Por una democracia de movilidad subalterna

Por una democracia de movilidad subalterna
Álvaro B. Márquez-Fernández

El declive de los populismos en América Latina, considerados
como alternativas nacionalistas al Estado hegemónico capi
-
talista, arriban a su ocaso. Las tendencias socializadoras en clave
de pensamiento crítico, respecto a un Estado progresista cónsono
con una concepción a favor de una democracia de reivindicaciones
socio-laborales, no ha podido consolidarse como un ejercicio de
inclusión social para todos. Es más, la realidad histórica presente
demuestra la distorsión de este programa de Estado social com
-
pletamente ineficaz por causa de un excesivo discurso de adoctri
-
namiento ideológico.
De cara a esta panorámica, las tensiones y fracturas que cau
-
san las crisis de legitimidad de estas formas de democracias, entre
la representación y la participación en las que el ciudadano busca
su reconocimiento, insertas en las prácticas políticas que se deben
realizar para coexistir en los dominios del poder constituidos por el
Estado hegemónico, vemos la insurgencia de movimientos sociales
subalternos que se están consolidando a través de discursos eman
-
cipadores y acciones puntuales de desacato y desobediencia, con
capacidad en el tiempo para desarticular los espacios de control e
inducción que avalan la credibilidad de la dominación.
Se fundan nuevos escenarios a través de diversos tipos de lu
-
chas que permiten señalar desde la crítica política las posibles alter
-
nativas para reestructurar el orden de los poderes constituidos. En

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ese sentido, el protagonismo del intelectual orgánico permite inter
-
pretar y transformar la realidad que subyuga y excluye a la mayoría
del conglomerado social. La praxis contestataria de estos sujetos es
resignificar el sentido teórico y práctico de la democracia por medio
de la movilidad de las fuerzas subalternas que pueden hacerla más
comunal y convivencial; es decir, factible y realizable. En una sola
palabra: humanizante.
La tradición populista en la mira de las democracias subalternas
Para nadie es un secreto que la política y el poder en América Latina
se siguen ejerciendo desde la perspectiva social del discurso popu
-
lista. Este es el discurso que termina legitimando cualquier propues
-
ta de gobierno, desde la democracia cristiana hasta la social demo
-
cracia. La mayoría de las corrientes políticas y los partidos políti
-
cos han recurrido de diversas formas al discurso populista. Los que
están en el gobierno para afirmarse y justificarse, los que están en
la oposición para negarlo y criticarlo. Quizás algunos de los nuevos
movimientos sociales sean la excepción, ya que se encuentran un
poco más distantes de asumir ese discurso para lograr el reconoci
-
miento político y la construcción social de sus identidades públicas.
No resulta extraño, pues, en las sociedades de América Latina,
que el populismo impregne la vida ciudadana y el ejercicio de la
democracia. Incluso, cualquier otro actor social, sea la Iglesia o el
empresariado, sean los trabajadores o los intelectuales, salvo con
-
tadas excepciones, actúan acorde con el espíritu del populismo que
se manifiesta de diversas maneras, sobre todo en momentos coyun
-
turales, con la finalidad de producir adhesiones: unas veces más vi
-
sibles, otras menos, según sea el nivel de compromisos y acuerdos
que entran en correspondencia con los intereses de los grupos o
clases sociales hegemónicas.
Nuestras sociedades y el propio Estado no han dejado de per
-
tenecer, de una u otra manera, a la tradición populista. Aún los ad
-
versos al populismo, repito, a la hora de administrar cuotas de poder,
se valen de esta ideología para afianzar ese poder. Otro asunto será
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estudiar los orígenes y los rastros que dan testimonio de esta pre
-
sencia, pero considero innegable este dato histórico para contex
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tualizar nuestra precaria tradición republicana. Sé lo polémico de
mi afirmación, pero los entretelones de los que están formados los
poderes públicos del Estado latinoamericano responden a media
-
ciones populistas. Baste observar y evaluar los contenidos ideológi
-
cos de cualquiera de las contiendas electorales para que se constate
en la práctica lo que afirmamos en la teoría.
Esto pudiera llevarnos a una clasificación de los tipos de po
-
pulismos, y en tal sentido los habrá unos mejores articulados que
otros, pero todo depende del grado de aceptación y desarrollo que
logren cumplir los programas políticos que le sirven de base.
Considero, entonces, que en los escenarios políticos es muy
recurrente la presencia del populismo porque sirve de plataforma
ideológica para la discusión de los principales temas nacionales y
los problemas que aquejan a los ciudadanos. La inducción de estos
en la organización de la opinión pública a través de los medios de co
-
municación, constantemente apelan a formas discursivas de índole
populistas. Tanto el sector de la oposición como los adherentes a la
gestión de gobierno se valen del imaginario populista para concul
-
car las intenciones personales de quienes participan en las luchas
sociales. La retórica del discurso apela a una pragmática comunicati
-
va entre emisor y destinatario, dominador y dominado, que favorece
interacciones en el marco de una cultura política para deliberar los
conflictos, sin los sobresaltos de la violencia social y la pugnacidad
político-partidista. Lo que nos muestra con suma claridad que es
ineficiente la correspondencia entre las estructuras institucionales
que legitiman la gestión del Estado y la organización de la sociedad
civil entendida como el espacio de las diversas identidades públi
-
cas, donde se acatan las obligaciones que el Estado impone.
Es decir, hay problemas graves en los procedimientos
institucionales para establecer relaciones sociales cuya preferencia
por la consensualidad eluda o supere los enfrentamientos directos
entre sociedad civil y Estado. La idea de democracia sugiere una
teoría y una praxis cuya identidad está determinada por el grado de
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libertades públicas de las que dispone la ciudadanía para manifestar
sus opiniones. Una opinión pública consolidada es el primer supuesto
de la que debería partir la gobernabilidad política en clave subalterna.
Sin ella, es más complicado arbitrar las crisis de legitimidad, pues se
carece de la necesaria e insustituible dialogicidad para interpretar y
lograr los acuerdos en torno a los conflictos.
En América Latina se podría estar en presencia de un genui
-
no cambio de la institucionalidad del poder del Estado, que afec
-
ta severamente las tradicionales formas de entender lo político, si
se logra insertar formas de discursividad contrahegemónica en los
contextos políticos de la sociedad civil, seno de las legitimidades y
representaciones sociales, y asumir un inusitado protagonismo. Este
nuevo escenario de convivencias ciudadanas pudiera reorientar el
ideario populista tradicional y su corte ideológico doctrinario ha
-
cia un concepto de civilidad en emergencia, que debe ser alentado
como eje central de cualquier gestión pública del gobierno, a fin de
garantizar en todo momento la participación democrática.
Son muchos los factores que están en juego en la transfor
-
mación político-constitucional y de gobernabilidad por la que ac
-
tualmente atraviesa el Estado y la vigencia de las democráticas
en América Latina, donde tanto fuerzas proactivas como reactivas
han sucumbido al desgaste propio de toda confrontación en la que
prevalece más que la racionalidad política, la justificación o auto
-
defensa de supuestos ideológicos. Se requiere algo más que esto,
estamos urgidos de un debate nacional donde impere el interés de
una ciudadanía con capacidad discursiva para la deliberación, capaz
de deliberar la totalidad de los intereses de los colectivos sociales
subalternos.
Es necesario, entonces, acercarnos a una caracterización, por
mínima que parezca, de lo que somos como sociedad y como ciu
-
dadanos, a la luz de las profundas causas que han acelerado el des
-
contento social, a la par de un activismo político donde los sectores
conformados mayoritariamente por clases subalternas en torno a un
Estado indolente, derivan prácticas de resistencia y violencia polí
-
tica que perturban el clásico equilibro consagrado por la sociedad
civil hegemónica
217
No se puede seguir animando el espíritu de un populismo ge
-
nérico y un cierto mesianismo colectivista. Unos medios de comu
-
nicación social y sectores de la Iglesia, del empresariado y partidos
políticos, muy identificados con actuaciones que responden clara
-
mente a filiaciones de clases que representan intereses que están
jerarquizados y desarrollados en el ámbito superestructural de la
sociedad civil dominante, y que insisten en represar los movimien
-
tos subalternos de disidencia que reactivan los cambios inherentes
del orden instituido que los porta. En otros casos, por la deserción o
el acompañamiento pasivo, de algunas personalidades y líderes que
en un principio buscaban compartir afinidades con la propuesta de
transformación política y económica de la sociedad, en beneficio
de esa democracia ciudadana a la que se aspira por medio de los
poderes populares constituyentes que es un primer formato con el
que se procede a reconocer la soberanía popular en la gestión de la
cosa pública.
A esto debemos sumarle el crispado lenguaje político que ha
ido ganando espacio entre los actores sociales, que han radicalizado
posiciones en la defensa y autodefensa de intereses personales o
grupales. Se produce una gran dispersión, fragmentación y despren
-
dimiento en casi todos los estratos sociales, porque estamos efec
-
tivamente en presencia de un nuevo orden hegemónico que está
buscando los medios para consolidarse en el poder, frente a otro,
que está en vías de disolución. Inevitablemente, la concentración
de fuerzas proactivas y reactivas no se hacen esperar, se crean los
bandos, las consignas, las vanguardias, y toda esa fenomenología
tan típica de los cambios sociales cuando la complejidad de la crisis
política implica una práctica de carácter revolucionario que apunta
a otro estilo de gobernar.
Esta es una de las perspectivas de interés que se debe seña
-
lar en el horizonte de las crisis democráticas actuales en América
Latina, donde la presencia del pensamiento de izquierda es muy
representativo. La tesis que se propugna de forma radical, desde
una concepción de la democracia de movilidad subalterna, es la
reconversión del populismo como fuerza de disrupción social, en
218
la construcción de identidades ciudadanas alternativas y emancipa
-
doras. La idea se afina y el proyecto se presenta como realizable
en la medida en que la conciencia social del pueblo también logre
su transformación crítica y se reconozca como el depositario de la
legitimidad, en su condición de sujeto histórico del Estado social en
el que coexiste y convive.
Sin una estrategia subalterna acorde con la complejidad de las
crisis democráticas del presente, la gobernabilidad pública y popu
-
lar no lograría crear y desarrollar adecuadamente una estructura or
-
gánica entre el Estado y la sociedad civil segregada, esto es lo que
inicialmente erosiona el proyecto político nacional del Estado he
-
gemónico en su forma y contenido, y le hace perder las adhesiones
de cierto contingente de la clase media intelectual y profesional, de
crecientes grupos de militancia no gubernamental y de un número
importante de activistas políticos comprometidos con los cambios
sustantivos del poder. Vale destacar, por otra parte, la manera cómo
los medios de comunicación terminan enfrentados a la imagen so
-
cial de esta realidad, condicionando fuertemente la connotación
del público espectador o actor hacia un contenido del mensaje cla
-
ramente confiscado. La responsabilidad política de los medios de
comunicación en el desenvolvimiento de los hechos, es palmaria.
El Estado coopta las libertades políticas, en especial la de
expresión, las fuerzas coactivas del Estado, bajo el amparo de una
sociedad civil aliada a los capitales financieros permite la beligeran
-
cia de ciertos sectores de las fuerzas sociales comprometidas con
los mismos objetivos de los líderes políticos representantes de las
élites económicas. El Estado ha sido abiertamente permisivo y por
ende tolerante, participando en una lucha ideológica y comunicati
-
va por el control simbólico, con lo que el conflicto político y la crisis
de legitimidad se traslada al plano del control comunicativo del me
-
dio y del mensaje, un enfrentamiento muy desigual entre el Estado
y los movimientos insurrectos que direccionan la desobediencia en
la esfera pública de la sociedad civil.
Los movimientos sociales subalternos se desplazan poco a
poco y generan un fenómeno social excepcional e inusitado en la
219
historia política del continente. Las verdaderas causas y motivacio
-
nes de este hecho habrá que estudiarlas detenidamente, pero lo que
es obvio y de suyo poco negable es que los nuevos actores sociales
que se han gestado al interior de la ideología populista han demos
-
trado una conciencia de ciudadanía política nunca antes vista, y se
encuentran incidiendo directamente en un proceso de lucha social
que ha permitido revertir los hechos. Una particular praxis política
nada despreciable al momento de las interpretaciones históricas.
El populismo tradicional se caracteriza por reforzar la imagen
carismática del líder a través del mensaje. Esto no es nada nuevo. Sin
embargo, el acentuado carácter socializador y de aguda crítica po
-
lítica del populismo le da al discurso ideológico un matiz novedoso
que permite una incorporación real y efectiva del pueblo en la toma
de decisiones. El pueblo, y las clases sociales subalternas, se sienten
convocados, quizás por primera vez, sin mediaciones de ningún tipo,
a ejercer su pleno derecho a participar en la toma de decisiones. Eso
explica en un primer momento la devaluación y progresiva desapa
-
rición de los partidos tradicionales, por otros no gubernamentales y
más comprometidos con la nueva sociedad civil emergente. Si hace
-
mos un análisis en retrospectiva de los gobiernos actuales de Améri
-
ca Latina, fácilmente podemos reconocer cómo la identificación del
colectivo “popular”, manifiesta, principalmente, una promoción de
cambios en las estructuras horizontales de los poderes a los efectos
de lograr una empatía directa con las clases más desposeídas y mar
-
ginadas. El proyecto es buscar mecanismos de legitimación social
que puedan hacer visible a este conglomerado humano desestima
-
do en la verdadera democracia social.
La propensión a fundar los poderes constituyentes y
recuperar el espacio político e institucional en el que se ha hecho
activa la participación ciudadana, sin segregar a ningún sector
representativo de la sociedad, es un indicador de las prácticas que
harían posible revertir el orden del Estado hegemónico al convertir
la opinión pública y la protesta de calle en la fuerza de contraste
de la democracia práctica. También es necesario decir que los
propios conflictos de intereses de una sociedad como la capitali
220
no desaparecen de la noche a
la mañana. Cualquier cambio o
transformación social del sistema político pasa obligatoriamente
por una trama muy diversa de conflictos, que para ser resueltos
requieren del consenso de toda la ciudadanía sin exclusiones. No
todos los sectores de la sociedad civil estatificada, principalmente
los ideólogos de las élites, han comprendido el porque y el hacia
dónde se orientan las tendencias revolucionarias de los movimientos
subalternos. Acá, los inevitables choques entre los intereses de las
clases subordinadas —el pueblo— y la institucionalidad del Estado,
empiezan a deteriorar las alianzas ideológicas de la hegemonía.
Se sobredimensiona lo ideológico a lo político, y esa es la sen
-
da por la que comienzan a transitar tanto gobierno como opositores.
Se cuestiona la tolerancia y el pluralismo ideológico de una convi
-
vencia democrática falaz.
Todo esto disgrega y dispersa los esfuerzos del Estado para
darle la debida atención al ciudadano, a los problemas de fondo de
la sociedad, que al igual que el resto de la América Latina gira en tor
-
no a la pobreza en todas sus manifestaciones (educación, transpor
-
te, salud, higiene, vivienda, empleo, etc.), dando pie a una polémica
estéril y perniciosa, y a juicios de valor totalmente sesgados. De allí
la imagen de un populismo fracasado, como cualquier otro.
Seguimos teniendo probabilidades, siempre y cuando nos ape
-
guemos a un ejercicio de la democracia popular que, sin dejar de
considerar oportuna la viabilidad de la legalidad constitucional y la
legitimidad que dan las libertades políticas, no debe perder de vista
las estrategias de contrapoder que igualmente sirven de implosión
a la estructuras estatales de la gobernalidad horizontal. La principal
de todas: el derecho a una expresión dialógica en la que todos com
-
partamos los valores de justicia y equidad. Sin estos valores míni
-
mos no existe la democracia práctica, ésa a la que apuntan nuestras
acciones, siempre comprometidas y atravesadas por la diversidad
de intereses y necesidades, pero especialmente con la libertad.
Todavía podemos decir que son buenas y muchas las oportunida
-
des que tenemos en el presente inmediato. Pacificada la sociedad,
debemos procurar un discurso político lo suficientemente honesto
capaz de unificarnos como pueblo y sociedad.
221
El presente democrático para América Latina depende de la
concepción que se han forjado de la democracia y de la necesidad
que todos tenemos de depurarla de aquellas prácticas sociales que
la devalúan y la contradicen. Se debe reflexionar sobre el valor co
-
munal, participativo, dialógico, de las relaciones sociales, a fin de
poder tener la mejor aproximación a lo que es la democracia como
forma de vida. Es decir, como una forma de existir y de coexistir
donde todos somos exhortados al cumplimiento de normas que nos
benefician. La principal de ellas es la deliberación como principio de
discusión y de elección.
Saber deliberar es saber disentir y consentir; es, en su mejor
sentido, el reconocimiento a ser seres públicos y a actuar con soli
-
daridad política. Eso vincula nuestras acciones inevitablemente con
unos valores éticos y morales de los que no podemos prescindir en
la política. Sin ellos es muy difícil compartir el espacio público, como
un espacio de pluralidad racional y de identidades ciudadanas dife
-
rentes. En un espacio compartido por los sistemas de relaciones y
representaciones que nos permiten construir la voluntad colectiva
de un cuerpo social según los principios de la gobernabilidad y la
convivencia cívica. Esto no puede seguir siendo considerado como
mera teoría política, sino como una realidad concreta que debe co
-
rresponderse con los intereses recíprocos que están en un horizonte
existencial donde todos deseamos que se cumplan.
Sin idealismos, podemos decir que la justicia es uno de los va
-
lores democráticos que más necesitamos resguardar y proclamar en
el diálogo democrático, pues es solo a través de ella que la demo
-
cracia resulta un modelo de vida deseable para el colectivo social.
No se puede seguir considerando a la democracia como un pretexto
ideológico para la acción partidista, autoritaria o totalitaria. En su
sentido original, la democracia es el régimen colectivo más indica
-
do para cogobernar en mayoría popular. Primero, porque niega la
coacción (en cualquiera de sus formas) como la instancia absoluta
del poder; segundo, porque la justificación sustancial de la demo
-
cracia no le viene dada por sí misma. Puesto que en la medida en
que la democracia sea posible, sea realizable, se convierte en una
222
práctica que nos da plena conciencia de nuestro derecho a opinar,
de nuestro derecho a la palabra y a usar el discurso como expresión
de libertad.
Desde esta perspectiva, el proyecto de construcción de una
democracia práctica de movilidad subalterna requiere de una dis
-
cusión pública de los problemas nacionales desde unos parámetros
muy diferentes a los que se han establecido las demagogias po
-
pulistas. En los acuerdos nacionales que se propongan, todos los
sectores de la sociedad deben quedar representados, en la medida
en que los intereses que entran en los acuerdos para su discusión
deben representar a su vez el interés general de la sociedad. En
los procesos de convocatorias públicas, a través de elecciones o del
referéndum, deben estar abiertos los canales de participación a sec
-
tores sociales tradicionalmente excluidos del diálogo político. Eso
va a generar, inevitablemente, una transformación institucional del
Estado y del discurso político.
Al incorporar al ámbito de la política las necesidades sociales
de los excluidos y segregados, marginales, la relación de fuerza de
los actores sociales dominantes queda modificada o desplazada e
incluso, en algunos casos cancelada. La sociedad pierde su atomis
-
mo y deviene en un orden democrático genuino de libertades sin
compulsiones.
Esto es algo que es necesario analizar profundamente como
una de las manifestaciones de la crisis o déficit de la democracia
representativa y procedimental. Pues, implica un reconocimiento a
los sectores mayoritariamente desasistidos de la sociedad con quie
-
nes no se había establecido un compromiso (un deber ser) que les
permitiera de manera sustantiva incorporarse a los procesos de de
-
cisión, argumentación y elección democrática. Todos los procesos de
legitimación de los poderes públicos no solo deben ser ejecutados
de acuerdo a los procedimientos teóricos y formales de la racionali
-
dad política, que a su vez pluraliza las prácticas de las democracias
modernas; sino, más en la dirección de adsorber el ejercicio directo
del poder por medio de prácticas públicas más plebiscitarias y dia
-
lógicas. Pero lamentablemente este escenario no se ha aprovecha
d
223
para el desarrollo de una paideia política que suscite el debate so
-
cial, pues la confrontación entre ideologías de partido, grupos, cla
-
ses, es lo que ha prevalecido.
Los escenarios que se plantean en este momento sobre el fu
-
turo democrático en América Latina son escenarios muy tendencio
-
sos, comprometidos en cualquiera de sus modalidades con alianzas
que deberían contribuir a profundizar los derechos sociales de la
mayoría ciudadana. A pesar de los desafueros, inevitables en cual
-
quier gestión gubernamental, de lo que se trata es de entender de
qué manera deben ser vencidas las etapas de las crisis de legiti
-
midad que se hacen incontrolables en el precario sistema político,
pero que se deben reglamentar los criterios de cómo es posible lo
-
grar el modelo de democracia conciliativa en un primer momento,
y de coparticipación directa y subalterna, en otro. Se requiere para
esto de una vinculación no solo política sino de una implicación
normativa inclusiva, donde ningún sector de la sociedad permanez
-
ca excluido; la necesidad de sentirse reconocido por el sistema es
decisiva para la necesaria y eficaz consensualidad de los acuerdos.
Este es un aspecto de la crisis al que se debe atender de in
-
mediato. Lo que es derecho para unos lo es para otros; es decir, lo
contiene a todos. Esta idea no ha prevalecido en el plano político y
se han subestimado los contenidos de las leyes y las normas. Estas,
obviamente, al igual que la democracia, no pueden estar al servicio
de un partido, una institución, un grupo o una clase, deben estar al
servicio del interés y el bien del colectivo de la sociedad.
La democracia no puede ser reconocida como una realización
parcial e inacabada del Estado, pero para evitar esto se requiere que
se gobierne para la mayoría, lo que no supone que se pueda y deba
gobernar sin la presencia de la minoría. Si lo que el modelo de la
democracia representa es la voluntad y el interés general de todos,
es hacia esa totalidad ciudadana que el orden social y político debe
responder en atención a sus necesidades. Lo otro supondría que se
quiera entender que la democracia supondría ser una forma de go
-
bierno donde se legisla sin la minoría, sino incluso contra ella.
Es importante, entonces, comprender esta dia
léctica que
surge de una experiencia democrática de movilidad subalterna. Nos
224
permite construir un orden en el que el poder es compartido, y
este está orientado al bien común. Utilizar un conjunto de normas
y procedimientos para elegir a las personas que han de gobernar-
se y gobernar-nos a la vez que controlarlas. Pero, sobre todo,
recordemos que es un proceso que se realiza siempre en un devenir,
que ella en sí misma no es un sustratum inmutable. Se requiere de la
interacción de los ciudadanos para que se produzca el derecho a la
diversidad y la diferencia, la indefectible pluralidad que nos reúne
en una unidad de participación ciudadana, donde la gobernabilidad
de lo público es ejercida “por el pueblo y para el pueblo”.
Nos encontramos en una de las inter fases históricas del de
-
sarrollo político y social para la construcción de un modelo demo
-
crático práctico de una mayor naturaleza humanista. Es la salida de
esa democracia genérica aún retenida en el tiempo por el discurso
populista y el líder carismático, cercada por los intereses de las cla
-
ses hegemónicas y su concepción economicista de la sociedad. Es
la salida hacia otra democracia efectivamente más auténtica en la
medida en que ahora, ante la crisis, frente al conflicto, la violencia,
se apuesta por una pedagogía del poder que nos permita aprender
a escuchar a los otros para descubrir por cuál camino compartiremos
todos.
Ahora, el proyecto democrático se transforma en un proyecto
axiológico, pues orientamos nuestros derechos y nuestra participa
-
ción ciudadana por valores, más que por los intereses. Eso requiere
un diálogo permanentemente crítico y honesto, sin rencillas ni sec
-
tarismo. Una cultura de la argumentación que favorezca la claridad
de las ideas y sus respectivos fines. Nosotros somos los únicos “me
-
dios” para lograr esto y sería absurdo autodestruirnos. No es una
tarea fácil. Es compleja, por eso el desafío es mayor. La democracia
práctica dependerá de nuestra civilidad para pensarla y construir
-
la. Para lograr el entendimiento democrático debemos aprender a
ser tolerantes y deliberativos, son las armas de las que dispone el
demócrata genuino. Este es el verdadero poder aliado a la razón, lo
contrario es faltar a la verdad de la política
225
La correlación objetiva entre teoría y práctica del poder
en el Estado
El principal problema de la ciudadanía, en un Estado de derecho, es,
definitivamente, el de las alternativas o respuestas al uso coactivo
del poder político. La praxis de un Estado de derecho, tal como se
concibe en la teoría política de la modernidad, se basa expresamen
-
te en la necesidad de participación que tienen los ciudadanos en la
construcción de normas universales eficientes que deben ser esta
-
blecidas para que, preferiblemente, por vía del consenso, las formas
y espacios institucionales del poder puedan cumplirse de un modo
expresamente democrático.
No siempre esta idea o teoría del poder se encuentra clara
-
mente expuesta y por consiguiente aceptada, por parte de la ma
-
yoría ciudadana, pues la perspectiva conceptual del poder va a es
-
tar subordinada de un modo inmediato al orden o sistema político
que le sirve de contexto. La relación del poder consigo mismo es un
aspecto exclusivamente formal o
a priori
del poder, en un sentido
donde tradicionalmente el discurso del poder se recrea a través del
lenguaje y la interpretación de sus prácticas hegemónicas. Sin em
-
bargo, existe esa otra esfera del poder cuando en su relación con los
otros se construye desde la facticidad de la que el poder toma su
contenido de libertades prácticas.
En la esfera teórica tendríamos formalmente el orden jurídico
de las leyes y normas con las que se pretende interpretar el sentido
del poder sobre el horizonte abstracto o especulativo de su posible
aplicación universal y, en cuanto tal, válidos para todos los ciudada
-
nos. Pero en la esfera práctica, la facticidad del poder queda inves
-
tida de la fuerza política de la que pueden disponer los ciudadanos,
que son los legitimadores del sentido del poder en su aplicación
fáctica, es decir, real y material.
No siempre estas dos esferas se encuentran suficientemente
conciliadas entre medios y fines, puesto que más de las veces la teo
-
ría va por una senda y la práctica por la otra. Lo que no niega, por
supuesto, el valor de esa correlación contradictoria que se plante
226
al pensamiento político de
forma muy directa, que las condiciona
-
lidades teóricas de la praxis y las condicionalidades prácticas de la
teoría dan como resultado que la facticidad de las leyes y de las
normas se encuentren permanentemente interpeladas por las sub
-
jetividades de los actores sociales.
Tal dicotomía no es superable solo porque se la declare o
denuncie a favor o en contra, eventualmente, del espacio político
donde social y económicamente el poder se desarrolla y marca los
derroteros ideológicos que innegablemente lo terminan por validar
o revalidar. Parece que es urgente un repensar desde la ciudadanía
subalterna las máscaras del poder según los actores sociales que
se comprometen con su afirmación y justificación, es decir, con su
control y hegemonía.
Una aproximación al poder a priori de la política, es decir, un
actuar desde su praxis autónoma a partir de su relación con los fines
de utilidad de este, es el resultado de una praxis no inclusiva con
respecto de aquellos ciudadanos que por derecho deben tener en
una igualdad de condiciones, acceso a su uso. Acá una característica
importante y decisiva en la concepción teórica del poder, que jerar
-
quiza a unos sobre los otros. O sea, de una mayoría sobre una mino
-
ría. Pero, por otro lado, es necesario señalar que los usos fácticos del
poder requieren y demandan una relación directa con la estructura
orgánica y constitucional de la política.
En tal sentido, la presencia de una ciudadanía subordinada,
que cuestiona la representación social de las leyes y normas, se en
-
cuentra situada o comprometida de hecho con el ejercicio o usos de
esas leyes o normas, para direccionar el sentido de conjunto o colec
-
tivo excluido, al que el poder debe responder en el momento de la
solicitud o demanda de justicia y equidad. Es decir, en la esfera prác
-
tica del poder es donde este se encuentra referido a su instancia de
uso y dirección sobre el orden social colectivo, en vista de lograr
alcanzar el consenso y la legitimidad pública. Situado el poder en el
ámbito de la ciudadanía subordinada y el espacio público de inte
-
racción social, la interpretación del sentido del poder hace posible,
entonces, la discusión y el diálogo entre quienes son sujetos fácticos
del ejercicio d
el poder como condición de mando y dirección.
227
Acá, en este plano de la ciudadanía subordinada, es donde el
orden político del Estado se hace interventor del contenido fáctico
del poder, es decir, de aquellas prácticas que sirven para sustentar
o justificar un modo o forma de utilización del poder político dentro
del orden social.
La participación ciudadana subordinada mientras más colec
-
tiva o popular es, tiene suficiente capacidad para, en consecuen
-
cia, problematizar la interpretación teórica del poder: cuáles son
las prácticas de fuerza que en su efecto convierten el poder en una
“realidad de hecho”, que abre los espacios institucionales para que
se instalen las estructuras de control y de mando que lo dinamizan
permanentemente, y que causan o niegan los inminentes cambios
de orden que se anidan potencialmente en su producción y repro
-
ducción. Es obvio, desde el punto de vista de los colectivos de mo
-
vilidad subalterna, advertir la inevitable conflictividad al desacatar
la imposición del orden de poder en su intento por instituirse en
destino teleológico del Estado objetivo, a causa de la diversidad de
intereses individuales y colectivos, que se debaten en el espacio
público a la hora de interpretar la unicidad que contradice a la plura
-
lidad hermenéutica de sentidos que se despliegan en las prácticas
democráticas subalternas.
Nos parece que a este nivel de complejidad, el problema de
las crisis del Estado moderno neoliberal se acentúa con suma gra
-
vedad. Pues aun en un intento conciliatorio exitoso, entre las dos
esferas, teoría y praxis, no es tan simple esa correlación, pues se
trata de analizar lo que se corresponde a una contradicción propia
de la política y que es irresoluble desde cualquier principio de iden
-
tidad, puesto que el carácter originario de ser contradicción es lo
que marca la urgencia de interpretar las prácticas de los poderes de
la política en sentido crítico, humanista y liberador.
Solo en esa medida, al traer el pensamiento o teoría a la praxis
o acción, es que el orden político que sirve de contenido al poder es
susceptible de cambios o revoluciones. Así, es inherente a la teoría
su praxis, y lo es en el sentido expresado, es decir, como condición
fáctica a partir de la cual el poder se puede interpretar más allá del
228
a priori
, puesto que el sentido material de su uso resulta de las pra
-
xis o acciones de la ciudadanía en su esfuerzo por hacer del poder
una experiencia de liberación válida para todos los ciudadanos. Y
evitar, de ese modo, la concentración o hegemonía del poder para
determinar los fines o intereses de un grupo o clase sobre otros.
El poder en el Estado hegemónico: variantes teóricas-prácticas
para interpretar la democracia
Hemos señalado que una las principales características teóricas de
la democracia es la del poder instituido a través de un orden de le
-
galidades que sirve de
status
al Estado. Esto puede significar varios
modos de interpretación respecto a las estructuras de legalidad del
poder, que logra su principal representación en el sistema de nor
-
mas jurídicas. Por medio de estas es posible situar o contextualizar
el poder, principalmente, en espacios de coacción y represión.
El sentido de abstracción que sirve de principio racional al po
-
der es casi indiscutible, pues se trata de considerar el poder como
categoría de fuerza estatal para el ejercicio de la política. Es intrín
-
seco al Estado esta característica teórica-formal del poder para que
se pueda realizar el Estado hegemónico, como orden u estructura
de dominación centralizada, a la vez que diferenciada, por diversas
formas sociales y políticas de organización pública que hagan viable
la convivencia social.
Pero, a esta característica teórica de las democracias repre
-
sentativas de la modernidad se suma una que parecería mucho más
puntual o radical, a saber: las instancias prácticas que, en el obrar de
la acción política, compromete el poder con el deber ser de quienes
son los actores y sujetos de su legitimación. La referencia al colecti
-
vo subordinado o pueblo popular es directa e inmediata. En efecto,
nos encontramos ante la paradoja de que todo el poder del poder
no reside en una categoría o definición teórica que bien pudiera ser
válida para interpretar un cronos de la historia en el tiempo; sino,
más bien, es el resultado de las acciones prácticas o dinámicas so
-
ciales que acontecen en la vida de ciudadanos que no pueden ser
229
homogeneizados por las leyes sociales o económicas que regulan la
vida de la política
.
El tejido social es mucho más diverso y diferencial que los
plexos normativos de la juridicidad de las normas. La vida social
puede, desde su incertidumbre, surcar y transversar las estructuras
del orden teórico del poder y resignificar los sentidos de su inter
-
pretación material y existencial. Se trata de establecer el alcance
con el que el poder de la democracia puede lograr las correlaciones
de equidad y justicia, entre el Estado y la ciudadanía, pues, el fin es
la coexistencia en un sistema de relaciones de fuerzas que deben
permanentemente conciliar conflictos e intereses.
Por consiguiente, la labor del legislador es proveer en el plano
teórico de la formalidad del poder, que sirve de sostenibilidad al or
-
den estatal, unas lógicas argumentativas que permitan visibilizar las
conexiones entre ese plano de la abstracción y la realidad concreta.
O sea, con el plano de la fenomenalidad donde transcurre la existen
-
cia humana. Las condiciones de vida no pueden quedar suprimidas
por la estructura de racionalidad de las lógicas formales y, menos
todavía, que estas terminen asumidas como principios a priori de la
realidad.
El proceso discusivo de la argumentación implica, y supone, la
interlocución con actores y sujetos de vida que están en un continuo
devenir, pues se encuentran en el flujo y reflujo de las prácticas que
forman parte de cambios sociales. Estas dos esferas que dotan de
sentido a la democracia como un orden de poderes en su intención
por lograr formas de convivencias más plurales, justas, equitativas
y de bien vivir, entre los ciudadanos que se identifican con valo
-
res que hacen de la política el lugar de un efectivo reconocimien
-
to formal y práctico para la vida en común, conjugan muy diversas
instancias de movilidad entre los ciudadanos que la reconfiguran y
redimensionan en su existencia colectiva más cotidiana. Y, desea
-
mos apuntar hacia este ángulo el análisis, es decir, el de la acción
ciudadana de los actores o sujetos del poder subordinados que se
encuentran en el mundo de vida donde emerge la representación
social de las valoraciones políticas, con las que se debe identificar la
democracia como ese orden de poder popular y ciudadan
o
230
A este nivel de subyacencias de la vida democrática cotidiana
es que se configuran culturalmente las prácticas democratizadoras
subalternas, donde el ejercicio de la fuerza que reside en los acto
-
res y sujetos de la política excede el orden teórico de la norma que
los domina y excluye. Y, por consiguiente, se logran las emergencias
públicas de aquellos intereses, beneficios y satisfacciones por los
cuales se lucha cuando se hacen escasos o no reconocidos. Las prác
-
ticas de los poderes democráticos que surgen de grandes sectores
subalternos de la población, en particular pueden ser interpretables
como populares, potencial y efectivamente capaces de diseminar
los centros de poder de las clases instituidas hegemónicamente,
vienen a resultar de esas insuficiencias o déficits de las formas teó
-
ricas con las que la democracia del Estado hegemónico construye
sus legitimaciones.
Las tensiones y fricciones de estas dos esferas, a partir de en
-
cuentros y desencuentros radicales, suman en la crisis la estabilidad
estructural de un modo de producir la vida que es, en sus orígenes,
una concepción de la vida que entra en contradicción fáctica y alie
-
na al sujeto de la existencia. La democracia que se hace reflejo de
la vida política no es suficientemente sostenible, porque en poco
ella encarna el bien para todos como humanidad y civilización. Se
trata de imponer un modelo de coexistencia que limita la libertad
a la que es indispensable recurrir para dialectizar la tendencia bu
-
rocrática que la cosifica, e intenta devaluar las prácticas insurrectas
o emergentes que resultan de las transformaciones y autotransfor
-
maciones de la conciencia emancipada de los actores y sujetos que
coexisten y rebasan el orden de la institucionalidad de los poderes.
Las teorías democráticas formales pretenden un consentimien
-
to del poder ya presupuesto a un orden constituido, que en poco
admite la crítica sobre sus fundamentos positivos. La presuposición
del poder como algo dotado de una identidad propia e indivisible
viene a determinar el poder en una sola dimensión fáctica de sus
prácticas, por parte de quienes asumen su control.
Los márgenes de exclusión se intensifican entre quienes no
se encuentran en el centro de dominio del poder y sus direccione
231
ideológicas y políticas. El Estado no logra garantizar su presencia y
su permeabilidad a través de las instituciones de la sociedad civil,
que le sirven de zonas de tolerancia para imponer sus controles so
-
ciales. Son espacios de relaciones societales que se hacen ecos y
resonancias de la gestión de gobierno que orienta el Estado, en su
interés por hacer lo más uniforme posible la disidencia y diversidad
de las identidades sociales que hace vida en lo público. Por lo que
la teoría de la democracia, como forma de participación del mayor
número de sujetos considerados como colectivos, clases, en la or
-
ganización de las estructuras sociales que están al servicio de la
dirección política del Estado, deben responder regularmente a las
normas que el Estado hace sancionar para el cumplimiento de la ley.
Esto confirma una declaración taxativa del poder, es decir, legal del
valor objetivo de la democracia en cuanto que orden constituyente
de control y obediencia social.
Por consiguiente, será tarea primaria del Estado hegemónico
generar los reforzamientos y condicionamientos de fuerza que per
-
mitan la validación de las normas democráticas ya juridizadas, con
el propósito expreso de consagrarlas en cuanto que mediaciones
irrestrictas e irrebasables que designan el significado a las prácticas
de poderes estatales y públicos en la sociedad.
Los sistemas de representación social del poder se encuentran
contenidos por el discurso político que instaura el Estado, a través
de su hegemonía de clases y partidos, para confiscar, neutralizar y
suprimir cualquier posible crítica contrahegemónica por parte de
esos gruesos sectores de subalternos, que al interior del colectivo
humano de una sociedad se encuentran represados o retenidos por
la coacción del orden legal de la teoría democrática; una situación
de minusvalía que minimiza su cuestionamiento a las relaciones de
fuerza-coacción que instaura el Estado para su propia subsistencia
normativa.
Las teorías de las democracias de la modernidad se
convierten en un sistema de poderes centralizados y jerarquizados,
y en su intento de repolitizar las prácticas de los poderes
gubernamentales, busca ideologizar la participación ciudadana,
232
través de experiencias de interacción social altamente mediadas
por procesos administrativos y burocráticos para garantizar las
socializaciones. Es mediante esos sistemas procedimentales que
la teoría democrática liberal se transforma en una estructura
compleja de poderes interactivos, que subsume cualquier tipo de
acción protestataria que pueda irrumpir en un cambio entre las
correlaciones de poder interiorizadas y personalizados por los
actores de la hegemonía.
Las exigencias por una inclusión de los otros que viven en los
márgenes de las posibles tolerancias, con sus particulares caracte
-
rísticas de conflictividad, pasan por un discurso político de la plu
-
ralidad donde el auténtico reconocimiento de esas alteridades, sin
capacidad de integración social al sistema de poderes establecidos,
da como resultado a corto plazo un enfrentamientos de clase, y casi
de forma inmediata, a políticas de represión sicológica y físicas por
parte de los aparatos hegemónicos del Estado para hacer sostenible
su legitimidad. Por medio de este patrón de conducta de las teorías
de las democracias liberales, es imposible considerar el ejercicio de
la justicia y la equidad como derechos políticos y bienes comunes de
la mayoría de los sujetos o ciudadanos de la sociedad. Un genuino
ejercicio de la democracia se debería corresponder con otro “estado
de cosas” donde, precisamente, la insurgencia de los ciudadanos que
han sido desubjetivados por el orden de poder, puedan reasumirse
como sujetos protagónicos, a partir de su voluntad de contra-poder
para cambiar el orden de los poderes positivos que alienan al Estado.
Las democracias prácticas de movilidad subalterna
Las democracias prácticas se gestan, en consecuencia, desde otros
horizontes valorativos que entran en oposición con la constitución
de los poderes constituidos. Responden y son génesis de otras
causas que se interrogan por la validez del poder en contextos de
injustica e inequidad. Muchas veces, a partir de situaciones donde el
mundo de vida de la cotidianidad queda sumergido y es hecho presa
de la violencia con la que el poder juega a enmascarar y desconoce
233
los derechos naturales más elementales de la vida y los derechos
humanos que políticamente se deben consagrar.
Son estas otras formas de preguntar por el uso del poder que
se concreta en las críticas del Estado lo que nos hace suponer otros
modelos de representación social de la democracia, mucho más
próximos a los sujetos vivos, pues los controles de la hegemonía
pueden sufrir debilidades y fracturas que hacen posible visualizar
la presencia de esos otros actores y sujetos subordinados y conde
-
nados a condiciones infrahumanas, a formar parte del desarrollo
de los procesos de exclusión de la economía de la acumulación de
capital.
Tal como se viene analizando, al profundizarse la exclusión por
vía de las escisiones entre política y bien común, ética y responsabi
-
lidad ciudadana, derechos humanos y violencia política, represión e
insumisión, el deterioro de las condiciones mínima de una vida justa
precipitan al caos la estabilidad del sistema que se dice defensor de
la paz social. Las posibilidades de ejercer presiones infra y super es
-
tructurales al sistema, y hacer objetiva la crisis de legitimidad de la
hegemonía, pasa por una categorización de los espacios subjetivos
de la ciudadanía, donde se ejerce el mayor control social al dominar
el imaginario simbólico del pueblo, sobre todo, cuando este incur
-
siona en un quiebre político y discursivo de la hegemonía.
Las prácticas democráticas alternativas y subalternas se deben
interpretar a partir de puntos divergentes, donde los intereses so
-
ciales del colectivo no se pueden unificar bajo una misma identidad
política. Precisamente, en atención a su pluralidad ideológica, así
como las particularidades de sus culturas de clase, el rol de fuerza
que cumplen a través de los poderes públicos y en mayor grado de
los poderes estatales, es indispensable referir una concepción holís
-
tica y compleja de la movilidad de los sujetos subordinados, que ex
-
cede cualquier tipo de patrón o modelos de conductas susceptibles
de convertirse en objeto de estudio fuera de sus contextualidades y
contingencias históricas.
Es decir, los patrones de comportamiento no pueden entenderse
meramente como inducidos por causas aleatorias e inaprehensibles
234
de las dinámicas propias de las crisis y el caos social; sino, por el
contrario, son fluctuaciones que se generan al interior de los
sistemas de fuerza coactivos que hacen de fundamentos al
status
quo
de la sociedad de clases.
La democracia formal o representativa, más temprano que tar
-
de, es impactada en sus fueros por esta fuerza de compulsión anó
-
nima, no oficializada en la nominación de un concepto o identidad
partidista; precisamente, porque el sentimiento de la subalteridad
tiende y responde a un grado cero de la praxis que se ve impelida a
realizarse en su
poiesis
. Y, en cuanto tal, propender hacia un
thelos
ontocreador, cuyo destino es la concreción de los diversos estadios
políticos de acción directa de la movilidad subordinada, el devenir
desde abajo, y como esta transforma en insurgente las praxis de la
totalidad social que no presume y concibe los espacios públicos de
la política como estratos estáticos e imponderables.
Las prácticas sociales insurrectas que deben surgir desde el
interior del sistema de representación social, originario e inserto en
el mundo de la subjetividad de la vida cotidiana de la democracia
pública, van a transcurrir y ser apropiadas en manos de una auto
-
nomía ciudadana que comprende, cada vez más, que ella es parte
sustantiva de la tesitura de los espacios de transferencia del poder.
Al reclamar el derecho político a que el Estado sea absorbido por las
correlaciones de fuerza a las que están expuestas las mediaciones
institucionales que validan el decidir y discernir, la intervención en
el orden de poder por parte de la movilidad subalterna de las clases,
su intervención es directa en la desobjetivación de la hegemonía
del Estado. Se logra de este modo reconstituir los escenarios dia
-
lógicos de contestación y/o desobediencia, que hacen emergentes
esas otras identidades públicas que permiten agenciar el nuevo rol
de socialización, para reinterpretar la conflictividad política, pro
-
mover y asumir alternativas de cambios radicales en la estructura
hegemónica con las que se imponen las políticas públicas estatales.
Los Estados presidencialistas tan característicos del populismo
en sus diversas versiones, impuestos por parte de la clase
gobernante en América Latina, no han podido resolver la asimetría
235
de poder entre el Estado centralizado y las dinámicas de movilidad
social subalternas, que hacen resistencia y posición a las políticas
neoliberales características del control social y la represión. Es la
constante histórica de este orden de gobernabilidad que en su
emergencia, a causa de las crisis de coyuntura, intenta ser favorecido
por el respaldo del pueblo para obtener los fines concretos de las
fuerzas de control institucional necesarias para su legitimación.
Pero esta adhesión del pueblo, con las estructuras objetivas de los
poderes del Estado, no cristaliza en una correlación de fuerzas que
hagan permeable en el tiempo la disolución de los componentes
estructurales de dominancia inherentes a la hegemonía, y en
cuanto tal, un reconocimiento de las prácticas subjetivantes de los
actores sociales subordinados en su empeño reflexivo y crítico por
comprender los fenómenos de exclusión y marginalidad que sufren
en sus vidas cotidianas.
El Estado delimita sus horizontes coactivos con el fin de man
-
tener represadas las praxis emancipadoras de las movilidades so
-
ciales subalternas que, en su génesis, son las detonantes de la in
-
surrección y/o desobediencia cívica pasiva y/o activa, que procuran
una recontextualidad del consenso y la pluralidad, por medio de
diálogos públicos que sirven para develar las contradicciones de
las ideologías populistas. Toda vez que el carácter popular de las
prácticas subalternas del pueblo se deben considerar como las que
efectivamente poseen las lógicas para resignificar los sentidos de
las representaciones sociales, simbólicas y lingüística del poder he
-
gemónico del Estado.
Es inobjetable la presencia histórica y cultural de los movi
-
mientos sociales disidentes e insurrectos en el panorama del ejer
-
cicio del poder, en algunos de los Estados ampliados o progresistas
de la región, y las actuales luchas emancipadoras que libran en gran
parte de los espacios sociales de América Latina. La irrupción de
esta movilidad de las clases subordinadas o excluidas ha permitido
algunas recomposiciones en la dirección hegemónica del Estado,
con cierta participación o participación integral en los núcleos fuer
-
tes del poder del Estado nación. Ciertas retóricas del discurso del
236
pensamiento crítico de izquierda han logrado, circunstancialmente,
potenciar el giro estructural del Estado neoliberal hacia un Estado
más benefactor de los intereses colectivos; sin embargo, considera
-
mos que esta hegemonía relativa, no debería perder conciencia del
rol que han jugado la movilidad subalterna en el nuevo desiderátum
de la democracia popular de derechos humanos legítimos. Más bien,
debería ahondar en la experie
ncia de esas prácticas subalternas
para traducir a sus mundos de vida la democracia pública y popular.
El cambio de paradigma en la autogestión del poder social se
hace viable cuando se interpretan adecuadamente las fuentes origi
-
narias y objetivas del poder de la política a través del Estado, visto
como una estructura de reproducción de la racionalidad económica
del capital. La cuestión relevante es identificar este modelo de Es
-
tado y sus formas democráticas de coexistencia humana en cuanto
que es la consecuencia de una cultura colonial y monocultural. Lo
que implica una obediencia normativa a sistemas de conductas y
de comunicación, que minimizan y diezman la capacidad de incidir
y fracturar la hegemonía que se reactualiza permanentemente por
medio de la ideología.
Las tendencias progresistas, en las que se encuentran diver
-
sas formas de democracia social(ista) en América Latina, deben dar
cuenta de los contextos hegemónicos de este tipo de Estado mo
-
dular que está en plena capacidad de responder y asociarse con el
desarrollo neoliberal de las leyes del mercado capitalista. Si bien,
puede resistir y absorber las implicaciones sociopolíticas y eco
-
nómicas de las contradicciones del sistema de producción, eso no
equivale necesariamente a que este tipo de infiltración en el siste
-
ma derive en su superación o abolición. La intención de las prácticas
de subjetivación de la democracia, por parte de los sujetos que son
constituyentes de la movilidad subalterna, desde cualquiera de las
perspectivas del ejercicio público y popular de poder, está asocia
-
da a una comunidad de subjetividades de intereses comunes con el
otro que permite reconocer que la dimensión de la eticidad pública
se encuentra asociada a la práctica de la libertad y la justicia. Por lo
tanto, este ejercicio debe primar como el valor más representativo
de los derec
hos a la equidad
237
El protagonismo del intelectual orgánico en el desarrollo político
de la movilidad subalterna
La conciencia de una coexistencia ciudadana germina y se desarro
-
lla en el espacio público como una reacción a tono con las repre
-
sentaciones y formas simbólicas de la política, que sirven para con
-
sensuar los antagonismos entre sociedad política y sociedad civil. El
propósito e interés es constituir y perfilar las relaciones de fuerza
de las estructuras clasistas del Estado capitalista, que permiten op
-
timizar y justificar las condiciones objetivas que encubren las con
-
tradicciones, y responden a las fluctuaciones o crisis del modo de
producción en sus diversos niveles de legitimación.
El proceso semántico de este sistema de poder se va articulan
-
do por medio de los discursos ideológicos, que emergen y circulan
entre las dinámicas institucionales, para la socialización del
status
quo
que hace permeable el reconocimiento de la juridicidad del sis
-
tema, como un fin para todos en acuerdo a la interpretación de las
normas y los roles sociales.
Por consiguiente, las relaciones sociales se encuentran per
-
manentemente mediadas por la producción simbólica de las ideo
-
logías que permiten incrustar en la conciencia de clases, los valores,
creencias y representaciones de una concepción del mundo uni
-
versalmente totalizante. La conducción del sistema de identidades
sociales y sus respectivas narrativas biográficas, o mundos de vida
subjetivos, se alienan para responder a los fines de la racionalidad
política de la que queda revestido el cuerpo ideológico de la estruc
-
tura del modo de producción.
La presencia de la cosmovisión del Estado hegemónico, en los
diversos espacios de coexistencia pública e institucional de la ciu
-
dadanía, poco a poco viene a producir las adhesiones de fuerzas que
requiere este tipo de control social para avanzar en sus proyectos de
desarrollo y equilibrios socioeconómicos.
No se puede instituir el orden de poder de la hegemonía sin un
campo cultural generalmente consensuado y, a la vez, con inflexio
-
nes de coacción estratégicas. La finalidad del Estado de clases es,
238
por una parte, generar tolerancias entre una ciudadanía (sociedad
civil) que permitan afianzar las formas de convivencia democráti
-
cas de participación, en sentido lato, pues se trata de certificar el
contenido formal de la democracia que se valida en la vida pública
a través del lenguaje del discurso ideológico, lo que contribuye a
hacer sostenible la adhesión política, entre la estructura de las re
-
laciones de producción y superestructura de relaciones discursivas
y simbólicas.
Por la otra parte, el Estado hegemónico se reproduce a sí mis
-
mo por medio de los intelectuales tradicionales, cuya estructura eli
-
tista se encuentra adscrita a la dirección ético-cultural que anima
en la ciudadanía en general en sus tipos, modelos y prácticas de
lealtades a los efectos de cooptar las voluntades de resistencia o
desobediencia en la esfera de la civilidad.
A este nivel, de los complejos plexos que conforman los es
-
pacios y tiempos de la hegemonía capitalista, es donde podríamos
situarnos para un mejor análisis de los contextos represivos y opre
-
sivos del poder político que se centraliza en el Estado, con el objeto
de llegar a una interpretación de las efectivas posibilidades que
tienen las movilidades subalternas para agenciar tipos de crítica
contra sistémicas al interior del orden ideológico de sus democra
-
cias, impuesto por la cultura del bloque histórico. Se dan las condi
-
ciones fácticas de construir acciones contrahegemónicas liberado
-
ras, de insurgencia, contestación y crítica política que logren más
relevancia cuando se trata de desarticular los aparatos ideológicos
del Estado, que al atomizar los espacios públicos deliberativos, elu
-
de la presencia del antagonismo de clases, en su propósito de hacer
más uniformes y homogéneas las dinámicas emergentes e insurrec
-
cionales de los movimientos sociales alternativos.
El intelectual tradicional, y esto es un lugar común, se sabe
que va a responder de un modo confesional a la
doxa
política para la
cual la clase dominante lo forma y desarrolla, a través de los valores
de la tradición y el sentido común. Este es un intelectual convenci
-
do de su rol para adosar las conciencias sociales en el sistema de
normas, cuyos procesos para legislar la justicia y la equidad de la
239
sociedad se prescriben al amparo de las fuerzas que se entraman y
tejen ideológicamente las relaciones de significación que encubren
los signos de dominantes de las clases hegemónicas y del Estado.
Este tipo de intelectual, bien es sabido, es el reproductor ideo
-
lógico del sistema de clases donde unas son más jerárquicas que
otras, y, en consecuencia, ejercen sus roles de integración social
centralizando el sentido del poder hacia los vértices donde el sis
-
tema jurídico y constitucional se transforma en potencia y nuclea el
Estado, en cuanto voluntad absoluta e inquebrantable que todo lo
absorbe y resiste.
Por supuesto, esta concepción del intelectual, respecto al do
-
minio de poder del Estado, se funda en un tipo de racionalidad nor
-
mativa e instrumental que consiste en estandarizar y/o regular el
orden de la cultura y la subjetividad. Más aún, logra cumplir un rol de
engranaje, amalgama, síntesis, en las correlaciones entre estructura
y superestructura, y así establece y prefija, de este modo, los inters
-
ticios utilizables por algún movimiento subalterno que pudiese in
-
cidir en la desarticulación de las correlaciones de dominancia entre
una esfera y la otra de la totalidad social.
Son muchas las mediaciones simbólicas y lingüísticas que se
obtienen a través de los discursos ideológicos. Ellas permiten in
-
terpretar las alianzas de cohesión que persigue el intelectual de la
clase hegemónica, cada vez que las crisis que se presentan en el
tejido de la sociedad producen el quiebre del reflejo ideológico de
la superestructura. A causa de estas alianzas la hegemonía no cesa
de rearticularse, a fin de obtener en su inmediatez la neutralidad de
las voluntades disidentes entre los sujetos que sufren las contradic
-
ciones de clase.
Las problemáticas causadas por los severos grados de
conflictividad que caracterizan la desintegración de las identidades
públicas en las sociedades de clases, tantas y diversas formas
de anomia social que desesperanzan a los sujetos y minimizan
su capacidad consciente para rebatir argumentativamente la
opresión que vive a diario en lo más cotidiano de la vida, estarán
regularmente determinando cualquiera de los proyectos subalternos
240
de vida que pudieran sacarlos del sistema de alienación donde es
deshumanizada su existencia.
La perspectiva de un discurso liberador, que se pueda relacio
-
nar implicativamente con las praxis transformadoras de los espacios
de convivencia ciudadana, a partir de los cuales emergen y crista
-
lizan los poderes populares, otorga una mayor eficacia a la demo
-
cracia subalterna. Eso requiere de la contrafigura de un intelectual
orgánico, cuya presencia en el escenario de la política esté referida
a la pluralidad de las formaciones sociales que logran asociar sus
diversos proyectos de vida con un sentimiento comunal contrario a
la estructura racional del orden de la sociedad de mercado.
Se hace orgánica la filiación del intelectual, a los procesos de
movilidad subalterna de los que se vale el colectivo popular o sujeto
pueblo para combatir las condiciones de exclusión y de marginalidad
que se le imponen, a través de los consensos del discurso ideológico
y de las formas hegemónicas de la cultura que administra el
thelos
del Estado. La correspondencia del intelectual orgánico con las cla
-
ses subalternas nace de un reconocimiento y no de adoctrinamiento,
gracias a las prácticas dialógicas que requiere el colectivo popular,
para articular discursos que puedan visibilizar a los interlocutores
que, al entrar en su relación subjetiva con la vida compartida, hacen
posible revalidar y reinterpretar el mundo de las necesidades y satis
-
facciones a partir de la libertad y de los derechos humanos.
El intelectual orgánico, al igual que cualquier otro sujeto que
entra en las relaciones de poder, no debe perder o descuidar este
fundamental referente existencial de los espacios que se conju
-
gan en el ámbito de la alteridad de las clases. Éstos condicionan
los momentos de su actuación en las prácticas colectivas, en sus
interpretaciones de las relaciones de producción simbólicas y de los
discursos ideológicos de la hegemonía; lo que, precisamente, le per
-
mite diversos puntos de encuentro y desencuentro con el sistema
de poder al interior de las instituciones, por medio de las cuales se
ejercen los poderes de la política del Estado.
Las tareas que debe cumplir este intelectual orgánico son muy
puntuales en la reconstrucción de tramas sociales de convivencia
241
populares, que van a reforzar y consolidar las acciones directas asu
-
midas por los movimientos sociales subalternos, a la hora de la toma
de decisiones en los debates públicos de los que dependerá la repo
-
litización de las estructuras de coexistencia y participación demo
-
cráticas. Su incidencia es incuestionable en la construcción y puesta
en escena de la filosofía de la praxis. Un compromiso donde la rei
-
vindicación de los derechos populares de los ciudadanos es la meta
que se puede lograr, por medio de estrategias revolucionarias que
socaven las bases de la hegemonía instituida. Por esa razón, el tipo
o forma de dirección ético-cultural del intelectual orgánico, en la
producción de un discurso emancipador, contribuye, notablemente,
a una conciencia crítica y desideologizada de la cultura hegemónica.
La disidencia o desobediencia, que sale a flote en las relacio
-
nes que se institucionalizan en la sociedad civil, logra su empatía
con la naturaleza dialógica del discurso subalterno, que signa de
valor al mundo subjetivo que ha sido colonizado por la razón ins
-
trumental de los grupos de poder insertos en el control hegemónico
del sistema social.
El sentido revolucionario del proyecto político que defiende
el intelectual orgánico encuentra su compromiso ético en las grue
-
sas capas de marginalidad de las bases populares de la sociedad
neoliberal. Su preocupación por interpretar no es una mera teoriza
-
ción de los problemas para abstraerse de las contradicciones de la
realidad. Precisamente, el rol que le corresponde es formular pro
-
puestas que sirvan a la dirección contrahegemónica que se plantean
las prácticas subalternas populares como mecanismos de resisten
-
cia, a la vez que cancela las coordenadas que impiden la autonomía
de sus desarrollos sociopolíticos.
Relaciones recíprocas se conjugan entre este tipo de intelec
-
tual, que se sitúa más en el interior de la movilidad subalterna en
sus posibles reclamos para negociar con el dominio de las élites de
poder. Se trata, por consiguiente, de una labor de pedagogía para
la construcción del otro mucho más subjetivado por la conciencia
de clase, con la que se produce inicialmente la identificación con
el estamento de la producción. De este modo, el aprendizaje de las
242
formas políticas de participación que instaura la hegemonía puede
ser rebasado por la salida de los sujetos de la movilidad subalter
-
nas al escenario público, donde el cuestionamiento a la retórica del
poder implica una posición de contraste o protesta con la cultura
democrática burguesa.
Quizás, una de las principales incongruencias que se detecta
hoy día en los procesos de emancipación y de crítica política a la
hegemonía del sistema se asocia en relación con el ascenso de la
figura del intelectual orgánico en el sistema de representación de
los espacios de las subalteridades, donde estas representaciones
del imaginario libertario pudieran terminar reducidas a los patro
-
nes de aceptación o rechazo, de los cuales el intelectual orgánico
es imagen.
Los dinamismos que emanan de los movimientos sociales di
-
fícilmente deberían responder y ser consecuencia lógica de la di
-
rección personal o institucional del intelectual orgánico. Su papel
de mediación o inductor de los cambios que se propician, desde la
superestructura a los efectos de interpretar y debatir los órdenes
de poder, requiere que su interacción se corresponda más inmedia
-
tamente con el universo de reclamos y/o logros de las clases su
-
bordinadas, y no con programas doctrinarios del activismo político
tradicional.
Su capacidad de interlocución viene a dar como resultado el
encuentro comunicativo con los actores sociales, que destinan sus
fuerzas mancomunadamente a producir otra cultura democrática de
la participación política que hace efectiva y puntual la distinción
con el intelectual tradicional, que reproduce los autoritarismos y
despotismos de la hegemonía.
¿Cómo se puede evitar, por un lado, y deslindar, por el otro,
que el intelectual orgánico sea presa del sistema que cuestiona y
reformula en términos de las prácticas revolucionarias?
Para responder a esta pregunta vale la pena afirmar que, las
relaciones entre intelectual y la conciencia popular del pueblo se
deben configurar desde las esferas públicas donde el intelectual
orgánico propicia el análisis de los mundos de vida de los sujetos
243
con el interés de exponer las narraciones profundas de los espacios
biográficos, la identidad personal y colectiva de los sujetos que se
encuentra
n para dialogar y compulsar los cambios que afecten los
sistemas de opresión. Para que las relaciones entre intelectuales
orgánicos y los desarrollos políticos que permean sus roles de clase
social logren su efectividad y complemento, a partir de una expe
-
riencia conjunta que potencie expresiones y prácticas contrahege
-
mónicas, el proyecto subalterno a la hegemonía se propone como
otra concepción histórica y cultural que se abre a nuevos escenarios
de coexistencia popular.
Esta otra vía de resistencia, autodefensa y diversos espacios
de movilidad en la sociedad civil pudieran ser una garantía para con
-
solidar la fuerza de choque que debe usar el sujeto subalterno en
su proyecto de luchas sociales. Sin dejar de lado las circunstancias
socioeconómicas que directamente inciden en la formación y apa
-
rición del intelectual orgánico, la correspondencia con el contexto
político del que toma sus opiniones y discursos sociales hace muy
puntual su importancia para una comprensión de las causas y fenó
-
menos que se deben combatir contrahegemónicamente. El colectivo
social o pueblo popular por sí mismo no es clarividente de los entra
-
mados ideológicos, ya que, para lograr una visión de conjunto de los
antagonismos y oposiciones entre las clases, la interacción del inte
-
lectual orgánico contribuye a que la conciencia de clase se revele en
el espacio público con mayor capacidad de crítica política y genere,
a la vez, condiciones prácticas para convocar proyectos alternativos
en común con otros sectores subordinados por la hegemonía.
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