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México D.F. Viernes 24 de octubre de 2003
Acto de rebeldía contra un orden constitucional que no les dio cabida: CIEPAC
Juntas de buen gobierno, estructura novedosa de organización indígena
La pluralidad en territorios autónomos, reto por resolver, plantea Juan Carlos Martínez
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
San Cristobal de las Casas, Chis., 23 de octubre. “La formalización de nuevas estructuras de gobierno regional indígena en las zonas de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), no es sólo un acto de revitalización del proceso político zapatista, sino un significativo paso en la constitución de nuevas formas de gobierno indígena y de fortalecimiento a su proceso de autonomía”, considera Juan Carlos Martínez, investigador del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC).
Menciona la polémica actual “sobre si las juntas de buen gobierno son legales o no, si constituyen un cuarto nivel de gobierno, o si los preceptos legales vigentes de origen nacional o internacional podrían ampararlas”. Estos son asuntos importantes desde el punto de vista del gobierno, pero “carecen de relevancia para quienes tomaron la determinación de constituirlas y para quienes consideramos que el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés dio pie para que esta medida tuviera que ser tomada de facto y no de derecho”, agrega la más reciente investigación del CIEPAC.
“Como lo han señalado los propios zapatistas, este es un acto de rebeldía en contra de la legalidad y no un intento de justificarse en un orden constitucional que no les dio cabida. La conformación de las juntas de buen gobierno responde a la necesidad de ordenar las políticas públicas de los gobiernos zapatistas en su territorio. Buscan ser puente entre el orden político local y las instancias externas con quienes estos municipios mantienen relaciones”.
A juicio del investigador y analista, los gobiernos municipales autónomos “adquieren una proyección regional que intenta fortalecerlos, al mismo tiempo que los obliga a ejercer la función pública de acuerdo con los principios de moralidad en que se sustentan”.
Añade que los zapatistas intentan demostrar que el reconocimiento legal de los sistemas normativos indígenas no sólo propone “dar techo constitucional a lo que ya existe, sino crear ámbitos, y desarrollar instituciones y sistemas políticos, que si bien pueden cimentarse en antiguos principios y concepciones culturales, tienen que ser nuevos y creativos en función de las dinámicas y circunstancias de los contextos contemporáneos”.
Retos para un gobierno autónomo
En su análisis sobre la gobernabilidad en los territorios autónomos zapatistas, Juan Carlos Martínez considera asimismo preguntas y riesgos respecto de las juntas de buen gobierno. Por ejemplo, “la legitimidad que estas nuevas estructuras” para gobernar a los no zapatistas que viven en sus territorios, y su capacidad de garantizarles seguridad jurídica. “¿Pueden mandar obedeciendo a quien no les manda nada?”, se pregunta Martínez.
Curándose en salud, el investigador enuncia que responder a estos dilemas de los procesos autonómicos “es una forma de fortalecerlos, no de debilitarlos”. Se trata de una “realidad reconocida” que ilustran las palabras del comandante David durante el acto de formalización de la juntas de buen gobierno, al calificar a los no zapatistas como “hermanos de raza, de color y de historia”.
Las regiones zapatistas, como casi todas las zonas indígenas, “son plurales ad intra”. En el territorio que gobiernan los consejos autónomos y las juntas de buen gobierno existen diversas identidades culturales, políticas, religiosas, “y los conflictos correlativos”.
El analista explora las que llama “fuentes típicas” de legitimidad de las autoridades indígenas en distintas regiones del país. Una primera deriva de las asambleas de ciudadanos en general “o de algunas personas caracterizadas”. Otra es la tradición o costumbre. Una tercera fuente de legitimidad “es el mérito y el prestigio reconocidos en la persona que ocupa los cargos”. Apunta que tales rasgos suelen manifestarse combinados.
Para los politólogos, reconoce el analista, “cualquier forma de nombramiento distinta de la democracia procedimental causa prurito y desconfianza; para quienes apostamos por un derecho y una política intercultural, cualquiera de las formas descritas puede ser legítima si se apega a un fundamento moral aceptable dentro del contexto cultural, si tiene consenso social amplio y capacidad para ordenar la sociedad y conducirla conforme a su propio proyecto de vida buena”.
La legitimidad tanto de las juntas de buen gobierno zapatistas como de toda autoridad indígena puede venir de cualquiera de estas fuentes. “Creo importante insistir en la juridización de los derechos indígenas, pero no es requisito indispensable para la constitución de nuevas instituciones en el nivel regional”. El investigador reconoce que, en todo caso, “el proceso de legitimación del gobierno autónomo no tiene una ruta simple por delante”.
Otra opción de los gobiernos zapatistas frente a los no zapatistas “sería gobernarlos independientemente de la legitimidad que éstos les otorguen; esto es lo más común en cualquier Estado”. O bien, “no gobernar a la gente no zapatista, es decir, crear un sistema de gobierno cuyo ámbito jurisdiccional no sea espacial sino personal, gobernando dentro de un territorio exclusivamente a aquellos que suscriben el ideario zapatista y respaldan sus estructuras”. Advierte que esta tercera salida implicaría declinar a la demanda indígena de reconocimiento a sus sistemas normativos dentro de un ámbito territorial.
Sería deseable que los “que no están de acuerdo o no entienden la justa causa zapatista” (en palabras del comandante David durante la inauguración de los caracoles en Oventic), respeten la nueva estructura, participen de ella y la suscriban como un medio para mejorar su vida y dar respuesta a un Estado que no ha logrado justificar su razón de ser en estos territorios. El estudioso concluye que “la pluralidad interna representa para los autonomistas un reto aún por resolver”.
