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Los movimientos en la posguerra colombiana
Raúl Zibechi
La Jornada
Durante dos semanas, entre el 30 de mayo y el 12 de junio, decenas de miles de campesinos, indios y negros se movilizaron en la Minga Nacional, Agraria, Étnica y Popular, una gran protesta de los productores de alimentos que ocuparon los principales corredores del país para hacer escuchar sus reclamos. La Minga incluyó acciones en 65 municipios de 23 departamentos, con 100 puntos de acción en los que participaron más de 100 mil personas denunciando los incumplimientos de acuerdos que se habían firmado con el gobierno y reclamando debatir el modelo de país.
La respuesta del gobierno fue dual. Por un lado, represión. Por otro, al ver que la movilización no se desfibraba, abrió espacios de negociación. La policía militarizada, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), fue responsable del asesinato de tres indígenas –dos de ellos en el Cauca, la zona que registró las movilizaciones más intensas–, más de 200 heridos y 170 detenidos. El paro se levantó al llegarse a un acuerdo en Santander de Quilichao (territorio de fuerte presencia negra) entre las comunidades movilizadas y el gobierno, que establece el inicio de un diálogo sobre el pliego único nacional defendido por la Cumbre Agraria y una reunión con el presidente Santos.
El protagonista principal de estas jornadas fue la Cumbre Agraria, creada a raíz de los paros campesinos de 2013 (desde el paro cafetero de abril hasta un masivo paro en Catatumbo en mayo, y las movilizaciones campesinas de agosto). Las potentes acciones campesinas movieron el tablero político, colocando al gobierno de Juan Manuel Santos a la defensiva, ya que los productores mostraban tanto fuerza material como razones, al argumentar los problemas derivados de la firma del TLC con Estados Unidos. La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular es el fruto organizativo de las jornadas de 2013 y se convirtió en punto de confluencia de un amplio conjunto de organizaciones, que incluye al Congreso de los Pueblos; la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), con especial fuerza de las organizaciones del Cauca (CRIC y ACIN); el Proceso de Comunidades Negras (PCN); la Marcha Patriótica y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, integrada en la anterior. Diversos sectores sindicales, sobre todo el magisterio, coordinan con la Cumbre Agraria.
Las dos acciones más significativas fueron el largo corte de la carretera Panamericana, entre Santander de Quilichao y Popayán, así como el bloqueo del puerto internacional de Buenaventura sobre el Pacífico. Ambas consiguieron paralizar puntos estratégicos del país. La primera fue protagonizada por indígenas nasa con presencia de comunidades negras, en una carretera que ya han cerrado en otras ocasiones. El bloqueo de uno de los mayores puertos del país fue protagonizado por las comunidades negras, que movilizaron 130 lanchas para impedir la entrada y salida de mercancías, en una acción tan simbólica como audaz.
Si se observa un mapa de Colombia con los lugares donde hubo protestas y cortes de vías, se puede ver la magnitud del movimiento, así como la cantidad de personas movilizadas en cada punto de concentración (https://goo.gl/9jta1Q). Además de las demandas vinculadas a la tierra –el tema que provocó la larga guerra colombiana y que está lejos de ser resuelto– y al modelo de desarrollo, con especial énfasis en las críticas a la minería, los temas centrales fueron el respeto a la protesta social y a las organizaciones populares. Los poderosos siguen asociando movimientos populares con guerrilla, por eso demandan garantías para ejercer el derecho a la protesta. En paralelo apareció el debate sobre los grupos paramilitares que siguen siendo tratados de forma preferencial por los organismos armados del Estado. Estos hechos revelan que las instituciones están lejos de la menor democratización, pese a la negociación del acuerdo de paz en La Habana entre el gobierno y las FARC.
Esta coyuntura pautada por la movilización social inspira cuatro reflexiones. La primera se relaciona con la división en el campo popular entre Marcha Patriótica (que participó en pocas movilizaciones) y el Congreso de los Pueblos, que fue el principal protagonista dentro de la Cumbre Agraria. Detrás de cada organización hay proyectos diferentes, pero ambos sectores deben comprender que si pretenden poner contra la pared a las clases dominantes, deben hacer confluir sus esfuerzos.
La segunda cuestión se relaciona con las grandes dificultades que encuentran los movimientos antisistémicos en los espacios urbanos. La Minga fue contundente en las zonas rurales, pero pasó desapercibida en las ciudades. Medio siglo atrás, cuando cobraron forma los actores políticos insurgentes, era una sociedad campesina y rural, pero ahora la mayoría de la población vive en grandes ciudades, donde se siente la hegemonía del Estado y del capital. En tercer lugar, la presencia negra fue importante y decisiva en algunas regiones. Las comunidades negras mostraron autoestima creciente, que viene forjándose desde que en 2008 los corteros de caña se sumaron a la Minga nacional que originó el Congreso de los Pueblos (http://goo.gl/qew4o1). Ahora salieron con sus músicas, “armados de tambores y de baile”, como señala un comunicado de la Minga. Estamos ante un nuevo actor colectivo que habrá de impactar en las luchas del posconflicto.
La última cuestión, es una pregunta. ¿Cómo se relacionan las luchas sociales actuales con las negociaciones de La Habana? Hay dos visiones opuestas. Una dice que el Congreso de los Pueblos busca situar al ELN en el proceso de paz. Sin embargo, incluye sectores importantes que no se identifican con esa guerrilla. Otra dice que se está fraguando un nuevo bipartidismo, en el cual la principal guerrilla jugaría junto a las fuerzas del presidente Santos. Lo cierto es que ningún proceso histórico llega a su fin sin trastocar seriamente el tablero político. Los movimientos del abajo son los grandes protagonistas de la posguerra.