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Por muchos años, la presencia de madereros ilegales decididos a saquear nuestros bosques a toda costa, ha motivado enfrentamientos, muertes, depredación, desorganización, desabastecimiento de recursos para la alimentación de nuestras familias y para la generación de ingresos.
La incapacidad de los gobiernos peruanos para poner freno a este problema y la profunda crisis económica en que estamos sumidos, han motivado la incorporación de muchos de nuestros hermanos en este sistema de extracción. No obstante, nuestras organizaciones han venido luchando por la implementación de un nuevo régimen de aprovechamiento forestal, basado en los principios del respeto de nuestros derechos territoriales y el manejo sostenible de los recursos.
De esta manera, hemos promovido la conformación de comisiones y mesas de concertación orientadas a impulsar la implementación del proceso de ordenamiento de la actividad forestal bajo el principio del respeto de nuestros territorios; sin embargo, a pesar de las numerosas reuniones y tiempo dedicado a tratar el tema, los funcionarios de las instancias estatales correspondientes se han mostrado inconsecuentes con el espíritu de la misma Ley forestal, ignorando nuestras preocupaciones y propuestas y motivando los graves conflictos entre hermanos indígenas que de un momento a otro se han visto sin territorios, y concesionarios madereros que dicen tener la “ley” de su lado.
En efecto, como resultado de esta desatención, existen ahora en la Amazonía peruana numerosas comunidades cuyas chacras, lugares de caza, pesca, recolección y zonas sagradas han sido convertidas en unidades de aprovechamiento forestal cuyos nuevos “dueños” están forzando a nuestros hermanos a retirarse de la zona o convertirse en mano de obra barata. Un caso bastante conocido es el de la comunidad Asháninka de Churinashi, ubicada en el río Coengua que, a consecuencia de sus acciones en defensa de su territorio, hoy afronta denuncias judiciales impuestas por el Consorcio Forestal Amazónico, el mismo que cuenta con concesiones forestales en una superficie mayor a las 180 000 hectáreas, dentro de las cuales ha quedado comprendido el territorio de la comunidad. Existen muchos casos más de este tipo, pero con peores resultados, como el de la comunidad indígena Alto Tamaya, donde los enfrentamientos con la Empresa Eco Forestal Ucayali S.A.C. habrían ocasionado la muerte de dos hermanos indígenas Asháninkas.
Frente al pedido de saneamiento físico legal de las comunidades afectadas por las concesiones forestales, el Estado mediante el PETT y el INRENA ha respondido que no cuenta con presupuesto para atender estas solicitudes; paradójicamente, sí cuenta con los fondos requeridos para el “eficiente” y acelerado otorgamiento de títulos a colonos y concesiones a empresas forestales. ¿Discriminación? ¿Y qué pasa con la política de respeto a los Pueblos Indígenas tan difundida por el Dr. Alejandro Toledo a nivel internacional?.
Esta grave problemática ha provocado la reacción de nuestras Organizaciones Regionales de Ucayali y Selva Central, ORAU y ARPI-SC, respectivamente, quienes se han declarado en emergencia. Los hermanos Asháninka vienen organizándose para defender, si es necesario con sus propios recursos, sus territorios y su derecho a la vida; el ejército Asháninka del Gran Pajonal, pilar fundamental de la lucha contra el terrorismo, ha decidido movilizarse a la zona en conflicto para apoyar la defensa del territorio de Churinashi. El pasado viernes 17 se produjo una movilización en Pucallpa con masiva participación de hermanos indígenas de la región.
Por su parte el Gobierno ha designado una Comisión de Alto Nivel compuesta por el PETT, INRENA, CONAPA y la DEFENSORIA DEL PUEBLO, cuyos representantes han visitado Pucallpa, Atalaya y Churinashi en la semana del 12 al 19 de este mes; sin embargo, pese a que han constatado la presencia de indígenas de Churinashi y otros en toda la cuenca del Río Coengua, hasta hoy no hacen conocer su informe y no se toman decisiones para la exclusión de concesiones forestales de los territorios indígenas; contraviniendo al Convenio Internacional 169 OIT sobre Pueblos Indígenas y a las normas legales vigentes, así como a la verdadera política forestal del Estado.
AIDESEP y sus organizaciones regionales bases han visto la necesidad de convocar a la presente conferencia de prensa con la finalidad de alertar a la comunidad nacional sobre estos graves hechos así como exigir a las autoridades que cumplan con sus responsabilidades y no sigan motivando conflictos que afecten a nuestos pueblos.
