Marinakue y la remilitarización en Paraguay

Marinakue y la remilitarización en Paraguay

Jul 11, 2016
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La masacre de Marinakue fue una consecuencia fatal, pero no lógica, del proceso de remilitarización que vivió y vive Paraguay, con el gentil auspicio de la agenda militarista estadounidense. Fue “la expresión definitiva de la dinámica de remilitarización está dada por el golpe de Estado parlamentario de 2012 tras la masacre de Marinakue, en la que las dos unidades militarizadas de la Policía Nacional tuvieron relevante responsabilidad: el GEO y la FOPE”. (Carvallo, 2016).

Marinakue, el caso de la policía

El actuar policial concreto y preciso de las diversas agrupaciones especializadas de la Policía Nacional paraguaya (PN) en Marinakue el 15 de junio de 2012 responde a cabalidad a formas y procedimientos militares adoptados por el comando policial en el uso de la fuerza y sus consecuencias. Estas formas y procedimientos son

a) Uso desmedido y desproporcionado de la fuerza con ánimo de aniquilar toda resistencia antes de que ésta se produzca. Para ello, se usa una fuerza seis veces superior al máximo de campesinos y campesinas presentes en el lugar, y más de diez veces superior a quienes la PN consideraba como con capacidad de resistencia. El uso desmedido de la fuerza se amplifica por el uso de armas letales, automáticas y medio aéreo de vigilancia, monitoreo y amedrentamiento, un helicóptero en este caso.

b) Se concibió a los campesinos y campesinas asentadas en el lugar como “enemigos” a los que erradicar de un territorio, el cual hay que invadir y desocupar. No se trata a los y las campesinas en su calidad de ciudadanos y ciudadanas, de habitantes locales, de civiles con derechos. La policía asumió un discurso de amigo/enemigo reflejado en los epítetos de “invasores” y “supuestos campesinos”.

c) La planificación de la intervención policial: movimiento envolvente, de pinzas, ataque por la retaguardia y vanguardia, grupos de élite militarizados de la PN al frente y al fondo las agrupaciones aun no militarizadas (Orden y Seguridad), como forma de involucrarlas experiencialmente en el proceso de militarización.

d) El total abandono del protocolo de intervención en ocupaciones masivas basado en los derechos humanos, introducido desde el Ministerio del Interior.

e) Los resultados de la intervención denotan una planificación estratégica de Estado mayor militar: la masacre consiguió efectos en cuatro áreas al menos:

e.1.) aniquilación total de la ocupación existente con resultado de muertos, heridos, detenidos e imputados entre los campesinos, así como la pérdida total de sus bienes y haberes;
e.2.) en un sentido más amplio, descrédito y derrota mediática de los movimientos campesinos y “carperos”. La propia reocupación de Marinakue no pudo hacerse hasta tres años después. El movimiento carpero tuvo escasa incidencia nacional después de eso.
e.3.) Al interior de la PN y el Ministerio del Interior (MI) se derrocó al sector de “derechos humanos”, anulándose el protocolo, y cayó el ministro. Comandantes involucrados en la masacre fueron ascendidos.
e.4.) Derrocamiento del gobierno de centro izquierda, recuperación del poder por los sectores militaristas de derechas, primero a través del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y luego por Horacio Cartes, quien impulsa una potente agenda remilitarizadora.

La masacre ocurrida en Marinakue fue el justificativo usado por el Parlamento para derrocar al presidente Fernando Lugo (2008-2012). Así como los cuerpos militarizados de la Policía Nacional formaron parte activa en la masacre, también está confirmada la participación de fuerzas militares en los operativos realizados en el lugar de la masacre. Fue la Policía Nacional (PN) la que tuvo a su cargo efectivizar el golpe, reprimiendo a quienes se manifestaron en contra de la destitución de Lugo por considerarlo un atentado a la democracia, tanto en Asunción como en los otros departamentos del país.

Desmilitarización y Remilitarzación en Paraguay hasta 2012

Tras el golpe militar que puso fin a la dictadura de Alfredo Stroessner en febrero de 1989, Paraguay vivió un proceso de desmilitarización institucional y social. Ese proceso surgió a inicios de la última década del siglo pasado y un desarrollo acelerado en las postrimerías de esa década y principios de la siguiente. El punto inicial de este proceso social e institucional de desmilitarización está dado por el compromiso de cambiar la Constitución stronista (1967) por otra de origen civil, ciudadano, y por la efectivización de dicho compromiso mediante su discusión asamblearia, aprobación y promulgación en 1992 . Esta Constitución incorporaba el derecho de objeción de conciencia en su articulado, un derecho con un largo historial antimilitar.

Tras este proceso de desmilitarización, Paraguay ha tenido por más de una década un proceso de remilitarización que continúa hasta el presente.
Militarización es “la proyección de dos procesos distintos pero constitutivos entre sí: uno en el que las instituciones militares se constituyen como actores centrales en el conjunto del campo organizacional de políticas de seguridad pública, y otro en que las instituciones civiles pertenecientes a ese campo adquieren lógicas militares tras la activación de mecanismos de cambio institucional isomorfo Militarización es un proceso de adopción de lógicas del paradigma de lo militar, que va acompañado por un proceso de cambio en la distribución de poder a favor de las instituciones militares en lo que respecta a la estructuración de la violencia estatal.” (Morales & Pérez, 2014). Y el militarismo es “un sistema, una lógica y un conjunto de normas que perpetúa y recrea nuestras sociedades y nuestras vidas diarias, que perpetúa las rígidas normas de género y está basado en ideas hetero-sexistas de género que definen la masculinidad como físicamente poderosa y agresiva, mientras que la femineidad es sumisa y dócil. El militarismo, finalmente, depende de, y recrea, un orden mundial racista y jerárquico que nos dice la vida de quién merece ser defendida y la de quién no.” (Alvine Andersson, 2012).

La remilitarización, en tanto, se “manifiesta en incremento de efectivos y del gasto militar; nuevas adquisiciones de armamento y medios; construcción de nuevas instalaciones; nombramiento de oficiales activos o en retiro en ministerios de Gobernación (Seguridad), jefaturas policiales y otros cargos públicos; militarización de las policías; creación de unidades militares dentro de éstas; aprobación de leyes y decretos que conceden mayores cuotas de poder y espacios de autonomía en función a los ejércitos, y operativos conjuntos ejército-policía” (Cajina, 2014).

Un indicador de ese proceso de desmilitarización es la reducción que hubo en el gasto militar como porcentaje del PIB: en Paraguay había disminuido de 2.3 % en 1991 a 1,5 % en 1995; para 1997 había vuelto a subir a un 1.7 %, según cifras del Banco Mundial. Tras las intentonas golpistas de Lino Oviedo, el porcentaje del PIB dedicado al gasto militar se redujo al 1,0 %, en 2003 y 0.9 % en 2005, el más bajo en décadas, según la misma institución. El proceso de desmilitarización llegó a su punto mayor bajo el gobierno del presidente colorado Nicanor Duarte (2003-2008); en lo simbólico cultural, será Duarte quien por primera vez, en la transición democrática, no tenga a un militar o ex militar en el cargo de Ministro de Defensa durante la totalidad de su mandato.

Es también bajo el gobierno de Nicanor Duarte que se inicia el proceso de remilitarización que actualmente vivimos. Esto se observa cuando, tanto el gobierno como la élite política paraguaya, sienten que ha sido superada la amenaza del caudillismo militarista representada por Lino Oviedo, o que al menos resultaba manejable política y electoralmente; al mismo tiempo que se afirma la normalidad institucional que aseguraba gobernabilidad. Lino Oviedo pasó a ser en ese momento un actor político “democrático” a quien se le había quitado influencia directa sobre lo militar. Por otra parte, con la reducción del gasto militar, se les advirtió a los militares sobre las consecuencias de intentar más aventuras golpistas.

El porcentaje correspondiente al presupuesto militar en el PIB volvió a crecer y para 2008 ya era un 1,1 %, según el Banco Mundial. Durante ese tiempo se renovaron y firmaron convenios con Estados Unidos y Colombia para entrenamiento militar que aceleraron la conformación de FOPE (Fuerza Operativa Policial Especializada) y GEO (Grupo Especial de Operaciones) como unidades militarizadas privilegiadas al interior de la Policía Nacional, desde su fundación a principios de los años ’90 del siglo pasado.

Lino Oviedo, símbolo del caudillismo militar, quedó tan rehabilitado y reducido, que pudo lanzar su candidatura presidencial en 2008, sin éxito. El gobierno de Nicanor Duarte restituyó sus derechos civiles a Lino Oviedo, y de ese modo, simbólicamente, marcó la reafirmación del poder y la impunidad de lo militar. El caso de los siete jóvenes asesinados durante el Marzo Paraguayo (1999) no solo quedó impune, sino que incluso las familias de las víctimas fueron castigadas por el sistema judicial.

Será el gobierno de Fernando Lugo (2008-2012), el que dará impulso a la remilitarización del país. En lo simbólico institucional, se vuelve a instalar a un militar, un general en retiro, a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, así como a incrementar significativamente el presupuesto de Defensa, llegando al 1,4 % del PIB en el año 2012, según datos del Banco Mundial.

Fernando Lugo, con la excusa de la existencia del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), decreta Estados de excepción y realiza operativos conjuntos policiales-militares en la zona norte del país (San Pedro, Concepción y Amambay); tal es así que durante el periodo 2009-2011 se contabilizaron cinco operativos en esa zona y la declaración de dos Estados de excepción. Al mismo tiempo, durante el gobierno de Lugo, se publicó la Ley 4.013/2010 que reglamenta la objeción de conciencia, a través de la cual se instala inconstitucionalmente el servicio civil obligatorio (con carácter retroactivo).
Bibliografía

Andersson, Alvine (2012) Ocho razones por las cuales el antimilitarismo necesita el queer, en El Fusil Roto n° 93, Londres: IRG. pps 1 y 2.
Banco Mundial, datos revisados el 15 de abril de 2016 en: http://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS?page=4
Carvallo, Pelao (2014) Antimilitarismo en América Latina, una mirada libertaria. En revista Ekintza Zuzena n°41. Ediciones EZ: Bilbao pps 99-101.
Carvallo, Pelao (2016), Desmilitarización y Remilitarización en Paraguay. Ponencia presentada en el Taller Paraguay en las Ciencias Sociales, PUC Asunción, junio 2016
Colectivo Utopía Contagiosa (2012) Política Noviolenta y lucha social Alternativa noviolenta a la defensa militar. Libros en Acción: Madrid. Pág. 203.
Morales, S. & Pérez, C. (2014). “Militarización: Una propuesta conceptual basada en el caso mexicano (1995-2012)” en MvB Documentos de trabajo. Berlín: México vía Berlín e. V. No. 2, 2014: 36. (Con Sabina Morales Rosas) revisada en: http://mexicoviaberlin.org/wp-content/uploads/2014/04/MvB_WP_2014_002_mpr_Militarizaci%C3%B3n_FULL.pdf
Speck, Andreas (2015) El plan de acción del Movimiento en Manual para campañas noviolentas, Internacional de Resistentes a la Guerra, segunda edición, página 79.

Por Pelao Carvallo