Pensar en voz alta la justicia y la paz. México: permiso para matar y permiso para robar

Pensar en voz alta la justicia y la paz
Pietro Ameglio
Desinformemonos
8 septiembre 2017 0
México: permiso para matar y permiso para robar

Baja California: Permiso para Matar

Íbamos a comenzar este artículo con una sensación entremezclada de felicidad y horror por la noticia que la madre Mirna Medina Quiñones, miembro del colectivo de Las Rastreadoras de Sinaloa, había finalmente podido reconocer los restos de su hijo Roberto Corrales, desaparecido hace tres años en una gasolinera de El Fuerte (Sin), y hallado en una fosa común el pasado 14 de julio. Los familiares de desaparecidos de ese y muchos colectivos del país son los mayores constructores de paz que existen en México, verdaderos ejemplos de valentía, perseverancia y amor únicos, y un ejemplo así muestra también que su lucha tan digna tendrá frutos, en el tiempo que pueda ser. A pesar del dolor inmenso, es también un signo de esperanza muy concreta para los y las miles que están en esa lucha tan inhumana.

Sin embargo, pocos días después de esta noticia, acabamos de enterarnos de un hecho que puede servir de guión a la más macabra y horrenda historia relatada, que refleja bien mucho de la impunidad, nivel de violencia y el contubernio entre las autoridades y el delito organizado. Carmen Judith Arcadia, madre de Fernando Humberto, desaparecido en Tijuana hace dos años, también buscaba a su hijo (La Jornada, 1-9-17). Después de mucho insistir a las autoridades acerca del lugar donde sospechaba había sido enterrado clandestinamente, el Hotel La Playita, ella misma con apoyo de otros, excarvó en el hotel y encontró restos y pertenencias de su hijo. Al mismo tiempo, su esposo Juan Ruperto Beltrán fue desaparecido. Lo encontró, por casualidad, días después en el Semefo desmembrado. ¡¿Habrá horror mayor?! ¿Puede pasar algo así sin la complicidad de las autoridades? ¿Qué consecuencias habrá para los responsables de “omisión”?

Morelos: Permiso para Robar

En el artículo anterior, comentábamos acerca de la “Marcha por Morelos”, encabezada por el Frente Amplio Morelense (FAM), con los liderazgos más visibles del rector de la UAEM Alejandro Vera y el obispo de Cuernavaca Ramón Castro. Esta marcha fue del 31 de julio al 3 de agosto de Cuernavaca hasta la Secretaría de Gobernación, donde se pidió al secretario Osorio Chong la “intervención urgente del gobierno federal por la crisis que enfrenta Morelos provocada por su gobernador Graco Ramírez”. Más allá de los resultados políticos concretos de esta movilización, que aún no se han apreciado, sin duda fue una acción mediática y política contra el gobernador. Su respuesta no tardó en llegar: la secretaría de Hacienda de Morelos, en forma totalmente ilegal, ha retenido desde julio y por semanas los fondos que el gobierno federal depositó a la UAEM para el pago de la nómina (144 millones de pesos) de la primera catorcena de agosto para más de 6000 trabajadores. ¿Qué son estas 6000 familias y los 40000 estudiantes al lado del encono y venganza de Graco Ramírez contra el rector y estos grupos movilizados? La lucha no ha cesado en lo jurídico, político, en la movilización y lo mediático, se ha hecho con denuncias y quejas ante la CDHM, la FGE, la PGR. El gobernador estaba en Japón, con su esposa, cuando estalló este conflicto buscando “inversiones extranjeras”, ¿no será la ,mejor inversión de una autoridad estatal “invertir” en sus trabajadores locales, en vez de robarles su salario?

Como también dije en el artículo anterior, no tengo ningún interés ni participación en el FAM –al contrario, soy bastante crítico de él-, ni escribo este texto por simpatías o para fortalecer al rector, no discuto para nada ni mezclo el tema de otras acciones de la rectoría con las que puedo incluso no estar de acuerdo (ese es el distractor que el gobierno estatal usa), sólo me mueve la intención de poder reflexionar en una situación más de abuso de poder, ilegalidad e impunidad de las autoridades y clase política que tenemos en Morelos y el país. Es una situación además con amplio reflejo nacional en cuanto a la intervención de una autoridad política que atenta contra la autonomía universitaria pues el precio, aparecido en mensajes de redes, que el gobernador ha puesto para depositar el dinero es la “renuncia del rector”.

Como foto ampliada mayúscula de este nivel de impunidad, corrupción y cinismo de la clase política y autoridades mexicanas es la lucha feroz en el Senado para hacer que el actual Procurador de la República, Raúl Cervantes, amigo “carnal” del presidente Peña Nieto, pase automáticamente a ser Fiscal General de la Nación por los próximos 9 años. Así quedará garantizada mayor impunidad aún a toda la clase político-empresarial ligada a ese grupo en el poder por un tiempo muy largo.

¿Hasta cuándo seguirán estas autoridades en sus puestos?

Hemos compartido más de una vez que un “arma de la resistencia civil noviolenta” de una sociedad es su “reserva moral”, colocando con claridad sus cuerpos en la calle para expresar en forma “permanente, firme y directa” a las autoridades su “¡Ya basta!”. O sea, marcando la “raya” de su frontera moral individual y social, y exigiendo a la autoridad una acción inmediata o la renuncia. Los dos hechos que hemos narrado –la retención (robo) totalmente arbitraria del gobernador Graco Ramírez de los salarios de 6000 trabajadores universitarios así como la falta de apoyo y protección gubernamental a los familiares de desaparecidos- entran plenamente en esa categoría de inmoralidades e inhumanidades que no deberíamos tolerar –sin consecuencias- en nuestra sociedad, porque hacerlo abre la puerta a situaciones aún peores, en todo sentido, como justamente pasó con hechos anteriores a estos donde no se hizo nada concreto contra la autoridad.

Parte de esta realidad se da porque, como sociedad civil, lo permitimos con nuestro silencio, apatía, miedo o ignorancia (“infantilismo social”): nos urge empezar a tomar conciencia que si las autoridades no cumplen con la ley y con las demandas ciudadanas, entonces lo más adecuado es que, por corrupción y/o ineptitud, se deben ir de sus puestos. Como la ética pública es casi inexistente entre la clase política nacional, entonces lo que procede, para hacer valer el deber del “mandar obedeciendo” que la población delega en sus representantes, es sacarlos nosotros mismos, en forma masiva con “firmeza y noviolencia”, al estilo como ha sucedido en la historia reciente, por ejemplo, con ex_presidentes de Ecuador, Bolivia o la ex_Yugoslavia. Parafraseando, en el caso morelense: entrar masivamente al despacho del gobernador los trabajadores de la UAEM, quedarse ahí hasta que “deposite” o, en caso contrario, sacar todas sus pertenencias a la calle, retirar sus fotos de las oficinas y hacerle saber que no se van a “obedecer sus órdenes inhumanas” si no se “pone a trabajar como el pueblo manda”. No se trata para nada de una acción “violenta”, sino de estricta justicia y dignidad noviolentas. Eso es construir la paz con justicia.