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(Artículo redactado por periodistas agencia de noticias de Chile ANCHI). Octubre 2003.
**ENDESA-ESPAÑA PODRÁ INUNDAR MILES DE TIERRAS INDÍGENAS EN CHILE
Presionadas y en Medio de Indiferencia Nacional, Mujeres Pewenche Aceptaron Recursos de la Trasnacional. Presidente Lagos se Congratula del Hecho. Su Gobierno Había Despedido a Funcionarios que Argumentaron en Contra de la Represa. Rechazo de la ONU, de la CIDH y de Amnistía Internacional. Embajador Chileno en España Ayudó a ENDESA. Inversión de 570 Millones de Dólares. “Destrucción Social, Espiritual y Cultural”. Un “Ecocidio”. Las Críticas Dentro del Movimiento Indígena. La Mayoría de Organizaciones de Izquierda en Silencio o Reaccionando con Retraso.
Por: Equipo Anchi.-
(Stgo.Chile.Sep.2003.ANCHI) En los próximos meses la trasnacional española ENDESA inundará más de 3.500 hectáreas de tierra perteneciente a comunidades indígenas, afectando la biodiversidad del Alto Bio-Bio en el sur de Chile y terminando con cementerios, historia y cultura pewenche. En esa zona se construirá la “Central Hidroeléctrica Ralco”, uno de los proyectos más ambicionados por ENDESA-España, respaldado por el gobierno del Presidente Ricardo Lagos.
El vamos a la operación quedó finiquitado cuando un grupo de mujeres pewenche, las últimas que quedaban resistiendo y no aceptaban vender sus tierras, en medio de presiones y desgastes, finalmente pactaron un convenio con la trasnacional y con el gobierno.
A pesar de las denuncias de agrupaciones indígenas, de grupos ecologistas, de las críticas de diversos sectores sociales, y de los reparos y críticas de Relator de las Naciones Unidas para Asuntos Indígenas, el mexicano Rodolfo Stavenhagen, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional y de la Federación Internacional de Derechos Humanos, el proyecto alentado por ENDESA y el gobierno chileno siguió su marcha y hoy constituye uno de los más duros golpes a los pueblos originarios.
La administración de Lagos estaba tan decidida a seguir con él a como diera lugar, que dos directores indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), el ente gubernamental para tratar los asuntos de las etnias, Mauricio Huenchulaf y Domingo Namuncura fueron destituidos por defender la Ley Indígena (de 1993) que impedía hacer la represa sin la aceptación de sus dueños. También renunció en su momento la directora de la Corporación Nacional del Medioambiente (CONAMA), Vivienne Blanlot, por no dar el pase para la destrucción del sistema ecológico de la cuenca del Bio-Bio según el plan de ENDESA.
En un comunicado la Agrupación Konapewman indicó que “una empresa de capital español puede enseñorearse en los poderes de un Estado avasallando voluntades tanto políticas como administrativas…Vergüenza y repudio a los gobiernos de la Concertación que traicionó los mandatos de la ciudadanía, que traicionó su propia legalidad sobreponiendo intereses capitalistas a intereses sociales y humanos”.
El plan de esta represa data de 1996, fecha en que ENDESA, apoyada por el gobierno, inició una verdadera ofensiva en contra de la comunidad pewenche del Alto Bio-Bio para obtener sus tierras. Un grupo de mujeres resistieron todos estos años para defender sus tierras, sus cementerios, su cultura, sus formas de producción y trabajo, su historia y preservar sus territorios sagrados y parte indisoluble de su desarrollo comunitario. Hoy esa resistencia llegó a su fin.
Los Memo
En los pasados meses, mientras continuaban los procesos en contra de la Hidroeléctrica en instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se produjeron conversaciones secretas entre los juristas defensores de las mujeres pewenche, funcionarios del gobierno de Lagos y representantes de la transnacional española. El 16 de septiembre, de manera sorpresiva, llegaron al Palacio de La Moneda las cuatro ñañas pewenche, sus dos abogados y un gerente de ENDESA y junto al Presidente Ricardo Lagos y otros funcionarios, dieron a conocer dos memorandum donde se materializa el acuerdo que traspasa las tierras indígenas al consorcio europeo.
Los dos documentos -uno de compromiso del gobierno y el otro de compromiso de la empresa- indican que cada mujer recibirá de la transnacional 200 millones de pesos (unos 307 mil dólares), 77 hectáreas de tierra similares a las expropiadas, 300 millones de pesos (461 mil dólares) para crear una institución que promueva “un programa de desarrollo que beneficiará, mediante subsidios, a los afectados indirectos por este proyecto; del gobierno recibirán 1.200 hectáreas del fundo “El Porvenir” de actual propiedad del Banco del Estado, asistencia técnica del Instituto de Desarrollo Agropecuario, un Programa de Vivienda que “otorgará subsidios habitacionales para la construcción de casas habitación para las propietarias pehuenche” y además el gobierno “arbitrará las medidas necesarias para otorgar 8 pensiones de gracia y 22 becas de estudio a familiares de las propietarias”.
El memorandum suscrito con el gobierno señala que “las propietarias pehuenche declaran que las condiciones acordadas resuelven definitivamente el punto denominado ‘Medidas para satisfacer las demandas particulares de las familias mapuche pehuenche afectadas’, del documento ‘Bases de Acuerdos para una Propuesta de Solución Amistosa’, suscrito entre ellas y el Estado de Chile el 26 de febrero de 2003 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA”. Sin embargo, el memo que se firmó con la trasnacional es más explícito y definitorio: “Las propietarias pehuenche se desistirán de todas las acciones judiciales y administrativas interpuestas ante los organismos y tribunales nacionales, renunciando expresamente a toda otra acción que puedan invocar…”
Las ñañas Berta Quintreman Calpan, Mercedes Huenteao Beroiza, Rosario Huenteao Beroiza y Aurelia Marihuan Mora, al igual que sus abogados Alex Quevedo y Roberto Celedón, firmaron los memos con Francisco Huenchumilla, Secretario General de Gobierno, y con Héctor López, gerente de ENDESA. El Presidente Ricardo Lagos declaró que “lo que parecía un tema complejo, hoy, gracias a la buena voluntad de ENDESA, y de las familias pehuenches, y los esfuerzos que ha hecho el gobierno se ha encontrado el pleno éxito”.
Para que no quepa duda de la intervención del gobierno de Lagos a favor del consorcio español, en toda esta maniobra cumplieron un papel de primera línea el embajador chileno en España, Enrique Krauss y el Subsecretario de Gobierno, Rodrigo Egaña, mientras que el ex funcionario gubernamental y reconocido intelectual de la Concertación por la Democracia, Eugenio Tironi, actuó protagónicamente como asesor de ENDESA-España. El gobierno apuró la marcha del acuerdo pues estaba por salir desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un dictamen favorable a las comunidades indígenas y estaba tomando fuerza el cuestionamiento del Relator de la ONU también a favor de las pewenche.
Es que para la trasnacional y el gobierno se trata de un proyecto de proporciones. La represa tiene una inversión de 570 millones de dólares, generará 3 mil 380 GWh anuales y será un embalse de mil 222 metros cúbicos de capacidad. La Hidroeléctrica Ralko representará el 8% del Sistema Interconectado Central de electricidad de Chile.
El gobierno argumenta que ante los serios requerimientos de garantizar la energía eléctrica nacional es imprescindible Ralko. El país tiene actualmente una demanda de energía de 33.822 MWh y una capacidad de generación de 35.150 MWh. El año 2005 la demanda será de 36.257 MWh y la generación alcanzará a 37.568 MWh, lo que establece un margen de 3.7 a 3.4 por ciento. De no garantizarse la generación de mayor energía, por el año 2006 la demanda podría ser muy superior a la producción, abriendo la posibilidad de una crisis energética.
Obligadas, Cansadas, Agotadas
En una entrevista del diario “El Sur” de Chile, realizada por la periodista Paulina Merino, uno de los abogados de las familias indígenas, Alex Quevedo, explicó lo que ocurrió con las mujeres pewenche. “Fueron obligadas a sentarse a negociar -aseguró-. Estaban agotadas y cansadas, por lo que es injusto acusarlas de que siempre pensaron en negociar o que buscaron un arreglo. No se les puede exigir a ellas que se inmolen en función de una causa. Por lo demás, es increíble el tiempo que resistieron abandonadas. Tenían a una gran transnacional en su contra, al sistema económico e incluso al Estado con todo su aparato en contra”.
El comunicado de la Agrupación Konapewman señaló que “las ñañas de la resistencia a la construcción de la represa Ralko hayan cedido a las presiones del gobierno y a la trasnacional ENDESA-España para permutar sus tierras, a esta altura, es sólo un hecho más de una historia de destrucción y depredación. El etnocidio ya estaba consumado. La destrucción social, espiritual y cultural en las comunidades Pewenche era una realidad hace mucho tiempo”.
Por cierto, hace tiempo atrás que otras familias de la zona habían llegado a acuerdos con ENDESA dejando solas a estas mujeres y abriendo un camino para materializar el plan de la represa.
Juan Pablo Orrego, del Grupo Acción por el Bio-Bio declaró al diario “La Nación” que “al observar el proceso, tengo sentimientos encontrados. Por un lado me alegra que las familias hayan recibido una compensación bastante buena, pero pienso en las otras 97 familias que permutaron antes por 15 ó 20 hectáreas y que no recibieron más de dos millones de pesos”. Reiteró la tesis de que “esta es la rúbrica de la destrucción del Alto Bio-Bio. Los chilenos nos vamos a arrepentir de esto por el resto de nuestras vidas”.
Ni partidos políticos ni organizaciones sociales de izquierda y progresistas emitieron opinión alguna, o cuando más, lo hicieron de manera vaga y con retraso demostrando la distancia que hay entre esos sectores y todo el movimiento indígena.
En todo caso, el mismo texto difundido por Konapewman apunta hacia un elemento no menor en este conflicto; lo referido a aspectos de desunión, desarticulación, disgregación, discrepancias y dispersión en el seno del movimiento indígena en el país afectado, además, por una historia relativamente reciente de profunda represión dictatorial, roles negativos de partidos políticos, asedio constante de latifundistas y carabineros, presiones judiciales y de medios de prensa, detención y prisión para decenas de dirigentes mapuche, indiferencia nacional ante estos conflictos. “Los movimientos ecologistas y mapuche -señala el documento- en su totalidad, muchos de ellos con patéticas posiciones, tampoco pueden eludir sus responsabilidades sobre este fracaso, donde también nos incluimos. El fracaso es de todos”.
Apuntando hacia un tema de fondo, la agrupación agrega que “al parecer, al interior de la clase dirigente mapuche que viene cumpliendo una larga trayectoria y que hoy está entrampada en situaciones conyunturalistas, en medio de la coacción estatal y de programas y proyectos asistenciales, probablemente deberá dar paso a nuevas generaciones que con una visión más colectiva, con más fuerza y con condiciones de generar alianzas, asuma debidamente los desafíos de la reconstrucción territorial y de la reivindicación de los Derechos, para frenar y expulsar la expansión de estos grupos económicos que sólo han traído consigo la muerte de comunidades y la destrucción de los ecosistemas”.
Parecía difícil que las cuatro ñañas pudieran resistir los embates de un consorcio transnacional europeo y del gobierno chileno.
Era, más bien, una prueba para un sólido movimiento indígena de resistencia y movilización, acompañado por fuerzas sociales y políticas que “se la jugaran” por las comunidades en este conflicto. Un conflicto estratégico para el modelo económico e institucional del actual régimen y para el fortalecimiento de la penetración del capital extranjero al país. Por lo demás, en este proyecto de Ralko se jugaba también la opción de defender una importante zona de biodiversidad chilena, de defensa de tierras de enorme valor medioambiental, de protección de una flora y fauna que ahora serán inundadas y de preservar las condiciones del río Bio-Bio, de vital valor natural en el sur chileno.
Daño Consumado
El gobierno, los sectores empresariales, los medios de comunicación conservadores, las organizaciones latifundistas, las empresas forestales y varios grupos financieros vinculados al capital externo han elogiado en privado o público “el acuerdo” y lo ponen como muestra de que “esta modernidad” puede avanzar. Fue vital la alianza gobierno-sector privado. El argumento es recurrente; la represa ayudará al país a contar con energía, la base energética “estará más modernizada” y no se pueden detener estos planes por intereses “parciales” de comunidades indígenas.
“De todas maneras -señala en un análisis Blaise Pantel- el daño fue hecho hace años atrás, la Cuenca del Bio-Bio nunca se podrá devolver a como era antiguamente, las permutas se hicieron con la mayoría de las familias (bajo engaños y presiones)”. En un breve texto titulado “Sobre Ralko..Íntimas Palabras” de Claudio Escobar, suscrito por la Brigada Nicolasita/Inti Simón y adherido por la Agrupación Mapuche de Temuco, Coordinación de Comunidades en Conflictos Ambientales (Región de la Araucanía) y Mapuexpress, se insiste que con este proyecto se provoca un “ecosistema vulnerable” y que es un duro golpe “a una cultura frágilmente viva”.
El proyecto de la Hidroeléctrica Ralko logró, por decisión gubernamental y empresarial, excluir y marginar a toda una comunidad indígena y afectar una zona de alto valor medioambiental.
Entidades ecologistas y científicas habían planteado otras alternativas de generación de electricidad y modalidades hidroeléctricas sin afectar a las comunidades indígenas.
En todo caso, este conflicto se inscribe en un contexto más amplio de exclusión y agresión al pueblo indígena en Chile. Hace unos meses, principalmente por la acción de los partidos de derecha, el Congreso negó por segunda vez el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios que habitan en Chile. Y se mantiene la negativa oficial y de los sectores conservadores a que Chile ratifique el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas.
Actualmente hay decenas de dirigentes mapuche detenidos por participar en movilizaciones, marchas y acciones en defensa de sus tierras e incluso se inauguró en el país el uso de “testigos sin rostro” en procesos contra indígenas para facilitar que los acusaran principalmente de “terroristas”.
Un eje de acción de resistencia y movilización lo constituye la recuperación de tierras y bosques en manos de grandes empresas privadas forestales y evitar que ellas prosigan con la explotación y depredación del bosque chileno.
No cabe duda que la materialización del proyecto de la “Central Hidroeléctrica Ralco” y la afectación profunda a la comunidad pewenche se suma al profundo daño que el sistema económico privatizador y neoliberal y un gobierno subordinado a las políticas de consorcios extranjeros están haciendo a los pueblos originarios, a su historia, cultura, formas de producción y trabajo y respeto a sus derechos básicos.-
