Articulan una agenda conjunta
Indígenas disidentes inician movilización por el 21F
Miércoles, 10 Enero, 2018 - 18:13
Un denominado Comité Indígena Originario Campesino (CIOC), conducido por organizaciones disidentes al MAS, anunció un proceso de organización en defensa del resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría del pueblo boliviano rechazó la repostulación de Evo Morales para el 2019.
Los asambleístas de oposición Edwin Rodríguez y Rafael Quispe llamaron a sus bases sociales en los nueve departamentos a organizarse para llenar de indígenas las plazas y calles, reclamando el respeto a la soberanía, defensa del voto y la recuperación de la democracia.
Informaron que en la ciudad de Cochabamba se aprobó una “Agenda de Cochabamba” análoga a la de octubre de 2003, con cuatro elementos fundamentales: a) la abrogación total del Código del Sistema Penal boliviano, defensa inclaudicable y recuperación de la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país.
Revisión del Pacto Fiscal; deuda externa, autonomías y finalmente la defensa del medio ambiente de la tierra y del territorio. Rodríguez dijo que esta agenda le proponen al país para una acción conjunta.
Por su lado, el diputado Quispe explicó que la articulación es indígena-originario-campesino, clase media y todos los sectores sociales que existen en el país, en una coincidencia de todos los opositores al Gobierno de Evo Morales.
Quispe dijo que para los disidentes la figura está clara: para ellos Evo Morales no es candidato el 2019 y la lucha central es recuperar la democracia, por tanto, la primera misión es restituir el Estado de Derecho.
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Ingenieros se declaran en emergencia contra el Código
Miércoles, 10 Enero, 2018 - 08:14
Los ingenieros de base de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) filia La Paz se declararon en estado de emergencia en rechazo del nuevo Código del Sistema Penal, por considerarlo atentatorio contra el ejercicio profesional.
La entidad colegiada, a través de un comuinicado, exige la abrogación total de la Ley 1005 y anunció su determinación de participar en la marcha programada para este jueves 11 de enero, previa concentración en la plaza de Obelisco, donde se encuentra la facultad de ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés.
Señalan que la entidad agrupa a los colegios de ingenieros civiles, electrónicos, electricistas, petroleros, industriales y geotecnistas, evaluó los alcances del Código, una norma muy cuestionada por sectores profesionales.
Los colegios de abogados del país también se pronunciaron por la derogatoria de la flamante ley promulgada el 15 de diciembre de 2017 por el presidente en ejercicio Álvaro García Linera, en medio de un prolongado paro médico que al término de 46 días, logró la abrogación del artículo 205 que sancionaba la mala praxis.
Por su lado los transportistas sacaron lo suyo, anulando el artículo 137, pero en forma simultánea se abrieron otros frentes que cuestionan la vigencia de algunos artículos como el sector de la prensa que obliga a la Asamblea a reformular una ley interpretativa sobre la revelación de secretos en procesos judiciales de calumnia, difamación e injurias en los medios.
Sin embargo en las últimas horas, las iglesias cristianas y católica alzaron voces de protesta contra el artículo 88 numeral 11 del mismo cuerpo legal, que sanciona el reclutamiento de personas con fines de culto religioso.
Las iglesias evangélicas se encuentran en estado de emergencia a la espera que el Legislativo pueda abrir diálogo y resolver sus observaciones porque consideran que la vigencia de ese artículo es atentatorio a la libertad de cultos y religiones.
Los gremiales también se sumaron a la protesta porque sanciona la defraudación tributaria y aduanera, aunque el Servicio de Impuestos Nacionales se encargó de asegurar que más bien les favorece, porque amplía el monto de defraudación como base para la acción penal.
La ola de rechazos no solamente surgen de las entidades de profesionales y gremiales, sino también cívicas y está pendiente un paro cívico del comité Pro Santa Cruz que exige la abrogatoria y al parecer concentrará la mayor protesta cívica nacional el próximo viernes.
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Forman comité de defensa democrática a cabeza de COB
Este miércoles se anunció la formación del Comité.
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Miércoles, 10 Enero, 2018 - 12:54
Varias organizaciones e instituciones de la sociedad civil, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana y UMSA, fundaron este miércoles el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), cuyos principios es luchar contra el Código del Sistema Penal y hacer respetar los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016.
La convocatoria fue lanzada por la COB, la UMSA y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. A ella se sumaron la Condecob, lideraba por Gualberto Cusi, Fundación Jubileo, Cáritas, Conamaq orgánico, además de otras organizaciones. El rector Waldo Albarracín aseguró que entre los miembros del Comité también está la Adepcoca, que agrupa a los cocaleros de Yungas, y la UPEA.
La primera exigencia del Conade es la abrogación del Código del Sistema Penal, por considerarlo a los derechos humanos, y la segunda es que se respete los garantías constitucionales y con ello la voluntad popular expresada el 21F.
Se optó por tomar el nombre de Conade, puesto que una entidad con ese nombre fue creada en 1980, a la cabeza de la COB y Marcelo Quiroga Santa Cruz, para luchar contra la dictadura.
Albarracín manifestó que estas organizaciones se unen debido a que el poder está conculcando el sistema democrático y los derechos humanos.
El ejecutivo de la COB, Guido Mitma, lamentó que el actual Gobierno haya debilitado y dividido varias organizaciones sociales. Señaló que el Código Penal criminaliza las movilizaciones sociales.
El cantante Luis Rico manifestó que con este Gobierno se siente como en la dictadura de Banzer y García Meza. Anunció que será el primer defensor de que el actual gobierno cumpla su gestión hasta 2019, pero entonces pedirá que se cumpla el resultado del 21F.
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SOCIAL
Suma rechazo a la nueva norma
Cooperativistas mineros se declaran en emergencia, rechazan el Código Penal
Miércoles, 10 Enero, 2018 - 19:14
La Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de La Paz se declaró en emergencia, debido a que considera que el nuevo Código del Sistema Penal afecta los intereses de sus afiliados, reportó el periodista Carlos Magne para ERBOL.
El dirigente de Fedecomin, Freddy López, informó que los mineros tienen observaciones sobre todo contra dos artículos: el 128 referido al alzamientos armados contra la seguridad y unidad del estado, y el 174 referido a la Defraudación Tributaria que castiga con cárcel a quien evada tributos por un importe superior a250.000 UFV’s.
“La federación departamental de La Paz lo ha amalado y ha pedido que el Código Penal tiene que ser abrogado, porque atenta a los trabajadores y viola las garantías constitucionales de lo que es la protesta”, manifestó el representante.
López aseguró que los cooperativistas enviaron varias notas a la Asamblea Legislativa haciendo conocer sus observaciones, pero no tuvieron respuesta.
Anunció que el lunes 15 de enero se llamó a reunión de presidentes de cooperativas y centrales