Imprimir
Enviar
Comunicado de las organizaciones sociales del Cauca agrupadas en la mesa territorial de garantías
29 diciembre, 2017 20
Compartir en Facebook Compartir en Twitter
Las Organizaciones Sociales del Cauca que hacemos parte de la Mesa Territorial de Garantías, nos permitimos expresar al Gobierno Nacional, a las Instituciones del Nivel Central y Regional, a los Organismos de Control, Comunidad Internacional y ciudadanía en general, que hoy nos embarga una gran preocupación e inconformidad, frente a la actitud asumida por el Estado Colombiano a través de sus Instituciones que minimizan los hechos expuestos por nosotros en reuniones llevadas a cabo durante los días 18 y 22 de diciembre del presente mes con el Gobierno Departamental, en las que estuvieron presentes: Secretaría de Gobierno, Dirección de Fiscalía Seccional, Fiscalía Delegada para los DDHH, mandos Militares y Policiales, Defensoría del Pueblo; en las que de manera clara, abierta y detallada se describieron situaciones que dan cuenta de la grave situación humanitaria de desplazamientos, muertes selectivas, confinamiento, amenazas directas, atentados contra líderes y defensores de derechos humanos pertenecientes a comunidades campesinas, indígenas y afros; causados por actores armados que siguen sin ser identificados por las fuerzas militares, policiales y de investigación del Estado Colombiano, y que mantienen su presencia en diferentes territorios de la geografía caucana.
Siendo lo anterior de pleno conocimiento institucional, reiteramos nuestra creciente preocupación. Observamos que la posición asumida por el Gobierno Nacional al aplazar la reunión acordada y convocada en el marco de la Mesa territorial de Garantías, es de total displicencia por la vida de hombres y mujeres, líderes, lideresas y por el conjunto de integrantes de las Organizaciones Sociales del Cauca, máxime cuando dicho espacio se aplaza horas antes de su realización sin explicación alguna. La reunión que tenía como objetivo dialogar la problemática directamente con el Gobierno central en aras de generar un plan de acción que permita la prevención y protección para los líderes y lideresas defensores de derechos humanos y comunidades vulneradas, que soportan la grave situación por la que atraviesan actualmente regiones del cauca, más aún cuando en la reunión preliminar se observó la necesidad por parte de los participantes de solicitar a la Defensoría del Pueblo, un informe de riesgo que evidencie y corrobore las denuncias presentadas en este escenario y se eleve a la categoría de Alerta Temprana en el marco del decreto 2124 del 2018.
Resulta inverosímil la posición asumida por el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio del Interior, al no asumir el imperativo ético, moral y jurídico de brindar garantías plenas para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos consagrados en la legislación actual y que claramente están siendo conculcados en un territorio como el del Departamento del Cauca que históricamente ha sufrido los rigores del conflicto interno armado, a pesar de ser uno de los departamentos con más presencia de fuerza pública en el país.
Como hechos recientes, y que resultan representativos tenemos: la masacre del Municipio de Suárez donde se conoce de la ocurrencia de 6 asesinatos, la aparición de hombres armados y encapuchados en la población de Villa Rica en donde se difunde el rumor del inicio de una “limpieza social” y se produce el homicidio de un joven que se desempeñaba como vigilante, la presencia la semana pasada de hombres que vistiendo prendas militares y fuertemente armados realizaron un retén en el sitio conocido como “El Veinte”, en la vía Tambo- Huisitó, requisando a los transeúntes y afirmando ser disidencias de las FARC en alianza con “El Clan del golfo”, situaciones que incluso han generado el confinamiento de los habitantes del Corregimiento de Huisitó quienes se mantienen incomunicados. El mismo grupo reaparece luego en “Cuatro Esquinas” – Tambo, según información suministrada por la Defensoría, generando retenciones ilegales y mecanismos de control social como el encierro a los niños y solicitud de vacunas a los pobladores; todo esto sin que la autoridad competente haga presencia. Sumado a lo anterior, se produce el secuestro de tres (3) funcionarios de la Alcaldía del Municipio de Almaguer, la tentativa de homicidio contra los jóvenes campesinos EDWAR BOLAÑOS, NABOR MUÑOZ y CRISTIAN NAVIA, los dos primeros sacados en ropa interior para ser “ejecutados” habiendo logrado por fortuna escapar , quedando herido uno de ellos. Por fechas cercanas, fue secuestrado un arquitecto cuando visitaba una obra en el corregimiento Santa Bárbara (Municipio de la Vega). El último hecho conocido ocurrió en la región del Macizo, en que los jóvenes JULIÁN ZEMANATE e IDELBER ZUÑIGA fueron asesinados por armados el día 25 de diciembre en la Vereda Aguas Gordas del Municipio de Bolívar.
Esta difícil situación puede ser tristemente resumida en la inocultable cifra de treinta y dos (32) líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en lo corrido del año 2017 y un poco más de 430 homicidios de violencia social en el departamento del Cauca.. Por su parte, la labor de esclarecimiento de los responsables de algunos de los hechos ha avanzado en manos de la Fiscalía General de la Nación, lo cual riñe con la postura del Gobierno Nacional, que se empeña en minimizar la gravedad del actual contexto al negarse a reconocer la condición que ostentan las víctimas como defensoras de derechos humanos y los móviles que se relacionan con el ejercicio de sus actividades.
Si bien debe reconocerse que los Procesos de Paz han representado una disminución de la violencia producto delas confrontaciones entre la Fuerza Pública y las insrugencias; el copamiento militar de los territorios y el accionar de nuevos grupos armados asociados a las actividades de narcotráfico, minería legal e ilegal, han cambiado la percepción en relación a la seguridad. Hoy proliferan panfletos, mensajes y la presencia física de grupos, que portando armas de fuego de largo alcance y uniformes de uso privativo de la Fuerza Pública causan terror y zozobra, que se concretan en acciones contra personas y comunidades en municipios como Almaguer, Bolívar, San Sebastián, Patía, Florencia, El Tambo, Caloto, Suárez, Morales, Cajibío y Villarrica.
Por lo anteriormente expuesto como organizaciones que hacemos parte de la Mesa de Garantías Territorial, instamos al Gobierno Nacional, Regional y local, que de conformidad con lo establecido en el Decreto 2124 del 2018, de inmediato se generen acciones puntuales, necesarias para prevenir y proteger a las comunidades que están siendo vulneradas y a diseñar acciones estratégicas de la fuerza pública que evidencien resultados concretos, como el frenar los asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, el retorno de las familias desplazadas con condiciones de seguridad, dignidad y con su consentimiento, se garantice la libre movilidad y el acceso a medios de comunicación, operativización eficaz de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito y lucha frontal contra cualquier forma de minería (legal o legal) que puedan estar financiando el accionar de actores violentos.
Consideramos que para el Gobierno Nacional debe ser una prioridad la reglamentación y construcción participativa de un Programa Integral de Seguridad y Protección para las organizaciones y comunidades en los territorios, tal y como fue establecido en el punto 3.4.8 del Acuerdo Final suscrito con la insurgencia de las FARC-EP, así como la implementación de todas las disposiciones en materia de garantías, que incluyan la adopción de una estrategia integral que permita el desmantelamiento definitivo de las organizaciones criminales consideradas como sucesoras del paramilitarismo, para lo que debe reconocerse y fortalecerse la capacidad de acción y denuncia que nuestras organizaciones se han visto obligadas a generar en defensa de la vida y la pervivencia en el territorio.
Ante la negativa y la incapacidad del Estado de garantizar el derecho a la vida, nuestras comunidades y sus organizaciones, hemos decidido buscar mecanismos legítimos que nos permitan ejercer la defensa de nuestros derechos fundamentales, en esa dirección ratificamos nuestra decisión de mantener la coordinación permamente y trabajar por el fortalecimiento de mecanismos autónomos de protección y auto protección, para afrontar la actual situación humanitaria; al mismo tiempo EXIGIMOS que en el marco de la Mesa Territorial de Garantías se realice una AUDIENCIA DE EXIGIBILIDAD de carácter público y regional, a más tardar, en la segunda semana de enero, para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado y gestionar las acciones específicas y perentorias de un plan de contingencia y acción para los municipios más afectados.
Firman,
VOCEROS DE LA MESA DE GARANTÍAS, CRIC, CIMA, RED DE DDHH DEL SUROCCIDENTE “FRANCISCO ISAÍAS CIFUENTES”, RED POR LA VIDA Y LOS DDHH DEL CAUCA, CNA- CAUCA, CABILDO YANAKONA DE CAQUIONA
Popayán, 27 de diciembre de 2017