Los pueblos amenazados de América Latina

Los pueblos amenazados de América Latina
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18 septiembre 2017

El Espectador / Viven en pequeñas comunidades, tratando de recuperar sus territorios y luchando contra las grandes mutinacionales. Estos son los grupos que corren mayor peligro en Sudamérica.

Los países aquí citados firmaron el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo sobre pueblos indígenas , de 1989, así como también la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas , de 2007.

Colombia La guerra del Ejército colombiano contra las FARC tuvo un saldo de 200.000 víctimas mortales, un conflicto que también afectó y sigue afectando a los pueblos originarios en Colombia. En 2005 vivían cerca de 1.450.000 indígenas en ese país, según la Oficina Nacional de Estadísticas, un 3,5 por ciento de la población, divididas en 87 comunidades. De acuerdo con datos de la ONU, cerca de un millón de indígenas corre peligro de vida. En las regiones de Cauca, Nariño y Guajira vive la mayoría de indígenas. Los indios nasa viven en Cauca, en los Andes colombianos, y a ellos pertenecen 600.000 hectáreas de tierras que, por ser montañosas, no son aptas para el cultivo.

La mayoría de las comunidades habitan en pequeñas reservas, ya que sus tierras originarias les fueron arrebatadas para venderlas a las mineras, las petroleras y a la agroindustria del banano, el azúcar y el aceite de palma. Los indios nasa siempre estuvieron en medio del fuego cruzado entre el gobierno y las FARC.En abril de 2015, Amnistía Internacional (AI) informó que Mario Germán Valencia Vallejo, Belisario Trochez Ordóñez y Cristian David Trochez, miembros de la comunidad nasa, fueron asesinados al tratar de recuperar sus tierras. Uno de ellos solo tenía 18 años, según AI.

Ecuador En Ecuador, la industria petrolífera en territorio Yasuní pone en peligro la vida de alrededor de 3.000 indios waorani, tagaeri y taromemane. Se trata de la extracción petrolera en los campos de Ishpingo, Tambococha, Tiputini (ITT), en territorio Yasuní, en la Amazonía. En 2007, el expresidente Rafael Correa propuso renunciar a las extracciones petroleras si la comunidad internacional pagaba una suma correspondiente a esa pérdida de ingresos en un fondo fiduciario de la ONU. A pesar de anuncios de apoyo iniciales, la propuesta fracasó en 2013. El Parque Nacional de Yasuní es una de las mayores reservas naturales de la Tierra por su inmensa diversidad de especies. Los pueblos originarios y el paraíso natural en el que viven están bajo grave amenaza de extinción.

Allí no solo se extrae petróleo, sino también cobre y oro. Sobre todo empresas chinas, como por ejemplo Ecuacorriente, trabajan codo a codo con las autoridades ecuatorianas para extraer esos tesoros. Cerca de 40.000 indios shuar, originarios de la frontera con Perú, fueron desplazados a los márgenes de la reserva de Yasuní. Luego de haber recibido amenazas y de que sus campos hubieran sido incendiados, presuntamente por haber criticado duramente la actividad de Ecuacorriente, el líder y activista shuar José Tendetza realizó acciones de protesta junto con otros miembros de su comunidad. Despareció el 28 de noviembre de 2014. Su hijo halló su cadáver pocos días después en una fosa sin nombre. Su cuerpo mostraba signos de haber sido torturado.

Perú: asesinatos por luchar contra la tala En la Selva Amazónica, en la frontera entre Perú y Brasil, el líder de los Ashaninka, Edwin Chota, fue asesinado junto a otros tres miembros de su comunidad Saweto por defender el derecho a la tierra contra la tala indiscriminada con la industria maderera, que derriban árboles de manera ilegal. Chota ya había sido amenazado en repetidas oportunidades. En Perú viven cerca de 97.500 ashaninka.

Argentina: activistas mapuches son criminalizados Los mapuches son una minoría étnica cuyo territorio se extiende desde una región en el oeste de Argentina hasta la costa del centro de Chile. En total, suman allí 1.700.000 habitantes.En la provincia argentina de Neuquén, Argentina, de cerca de 550.000 habitantes,hay 115.000 mapuches, es decir, que un tercio de todos los mapuches viven en esa región. Ya desde los tiempos de la colonización española, los mapuches fueron considerados “rebeldes” porque se resistieron con éxito a los conquistadores y lograron preservar su independencia. El conflicto con las autoridades se remonta a esa época y perdura hasta hoy. La tierra es para los mapuches parte de su identidad. Las comunidades dependen en gran medida de las reservas de agua y del suelo cultivable, y ambas están amenazadas desde 2010 por la extracción de gas y petróleo, y desde 2013 por la explotación de gas esquisto. Una de las principales compañías es la estadounidense Apache. La activista mapuche Cristina Linkopán, líder de la comunidad Gelay-Ko, y Relmu Ñamku, de la comunidad Winkul Newn, en el norte de la Patagonia, son conocidos por su lucha por proteger los recursos naturales que les permiten subsistir a los indígenas en esa región. Cristina Linkopán murió en 2013, supuestamente debido a un envenenamiento del agua y del aire a través del petróleo y metales como el arsénico. Esa muerte aún no ha sido esclarecida.

Además, el conflicto entre los indígenas y el consorcio italiano Benetton sigue en pie. Los mapuches siguen luchando por la restitución de tierras ancestrales, tanto en Chile como en Argentina. En 1991, la empresa italiana Benetton adquirió la Compañía de Tierras del Sud Argentino (CTSA), que posee cerca de 900.000 hectáreas en la Patagonia argentina. En estas tierras, el gigante de la moda se dedica sobre todo a la cría de ovejas para la producción de lana.

La desaparición de un joven, Santiago Maldonado, que apoyaba los reclamos de una comunidad mapuche en el sur de Argentina, el 1 de agosto de 2017 conmociona a la sociedad y ha dado lugar a un controvertido debate en la opinión pública sobre las protestas de los pueblos originarios. El joven artesano participó ese 1 de agosto de una protesta de comunidades mapuches en reclamo de tierras ancestrales situadas en el departamento Cushamen, en la región cordillerana occidental de la patagónica provincia de Chubut, a unos 1.400 kilómetros al suroeste de Buenos Aires. Algunos de los testigos que declararon en la causa judicial abierta en la ciudad patagónica de Esquel dijeron que lo vieron por última vez cuando era golpeado por agentes de la Gendarmería, la fuerza de seguridad que vigila las fronteras del país, y subido a una camioneta militar. Otros testigos aseguran que también vieron allí a Pablo Noceti, jefe de Gabinete de la ministra Bullrich. Si bien el Gobierno de Mauricio Macri manifiesta apoyo a las investigaciones, Santiago Maldonado sigue desaparecido hasta la fecha (15.09.2017).

Argentina: “genocidio” de quom y wichis En la provincia del Chaco, en el noreste argentino viven los indios quom, una etnia del grupo pámpido. Según un censo de 2001, 69 452 quom viven en Argentina, de los cuales 47 591 viven en las provincias de Chaco, Formosa y Santa Fe; 14 466 en la Ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires; y 7395 en el resto del país.

Los que viven en sus territorios ancestrales constituyen comunidades rurales regidas por comisiones vecinales con líderes. La situación de los quom en el Chaco fue calificada como “un verdadero desastre humanitario” y de “genocidio”, con decenas de casos de indígenas que fallecieron a causa de falta de alimentación, según su líder Roy Nikish.

En el siglo XXI se informa de que se los priva de atención médica adecuada y que mueren por desnutrición y tuberculosis. En 2016 la situación se vio agravada para los niños en estado de abandono ya que se duplicaron los casos de falta de alimentación básica de los infantes en las zonas de los Qom y Wichis del Impenetrable chaqueño.

Chile: disculpas de Bachelet y pocas expectativas de mejora En un gesto histórico, en junio de 2017, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, pidió perdón “por los errores y horrores cometidos por el Estado chileno en contra del pueblo mapuche”. Además, anunció un plan de medidas. Pero está por verse si esas medidas serán aplicadas y si mejorarán las perspectivas de vida de la comunidad mapuche en Chile. En numerosas oportunidades, la Policía chilena detuvo a miembros de esa comunidad.

La región de La Araucanía y el Biobío vive desde hace años el llamado conflicto mapuche, originado en reclamaciones, muchas veces violentas e incendiarias, de algunas comunidades por la propiedad de tierras que consideran ancestrales a empresas agrícolas o forestales que las poseen legalmente. El conflicto se ha reavivado con el juicio por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay en 2013 en un incendio premeditado durante una protesta mapuche, y por el que sólo se encuentra detenido Celestino Córdova, a pesar de haber otros once acusados. Los herederos del matrimonio presentaron el lunes una demanda contra el Estado chileno por 3,8 millones de dólares por el caso. Once mapuches han sido acusados de haber cometido ese delito.

La Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago (COOAMS) se formó a finales de la década de los 90 y busca recuperar los territorios ancestrales del pueblo mapuche en Chile. Los comuneros de esa organización Manuel Chocori y José Catrilao realizaron en octubre de 2014 una gira por Alemania, para dar a conocer la situación a la que se enfrenta su pueblo en Chile. “El Estado chileno ha salido en defensa de los empresarios que se encuentran en territorio mapuche. Nuestra lucha de resistencia es criminalizada con la aplicación de las leyes más drásticas heredadas de la dictadura. Nuestros territorios están militarizados. Nos vemos obligados a alzar nuestra voz, porque la injusticia ya no puede ser mayor para nuestro pueblo. Hemos sido tildados de terroristas por defender nuestro territorio”, advirtió Chocori en en entrevista con DW.

Sigue conmocionando la detención de la “machi” o líder religiosa Francisca Linconao, de 60 años, contra quien ha sido invocada la ley antiterrorista en Chile.

Paraguay: el sufrimiento de los guaraníes El marco normativo constitucional de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas no se ha traducido en medidas legislativas, según la la ONU. Se constata una situación de desprotección generalizada de los derechos de los guaraníes sobre sus tierras y recursos vitales para su supervivencia.

La población indígena en el Paraguay consta de 115.944 personas (aproximadamente el 2% de la población total del país) y vive en 13 departamentos, tanto en la región Oriental como en el Chaco y en la ciudad de Asunción. El III Censo identifica 19 pueblos indígenas pertenecientes a cinco familias lingüísticas. Habitan en 493 comunidades y 218 aldeas o barrios, que suman un total de 711 entidades. De dichas 493 comunidades indígenas, el 86,2% tiene personería jurídica. Durante la conquista y colonización españolas del territorio del actual Paraguay, iniciadas en el siglo XVI, la población indígena se vio tremendamente mermada, especialmente en la región Oriental.

Bajo la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989), los pueblos indígenas se vieron masivamente despojados de tierras y sufrieron violaciones graves y sistemáticas de sus derechos humanos, incluidos ataques civiles y militares.

Los indígenas guaraníes reclaman que sufren de la violencia, especialmente las niñas y mujeres, con fines de explotación laboral y sexual. Exigen que se acaben las violaciones a su libre tránsito, y a sus derechos básicos y piden que el Estado paraguayo acate los fallos de los reclamos de sus tierras, efectuados antes organismos internacionales. También piden que se apliquen normas que impidan que se cercenen sus derechos destruyendo su medioambiente.

Brasil: violencia contra defensores de derechos humanos De acuerdo con cifras de la Oficina de Estadísticas de Brasil de 2010, en ese país los guaraní kaiowá y otros 304 comunidades, con en total más de 900.000 personas que hablan 274 idiomas distintos, luchan día tras día por su tierra y arriesgan su vida. Sus principales enemigos son la industria agraria, los consorcios mutinacionales de energía hidráulica, la tala ilegal y el narcotráfico. Según datos de 2012 del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), en 2012 se produjeron 60 asesinatos de indígenas, y la cifra total asciende a 138 en 2014, además de 135 suicidios.

En Mato Grosso do Sul, un 95 por ciento de los árboles desaparecieron por la tala realizada por las multinacionales de la industria de la soja y la ganadería, y con eso, 58.0000 guaraní-kaiowá ya no pueden cazar para alimentarse, ni cultivar frutas ni verduras, con lo cual se les ha quitado la posibilidad de supervivencia.

Los kaiowá están siendo expulsados violentamente por los pistoleros contratados por los latifundistas. Muchas veces son asesinados por estos. En la comunidad Apik’a viven 15 familias de los guaraní kaiowá, al borde de la ruta BR-463, en la frontera con Paraguay, cuya única fuente de agua, un arroyo, fue envenenada con pesticidas. Ocho kaiowás murieron en accidentes de tráfico en los últimos cuatro años. Además, son comunes los simulacros de ejecución de guaraní-kaiowás por parte de la milicia armada naviraí, pistoleros que tratan de expulsarlos de la zona. Debido al sufrimiento y a las enfermedades que les produjo el contacto con el mundo exterior, algunas tribus decidieron aislarse totalmente en pequeños grupos. A raíz de eso, cualquier contagio con virus o bacterias puede matarlos.

Asimismo, cerca de 1.300 indios ashaninka, del Estado brasileño de Acre, están amenazados por grupos que llevan a cabo la tala ilegal de árboles y por organizaciones de narcotraficantes. El ashaninka Benki Piyako fue amenazado de muerte varias veces por su compromiso con la protección de los bosques.

La vida de los indios guaraní-kaiowá está gravemente amenazada, tanto por la violencia indiscriminada de los latifundistas, alimentada por la corrupción del gobierno y autoridades, como por la falta de medidas que pongan freno a la especulación de las empresas transnacionales. Es un problema que golpea desde hace mucho tiempo a los indígenas en Brasil, pero la política llevada a cabo por el presidente Michel Temer, con recortes de fondos para organizaciones indígenes, la anulación de programas sociales y el inexistente reconocimiento de territorios indígenas, además de la criminalización de las protestas, han empeorado la situación.

Fuente: DW