Demo-cidio

Demo-cidio
Raúl Prada Alcoreza

El democidio vendría a ser el asesinato de la población. No es exactamente un genocidio, tampoco un etnocidio, aunque a la larga parezca serlo o termine siendo; pues se trata de población, del asesinato de la población. No así de la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un contingente social, dados por motivaciones raciales, políticas o religiosas, como en el caso del genocidio; tampoco de la destrucción de un conjunto étnico, así como de su cultura, como en el caso del etnocidio. Sino de la población; concepto referencial del biopoder. Intervención de estructuras de poder en la corporeidad extensa demográfica, ocasionando efectos en masa, cuantitativos y estadísticos. Un Estado puede ser genocida, en un caso, o etnocida, en otro caso; también democida, en el tercer caso; el que nos interesa analizar, considerando comportamientos singulares de un gobierno y los otros órganos de Estado, así como parte de la sociedad civil, que es prácticamente cómplice de este democidio; cuando avala la demagogia de un gobierno, que encubre una flagrante irresponsabilidad ante la atención de necesidades vitales de la población.

La crisis del agua en cinco regiones de Bolivia, particularmente agudizada en las ciudades, ha develado el comportamiento democida del gobierno, del Congreso, del órgano judicial, del partido oficialista, incluso, de la llamada “oposición”. Unos, al secundar la desatención, la desidia, la irresponsabilidad gubernamental y de las instituciones públicas encargadas; otros, al enfrascarse en debates irrelevantes y banales, que caen fuera del tiesto; que no tocan la médula del problema; tampoco achuntan a orientar soluciones adecuadas.

Como el refrán del cojo que echa la culpa al empedrado, el presidente dice que la crisis del agua se debe al cambio climático. Lo del cambio climático se sabe, por lo menos, hace más de tres décadas, sino es mucho más; la conducta indolente de estados, gobiernos, organismos, nacionales e internacionales, también es conocida durante este lapso. Este es el contexto del problema, si se quiere, la estructura del problema de lo que llamaremos, rápidamente, causa; pero, de aquí, no se puede deducir, ni siquiera inocentemente, que la desatención al problema singular de la crisis del agua en ciudades y cinco regiones del país, se debe al contexto estructural del cambio climático. Esto es lavarse las manos, dejando el agua sucia, como lo ha hecho EPSAs, la empresa estatal del agua, al cerrar los grifos del flujo del agua a los barrios, y volverlos a abrir, entregando a la población, en cuotas módicas, por cierto, insuficientes, agua contaminada, que es lo mismo que decir, agua envenenada.

A la población sedienta no se le satisface con golpes en el pecho, con arrepentimientos, con escenas teatrales compungidas, sino con soluciones certeras, adecuadas e inmediatas; además, estratégicas y orientadas al largo plazo. En las gestiones del “gobierno progresista” lo que ha preponderado ostensiblemente es la ineptitud de su burocracia, de sus directores, de sus empresas, de su gabinete y del Congreso, sumándose los actos delictivos del Órgano judicial. No es otra cosa, no solo su concomitante y cómplice conducta de encubrimiento, sino su abuso de autoridad, el empleo de la violencia simbólica y también violencia descarnada en persecuciones inauditas a los que se considera oponentes al gobierno, no solamente de los partidos de la “oposición”, sino dirigentes de organizaciones sociales y de las naciones y pueblos indígenas. Lo grave radica no solamente en esta actitud delictiva de jueces y magistrados, sino también, obviamente, de la fiscalía general, sino en el ocultamiento avieso de las fechorías del gobierno, de la estructura de poder del gobierno. Solo tomando algunos pocos ejemplos; los Contratos de operaciones, que son, en efecto, la desnacionalización de los hidrocarburos, al entregar el control técnico a las empresas trasnacionales, implican un atentado a la soberanía del Estado, a los recurso naturales, propiedad del pueblo boliviano; que cuantitativamente denota una excesiva millonaria perdida. La Ley Minera, es una traición a la patria, tipificada por la Constitución, al convertir a Bolivia, a sus normativas promulgadas, en un paraíso fiscal y financiero para las empresas trasnacionales extractivistas. Sin contar delitos velados de sobreprecios en las plantas separadoras; en compras de barcazas, que nunca llegaron; en concesiones de mega-proyectos, que nunca terminaron de efectuarse, o no se materializaron como corresponde, como es el caso de San Buenaventura. Sin mencionar sobreprecios en carreteras; además de decidir, inconsultamente, contra todo criterio técnico, establecer la planta de fertilizantes en el Chapare y no en Puerto Suarez, cerca de la fuente de energía y del mercado. Todos estos delitos de envergadura son cubiertos por el Órgano judicial y la Contraloría.

Volviendo a la crisis del agua, lo que sobresale no solamente es la inoperancia de la empresa estatal del agua, sino su absoluta decidía ante el problema, que podríamos llamar la crisis del agua anunciada, con gran anticipación; además, ahora, de entregar a la población agua contaminada. El último discurso del presidente, como dijimos, es culpar al cambio climático de lo que ocurre.

El presidente del Congreso pidió que los de EPSAs se vayan a su casa; el presidente destituyó solo a los máximos directores, dejando toda la empresa como estaba antes; llena de gente incorporada políticamente, que no cuenta con formación técnica para ejercer su tarea encomendada. Si bien ingresaron, en vez de los directores destituidos, dos técnicos, que fueron antes desalojados por el “gobierno progresista” y el partido oficialista, no están en condiciones de solucionar tamaño problema de la crisis del agua. Haciendo eco del pedido del presidente del Congreso, todos los que no cumplen con su tarea deberían irse a su casa; esto incumbe a gobernantes, a la burocracia estatal, al Congreso, al Órgano judicial; así como también a la llamada “oposición”, que sigue enfrascada en inútiles escaramuzas, a las que se acostumbró la clase política en la historia política de Bolivia. No se puede seguir en el mismo círculo vicioso del péndulo rutinario de la rotación del poder, dibujado por los “oficialistas” y “oposición” de hoy, u otros “oficialistas” y “oposición” de mañana; sobre todo, ante problemas de mayúscula amenaza de la población.

Por otra parte, lastimosamente, parte del pueblo es cómplice, aunque no lo quiera, de lo que pasa; pues deja hacer a los gobernantes lo que hacen; ejercer el poder de la manera más indolente. O en su caso, incluso, parte de esta parte de la población expresa un comportamiento adulador, apologista o directamente cómplice, al apostar por semejante decadencia.