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Una Nueva Oportunidad para la democracia, el medio ambiente y la justicia
Pronunciamiento ciudadano: No es N.O.
Quienes suscribimos esta declaración no estamos de acuerdo con la reelección por un cuarto periodo consecutivo del actual binomio presidencial. Hay profundas razones éticas, históricas, jurídicas y políticas para rechazar la modificación de la Constitución –por segunda vez– con ese solo propósito.
Hace apenas dos años, el gobierno modificó la CPE con el mismo objetivo, mediante una cuestionada Ley de Aplicación Normativa que le permitió reelegirse en 2014. Y ahora se apresta a prorrogarse en el poder –de 14 a 19 años– siguiendo el camino elegido por la mayoría de las autocracias del ALBA, que niegan a generaciones de ciudadanos el derecho a una renovación democrática.
Por ello, no basta con oponerse a esta decisión arbitraria, sino que es necesario promover un cambio del proceso político, social y económico impuesto por el MAS, caracterizado por el desconocimiento sistemático de las leyes y de los derechos reconocidos por la Constitución, el derroche económico y la depredación ambiental, el avasallamiento de la justicia y la corrupción generalizada. No es admisible que ese sea el precio de la equidad y la inclusión social por el que luchamos los bolivianos y bolivianas.
Lo que está en juego en el referéndum de febrero es la posibilidad de abrir un nuevo ciclo de transformaciones destinadas a construir la institucionalidad democrática que garantice la vigencia de los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza. Aquí y ahora, el NO por el que nos movilizamos es propositivo: apuesta por una Nueva Oportunidad (N.O.) para la democracia, el medio ambiente y la justicia. Y es, asimismo, un NO rotundo a la corrupción, la inseguridad ciudadana, la impostura ideológica y el narcotráfico.
1. Una Nueva Oportunidad para la democracia, el Estado de Derecho, la libertad política y de información
Nuestro país necesita una Asamblea Legislativa independiente que recupere su cualidad de órgano depositario de la soberanía popular, con iniciativa legislativa propia, que fiscalice a los poderes públicos y que cumpla con su mandato de elegir a las autoridades de instituciones públicas como la Contraloría o YPFB, controladas desde hace una década por interinatos partidarios.
Requerimos un sistema político democrático conformado por organizaciones que rindan cuenta de sus actos. El Estado tiene la responsabilidad de crear las mejores condiciones para que la ciudadanía esté organizada y representada políticamente de modo efectivamente plural en términos territoriales y sociales. En lugar de ello, hoy tenemos un “instrumento político” despótico conformado por las corporaciones y gremios privados agrupados en el MAS, que se ha ocupado sistemáticamente de recortar el derecho a la asociación y representación política de sus “enemigos” suprimiendo el financiamiento estatal de los partidos políticos y persiguiendo judicialmente a los candidatos de la oposición; un “instrumento político” que ha cooptado prebendalmente o dividido a las organizaciones obreras, campesinas e indígenas y ha convertido a los funcionarios públicos en militantes suyos. La opción por la que luchamosabre una nueva oportunidad para que los partidos y las organizaciones sociales recuperen su autonomía, se democraticen internamente, promuevan liderazgos alternativos y se renueven programáticamente.
Bolivia precisa tener un órgano electoral independiente y profesional como el que en 2005 permitió la primera victoria del MAS en las urnas. Una vez en el poder, el gobierno de Evo Morales degradó a los tribunales electorales mediante la selección de vocales por cuoteo sindical y manipulación parlamentaria, creó un padrón secreto que no guarda relación con los datos del Censo y aprobó una Ley electoral que restringe la libertad de información y participación política. El TSE cohonestó la amañada “consulta previa” en el TIPNIS, dio por buenos los resultados de la elección judicial en la que los votos nulos y blancos superaron a los votos válidos y sacó de competencia a las agrupaciones opositoras (Beni) o alteró los resultados electorales (Chuquisaca). Es bajo esas reglas electorales que el gobierno ha convocado al referéndum de febrero.
Asimismo, la democracia boliviana necesita una justicia constitucional competente que no esté subordinada a las instrucciones del gobierno. El MAS se ocupó primero de anular al Tribunal Constitucional para controlar la Asamblea Constituyente y luego hizo elegir a nuevas autoridades por cuoteo de facciones partidarias-corporativas, que han demostrado reiteradamente su obsecuencia política al régimen al que sirven. Sin un Tribunal Constitucional independiente no hay Estado de derecho.
La democracia requiere igualmente la existencia de medios de información plurales y que reciban un trato igualitario en la pauta de publicidad estatal. No es tolerable la asfixia económica y la extorsión impositiva a los medios independientes y el amedrentamiento a los periodistas profesionales que se ha convertido en norma bajo el actual gobierno.
El cambio que propugnamos implica el paso de la autocracia populista instaurada por el MAS a un régimen democrático que garantice el respeto de los derechos constitucionales, incluyendo el derecho a elegir a otros gobernantes al término de su mandato. Es decir, el paso del despotismo corporativo a un Estado social de derecho, que es una de las asignaturas pendientes de la construcción democrática en nuestro país.
2. Una Nueva Oportunidad para una economía ambientalmente sustentable, con justicia y equidad social
En un contexto de cambio climático y crisis ambiental de alcance global requerimos un nuevo sistema de producción y consumo sostenible, que no destruya la base vital de la que dependemos y que apueste por una matriz energética con tecnologías limpias y renovables, en lugar del extractivismo desenfrenado que promueve el gobierno con los subsidios a la minería cooperativista y los incentivos a las petroleras transnacionales, financiados con la reducción del IDH de las Gobernaciones, Alcaldías y Universidades.
Es necesario acabar con el tradicional patrón primario exportador que altera los frágiles equilibrios ambientales en extensas zonas de Bolivia. Las carreteras destinadas a ampliar la frontera agrícola para los cultivos de exportación y sus derivados (soya y coca), que destruirían nuestros bosques favoreciendo la concentración latifundista; las mega-represas que inundarían áreas protegidas; la irresponsable apuesta por la energía nuclear; la apertura irrestricta para la exploración petrolera en los parques naturales y territorios indígenas; todo ello configura un modelo de “crecimiento” ambientalmente insostenible y tecnológicamente retrógrado.
Por el contrario, Bolivia requiere un programa económico acorde a los desafíos del siglo XXI, que sea adecuado a los límites biofísicos de los ecosistemas y democráticamente consensuado, en lugar de la “Agenda Patriótica” aprobada unilateralmente por el MAS, que se limita al catálogo desarrollista del siglo pasado y cuyo financiamiento depende cada vez más de la deuda externa. Paradójicamente, el MAS promueve hoy –en un giro neoliberal evidente– la progresiva desnacionalización de la economía, entregando los sectores estratégicos al capitalismo más despótico y ambientalmente más depredador.
El futuro de la economía boliviana debe ser el de la justicia y la equidad social, no el de las prebendas estatales destinadas a crear clientelas electorales. La lucha por la equidad y la justicia social también merecen una nueva oportunidad frente a la deriva populista de la administración del MAS. Es imprescindible una política redistributiva sostenible, articulada al crecimiento diversificado de la productividad y de los conocimientos, que reduzca la informalidad e ilegalidad de amplios sectores de la economía popular.
3. Una Nueva Oportunidad para la justicia, la seguridad ciudadana y la vigencia de los derechos humanos
Bolivia necesita con urgencia un órgano judicial independiente conformado por los mejores profesionales, a los que el Estado les garantice los recursos financieros y técnicos para administrar de manera eficiente la justicia, ejercer el control sobre las cárceles hoy “autogobernadas” por poderosas mafias y generar seguridad ciudadana. La reforma de la justicia es inseparable de la reforma de la fiscalía y de la Policía, convertidas en operadoras del crimen organizado.
Nunca la administración de justicia fue tan ineficiente, corrupta y sometida a los designios del órgano Ejecutivo. El propio gobierno reconoce que la justicia está en manos de redes de extorsión que impiden el debido proceso, el castigo de los culpables y el sobreseimiento de los inocentes. Y esa es una de las razones por las que no se puede asegurar la vigencia de los derechos humanos: sin una justicia independiente e idónea no hay garantía para el cumplimiento del amplio catálogo de derechos reconocidos por la Constitución.
Más importante que la reforma de la Constitución para la tercera reelección de Morales Ayma y García Linera, es el cambio en el sistema de elección de las autoridades judiciales y la ampliación de las competencias de los gobiernos autónomos para la administración de justicia y la seguridad ciudadana. La elección por voto popular de magistrados en 2011 no ha hecho sino empeorar el desempeño de la justicia, convirtiendo a los Tribunales en arena de disputas personales y gremiales. Está claro que no hay posibilidad alguna de reformar el órgano judicial bajo la conducción de aquellos que aspiran a beneficiarse indefinidamente de la impunidad.
Ciudadanos y ciudadanas: en la larga década del gobierno del MAS, la corrupción y el narcotráfico han echado raíces como parte estructural de un régimen políticamente despótico y ambientalmente depredador, que quisiera ver canceladas todas las libertades políticas y de información que lo cuestionan. Pero la esperanza y la alegría de un NO que se sabe luchando por una Nueva Oportunidad para el país ha de limpiar con un torrente de agua fresca y cristalina el espíritu de prepotencia y corrupción con el que se ha gobernado estos años.
NO es una Nueva Oportunidad para la esperanza
Lo que está en juego en el referéndum de febrero es la posibilidad de abrir un nuevo ciclo de transformaciones destinadas a construir la institucionalidad democrática que garantice la vigencia de los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza. Aquí y ahora, el NO por el que nos movilizamos es propositivo: apuesta por una Nueva Oportunidad (N.O.) para la democracia, el medio ambiente y la justicia.
• Una Nueva Oportunidad para la democracia, el Estado de Derecho, la libertad política y de información
• Una Nueva Oportunidad para una economía ambientalmente sustentable, con justicia y equidad social
• Una Nueva Oportunidad para la justicia, la seguridad ciudadana y la vigencia de los derechos humanos
La opción por la que luchamos abre una nueva oportunidad para que los partidos y las organizaciones sociales recuperen su autonomía, se democraticen internamente, promuevan liderazgos alternativos y se renueven programáticamente. La esperanza y la alegría de un NO que se sabe luchando por una Nueva Oportunidad para el país ha de limpiar con un torrente de agua fresca y cristalina el espíritu de prepotencia y corrupción con el que se ha gobernado estos años. Por ello, el NO es también una nueva oportunidad para la esperanza.
Firman:
Jéssica Paola Aguirre Melgar
Carlos Alborta Rivero
Carlos Alcalá Ordoñez
Jaime Alcocer Rojas
José Luis Antezana
Christian Andrés Aramayo Arce
Gloria Ardaya Salinas
Helga Isabel Ardaya Salinas
Renzo Abruzzese Antezana
Marta Ávila Varón
María Eugenia Ayala Guzmán
Juan Carlos Balderas Gamarra
Carlos Eduardo Balderrama Mariscal
Florencia Ballivián de Romero
Demetrio Barrientos
Silvia Barrón Rendón
Juan Benavidez Ayala
Durby Andrea Blanco Bravo
Erika Brockman Quiroga
Edgar Cadima Garzón
Hernando Calla Ortega
Ricardo Calla Ortega
Juana Calle Apata
María Teresa Castro Camacho
Jenny Cárdenas Villanueva
Elena Carreño Lora
Roger Carvajal Saravia
René Centellas Colmenar
Jorge Centellas Quezada
Ninfa Condori Ramírez
Rosángela Conitzer Bedregal
Marcelo Delgadillo Pereira
Gisela Derpic Salazar
Florencia Durán Jordán
Filemón Escóbar
Cesar Escóbar Vásquez
Jaime Fernández Negrete
Celia Ferrufino Quiroga
Olga Flores Bedregal
Vicenta Guzmán Lara
Loyola Guzmán Melgar
Juan Carlos Guzmán Salinas
Antonio José Guzmán Sandoval
William Herrera Añez
José Luis Laguna Quiroga
Saúl Lara Torrico
Toribia Lero Quispe
María Luz León
Jorge Lazarte Rojas
Clara López Beltrán
Guillermo Marca Marca
Guillermo Mariaca Iturri
René Antonio Mayorga Zegarra
Lía Andrea Medina Moscoso
Ximena Medinacelli González
Lucio Méndez Gamarra
Imelda Méndez
Pilar Mendieta Parada
Victoria Mendoza Lafuente
Wilma Mendoza Miro
Lía Moscoso Medina
Ian Sergio Miranda Sánchez
Hugo Nagashiro Kuajara
Guadalupe Navarro Calderón
Emilio Noza Yuco
José Nuñez del Prado
Elena Ortiz Antúnez
Celso Padilla Mercado
Jorge Patón Valdez
Norka Paz Rodo
Sarela Paz Patiño
Liberto Peredo Montaño
Josiane Perillat
Juan Carlos Pimentel Castillo
Ana Rebeca Prada Madrid
Eduardo Quintanilla Ballivián
José Antonio Quiroga Trigo
Cecilia Requena Zárate
Virginia Ruiz Pardo
Adelaida Rocha Noza
Gualberto Rodríguez San Martín
Luis Rojas Vaca
Marlene Royo Aguirre
Daly Cristina Santa María Aguirre
Ana María Seoane de Capra
Ramiro Soriano Arce
Gustavo Soto Santiesteban
Rosa Tamayo Suárez
Juan Eddy Terrazas Torrico
Leonor Martha Ugarte
Carlos Urquizo Huici
Manuel Vargas Severiche
Manolo Velásquez Carreño
Elio Anderson Vera García
Daniela Vidal Durán
Arturo D. Villanueva Imaña
Zulma Villegas Gómez
Crista Weise Vargas
Fabian Yaksik Feraudy
Pablo Zavaleta Reyles