Ya no se trata de un caso aislado de defensa de algún área protegida, un derecho humano, o contra algún proyecto extractivista en particular; sino de la convicción y lucha por evitar la destrucción, la explotación salvaje y los daños irreversibles que se producen contra la naturaleza y las condiciones materiales que permiten la vida de todos. Es decir, se encuentra en juego el futuro del país por la terca intención gubernamental de imponer y hacer prevalecer su modelo, muy a pesar de los evidentes y graves daños que el pueblo ha tenido que soportar y continúa sufriendo.