Bolivia: Balance de Indymedia El Alto

Balance y lecciones de la rebelión alteña
Indymedia El Alto (19/10/2003 13:05)
El flamante Presidente Carlos Mesa enfrenta una particular coyuntura porque: a) La sociedad, desde sus más bajos estratos (especialmente la alteña, compuesta por un millón de personas) comenzó a despertar políticamente, b) Gonzalo Sánchez de Lozada dejó mucha suciedad entre sus enredos político-empresariales, c) los partidos de orientación alternativa (MAS-MIP) son buenos para protestar y reclamar reivindicaciones pero no tienen una propuesta concreta de administración estatal. En lo mediático, el gobierno fugado no tenía una política comunicacional pero sí una efectiva estrategia de control de los medios masivos y de amedrentamiento a los comunicadores contestatarios. La comunicación alternativa, con todas sus limitaciones, puso su grano en la caída de un régimen dictatorial en lo político, militar y económico.

Definitivamente, la ciudad de El Alto cavó la tumba y enterró políticamente al denominado “gringo asesino”, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que hasta media mañana del viernes 17 se mantenía en el poder cuando la coalición oficialista comenzó a resquebrajarse. La bronca social fue más fuerte pese a las 78 muertes. Los mineros, campesinos y personas humildes de las ciudades aumentaron la presión.

Un día antes de la caída, recién la clase media boliviana comenzó a manifestarse abiertamente en contra del régimen de terror. Huelgas de hambre de intelectuales, pronunciamientos publicitados y hasta “inflados” por algunos medios, terminaron por convencer al fugado mandatario que no le quedaba otra opción que dejar el poder.

Por ello, a la hora del balance y las lecciones aprendidas de esta revuelta popular, es menester considerar que en Bolivia ha despertado un real control social, no aquel inventado por Sánchez de Lozada en la “Participación Popular” que en realidad era un sistema de acólitos a los gobiernos municipales y que no tienen las condiciones para controlar lo que hace el poder regional o nacional.

Despertar político-social desde abajo

Está claro que el poder social y sindical se ha manifestado de manera clara en Bolivia. Los sindicatos campesinos, mineros, fabriles, constructores, zapateros, chóferes, “gremiales” (comerciantes informales), panaderos y de otras ramas utilizaron todos los instrumentos organizativos a su alcance para contribuir decisivamente a la consolidación de la protesta social en buena parte del país.

Por otro lado, un fenómeno poco visto anteriormente fue que las 562 juntas vecinales de El Alto, que representan a un millón de personas habitantes y estantes en esta ciudad, se manifestaron particularmente unificadas y radicales en una propuesta/protesta inicial: La recuperación al dominio del Estado de los recursos naturales como el gas natural, del cual Bolivia es potencia latinoamericana.

Luego, ese pronunciamiento se convirtió en un coro nacional de voces. Ante la carnicería humana, por el traslado de los “cisternas de la muerte”, el pedido era unánime: Que renuncie el Presidente. El Alto tenía más de 40 muertos frente al total nacional (78). Había contribuido con sangre a consolidar su protesta y la caída del régimen de terror impuesto por el “trío asesino” Goni-Sánchez Berzaín-Kukoc.

Esa protesta social espera ahora respuestas concretas del poder, presuntamente renovado pero que sigue respondiendo a un régimen que le dio origen. Carlos Mesa no sería ahora Presidente si no hubiera sido compañero de fórmula del sanguinario Sánchez de Lozada y del MNR, en la elección de junio de 2002.

Hay demasiada exclusión, marginamiento, pobreza y discriminación hacia la gente que ahora se rebeló de manera abierta, hasta echar al fugado Presidente.

Demasiados y sucios enredos
político-empresariales

Los problemas que enfrenta el nuevo gobierno son variados como profundos. El del gas, como recurso natural estratégico y utilizado como bandera para la rebelión social, es uno por demás delicado. Es vital anular el Decreto Supremo 24.806 (del 4/8/1997) pero no será tarea fácil. El poder está impregnado de gente interesada en lograr ganancias personales-empresariales que genera ese cuestionado Decreto que ahora la gente repite en coro.

Ese mismo decreto hace que las empresas petroleras extranjeras (transnacionales) manejen a su antojo aspectos productivos, contables y sobretodo las millonarias utilidades que generan los hidrocarburos, donde las ganancias se cuentan por miles de millones de dólares, cifras que los bolivianos humildes no están acostumbrados a manejar pero que ahora se dieron cuenta de la magnitud del “negocio de negros para Bolivia”.

Ni qué decir del proceso de capitalización, que prometió crecimiento económico del 10 por ciento anual y 500.000 empleos, cuando a una década de su implementación los resultados son casi desastrosos: Consorcios políticos-económicos fraudulentos controlan las capitalizadas, no conocemos a los directores de esas empresas y que están allí en nombre de los ciudadanos bolivianos.

Las privatizaciones y contratos de “Joint-ventures” (riesgo compartido) se hicieron entre gallo y media noche. Solo el caso Huanuni-Vinto es una muestra de ello: Una empresa fantasma (uno de cuyos socios era representante de la VASP) se hizo cargo del rico yacimiento de estaño huanuneño. Luego de la presunta quiebra de la empresa contratista (Allied Deals), Vinto pasó a manos de Comsur (la empresa de Sánchez de Lozada) y Huanuni fue recuperada para el Estado por los trabajadores, pero a punta de dinamita y bloqueos.

Otro mito que se desentierra: La minería no ha muerto. Sánchez de Lozada es empresario transnacional que tiene a la minería como s principal ingreso. Su fortuna, según cálculos conservadores, asciende a 220 millones de dólares. Mientras tanto, 60.000 trabajadores de las cooperativas mineras subsisten en medio de inseguridad industrial, carencia de seguridad social y médica, además de salarios no permanentes porque esos micro-empresarios dependen de la suerte en sus vetas.

Sánchez de Lozada dejó todo un sistema económico “bien amarrado” en lo político (leyes, decretos, resoluciones y convenios nacionales e internacionales) que no será muy fácil de deshacer dadas las condiciones actuales. Los seguidores del Presidente fugado permanecen en puestos claves como el Parlamento, superintendencias y otros entes estatales.

Los partidos asistémicos no
tienen una propuesta concreta

Por su lado, los dos principales partidos de la oposición al régimen caído (MAS y MIP) han demostrado convertirse en vehículos catalizadores de la protesta social. De hecho, los principales dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) y de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, pertenecen a esos dos partidos, lo que ratifica la tesis de que ambos no son partidos clásicos sino movimientos político-sociales.

La falencia está en que esos grupos crecientes, buenos articuladores de protesta socio-política, no tienen aún una propuesta de administración de Estado. Eso fue demostrado en las elecciones nacionales de junio de 2002.

Sin embargo, nunca es tarde. Se ha dado un primer paso hacia un cambio estructural pero ello no se hará en pocos años. Es muy enmarañado y enredado el conjunto de negociados que dejó Sánchez de Lozada, que requieren de dedicación, tiempo y mucha capacitación de la gente de esos dos partidos para pasar a convertirse en potenciales administradores del Estado boliviano.

Pero una victoria política está clara. Evo Morales le ganó esta guerra a la Embajada de Estados Unidos, en ese particular duelo político entre una dirigencia político-sindical y la legación diplomática más influyente en el país.

Ceguera televisiva y triunfo
de medios alternativos

En cuanto a la otra guerra, de medios de comunicación, la mayoría de las redes nacionales de televisión “más vistas” (Unitel, Bolivisión, ATB, Uno PAT y otras) ocultaron (deliberadamente) lo ocurrido en la serie de masacres. Mientras en el barrio alteño Villa Ballivián se mataba gente, esas redes seguían con sus “reality show” o novelas. Ese ocultamiento de la realidad llegó a su extremo cuando cinco periodistas del canal estatal 7 (gubernamental) renunciaron a su cargo… En medio de este panorama, le salvaron a la poderosa TV las redes RTP y “Cadena A”.

En la prensa escrita, tan solo los periódicos “Pulso”, “Juguete Rabioso” y el diario “El Alteño” demostraron hablar de frente y mostrar la crudeza de las masacres. Los pocos diarios que circulan mostraron estar manejados por el gobierno fugado y sus mensajes estuvieron llenos de eufemismos y retóricas formales que no convencieron y hasta generaron repulsa en la población alteña y en los movimientos sociales. Periodistas de muchos medios se vieron en figurillas cuando los marchistas, manifestantes y bloqueadores les decían: “Ustedes mienten”.

En cuanto a radio, es destacable la labor de las radios Pachamama, Wayna tambo e Integración de El Alto, así como de la red Erbol (nacional) y otras que comenzaron a mostrar la crudeza del sangriento conflicto social. El “Grupo Fides” (de casi 30 radios en el país) no termina de ubicarse y coronó algunos desaciertos con ese “pirateo informático” bien utilizado por el fugado Sánchez de Lozada, como aleteo de ahogado, que generó confusión y dudas acerca de las encuestas de esa red radial.

Pero el mayor mérito de las batallas de la “Guerra del Gas” está en la lucha desigual de los medios alternativos que utilizaron dos sistemas para darse a conocer: radio e internet. En cuanto a radio, Pachamama sufrió casi como los muertos y heridos porque “transmitió en vivo” los asesinatos, masacres y hasta la ejecución de un soldado amotinado que fue traído del cálido oriente al frígido altiplano alteño.

Entre los medios informatizados están las webs www.bolivia.indymedia.org, www.argentina.indymedia.org y www.bolpress.com además de www.rebelión.org; esos medios dieron el nombre y el apellido del oficial que presuntamente ejecutó a un soldado que se negó a disparar contra gente sin armas: El capitán Erlan Menacho (apellido oriental) fue acusado por el diputado Evo Morales de haber dado un “culatazo” y luego haber ejecutado, en plena vía pública a un soldado. Ese capitán de ejército debiera postular a una muerte civil, como ya ocurrió injustamente con otras personas, por motivos políticos, para justificar la ejecución procesos económico-políticos impulsados por el fugado Presidente Sánchez de Lozada, hace una década.

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