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La organización y la lucha no sólo son posibles, sino urgentes
Gilberto López y Rivas
La Jornada
A partir de que el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hicieran pública su propuesta de crear un Concejo Indígena de Gobierno (CIG), cuya vocera, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, captara el apoyo ciudadano para ser inscrita como candidata independiente en las boletas de votación de las elecciones presidenciales de 2018, se renovó el debate fracturado por el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés por parte del Estado mexicano y su clase política. La rebelión de los mayas zapatistas en enero de 1994 y la posterior apertura del diálogo con el gobierno federal impusieron en la agenda de la sociedad mexicana la llamada cuestión étnico nacional, esto es, la problemática de una nación históricamente forjada mediante una violenta conquista que dio lugar a un genocidio y un etnocidio que atraviesan la colonia y la vida independiente. Ni la Constitución de 1824, ni la de 1857, ni la de 1917, reconocen el carácter pluriétnico, pluricultural y plurilinguístico de esta entidad nacional, porque las políticas del Estado de segregación y asimilación negaron la existencia y los derechos de los pueblos como colectividades. La celebración de los estados latinoamericanos, junto a los de España y Portugal, del encuentro de dos mundos en 1992 –memorable eufemismo para encubrir esa tragedia–, provocó la Campaña 500 años de Resistencia Negra, Indígena y Popular, y forzó a los estados latinoamericanos, entre ellos el de México, a reconocer formalmente a los pueblos originarios en sus textos constitucionales.
Un mérito político innegable del EZLN es que haya iniciado una amplia y compleja convergencia comunitaria, ciudadana y sectorial, tanto en México, como en el ámbito internacional, dirigida a la comprensión de esa negada y oculta realidad indígena, abriendo el diálogo de paz a una representación genuina de la sociedad civil. En San Andrés, los zapatistas ceden la interlocución con el gobierno federal, particularmente a los pueblos indios, sin otra condición que lograr el consenso en los acuerdos que presentaría la comandancia zapatista en la mesa de negociación. Resultó insólito en ese esfuerzo de paz entre una organización político-militar y un gobierno, la incorporación como asesor e invitado del EZLN de más de mil personas provenientes de organizaciones políticas, sociales, gremiales, periodistas, escritores, estudiosos de las ciencias sociales, siendo especialmente significativa la presencia de representantes de aproximadamente 40 pueblos de la abigarrada realidad étnica, que expusieron sus ideas y propuestas mediante formas de participación horizontales y colectivas que trasformaron el diálogo en un inédito espacio de discusión, lo más cercano a un congreso constituyente. El proceso comprendió foros sobre derechos indígenas, democracia y justicia, que, a su vez, conformaron instancias de coordinación como el Congreso Nacional Indígena, que ampliaron y fortalecieron la participación de organizaciones indígenas y no indigenas independientes en la política nacional.
Hoy, el recorrido del CIG y su vocera Marichuy por el territorio nacional, devastado por la recolonización corporativa, el crimen organizado, los gobiernos de traición nacional y la partidocracia, es continuidad de ese proceso de reconstitución de los pueblos indígenas, de recomposición del tejido social en los ámbitos urbanos y rurales, con el llamado a organizarse y articularse territorial y sectorialmente para resistir la escalada represiva que se anuncia aún mayor que la sufrida durante esta década. En toda la República surgen redes de apoyo al CIG-Marichuy, con la vehemente convicción de obtener firmas para inscribir a la vocera en la boleta electoral y profundizar la organización, a pesar del clasismo y racismo institucional de los aparatos de Estado, como el INE, con su esquizofrénica fiscalización financiera que impone la monetarización de la solidaridad popular y comunitaria, comercializa toda actividad política, obliga a acudir a costosas y sofisticadas consultorías contables para no ser víctima de onerosas y graves sanciones a militantes y simpatizantes equiparados con partidos, y que de ninguna manera pueden acceder a semejantes consultorías, ni convertirse en burócratas asalariados.
Nuevamente, como ocurrió en el diálogo de San Andrés, las reacciones a la iniciativa del CNI-EZLN por parte de la clase política y sectores de la sociedad nacional corporativizados por el régimen de partidos de Estado, oscilan desde una condescendiente comprensión y simpatía marcada por un racismo paternalista y sutil, hasta denigrantes y ofensivos discursos de un racismo abierto. Molesta, y hasta indigna, el protagonismo indígena en espacios reservados para quienes sí saben de política y asuntos de gobierno y perturba su presencia en los centros del poder. Irritan sus convicciones anticapitalistas y se consideran inviables, utópicas o sin sentido las propuestas de gobiernos que mandan obedeciendo y de organizaciones políticas que no se rinden, no claudican, ni se venden. Se prefiriría que no aspiraran a estar en una boleta electoral de una elección presidencial, privilegio reservado a una casta de políticos profesionales que no amenazan el orden establecido.
En cambio, el mensaje del CIG y su vocera está siendo interiorizado en la conciencia de una juventud ávida de esperanzas. En el acto del CIG y Marichuy en Ciudad Universitaria, llamó poderosamente mi atención el texto de bienvenida leído por dos estudiantes mujeres: Queremos decirles que conocemos un poco de su larga y cotidiana lucha contra la explotación, el despojo, la represión y el desprecio: las cuatro ruedas del capitalismo. Sabemos que cuando se trata de los pueblos indígenas, aquellas cuatro ruedas se vuelven despiadadas, pero también hemos visto cómo han podido convertir su sufrimiento en duradera resistencia, enseñándonos que la organización y la lucha no sólo son posibles, sino que son urgentes y que son la forma de construir, desde abajo, otro mundo: un mundo donde la justicia, la libertad, la dignidad y la felicidad no dependan de cuánto dinero se ha podido extraer del trabajo ajeno. Para nosotras y nosotros, este ejemplo de compromiso también es una enseñanza de vida. Esta polifonía de voces de pueblos y jóvenes advierte un futuro promisorio para México.