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En Chiapas “persiste una situación de conflicto armado interno”
Los planes autonómicos del EZLN aún son atacados por la autoridad: Frayba
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 21 de diciembre de 2016, p. 14
San Cristóbal de Las Casas, Chis.
Los proyectos autonómicos y la lucha por los derechos como pueblos indígenas que mantiene el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) siguen siendo blanco de ataques por estructuras gubernamentales, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
En su informe anual Los caminos de la resistencia, señaló que la disputa por las tierras recuperadas sigue en marcha, pero encuentra la postura firme de los zapatistas de construir alternativas al sistema capitalista desde lo local, lo alternativo, lo comunitario, lo independiente y lo propio, al buscar experiencias de autonomía cada vez más integrales.
Expresó que en Chiapas “persiste una situación de conflicto armado interno” desde 1994 en que surgió el movimiento zapatista, debido a que no hay un acuerdo de paz, donde nunca se han atendido las demandas del EZLN, y porque con acción y aquiescencia, el Estado mexicano mantiene una política de agresiones y persiste en la estrategia de contrainsurgencia.
Señaló que las amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados, encarcelamientos, liberación de órdenes de aprehensión y la disputa de tierras continúan con la colaboración de agentes del Estado de todos los niveles de gobierno.
En otra parte del documento, sostuvo que el aumento de la seguridad sirve para incrementar la presencia policial y militar con el pretexto de combatir el crimen organizado, con el cual se controla a la población y el territorio: “el Estado de excepción de facto”.
Aseguró que la actual administración federal, que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, está dispuesta a imponer a toda costa proyectos de gobierno, sobre todo las llamadas reformas estructurales, aunque implique el uso excesivo de la fuerza pública contra las expresiones de inconformidad.
En ese sentido, acusó violaciones a derechos humanos por la imposición de proyectos energéticos o de infraestructura con el despojo de territorio; uso desproporcionado de la fuerza en los operativos policiacos “en el marco de una estrategia de seguridad pública, que en vez de reducir el nivel de violencia, lo incrementa”.