentó en los parajes de El Duin y Xayakalan, donde la policía comunitaria de Ostula y los grupos de autodefensa de la costa-sierra mantienen puestos de vigilancia. Los soldados aventaron sus vehículos contra los retenes, realizaron disparos e intentaron detener a varios miembros de la comunidad.
Más tarde, integrantes del Grupo de Coordinación Michoacán trataron de apresar al tesorero del comisariado de bienes comunales de Santa María Ostula. No pudieron hacerlo pero, en cambio, hurtaron radios de comunicación que utiliza la comunidad para resguardar su territorio y el sello del consejo de vigilancia.
Horas después, a las 5 de la tarde, las fuerzas federales y estatales agredieron los retenes colocados por miembros de la comunidad en las encargaturas de Xayacalan y El Duin, que se encuentran sobre la carretera 200, Lázaro Cárdenas-Manzanillo. Con sus vehículos impactaron los retenes de la policía comunitaria e incendiaron varias camionetas y tráileres que se encontraban allí. Lanzaron gas lacrimógeno y dispararon de forma indiscriminada a miembros de la comunidad.
Según reportan los comuneros, el saldo trágico de esta agresión fue el asesinato del menor Iriberto Reyes García, de 12 años, de la niña Neymi Natali Pineda Reyes, de seis, y Melesio Cristino, de 60. Otras dos personas están heridas.
La detención de Semeí y el ataque militar-policial a los comuneros es una traición: viola los acuerdos firmados entre la colectividad y el gobierno, tanto el federal como estatal, en los que se asentó el compromiso de respetar a la policía comunitaria local.
Ostula es una comunidad indígena en el municipio de Aquila, Michoacán. Su nombre significa en náhuatl el lugar de las cuevas. Tiene más de mil habitantes, en su inmensa mayoría comuneros indígenas, que cultivan jamaica orgánica, papaya y tamarindo y desarrollan proyectos de turismo ecológico alternativos. Sus playas son uno de los más grandes centros de arribo de las tortugas golfinas, y un lugar muy apreciado por los surfistas.
Ostula está asolada por la alianza del cártel de los Caballeros templarios, supuestos “pequeños propietarios” y empresarios mineros, que han tratado de despojar a los indígenas de sus tierras, sus recursos naturales (minas de hierro) y su madera (especialmente del árbol sagrado de sangualica). Su orografía puede ser una muy importante base de operaciones para el traslado de drogas y armas.
Según el Plan Regional Sustentable de Michoacán, el gobierno quiere construir allí carreteras, puentes, hoteles y fraccionamientos residenciales sin consultar a la comunidad. Pretende abrir el negocio a otros.
En su empeño por quedarse con estas riquezas, la alianza no ha dudado en utilizar la violencia. Desde que en 2009 los habitantes de Ostula se organizaron para defenderse han sido asesinados 32 comuneros y desaparecido seis más, varios de ellos maestros bilingües. Curiosamente, ninguno de los jefes de plaza de los Caballeros templarios que operaban en la región ha sido detenido. Todos siguen libres y buscan recuperar a como dé lugar ese rico territorio.
En junio de 2009, mucho antes del surgimiento de las autodefensas michoacanas, los comuneros de Ostula suscribieron, junto a los integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), el Manifiesto de Ostula (http://goo.gl/jPaOyb ). El documento –de muchas maneras histórico– reivindica el derecho a la autodefensa indígena, que después se extendió a muchos lugares del país, asolados por el crimen organizado y la complicidad gubernamental con éste. Dos semanas más tarde de la firma, centenares de comuneros recuperaron más de 700 hectáreas ilegalmente ocupadas por caciques mestizos ligados al narcotráfico.
Fue cuando los indígenas de Ostula, de acuerdo con sus sistemas normativos, formaron su policía comunitaria para defenderse a sí mismos y proteger sus tierras y territorios. Semeí Verdía, su primer comandante, fue elegido el 8 de febrero de 2014, en una asamblea general a la que asistieron mil 200 personas. En 2010 había tenido que huir de su pueblo porque intentaron matarlo mientras jugaba futbol. Durante años estuvo a salto de mata en Jalisco, Colima y Veracruz. En ese tiempo dos tíos suyos, maestros, fueron asesinados.
La policía comunitaria de Ostula restableció ejemplarmente el orden y expulsó a los narcotraficantes de la región. Pero los criminales, que se refugiaron en otras comunidades, están al acecho, esperando la oportunidad de controlar nuevamente la región. Por eso el ataque militar-policial contra los comuneros y la detención de Semeí Verdía, violando los acuerdos firmados entre comuneros y autoridades gubernamentales, es una traición. En los hechos, le abre el terreno al narco para sentar allí nuevamente sus reales, y facilita a los grandes empresarios la posibilidad de hacer pingües negocios sobre terrenos comunales, sin consentimiento de sus genuinos dueños.
Trágicamente, Ostula nos recuerda que en este país quienes se defienden del crimen organizado son atacados por el gobierno, mientras los delincuentes están libres e impunes. No hay que hacerse bolas: el responsable de los asesinatos de dos niños y un adulto en esa comunidad indígena fue el Ejército.