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Los de abajo
De nuevo Ostula
Gloria Muñoz Ramírez
La Jornada
De nuevo Ostula. Esta comunidad del Pacífico michoacano reactivó esta semana un retén de seguridad en la carretera costera 200 de la entidad, con la participación de comuneros y de la policía comunitaria. El motivo es el reagrupamiento de ex miembros de los templarios, quienes, acusan los pobladores, están tomando el control de regiones enteras de la costa y sierra de Michoacán ante el “silencio ominoso” de la Marina Armada y del resto de los cuerpos de seguridad.
La población de Ostula ha vivido todas las ofensivas posibles: empresas mineras, crimen organizado, pequeños propietarios y gobiernos en turno han combatido a esta comunidad rica en recursos naturales. Aquí el pueblo organiza su seguridad desde 2009 y hoy, ante el “fracaso evidente del mando único policial”, refuerzan su guardia comunal.
En un reciente comunicado, la asamblea del pueblo de Ostula alertó sobre la instalación del retén debido también a que no se han cancelado las concesiones mineras otorgadas dentro de su territorio a trasnacionales como la Ternium, y a que en el Tribunal Unitario Agrario 38 de Colima “se realizan toda clase de trapacerías” para modificar los linderos de la comunidad con el fin de favorecer a los templarios de La Placita y a las empresas mineras.
La justicia frente a los asesinatos y desapariciones es otra de las exigencias de Ostula, pues continúa impune el homicidio, entre otros, del niño Hidelberto Reyes García, el 15 de julio de 2015, cuando Ejército y Armada reprimieron una manifestación de la población.
La defensa de la tierra ha tenido altos costos para esta comunidad nahua. Más de 30 asesinatos de comuneros y seis desaparecidos son el saldo de cuatro años de lucha, además del encarcelamiento de Cemeí Verdía, comandante de su policía comunitaria, y de la población que ha tenido que huir por la violencia del crimen organizado.
Hoy los agresores tienen nombre y apellido. La comunidad exige la aprehensión de los jefes del cártel de Los caballeros templarios en la zona, identificados por ellos como Federico González Medina, alias Lico, y Mario Álvarez López, alias El Chacal.
Respeto y garantías para el buen funcionamiento de su policía comunitaria en los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Cualcomán es otra de las exigencias, a la que se suma la desmilitarización de la región.
La reinstalación de un retén de seguridad no es gratuita. En los últimos años las guardias o policías comunitarias habían logrado disminuir secuestros, asaltos, extorsiones y asesinatos hasta en 98 por ciento, y estuvieron muy cerca de desactivar por completo a Los caballeros templarios, cuando vino la detención de Verdía y la lucha se concentró en las movilizaciones por su libertad.
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