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El presidente Néstor Kirchner recibió ayer al Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, la agrupación que integraban los dos militantes asesinados el 26 de junio de 2002 en la estación Avellaneda.
El encuentro se interpretó como otro gesto del Gobierno para tratar de recomponer la relación con los piqueteros, que había alcanzado el punto de mayor tensión la semana pasada.
Luego de que un grupo de manifestantes bloqueara el miércoles pasado la salida del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el Gobierno había salido a ponerles límite a los piqueteros. Tomada presentó una denuncia ante la Justicia, anunció que no se repartirán nuevos planes jefes y jefas y se dejó que circulara el proyecto de una brigada antipiquetera.
De allí en más, comenzaron los gestos de distensión. Kirchner recibió el martes a Juan Carlos Alderete y el miércoles a Luis D’Elía, dos de los líderes piqueteros que tienen mejor relación con el Gobierno.
Ayer fue el turno del Aníbal Verón, que llegó con un petitorio de cinco puntos a su segunda visita con Kirchner. En primer lugar, reclamaron que “se investigue, juzgue y castigue a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda” en la que fueron asesinados dos de sus militantes: Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. El padre de Santillán fue uno de los que participaron del encuentro con el Presidente.
Según relataron después del encuentro los piqueteros, por sugerencia de Kirchner, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, se comprometió a entregar el lunes el borrador de una comisión “similar a la de la AMIA” para investigar esos asesinatos. Se habló incluso de la posibilidad de abrir los archivos de la SIDE y la Policía.
Los piqueteros también encontraron una respuesta favorable del Presidente a sus pedidos de subsidios para sus emprendimientos productivos y de planes de viviendas populares.
Hubo otros dos puntos, en cambio, en los que Kirchner sólo se comprometió a estudiarlos. Fue cuando le pidieron un doble pago de los planes de empleo de diciembre a modo de “aguinaldo social” y cuando se quejaron por la decisión oficial de cerrar el padrón de beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar.
Kirchner les garantizó que el Gobierno “no criminalizará la protesta”, pero los piqueteros confirmaron que se movilizarán el martes a la Plaza de Mayo junto a los otros grupos duros.
