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Los de abajo
Violencia contra indígenas
Gloria Muñoz Ramírez
La Jornada
Los pueblos indígenas recibieron los primeros días del año con la noticia de dos actos violentos en su contra. Con unas horas de diferencia, el pasado 7 de enero fueron reprimidos los tzotziles de Las Abejas de Acteal, Chiapas, y los policías comunitarios de Cacahuatepec, Guerrero. Los primeros fueron encarcelados y tres días después liberados, gracias a la presión de la sociedad civil nacional e internacional. Los segundos, ejecutados y detenidos por la policía guerrerense.
Hace 15 años, ante la amenaza de la desaparición de sus pueblos, se conformó el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), en Cacahuatepec, municipio de Acapulco, Guerrero. De construirse, la presa prevé la inundación de 17 mil hectáreas de tierras cultivables del norte de Acapulco, con lo que desaparecerían aproximadamente 30 pueblos, 25 mil campesinos serían afectados de manera directa y más de 70 mil de forma indirecta. Por eso se opusieron y se organizaron. Pusieron el cuerpo para detener la maquinaria y paralelamente ganaron seis juicios. La represión en sus múltiples formas fue la respuesta del gobierno a sus victorias.
En 2014, después de que el movimiento anunció la formación de su policía comunitaria –en respuesta a la grave situación de inseguridad que enfrentaban los pueblos sin que las autoridades hicieran nada frente al crimen organizado– el gobierno de Guerrero detuvo al vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, quien fue dejado en libertad 15 meses después, al no existir elementos para procesarlo por el delito de robo calificado. El día de su liberación Suástegui dejó claro que se reincorporaría a la resistencia. Hoy está nuevamente detenido junto a más de 30 compañeros.
Hasta la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los hechos violentos ocurridos en la comunidad de La Concepción, Acapulco (Guerrero), en los que fallecieron 11 personas, y repudió las agresiones contra los periodistas que dieron cobertura.
Gobernadores van y vienen, ya sea del PRI o del PRD, y el resultado es el mismo. El negocio millonario que implica la construcción de la presa, del cual nunca han desistido, los lleva a golpear insistentemente al Cecop. Lo han intentado todo, incluida la muerte de quien se opone. No entienden que un puñado de indios no renuncie a su condición campesina. Y, como dice el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, no les perdonan que hayan impedido la llegada de capitales internacionales para construir un complejo turístico alrededor del vaso de agua, para crear otro emporio en beneficio del gran empresariado.
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