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Los desproporcionados enfrentamientos entre efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía contra vecinos de la ciudad de El Alto ocasionaron ayer la muerte de más de 20 personas y alrededor de 70 heridas de bala, de acuerdo con informaciones de diferentes agencias y de datos proporcionados por los hospitales Kenko, Sagrado Corazón de Jesús, de Clínicas, Obrero y Juan XIII.
De acuerdo con el reporte del personal médico de emergencia de estos centros hospitalarios, los muertos, en su mayoría, fueron trasladados de las zonas de Senkata, avenidas 6 de Marzo, Bolivia, Ballivián y la autopista La Paz-El Alto, rutas por donde los 12 camiones cisternas llegaron a la Sede de Gobierno bajo una fuerte custodia militar y de tanques de guerra. Ante el inusitado uso de la fuerza, el Gobierno justificó, a través del portavoz de la Presidencia, Mauricio Antezana, en conferencia de prensa, que la acción militar se dio en respuesta a la sistemática y organizada acción de varias personas que habrían dinamitado postes de luz y atacado guarniciones militares y policiales destacadas en la urbe alteña.
En las primeras horas de esta madrugada, el presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, emitió un Decreto Supremo, que en su artículo único determina que “no se exportará gas natural a nuevos mercados mientras no se realicen consultas ni debates sobre este recurso, debiendo implementarse para el efecto de forma inmediata un proceso de diálogo entre los bolivianos y con las organizaciones de la sociedad civil, consultas y debates que deberán concluir hasta el 31 de diciembre de 2003″.
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La Asamblea Permanente de Defensa de los Derechos Humanos de Bolivia, la Confederación de la Prensa y el Delegado de la Conferencia Episcopal de Bolivia, en conferencia de prensa, responsabilizaron al Gobierno de lo que calificaron como “la masacre de El Alto” durante el despliegue de tropas militares.
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Un fuerte control militar prevalecía desde temprano en El Alto (12 km al oeste de La Paz), donde desde el sábado se centró la convulsión social, que acata el quinto día de paro cívico, en demanda de la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y se opone a la exportación de gas a través de Chile.
El paro cívico en El Alto era total y ningún vehículo, excepto los militares, circulaba luego que el gobierno, que denunció la amenaza de un golpe de Estado instigado supuestamente por el líder opositor Evo Morales, ordenó la militarización de la zona.
En diversos barrios de El Alto los vecinos continuaban protestando contra el gobierno encendiendo fogatas y lanzando piedras, mientras las unidades militares efectuaban patrullas en esta ciudad de más de medio millón de habitantes, la mayoría de clase media empobrecida y de migrantes indígenas aimaras y quechuas.
Desde diversos barrios los vecinos se comunicaban por teléfono con las radios locales para protestar contra el gobierno y denunciar que las tropas militares disparaban a discreción contra los manifestantes.
En el hospital público de El Kenko, en El Alto, habían unos 30 heridos que requerían urgente atención médica, escasa por la falta de transporte para llegar al lugar, mientras en el hospital de clínicas de La Paz estaban ingresados otros 20. La cifra de víctimas podría elevarse, según organizaciones humanitarias.
La Cruz Roja boliviana lanzó también un llamado para la provisión de combustibles, luego de lamentar su imposibilidad de prestar auxilio a los heridos en El Alto.
El poderoso gremio de choferes de transporte público adelantó una huelga de 24 horas para el lunes debido a la degradación de la situación social.
Otro importante gremio, el de los panificadores, se sumó a la protesta con la declaratoria de una huelga de 72 horas, lapso en el cual no elaborará pan, principal producto de la dieta de los sectores populares.
En diversas barriadas de El Alto, una de las más pobres de Bolivia, se observaban concentraciones espontáneas de vecinos que reclaman por mejores condiciones de vida y se oponen a que el gobierno exporte gas natural en condiciones desfavorables para el país.
Los disturbios estaban también centrados en los barrios altos de La Paz, lindante con El Alto, donde los manifestantes quemaron ayer un automóvil en la zona de La Portada.
Mientras se escuchaban de fondo disparos, varios adolescentes intentaban levantar barricadas para impedir la movilización de vehículos del Ejército y la Policía que intentan mantener el control de la situación. En el barrio alto de Munaypata, los militares también abrieron fuego para disuadir a los manifestantes a proseguir con las protestas, sin que se reportaran víctimas.
El acceso al aeropuerto internacional, emplazado en la jurisdicción de El Alto, estaba relativamente expedito por el fuerte control militar.
“¡Solidaridad, traigan sangre, medicamentos al hospital del Kenko, se están muriendo (los heridos)! ¿Cómo nos van a matar así, como a conejos, como a corderos? Solamente hemos subido a pedir lo que necesitamos, lo que es nuestro, no hemos pedido (…)”, gritó entre lágrimas una mujer.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y la Confederación de la Prensa de Bolivia y el Delegado de la Conferencia Episcopal de Bolivia responsabilizaron al gobierno de la “masacre” que causó el despliegue de tropas militares en El Alto y de no crear las condiciones para reanudar el diálogo con los sectores sociales en conflicto.
En conferencia de prensa, el presidente de la APDHB, Waldo Albarracín y el representante de la Confederación de la Prensa, Freddy Morales afirmaron que a pesar de los esfuerzos realizados por estas instituciones y la Iglesia Católica para facilitar el diálogo, El Gobierno optó por guardar silencio y continuar con la represión militar en El Alto que dejó una decena de muertos y 50 heridos.
Albarracín señaló que al promediar las 13:00 de este domingo las tres instituciones enviaron una carta al presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, para exigirle señales contundentes que evite la violencia, más muertes y el inmediato repliegue de tropas militares y policiales.
“Diversos medios de comunicación han confirmado el uso de armas de grueso calibre, incluidas ametralladoras pesadas en contra del pueblo boliviano. Ya no podemos hablar de enfrentamientos sino de una verdadera masacre (…)”
La respuesta no se hizo esperar y el Presidente les envió una carta, en la que le dice que acepta el diálogo sin condiciones de ninguna naturaleza.
Desde el pasado 20 de septiembre, fecha en que se registraron los hechos de Warisata con 6 personas muertas, cinco campesinos y un soldado, hasta ayer, la suma de víctimas fatales por conflictos sociales alcanza a más de 35, lo que sumado a los otros conflictos, como los hechos de febrero, en 14 meses de gestión de Sánchez de Lozada se puede hablar de más de 100 muertos.
Los heridos en estas últimas jornadas de septiembre y octubre son alrededor de 150.
El gobierno no quiere reconocer la cantidad de muertos, sólo habla de siete, los que se registraron ayer. La Asamblea de Derechos Humanos habla de masacre.
Esta información fue proporcionada por el ministro de Salud, Javier Torres Goitia, quien indicó que no se indemnizará a los familiares de Ramiro Vargas Astilla (22), que perdió la vida a causa de un impacto de bala en la cabeza, cuando intentó ingresar junto a una turba de personas a la Zona Franca de El Alto, ubicada a cerca la ex tranca de Senkata, ni de otras personas.
Autoridades médicas de los hospitales de La Paz y El Alto ayer hicieron un dramático llamado a los vecinos para que se permita que las ambulancias lleguen hasta donde se encuentran los civiles heridos, tras los choques contra las fuerzas de seguridad.
El Alto permanecía ayer cerrado al tráfico de vehículos, como rechazo a la probable exportación de gas natural a los mercados de ultramar.
El director del Hospital de Clínicas, Eduardo Chávez Lazo explicó que desde los violentos sucesos de Warisata, el 20 de septiembre, las instalaciones del centro que dirige se han saturado paulatinamente por las emergencias que derivaron de los conflictos sociales.
