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San Cristobal de las Casas, Chis., 20 de octubre. A una semana de concluido el conflicto de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac) con la junta de buen gobierno (JBG) de La Realidad, los saldos no podrían ser más negativos para la directiva cioacista, que sin embargo insiste en vituperar a quienes, en otros momentos, ha llamado “nuestros hermanos zapatistas”.
El súbito desenlace, que contó con la intervención directa pero poco publicitada del gobierno estatal, dejó zonas oscuras, cabos sueltos y versiones distorsionadas de los hechos. Así, La Jornada confirmó hoy que la JBG nunca recibió dinero del gobierno.
Acompañado por representantes municipales de Las Margaritas, el delegado de Gobierno en la zona frontera selva, Agenor Gordillo Culebro, entregó 60 mil pesos al señor Gilberto Hernández Pinto, dueño del vehículo del que Armín Morales Jiménez se había apropiado ilegalmente, motivo por el cual se encontraba detenido por la JBG en La Realidad desde el 2 de septiembre. Con ello, el denunciante se consideró satisfecho, y Armín Morales fue liberado el 12 de octubre.
La Secretaría de Gobierno se encargó de devolver al día siguiente el vehículo del municipio autónomo San Pedro de Michoacán “retenido” por la CIOAC en la comunidad Saltillo.
Aunque era un conflicto entre particulares, en el cual las instancias judiciales de Las Margaritas rehusaron intervenir (pues los demandantes se negaron a dar mordida), y Armín no pertenecía a la COIAC oficial, esta organización generó un conflicto grave con los zapatistas de la región y la CIOAC independiente.
Con la participación del diputado local perredista Luis Hernández Cruz y los dirigentes José Antonio Vázquez Hernández y Antonio Hernández, y la complicidad del presidente muncipal de Las Margaritas, Jorge Luis Escandón, los cioacistas oficiales secuestraron, golpearon severamente y torturaron a cinco miembros de la fracción independiente en septiembre pasado. También secuestraron varios días a dos transportistas del municipio autónomo San Pedro de Michoacán y retuvieron su vehículo hasta el domingo 12 de octubre.
Con aguerrido entusiasmo, Hernández Cruz y los dirigentes de CIOAC llevaron la “causa” de Armín a extremos peligrosos, y con resultados trágicos. Hasta antes de la liberación de Armín Morales, y además de las acciones mencionadas, amenazaron a la JBG, primero con “enviar mil mujeres” a liberar al ladrón confeso, y luego con realizar una movilización multitudinaria a La Realidad.
Al ser finalmente liberado Morales, y expresando su inconformidad por la intervención gubernamental, los dirigentes convocaron a una marcha a sus bases, en muchos casos a la fuerza. La manifestación antizapatista se efectuó el 13 de octubre en la ciudad de Las Margaritas, “encabezada” por el “héroe cioacista” que no pertenece a la CIOAC.
Esta insistencia en la confrontación causó un desafortunado accidente, en el cual perdieron la vida cuatro miembros de la CIOAC oficial, y al parecer en los días posteriores han fallecido tres más (aunque no se ha reconocido oficialmente). Siete más se encuentran gravemente heridos, y otros 30 sufrieron lesiones.
Según pobladores de 20 de Noviembre, comunidad de donde procedían los accidentados, la dirigencia de CIOAC los había obligado a asistir al acto del lunes 13, con la amenaza de negar proyectos y financiamientos a los que no asistieran. El accidente ocurrió la madrugada de ese día, cuando los indígenas eran trasladados a Las Margaritas para asistir a la marcha que encabezaría como estandarte Armín Morales, virtual rehén de los oficiales desde antes de ser liberado. Ahora la gente de 20 de Noviembre se dice indignada con sus líderes. En particular el diputado Hernández Cruz y el líder José Antonio Vázquez, a quienes “quieren linchar”, según han expresado a diversas personas de Las Margaritas.
Impermeable a este desastre, a la inconformidad de sus agremiados y la ruptura violenta con los independientes, la dirigencia de CIOAC oficial mantiene su campaña declarativa y alimenta un clima de confrontación entre sus bases y las del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). No obstante, ambas han evitado caer en lo que los zapatistas consideran, simplemente, “una provocación”.
Como sus agremiados se niegan a seguir acompañándolos en la aventura, los perredistas Hernández Cruz y Vázquez Hernández se apoyan ahora en grupos priístas de Tuxtla Gutiérrez, y en instancias reaccionarias como la Asociación de Abogados Manuel Castellanos Castellanos, cuyo presidente Arturo Becerra Martínez propuso ayer encarcelar a los zapatistas “que incurrieron en ilícitos”, y pidió perseguir a “los guerrilleros” por los delitos de terrorismo y traición a la patria. En pocas palabras, llamó a la guerra contra el EZLN, pues, en su opinión, la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas “ya no tiene aplicabilidad”.
